TA QUI - Sentencia 11001-33-37-040-2024-00331-01 (23-10-2025)

República de Colombia

Tribunal Administrativo del Quindío Sala Tercera de Decisión

Armenia, Quindío, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: Alejandro Londoño Jaramillo

Asunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos

Demandante: Jairo Andrés Macías Sánchez

Demandado: Municipio de Quimbaya Radicado: 11001-33-37-040-2024-00331-01

005-2025244

CONSIDERACIONES INICIALES

ASUNTO

El Tribunal Administrativo del Quindío, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , contra la sentencia proferida el 08 de septiembre de 2025 , por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

La demanda1.

El señor Jairo Andrés Macías Sánchez presentó demanda en ejercicio del medio de control de la referencia contra el Municipio de Quimbaya , a fin de que se resuelva sobre las siguientes:

Pretensiones.

Se declare que el Municipio de la Quimbaya, Quindío, ha violado el derecho colectivo a la moralidad administrativa al no dar cumplimiento a la actualización catastral.

Se ordene al Municipio de la Quimbaya, Quindío, que a través de su alcalde y en el término de 6 después de notificada la sentencia, proceda a realizar las actuaciones para garantizar los derechos colectivos aquí protegidos y en

Se ordene al Municipio de la Quimbaya, Quindío, que a través de su alcalde y en el término de 6 después de notificada la sentencia, proceda a realizar las actuaciones para garantizar los derechos colectivos aquí protegidos y en

1 Archivo digital Samai. 11001333704020240033100. Índice.00002. Reparto del procesoAsunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos

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consecuencia efectúe las acciones administrativas y presupuestales necesarias para contratar y ejecutar los estudios y demás que permitan la actualización catastral en el municipio.

Se condene en costas procesales y agencias en derecho a los demandados, pues las acciones públicas no pueden generar un desmedro al ciudadano como lo dice el Consejo de Estado y menos cuando la entidad lleva años con la misma negligencia.

Se declare la responsabilidad del alcalde para que pueda la entidad repetir contra él por las costas procesales, pues este es un elemento intrínseco para que proceda la repetición, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Fundamento fáctico2.

La parte demandante sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos que la

Sala encuentra relevantes:

Señala que el 19 de julio de 2024, solicitó al alcalde municipal que se procediera realizar la actualización catastral y se diera concepto técnico de la última actualización.

Informa que después de una tutela, el municipio se pronunció y adujo que no se

realizar la actualización catastral y se diera concepto técnico de la última actualización.

Informa que después de una tutela, el municipio se pronunció y adujo que no se cuenta con los recursos para actualizar el catastro; además indicó que se llevó a cabo el Convenio Interadministrativo No 054 de 2009 suscrito entre el Municipio de la Quimbaya –Quindío y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC), resultando del mismo convenio la actualización catastral aprobada en el año 2010 para ser aplicada desde el año 2011.

Precisa que es evidente que desde hace más de 13 años , no se actualiza el catastro en Quimbaya, pese a que los salarios de empleados aumentan y hay una desproporción entre lo que se gasta y lo que se recauda, por lo que la vulneración de los derechos colectivos se ha prolongado en el tiempo y solo queda acudir a este escenario judicial para conseguir esa protección

Fundamentos de derecho – normas violadas y concepto de vulneración.

Trae a colación el derecho a la moralidad administrativa consagrado en la Ley 472 de 1998, e indica que, específicamente en lo que atañe a la actualización catastral consagrado en la Ley 223 de 1995, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 782 de 1996, dispuso en su artículo 90.1 parágrafo 1, que las autoridades catastrales tienen la obligación de f ormar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de periodos máximos de cinco (5) años con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro

2 Archivo digital Samai. Gestión en otras Corporaciones. índice 00002. Reparto del procesoAsunto: Sentencia de segunda instancia

cinco (5) años con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro

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originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario.

Considera que , de conformidad con la Constitución Política, la moralidad administrativa ostenta naturaleza dual , en efecto funge como principio de la función administrativa (Constitución Política, artículo 209 y ley 489 de 1998, artículo 3) y como derecho colectivo. Es decir, como principio, orienta la producción normativa infra constitucional e infra legal a la vez que se configura como precepto interpretativo de obligatoria referencia para el operador jurídico y como derecho o interés colectivo alcanza una connotación subjetiva, toda vez que crea expectativas en la comunidad susceptibles de ser protegidas a través de la acción popular.

Arguye que, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha señalado que el derecho colectivo a la moralidad administrativa puede resultar vulnerado o amenazado cuando se verifiquen varios supuestos, entre éstos, que se pruebe la existencia de unos bienes jurídicos afectados y su real afectación. Dichos bienes jurídicos comprenderían la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general, la negación de la corrupción, entre otros; y

se pruebe la existencia de unos bienes jurídicos afectados y su real afectación. Dichos bienes jurídicos comprenderían la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general, la negación de la corrupción, entre otros; y consecuente con ello, habrá lugar a que se configure de forma real su afectación, si se prueba el acaecimiento de una acción u omisión, de quienes ejercen funciones administrativas, con capacidad para producir una vulneración o amenaza de dichos bienes jurídicos, que se genera a causa del desconocimiento de ciertos parámetros éticos y morales sobre los cuales los asociados asienten en su aplicación.

Refiere que, la jurisprudencia ha reiterado que la vulneración de la moralidad administrativa coincide con «el propósito particular que desvíe el cumplimiento del interés general al favorecimiento del propio servidor público o de un tercero», noción que sin duda se acerca a la desviación de poder.

Afirma que un territorio sin actualización catastral no puede ser administrado eficientemente, ya que no cuenta con un censo básico de los predios que lo conforman, en la eventualidad de una emergencia no podrá diseñar rápidamente estrategias de mitigación de riesgo y estará a merced de medidas reactivas. Un territorio no actualizado no mantiene una cartografía básica que le permita desarrollar un plan de ordenamiento te rritorial, un plan de acceso a servicios públicos eficiente, un esquema de atención de d esastres, un mapa básico de poblaciones vulnerables, entre otros importantes aspectos.

Finalmente, señaló que si bien no existe una norma constitucional que expresamente consagre las costas procesales, el Constituyente otorgó al

poblaciones vulnerables, entre otros importantes aspectos.

Finalmente, señaló que si bien no existe una norma constitucional que expresamente consagre las costas procesales, el Constituyente otorgó al legislador la potestad de regular las acciones populares y por vía legislativa en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y en las normas del procedimiento civil que le son aplicables por expresa remisión, se materializa el principio de equidad, pues fungen como instrumento que arbitra el derecho político que tienen losAsunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos

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ciudadanos a demandar la protección de sus derechos colectivos, bajo la garantía de que tal esfuerzo no le resultará ni oneroso ni desproporcionado o irrazonable en esfuerzo.

Contestación de la demanda.

Municipio de Quimbaya3.

Precisa que en ningún momento manifestó no contar con recursos para ser llevada a cabo la actualización catastral que hoy pretende el accionante, sino que se indicó que el municipio se encontraba en proceso de conseguir los recursos necesarios para poder llevar a cabo el proceso de actualización catastral. Al respecto, expresa que a través del Acuerd o No 005 del 9 de julio de 2024, se autorizó al Alcalde Municipal para suscribir celebrar contratos de empréstitos, por lo que , por dicho medio contractual el Municipio ges tionaría los recursos necesarios para poder llevar a cabo la respectiva actualización catastral.

de 2024, se autorizó al Alcalde Municipal para suscribir celebrar contratos de empréstitos, por lo que , por dicho medio contractual el Municipio ges tionaría los recursos necesarios para poder llevar a cabo la respectiva actualización catastral.

Señala que en la actualidad el Municipio de Quimbaya suscribió contrato de empréstito con el Banco Davivienda por un valor de siete mil doscientos veintidós millone s de pesos M/L ($7.222.000.000) y viene adelantando diferentes acciones que tienen como objetivo materializar la actualización catastral municipal, pues en la actualidad el Municipio de Quimbaya tiene hoy suscrito contrato de empréstito que permitirá ejecutar la actualización catastral que hoy requiere el municipio.

Considera que en la actualidad no se presenta ningún tipo de vulneración a derechos colectivos, pues son evidentes las acciones del Gobierno Municipal en cuanto a llevar a cabo la correspondiente actualización catastral con fines de multipropósito, por ende, esto se traduce en la voluntad administrativa en dar cabal cumplimiento a los mandatos lega les vigentes. Dentro del caso en concreto, no existe vulneración alguna al derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues no puede considerar el accionante que ante la ausencia frente a la actualización catastral en el municipio de Quimbaya esto derive en la transgresión al derecho antes mencionado, pues el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han emitido senda Jurisprudencia indicando el alcance y significado de la moralidad administrativa

Afirma que el accionante no ha probado la real afectación de los bienes jurídicos como la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general o la negación de la corrupción, en igual sentido dentro de la presente acción popular

Afirma que el accionante no ha probado la real afectación de los bienes jurídicos como la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general o la negación de la corrupción, en igual sentido dentro de la presente acción popular no se ha dejado evidencia de que ha existido un quebrantamiento al principio de legalidad por parte de la demandada y finalmente tampoco existe prueba de que la supuesta vulneración a la moralidad haya dado como resultado el

3 Archivo digital Samai. 11001333704020240033100. Índice 00012. RECIBE MEMORIALES ONLINEAsunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos

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favorecimiento de algún servidor público o de algún tercero, en síntesis podríamos afirmar sin lugar a equívocos que la presente acción popular carece de fundamentos facticos y legales.

Asimismo, señala que se opone a cualquier tipo de condena en costas en su contra, puesto que la presente acción popular fue presentada sin ningún tipo de sustento legal y casi que de manera temeraria. Propuso excepciones como la inexistencia de vulneración, la carencia actual de objeto por hecho superado, al haberse gestionado y asegurado los recursos para la actualización catastral.

Finalmente, solicitó tener en cuenta las pruebas aportadas por las partes, así como documentales y testimoniales relacionadas con las actuaciones y gestiones del municipio para la ejecución del proyecto catastral.

Sentencia apelada4.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, profirió sentencia

como documentales y testimoniales relacionadas con las actuaciones y gestiones del municipio para la ejecución del proyecto catastral.

Sentencia apelada4.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, profirió sentencia de primera instancia el 08 de septiembre de 2025 por medio de la cual se declaró la carencia actual del objeto por hecho superado y no se condenó en costas.

Precisa que, la parte accionante invocó como derechos colectivos afectados los descritos en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998 correspondientes a la moralidad administrativa, el cual funge como principio de la función administrativa (Constitución Política, artículo 209 y ley 489 de 1998, artículo 3) y como derecho colectivo. Es un derecho colectivo que exige que la gestión pública se rija por valores éticos, transparencia y respetando el interés general.

Señala que conforme a la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa el derecho colectivo a la moralidad administrativa puede resultar vulnerado o amenazado cuando se verifiquen varios supuestos. Tales bienes jurídicos comprenderían la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general, la negación de la corrupción, entre otros y habrá lugar a que se configure de forma real su afectación si se prueba el acaecimiento de una acción u omisión, de quienes ejercen funciones adm inistrativas con capacidad para producir su vulneración o amenaza , la que se genera a causa del desconocimiento de ciertos parámetros éticos y morales sobre los cuales los asociados asienten en su aplicación.

Particularmente, en lo que respecta al avalúo catastral, trae a colación jurisprudencia del Consejo de Estado en la que señala que, las autoridades

asociados asienten en su aplicación.

Particularmente, en lo que respecta al avalúo catastral, trae a colación jurisprudencia del Consejo de Estado en la que señala que, las autoridades tendrán el deber de formar los catastros en los períodos señalados por la ley, «con el fin de revisar los elementos físico y jurídico del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del

4 Archivo digital Samai. 11001333704020240033100. Índice 00051. Sentencia de primera instanciaAsunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos

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mercado inmobiliario » (artículo 28). Las etapas que deben observarse para establecer el valor de los predios en el mercado inmobiliario son: identificación predial, determinación de zonas homogéneas geoeconómicas, fijación de valores unitarios para los tipos de edificación, y liquidación de los avalúos (artículo 73).

Por otro lado, hace referencia a la carencia actual de objeto por hecho superado, en acciones populares e indica que si bien al momento de la interposición de la acción popular la administración municipal de Quimbaya no había materializado la contratación para adelantar dicha actualización, conforme lo probado la última efectuada databa del año 2010, tal situación ha var iado sustancialmente durante el curso del presente proceso, en la medida en que el ente territorial desplegó las actuaciones administrativa s, presupuestales y

probado la última efectuada databa del año 2010, tal situación ha var iado sustancialmente durante el curso del presente proceso, en la medida en que el ente territorial desplegó las actuaciones administrativa s, presupuestales y contractuales necesarias para subsanar la omisión inicialmente denunciada.

Advierte que con la suscripción del contrato interadministrativo suscrito con la entidad MASORA el Municipio de Quimbaya desplegó todos los recursos que para que la vulneración del derecho colectivo a la moralidad pública desapareciera, puesto que el refer ido contrato está en ejecución sobre la actualización catastral, que, por su complejidad, requiere un desarrollo técnico y jurídico que deberá desplegar el contratante para terminar la referida tarea.

Concluye entonces que, a la fecha no se acreditan circunstancias que permitan predicar amenaza o vulneración de derecho colectivo alguno por parte del Municipio de Quimbaya, razón por la cual no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

Recurso de apelación5.

La parte demandante allegó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, al señalar que, si bien, la entidad celebró contrato con miras a realizar la actualización catastral, no deja de ser una actuación que no garantiza los derechos, pues bien podría suceder que se incumpla o se liquide por incumplimientos, lo cual le imposibilita para acudir ante el juez por desacato, de allí la necesidad que el juez hubiera hecho una precisión al respecto para poder incidentar si el contrato no se termina de ejecutar. Aunado a lo anterior, precisa que el contrato con el tema de la estratificación no es claro.

Actuación en segunda instancia6.

poder incidentar si el contrato no se termina de ejecutar. Aunado a lo anterior, precisa que el contrato con el tema de la estratificación no es claro.

Actuación en segunda instancia6.

Mediante auto del 07 de octubre del 2025, se admitió y se informó a la parte contraria que dentro del término de ejecutoria de dicha providencia podrían pronunciarse sobre el recurso de apelación formulado y que el Ministerio

5 Archivo digital Samai. 11001333704020240033100. Índice 00053. RECIBE MEMORIALES ONLINE (Visualizar expedienteRECIBE MEMORIALES ONLINE 071_MemorialWeb_Alegatos-APELACIONPOPULAR 509 kb) 6 Archivo digital Samai. TAQ. Índice 00004. Auto admite recurso apelaciónAsunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos

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Público podría rendir el respectivo concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para sentencia.

Intervención de segunda instancia.

Las partes no emitieron pronunciamiento alguno.

Ministerio Público7.

Dentro de la oportunidad legal, el Procurador (13) Judicial (II) Administrativo, actuando en calidad de Agente del Ministerio Público, presentó concepto en el proceso de la referencia, indicando que, en el caso bajo estudio la parte actora consideró que se está vulnerando la moralidad administrativa, porque el Municipio de Quimbaya no ha actualizado el catastro, sin embargo, dicho ente

proceso de la referencia, indicando que, en el caso bajo estudio la parte actora consideró que se está vulnerando la moralidad administrativa, porque el Municipio de Quimbaya no ha actualizado el catastro, sin embargo, dicho ente territorial refiere que no está vulnerando nada, porque ya suscribió un contrato para cumplir con dicha obligación de hace.

Al respecto, precisó que se hace indispensable acreditar que funcionarios del Municipio de Quimbaya actuaron con desviación de poder, con dolo, intención de defraudar el patrimonio público o con el objeto de satisfacer intereses personales diferentes al interés general a través de la omisión anotada, para que se puedan ver procedentes las pretensiones relacionadas con la vulneración del derecho colectivo que en este momento se aborda.

En lo que atañe a la existencia de una conducta contraria a derecho, precisó que en principio y sin que esto implique un prejuzgamiento ante la posibilidad del ejercicio de una eventual acción ordinaria , por no haber se actualizado el catastro, dicho aspecto no basta para configurar la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, dado que sólo se está en presencia de la ilegalidad o vulneración al principio de legalidad, vulneración que puede ser subsanada en sede administrativa a través de los procedimientos correspondientes o en sede judicial a través de acciones ordinarias o de otra índole como la acción de cumplimiento.

Aunado a lo anterior, frente a la conducta contraria a derecho, indicó que debe haber sido ejercida con el propósito de apartarse de los intereses generales y satisfacer intereses personales, este aspecto no está probado en el expediente, es decir, la parte actora identificaron o acreditaron cuales funcionarios del Municipio de Quimbaya actuaron con el propósito de enriquecer sus arcas

satisfacer intereses personales, este aspecto no está probado en el expediente, es decir, la parte actora identificaron o acreditaron cuales funcionarios del Municipio de Quimbaya actuaron con el propósito de enriquecer sus arcas personales o satisfacer sus intereses individuales.

Afirma que es evidente que la parte demandante en este proceso sólo ventila argumentos de ilegalidad propios de otra acción, pero en ningún momento trae a colación comportamientos dolosos o de mala fe que recaigan sobre un servidor

7 Archivo digital Samai. TAQ. Índice 00009. JTL-Concepto Ministerio PúblicoAsunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos

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público en particular. En efecto, el actor señala que existe una omisión ilegal de actualizar el catastro, sin que haya prueba alguna que atribuya dicha omisión a uno o varios servidores públicos en particular para su propio beneficio.

Refiere que no se presenta una vulneración o amenaza al derecho colectivo a la moralidad administrativa , lo que impone despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES FINALES

Al tenor del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 37 de la Ley 472 de 1998 esta Sala es competente para conocer el presente asunto en segunda instancia.

Ahora bien, los presupuestos procesales de capacidad para ser parte y capacidad procesal se encuentran cumplidos.

De otra parte, no se observa irregularidad alguna en el trámite del proceso como

instancia.

Ahora bien, los presupuestos procesales de capacidad para ser parte y capacidad procesal se encuentran cumplidos.

De otra parte, no se observa irregularidad alguna en el trámite del proceso como tampoco la configuración de causal de nulidad procesal.

Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si se debe amparar el derecho colectivo a la moralidad administrativa, en virtud de la omisión de la demandada frente a la actualización catastral del Municipio de Quimbaya. De ser así, deberá analizarse sí con la suscripción del contrato interadministrativo para la ejecución sobre la actualización catastral, suscrito entre el Municipio de Quimbaya con la entidad MASORA, se configuró la carencia actual del objeto por hecho superado.

Para efectos de resolver el anterior problema jurídico, se analizará n los siguientes aspectos: (i) Naturaleza de la acción popular (ii) Derechos e intereses colectivos invocados-Moralidad Administrativa; (iii) Carencia actual de objeto por hecho superado en el marco de la Protección de Derechos e Intereses Colectivos. (iv) Caso concreto.

Naturaleza de la Acción Popular.

A la luz del artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, las acciones populares se encuentran instituidas para la protección de los derechos e intereses colectivos (supraindividuales e indivisibles), relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que a bien debe definir la ley que reglamente la materia, la cual, para el caso en particular, corresponde a la Ley 472 de 1998.Asunto: Sentencia de segunda instancia

la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que a bien debe definir la ley que reglamente la materia, la cual, para el caso en particular, corresponde a la Ley 472 de 1998.Asunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos

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A su turno, resulta oportuno señalar que, en virtud de las disposiciones legales, la finalidad de las acciones populares no es otra que la de hacer cesar el peligro, amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, así como la restitución de las cosas a su estado anterior cuando fuere posible, frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares, que violen o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

Es decir, que existen varias hipótesis para su procedencia:

1. Cuando se pretende hacer cesar el peligro o la amenaza sobre el derecho colectivo, lo cual supone que se alteró el goce pacífico del mismo, pero no ha iniciado la lesión,

2. Cuando se pretende hacer cesar la lesión de los derechos colectivos, es decir, que la lesión al derecho colectivo ya inició, pero no ha finalizado, continúa produciendo efectos, y

3. Cuando se pretende restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible, es decir, que la lesión al derecho colectivo ya es definitiva.

En virtud a lo anterior, el legislador consagró en el artículo 34 de la Ley 472 de

3. Cuando se pretende restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible, es decir, que la lesión al derecho colectivo ya es definitiva.

En virtud a lo anterior, el legislador consagró en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, que la sentencia que acoja las pretensiones del demandante en una acción popular puede contener «una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible».

Se tienen, entonces, como supuestos sustanciales de las acciones populares, tal como lo ha definido el Consejo de Estado 8, los siguientes: A) Una acción u omisión de la parte demandada. B) Un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, y, C ) La relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses.

Derechos e intereses colectivos invocados como vulnerados o amenazados – moralidad administrativa-.

En el caso concreto, el derecho e interés colectivo invocado como vulnerado o amenazado es la moralidad administrativa, la que está consagrada como uno de los principios de la función administrativa, tal como lo establece el artículo 209

8 Ver, por ejemplo. Sentencia del CE SCA. Sección Primera. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, diecinueve (19) de agosto

los principios de la función administrativa, tal como lo establece el artículo 209

8 Ver, por ejemplo. Sentencia del CE SCA. Sección Primera. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010). Radicación Número: 68001-23-15-000-2004-00848-02(Ap). Actor: Yolanda Correa Ayala. Demandado: Municipio De Florida Blanca.Asunto: Sentencia de segunda instancia Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos

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de la Con stitución Política de Colombia , a sí mismo, fue consagrada por el constituyente como un derecho e interés colectivo, tal como lo establece el artículo 88 y luego en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

Al respecto la Corte Constitucional, ha indicado: «En tanto que en principio, se trata de un mandato de textura abierta inspirado en el principio de la prevalencia del interés general, que guía el ejercicio de la actividad administrativa hacia el actuar pulcro, probo y honesto, no desde un punto de vista de la subjetividad o consc iencia moral de quien ejerce la función administrativa, sino a partir de referentes objetivos tales como la defensa del patrimonio público, del interés general y del ordenamiento jurídico. Como derecho e interés colectivo , la moralidad administrat iva es una legitimación respecto de cualquier persona para exigir la fiscalización judicial del adecuado ejercicio de la función administrativa no referido exclusivamente al sometimiento formal al orden jurídico».

derecho e interés colectivo , la moralidad administrat iva es una legitimación respecto de cualquier persona para exigir la fiscalización judicial del adecuado ejercicio de la función administrativa no referido exclusivamente al sometimiento formal al orden jurídico».

Sobre la moralidad administrativa , la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado9, indicó:

«- La moralidad admini