TA QUI - Sentencia 02-2025-00031-01 (29-05-2026)

Demandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 1 Tribunal Administrativo del Quindío Sala Tercera de Decisión

Armenia - Quindío, veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado Ponente: Alejandro Londoño Jaramillo

Referencia: Sentencia de Segunda Instancia Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral

Demandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

005-2026-112

CONSIDERACIONES INICIALES

ASUNTO

El Tribunal Administrativo del Quindío procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Armenia, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demandaLa demanda1.

La parte demandante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin que se resuelva sobre las siguientes:

Pretensiones.

Se inaplique por ilegal, la expresión «…constituirá únicamente factor salarial

Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin que se resuelva sobre las siguientes:

Pretensiones.

Se inaplique por ilegal, la expresión «…constituirá únicamente factor salarial para la base de cotizac ión al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º, del Decreto 0382 del 06 de marzo del año 2013, modificado por el Decreto 1270 del año 2015 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se declare la nulidad parcial del Oficio SRAEC-31100-20430-307 del 15 de agosto de 2024, expedido por la Subdirección Regional de Apoyo Eje Cafetero de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se negó el carácter de factor salarial de la bonificación judicial creada a través del Decreto 382 de 2013 y su subsecuente liquidación en las prestaciones sociales devengadas por el servidor de la Fiscalía General de la Nación.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se le ordene a la entidad demandada la inclusión y

1 SAMAI, Juzgados, índice 00011. EXPEDIENTE DIGITAL. 2ED_001Expedientepdf(.pdf) NroActua 11Demandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 2 el pago de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 del año

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 2 el pago de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 del año 2013, modificado por el Decreto 1270 del año 2015, como factor salarial, con incidencia prestacional desde el 01 de enero del año 2013 ; reconozca y pague la bonificación judicial como factor salarial y prestacional y se reajuste con incidencia en la prima de servicios, productividad, de vacacion es, de navidad, vacaciones, bonificación por servicios prestados, cesantías e intereses a las cesantías, prima especial de servicios y demás emolumentos que por la Constitución y la Ley correspondan, así como las diferencias e indexación sobre los valores causados, sin limitación alguna de la sumas que resulten de las respectivas liquidaciones o las que resulten probadas dentro del proceso.

Se indexen las anteriores sumas y se condene en costas a la parte demandada.

Fundamento fáctico.

La parte demandante sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos que la

Sala encuentra relevantes:

La parte actora laboró para la entidad demandada; devenga ó la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 del año 2013.

El 13 de agosto de 2024 , reclamó a la entidad demandada el reconocimiento, pago e indexación de la bonificación judicial como factor salarial a la hora de liquidar la totalidad de sus prestaciones sociales. Lo que se resolvió de manera desfavorable a través de los actos administrativos demandados.

Fundamentos de derecho – Normas violadas y Concepto de vulneración.

La parte demandante señala como cargos de nulidad la infracción de las normas

desfavorable a través de los actos administrativos demandados.

Fundamentos de derecho – Normas violadas y Concepto de vulneración.

La parte demandante señala como cargos de nulidad la infracción de las normas en que debía fundarse, pues aduce que el acto administrativo objeto de control, vulnera las siguientes normas:

Artículo 138 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, Decreto 1716 del año 2009, Decreto 0383 de 2013, modificado por el Decreto 1269 del año 2015.

Explica el concepto de salario como todo lo que recibe el servidor público en retribución por sus servicios de manera habitual y periódica, sea cualquiera la denominación que se le dé.

Contestación de la demanda2

Oportunamente la apoderada de la entidad accion ada presentó escrito de contestación de la demanda aceptando algunos de los hechos, manifestando atenerse a lo probado frente a los restantes y oponiéndose a la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra.

2 SAMAI, Juzgados, índice 00029. RECIBE MEMORIALES ONLINEDemandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 3 Como argumentos de defensa expuso que la bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013, norma que se solicita inaplicar, responde a un proceso de negociación laboral adelantado con los representantes de las

3 Como argumentos de defensa expuso que la bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013, norma que se solicita inaplicar, responde a un proceso de negociación laboral adelantado con los representantes de las agremiaciones sindicales de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, quienes estuvieron de acuerdo con su naturaleza de factor salarial únicamente para la “Base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”; criterios de negociación que garantizaron la equidad, gradualidad y proporcionalidad de los ingresos totales de los servidores, así como la jerarquía y complejidad funcional de los empleos.

Considera que el escenario para debatir sobre la inconstitucionalidad del Decreto 382 de 2013, no es en nulidad, como tampo co en nulidad y restablecimiento del derecho; resultando adecuado que se demande mediante acción de inconstitucionalidad.

Finalmente menciona que el Decreto 382 de 2013 cumple con todos los requisitos para ser considerado constitucional, tanto en el plan o formal como en el material, por lo que, no resulta factible que el juzgador aplique la excepción de inconstitucionalidad, que es a todas luces improcedente.

Propuso las siguientes excepciones:

-Constitucionalidad de la restricción del carácter salari al: Considera que la restricción que se hace a la bonificación judicial del carácter salarial no es inconstitucional y obedece al criterio del legislador o del Gobierno Nacional, únicas autoridades que pueden desarrollar el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

inconstitucional y obedece al criterio del legislador o del Gobierno Nacional, únicas autoridades que pueden desarrollar el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

-Aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 0382 de 2013: Refiere que no es posible otorgarle un alcance superior al Decreto 0382 de 2013 del que fue dispuesto por el Gobierno Nacional, pues ello provocaría que se ordenara la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar las necesidades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventar este emolumento adicional, lo que fracturaría el mandato de la sostenibilidad fiscal.

-Legalidad del fundamento normativo particular: Indica que de la normatividad particular no se evidencia que se incluya la bonificación judicial establecida en el Decreto 0382 de 2013 como base de la liquidación de las prestaciones sociales o emolumentos laborales que reciben los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, por lo que de ampliarse el carácter salarial de la bonificación judicial a la liquidación de todas las prestaciones sociales, como lo pretende la parte actora, no solo se estaría afectando directamente el Decreto 0382 de 2013, sino que también se modifica la norma particular que la regula cada factor laboral.

-Cumplimiento de un deber legal: La Fiscalía General de la Nación ha actuado en cumplimiento de su deber legal, por lo que al ser el Decreto 382Demandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 4 de 2013 es una norma claramente constitucional, legal y legítima, y, p or lo tanto, la entidad estaba en la obligación de acatar lo allí establecido, sin que se le sea dado modificar de alguna forma la norma, la interpretación o la aplicación de la misma, más cuando el decreto que se pide inaplicar por inconstitucional goza de legalidad , al igual que se presume de los actos administrativos demandados.

-Cobro de lo no debido: El Decreto 382 de 2013, que contempla que la bonificación judicial, es plenamente legal , lo que permite afirmar que al demandante, se le han venido can celando los salarios y prestaciones que se desprenden de la relación legal y reglamentaria sostenida con la Entidad, de tal suerte que busca el reconocimiento y pago de emolumentos no debidos.

-Prescripción de los derechos laborales: Sin que se esté reco nociendo derecho alguno a favor de la parte demandante, en el caso hipotético en el que el Despacho considere procedente la reliquidación solicitada debe declararse la prescripción de cualquier derecho que se hubiere causado y hecho exigible hace más de tres años de acuerdo con lo normado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, 151 del Código Procesal del trabajo, 488 del código sustantivo del trabajo y 94 del CGP.

-Buena Fe: La entidad demandada ha actuado siempre de buena fe, conforme

Decreto 1848 de 1969, 151 del Código Procesal del trabajo, 488 del código sustantivo del trabajo y 94 del CGP.

-Buena Fe: La entidad demandada ha actuado siempre de buena fe, conforme a las normas legales vigentes y los principios aceptados por la Doctrina y la Jurisprudencia, por lo que en consecuencia se le debe exonera de cualquier condena.

La Sentencia Apelada3.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Armenia profirió sentencia de primera instancia el 26 de noviembre de 2025. En ella resolvió inaplicar para el caso concreto, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, la frase «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1° del Decreto 0382 del 06 de marzo de 2013 y demás decretos modificatorios y/o posteriores q ue la reprodujeron; declaró no probadas las excepciones denominadas constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 0382 de 2013, legalidad del fundamento normativo particular, cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debido y buena fe; declaró probada la excepción de prescripción; declaró la nulidad del Oficio SRAEC -31100-20430-307 del 15 de agosto de 2024; y condenó a la Fiscalía General de la Nación a reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales del señor Héctor Fabio Arboleda Flórez con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, con la inclusión de las diferencias

Fiscalía General de la Nación a reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales del señor Héctor Fabio Arboleda Flórez con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, con la inclusión de las diferencias entre los valores cancelados y los resultantes por concepto de prima de servicios, pr ima de navidad, prima de vacaciones, prima de productividad, cesantías, intereses a las cesantías, bonificación por servicios prestados y demás

3 SAMAI, Juzgados, índice 00038. Sentencia Primera InstanciaDemandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 5 emolumentos percibidos que sean liquidados con el salario devengado por el demandante, atendiendo los cargos desempeñados desde el 1° de enero de 2013, pero con efectos fiscales a partir del 13 de agosto de 2021, por efectos de la prescripción trienal, y en adelante hasta el 17 de julio de 2024, fecha en que terminó su vínculo laboral con la demandada.

Para fundamentar su decisión el A Quo, conforme lo dispone el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992, el Presidente de la República, expidió, entre otros, el Decreto 382 de 2013, mediante el cual creó para los servid ores de Fiscalía General de la Nación, el derecho a percibir mensualmente una bonificación judicial, a partir del 1 de

cuanto negaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y su inclusión en la liquidación de los emolumentos percibidos por la parte actora a título de prestaciones sociales.

En consecuencia, precisó que debía ordenarse a la entidad demandada que reconozca y pague las diferencias entre los valores cancelados a título de prestaciones sociales y los resultantes de la reliquidación ordenada, indexando las sumas debidas.

Recurso de apelación.

Parte Demandada – Nación – Fiscalía General de la Nación4.

Solicita, que se revoque íntegramente la decisión de primera instancia y que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda. En forma subsidiaria

4 SAMAI, Juzgados, índice 00040. RECIBE MEMORIALES ONLINEDemandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 6 requiere que de confirmarse la decisión apelada se emita pronunciamiento expreso frente a la jurisprudencia citada en la contestación de la demanda.

Advierte que las dispo siciones contenidas en el Decreto 382 de 2013, son producto de la facultad legal que es otorgada al Gobierno Nacional según nuestra normativa para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos, por lo que de manera formal esta disposición goza de plena validez y eficacia jurídica, encontrándose amparada por el principio de

Presidente de la República, expidió, entre otros, el Decreto 382 de 2013, mediante el cual creó para los servid ores de Fiscalía General de la Nación, el derecho a percibir mensualmente una bonificación judicial, a partir del 1 de enero de 2013 que “ constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

Advierte que , de acuerdo con la normativa y jurisprudencia, además en desarrollo de diferentes principios que nutren la Constitución Política, se colige que hace parte del salario toda remuneración percibida por el actor como retribución a la prestación del servicio, independientemente de la denominación recibida, siempre que por acuerdo de las partes no se haya excluido su carácter de tal. En esa medida, considera que la bonificación judicial percibida tiene todas las características para ser tenida en cuenta como factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales, ello debido a que es constitutivo de salario, pues es un emolumento devengado mensualmente por los funcionarios como retribución al trabajo y a la prestación de su servicio.

Considera que deberá inaplicarse por inconstitucionalidad y solamente entre las partes de este proceso, la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 y sus decretos modificatorios y declarar la nulidad de los actos administrativos atacados, en cuanto negaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y su inclusión en la liquidación de los emolumentos percibidos por la parte actora a título de prestaciones sociales.

nuestra normativa para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos, por lo que de manera formal esta disposición goza de plena validez y eficacia jurídica, encontrándose amparada por el principio de legalidad, más aún bajo el entendido que a la fecha dicha disposición no ha sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo tanto, a la Fiscalía General de la Nación, no le es posible modificar de alguna forma la norma la interpretación o la aplicación de la misma.

Resalta que en caso de analizar el Decreto 382 de 2013 y siguientes, como una materialización de lo ordenado por el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se debe tener en cuenta que dicho parágrafo indica que «Dentro del mismo término revisará», es decir que el mismo legislador permite que el Gobierno limite el carácter salarial de los emolumentos laborales que pueda crear, atendiendo el mandato dentro del mismo término.

Además aduce que no existe aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de t odos los factores salariales y prestacionales que el mismo reciba y que el concepto de salario fijado en el Art. 1 del Convenio No. 95 de la OIT, debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese mismo convenio, por lo cu al, no es dable otorgarle un alcance mayor como en efecto hizo el A Quo.

Agregó que en los artículos 127 y 128 del C.S.T. se delimita el concepto de salario, por lo que en suma se debe analizar que si bien un pago puede ser

alcance mayor como en efecto hizo el A Quo.

Agregó que en los artículos 127 y 128 del C.S.T. se delimita el concepto de salario, por lo que en suma se debe analizar que si bien un pago puede ser habitual, ello no implica que a dicho valor se le deba otorgar un reconocimiento automático de ser base de liquidación de prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que percibe un empleado, pues tanto en la norma como en la jurisprudencia se observa la facultad del legislador para determinar cuál pago se incluye o no, dentro de las bases de liquidación de otros factores.

De igual manera, reitera las consideraciones realizadas en la contestación de la demanda, en cuanto: la existencia de precedente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado; la no violación del principio de favorabilidad; la bonificación demandada como el resultado de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los representantes sindicales de la Fiscalía General de la Nación; creación legal y contenido que goza de presunción de legalidad del Decreto 382 de 2013 e improcedencia de aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

Actuación en Segunda Instancia.

Mediante auto del 18 de febrero de 2026, se admitió el recurso de apelación incoado y se informó a las partes que dentro del término de ejecutoria de dichaDemandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 7

Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 7 providencia podrían pronunciarse sobre el recurso de apelación formulado y que el Ministerio Público podría rendir el respectivo concepto has ta antes de que el proceso ingresara a despacho para sentencia 5. En dicho auto, al considerar que los demás integrantes de esta Corporación Judicial han manifestado impedimentos en casos similares, se ordenó por Secretaría requerir a los Magistrados restantes para que, en un plazo de tres (3) días, informaran si persistía alguna causal de impedimento que les impidiera conocer el asunto.

Así las cosas, el proceso ingresó a despacho en virtud de los impedimentos manifestados por los Magistrados, Luis Carlos Álzate Ríos, Luis Javier Rosero Villota, Luis Carlos Marín Pulgarín y Juan Carlos Botina Gómez6.

En virtud de lo anterior, se ordenó que se realizara el sorteo de conjueces para conformar la respectiva Sala tripartita; el cual fue realizada por la Secretaria de la Corporación 7, designándose para el conocimiento de este proceso a los conjueces Beatriz Elena Cortés Giraldo y Guillermo Iván Henao Osorio

Intervenciones en segunda instancia y concepto del Ministerio Público8.

Dentro del término conferido para pronunciarse y conceptuar en segunda instancia tanto las partes como el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES FINALES

Al tenor del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala es competente para conocer el presente asunto en segunda instancia.

instancia tanto las partes como el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES FINALES

Al tenor del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala es competente para conocer el presente asunto en segunda instancia.

Ahora bien, los presupuestos procesales de capacidad para ser parte, capacidad procesal y demanda en forma se encuentran cumplidos.

De otra parte, no se observa irregularidad alguna en el trámite del proceso como tampoco la configuración de causal de nulidad procesal.

En cuanto a la oportunidad de la acción se advierte que la presentación de la demanda en el término señalado en el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA. no es exigible en el presente caso de conformidad con el literal c) del numeral 1º del mismo artículo, comoquiera que en el sub examine se está persiguiendo la reliquidación de prestaciones periódicas.

Cuestión previa.

Como se expresó los integrantes de este Tribunal, manifestaron su impedimento para conocer el asunto de la referencia por considerar se encontraban incursos en la causal prevista en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 130 del CGP, toda vez que algunos de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo

5 SAMAI. TAQ Índice 00004. Auto admite recurso apelación 6 SAMAI.TAQ. índices 00011, 00012, 00013 y 00014. 7 SAMAI.TAQ. índice 00021. Sorteo de conjuez 8 SAMAI, TAQ, índice 00022. Al despacho para sentenciaDemandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

7 SAMAI.TAQ. índice 00021. Sorteo de conjuez 8 SAMAI, TAQ, índice 00022. Al despacho para sentenciaDemandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 8 de afinidad laboran o laboraron para la Rama Judicial, percibiendo el mismo emolumento al que se le pretende dar el cará cter de salarial en el sub examine y/o están tramitando la correspondiente reclamación administrativa y/o judicial, donde se solicita el reconocimiento del mismo beneficio, así:

 Magistrado Luis Carlos Álzate Ríos: Su compañera permanente Luz Adriana Rico Villarraga, se desempeña como Procuradora Judicial I Administrativa No. 99 de Armenia y devenga la bonificación judicial establecida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y presentó demanda sobre el tema que se encuentra en curso ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia.

 Magistrado Luis Javier Rosero Villota: Su hermano, Jesús Eduardo Rosero Villota, se desempeña como escribiente en el Juzgado Promiscuo Municipal de Tangua, Nariño, devengando la misma prestación

 Magistrado Luís Carlos Marín Pulgarín: Su hermano, Juan Gabriel Marín Ramírez, laboró en la Rama Judicial y presentó reclamación administrativa pretendiendo la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

 Magistrado Luís Carlos Marín Pulgarín: Su hermano, Juan Gabriel Marín Ramírez, laboró en la Rama Judicial y presentó reclamación administrativa pretendiendo la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

 Magistrado Juan Carlos Botina Gómez: Su hija Claudia Helena Botina Bolaños quien ejerció como empleada judicial en el cargo de Auxiliar Judicial I en el Despacho No. 02 del Tribunal Administrativo del Quindío, presentó el 27 de octubre de 2025 ante la Dirección Secci onal de Administración Judicial de Armenia Quindío recurso de reposición y en subsidio apelación respecto de los actos administrativos que liquidaron en forma definitiva sus prestaciones salariales y sociales por retiro del servicio. El fundamento del recurso administrativo versa que durante su vinculación - entre el 3 de marzo de 2025 y 31 de agosto de 2025 - que ostentó el cargo señalado en precedencia, sus prestaciones sociales y salariales no fueron liquidadas teniendo como factor salarial la bonificación judicial.

Así las cosas , en cuanto a las causales para manifestar el impedimento, el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 señala como tales para los magistrados y jueces administrativos, entre otras, las previstas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, derogado por la Ley 1564 de 2012, por lo que actualmente debe acudirse al artículo 141 del Código General del Proceso que en sus numerales 1° y 14 señala:

«Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro

«Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso (…)

14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanent e o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar».Demandante: Héctor Fabio Arboleda Flórez Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 63-001-33-33-002-2025-00031-01

-Creado por la Ley 2 del 7 de enero de 1966Tribunal Administrativo del Quindío 9 En ese sentido, teniendo en cuenta que los impedimentos están instituidos como una garantía de la imparcialidad de los funcionarios judiciales, y observándose que los magistrados tienen parientes dentro cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad con interés indirecto en el proceso, por devengar la bonificación judicial y haber pre sentado reclamaciones administrativas y judiciales para que sea incluida como factor salarial dentro de sus prestaciones sociales, se deben aceptar los impedimentos manifestados por los magistrados Luis Carlos Álzate Ríos, Luis Javier Rosero Villota, Luis Carlos Marín Pulgarín, y Juan Carlos Botina Gómez.

Aclarado lo anterior, se procede a establecer el problema jurídico a resolver en esta instancia procesal.

Problema jurídico.

De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto por la

Aclarado lo anterior, se procede a establecer el problema jurídico a resolver en esta instancia procesal.

Problema jurídico.

De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala encuentra que el problema jurídico en esta instancia, se contrae a resolver, si: ¿Hay lugar a inaplicar por inconstitucional la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» del Decreto 382 de 2013 y los que lo modifican, tal como lo hizo el A Quo?, y, en consecuencia, ¿ La parte demandante tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial?

Para dilucidar lo anterior, la Sala abordará lo relacionado con: I) La naturaleza jurídica de la bonificación judicial; II) El caso concreto.

Sobre la naturaleza jurídica de la bonificación judicial.

En virtud de lo establecido en el artículo 150 numeral 19 literales e) y f) de la Constitución Política de Colombia el legislador profirió la Ley 4 de 1992 estableciendo en el artículo 1° que el G obierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esa Ley, fijaría el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, entre otros; el parágrafo del artículo 14 ibídem estableció que el Gobierno Nacional: «revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.». En tal virtud, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 382 de 2013

el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.». En tal virtud, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 382 de 2013 que estableció:

«Artículo 1°. Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional estableci