TA RIS - 66001-23-33-000-2021-00073-00-(30-04-2021)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS HINCAPIÉ MEJÍA

Aprobado en Sala en sesión de hoy Pereira, treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Referencia Exp. Rad. 66001-23-33-000-2021-00073-00 Validez de Decreto

Actor: Gobernador del Departamento de Risaralda

La autoridad referida, con el escrito obrante a folios 1 y s.s. del expediente digital, remitió el Decreto número 014 del 13 de febrero de 2021, emanado del Alcalde Municipal de Apía, por medio del cu al se dictan normas para la adecuada circulación de vehículos y motocicletas y se dictan normas sobre la convivencia ciudadana en el municipio de Apía, Risaralda, al considerar que es violatorio de normas superiores.

I. PRETENSIONES

Que se declare la invalidez parcial del Decreto 014 del 13 de febrero de 2021, emanado del Alcalde Municipal de Apía, por medio del cual se dictan normas para la adecuada circulación de vehículos y motocicletas y se dictan normas sobre la convivencia ciudadana en el municipio de Apía, Risaralda.

II. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se citan como violados los artículos 6, 13 y 29 de la Constitución Política, artículo 20 y literal C – C1 del artículo 21 de la Ley 1383 de 2010.

II. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se citan como violados los artículos 6, 13 y 29 de la Constitución Política, artículo 20 y literal C – C1 del artículo 21 de la Ley 1383 de 2010.

Aduce el Gobernador del Departamento, que al revisar el acto acusado encontró que se incurrió en distintas violaciones de normas superiores, por cuanto se haExp. Rad. 66001-23-33-000-2021-00073-00 Validez de Decreto

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fundamentado en las dis posiciones contenidas en el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 1801 de 2016 y la Ley 769 de 2002, procediendo de manera independiente a establecer el llamado de atención y la movilización del vehículo como un tipo de sanción frente a la conducta de parquear en lugar indebido.

Frente a lo anterior, resalta que el marco jurídico para aplicar las sanciones por infracciones de tránsito corresponde a la Ley 1383 de 2010 “por la cual se reforma la ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”.

Es así como el literal C, C.2 de la Ley 1383 de 2010, expresa que será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en la infracción de “Estacionar un vehículo en sitio prohibido”.

Afirma que el artículo 4º del Decreto 014 del 13 de febrero de 2021, es contrario a la Constitución Nacional y al Código Nacional de Tránsito vigente toda vez que

incurra en la infracción de “Estacionar un vehículo en sitio prohibido”.

Afirma que el artículo 4º del Decreto 014 del 13 de febrero de 2021, es contrario a la Constitución Nacional y al Código Nacional de Tránsito vigente toda vez que reza: “Artículo 4º Parquear donde no es debido. Se hará llamado de atención por una sola vez, para una segunda vez se inmovilizará el vehículo hasta por cinco días”.

Refiere que el llamado de atención no corresponde al tipo de sanciones que están reguladas por la Ley 1383 de 2010. Así mismo, la inmovilización del vehículo no corresponde al tipo de sanción que debe aplicarse cuando se realiza el estacionamiento en un lugar indebido, resultando que es violatorio del derecho a la igualdad, el debido proceso y contrario a la ley superior.

Considera que con la expedición del artículo 4 del Decreto No. 014 de 2021, se violaron normas constitucionales y superiores, pues no es competencia del Alcalde Municipal de Apía, Risaralda establecer sanciones diferentes a las reguladas por la Ley en materia de sanciones por infracciones de tránsito, en este caso por parquear en el lugar indebido.

III. TRÁMITE PROCESALExp. Rad. 66001-23-33-000-2021-00073-00

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Se ordenó el de Ley, fijando el asunto en lista como señal de convocatoria a coadyuvar o a impugnar el acto demandado, lo que se llevó a cabo mediante providencia del 16 de marzo de 2021 (Dto. 05 Exp. Digital).

IV. INTERVENCIÓN

coadyuvar o a impugnar el acto demandado, lo que se llevó a cabo mediante providencia del 16 de marzo de 2021 (Dto. 05 Exp. Digital).

IV. INTERVENCIÓN

De acuerdo con la constancia secretarial visible en documento 10A del expediente digital, el término de fijación en lista transcurrió en silencio.

V. CONSIDERACIONES

1.- Es competente este Tribunal en única instancia para conocer del presente proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151-4 de la Ley 1437 de 2011 y por lo establecido en el artículo 80 del Decreto 1222 de 1986, en concordancia con los artículos 120 y 121 del Decreto 1333 de 1986.

2.- OBJETO DE LA DECISIÓN.

Según lo argumentado como concepto de violación por la autoridad departamental, encuentra la Sala que la inconformidad está referida a la posible violación de normas superiores por parte del Alcalde del m unicipio de Apía al expedir el Decreto 014 del 13 de febrero de 2021, por medio del cual se dictan normas para la adecuada circulación de vehículos y motocicletas y se dictan normas sobre la convivencia ciudadana en el municipio de Apía, Risaralda, por cuanto considera se violaron normas constitucionales y superiores, pues no es competencia del Alcalde Municipal de Apí a, Risaralda establecer sanciones diferentes a las reguladas por la Ley en materia de sanciones por infracciones de tránsito, en este caso por parquear en el lugar indebido.

3.- ANÁLISIS JURÍDICO.

A efectos de establecer si, como lo adujo el gobernador del departamento de

de tránsito, en este caso por parquear en el lugar indebido.

3.- ANÁLISIS JURÍDICO.

A efectos de establecer si, como lo adujo el gobernador del departamento de Risaralda, el precitado Decreto es ilegal de acuerdo a las normas que se invocanExp. Rad. 66001-23-33-000-2021-00073-00 Validez de Decreto

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como violadas y el concepto de la violación que de ellas se hizo, se precisa revisar apartes del citado Acuerdo.

El acto enjuiciado es del siguiente contenido, en el numeral 4 del artículo 2º:

«ARTÍCULO 2º. Facúltese a la Policía Nacional Estación Apía, para realizar las inmovilizaciones de las motocicletas que infrinjan las disposiciones de este acto administrativo, de la siguiente manera:

(…)

4Parquear donde no es debido: se hará llamado de atención por una sola vez, para una segunda vez se inmovilizará el vehículo hasta por cinco días».

Resulta entonces pertinente traer a colación la normatividad aducida como violada:

Constitución Política:

«ARTÍCULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».

Ley 1383 de 2010:

«ARTÍCULO 20º.- El artículo 122 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 122. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del presente

Código son:

1. Amonestación.

2. Multa.

Artículo 122. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del presente

Código son:

1. Amonestación.

2. Multa.

3. Retención preventiva de la licencia de conducción.Exp. Rad. 66001-23-33-000-2021-00073-00

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4. Suspensión de la licencia de conducción.

5. Suspensión o cancelación del permiso o registro.

6. Inmovilización del vehículo.

7. Retención preventiva del vehículo.

8. Cancelación definitiva de la licencia de conducción.

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción, independientemente de las sanciones ambientales a que haya lugar por violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre emisiones contaminantes y generación de ruido por fuentes móviles.

Parágrafo 1°. Ante la Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, por las autoridades de tránsito respectivas, las siguientes sanciones:

1. Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios (smldv).

2. Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la segunda vez, además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere el propietario del vehículo.

3. Revocatoria o caducidad de la licencia de conducción por la tercera vez, además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere propietario del vehículo.

4. Inmovilización del vehículo, la cual proc ederá sin perjuicio de la imposición de las otras sanciones.

además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere propietario del vehículo.

4. Inmovilización del vehículo, la cual proc ederá sin perjuicio de la imposición de las otras sanciones.

En los casos de infracción a las prohibiciones sobre dispositivos o accesorios generadores del ruido, sobre sirenas y alarmas, lo mismo que sobre el uso del silenciador se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan.

Cuando quiera que se infrinjan las prohibiciones, restricciones o regulaciones sobre emisiones contaminantes por vehículos automotores, se seguirá el siguiente procedimiento:

El agente de vigilancia del tráfico que detecte o advierta una infracción a las normas de emisión de contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores, entregará al presunto infractor una boleta de citación para que el vehículo sea presentado en un centro de diagnóstico para una inspección técnica en un término que no podrá exceder de quince (15) días. En la citación se indicará la modalidad de la presunta infracción que la ocasiona. Esto sin perjuicio de la vigencia del certificado de la obligatoria revisión técnico-mecánica y de gases.

Realizada la inspección técnica y determinada así la naturaleza de la infracción, el centro de diagnóstico donde aquella se hubiere practicado, entregará al presunto infractor copia del resultado del examen practicado al vehículo y remitirá el original a la autoridad de tránsito competente, para que, previa audiencia del interesado, se imponga la sanción que en cada caso proceda.

presunto infractor copia del resultado del examen practicado al vehículo y remitirá el original a la autoridad de tránsito competente, para que, previa audiencia del interesado, se imponga la sanción que en cada caso proceda.

En caso de que el infractor citado no presentare el vehículo para la práctica de la visita de inspección en la fecha y hora señaladas, salvo causal comprobada de fuerza mayor o caso fortuito, las multas a que hubiere lugar se aumentarán hasta en el doble y el vehículo podrá ser inmovilizado por la autoridad de tránsito respectiva, hasta tanto el infractor garantice mediante caución la reparación del vehículo.

Practicada la inspección técnica, el infractor dispondrá de un término de quince (15) días para reparar el vehículo y corregir la falla que haya sido detectada en el centro de diagnóstico y deberá presentarlo, antes del vencimiento de este nuevo término, para la práctica de una nueva inspección con el fin de determinar que los defectos del vehículo, causantes de la infracción a las normas ambientales, h an sido corregidos. Vencido el plazo y practicada la nuevaExp. Rad. 66001-23-33-000-2021-00073-00 Validez de Decreto

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revisión, si el vehículo no cumple las normas o es sorprendido en circulación en la vía pública, será inmovilizado.

Cuando la autoridad de tránsito detecte una ostensible y grave violación de las normas ambientales podrá ordenar al infractor la inmediata revisión técnica del vehículo en un centro de diagnóstico autorizado para la práctica de la inspección técnica.

normas ambientales podrá ordenar al infractor la inmediata revisión técnica del vehículo en un centro de diagnóstico autorizado para la práctica de la inspección técnica.

Si practicada la inspección técnica se establece que el vehículo cumple las normas ambientales, no habrá lugar a la aplicación de multas.

Quedan exentos de inspección técnica los vehículos impulsados con motor de gasolina, durante los tres (3) primeros meses de vigencia del certificado de movilización, a menos que incurran en flagrante y ostensible violación de las normas ambientales.

No habrá lugar a inspección técnica en casos de infracción a las normas ambientales por emisión de polvo, partículas, o humos provenientes de la carga descubierta de vehículos automotores.

En tal caso, el agente de tránsito ordenará la detención del vehículo y entregará al infractor un comparendo o boleta de citación para que comparezca ante la autoridad de tránsito competente, a una audiencia en la que se decidirá sobre la imposición de la sanción que proceda.

Los agentes de tránsito podrán inmovilizar hasta por veinticuatro (24) horas, debiendo informar de ello a la autoridad de tránsito competente, los vehículos que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, hasta tanto se tomen por el infractor las medidas apropiadas para impedir dichas emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que correspondan.

Parágrafo 2°. Para efectos del presente código, y salvo disposición contraria, la multa debe entenderse establec ida en salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

correspondan.

Parágrafo 2°. Para efectos del presente código, y salvo disposición contraria, la multa debe entenderse establec ida en salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Artículo 21. El artículo 131 de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Artículo 131. Multas. Los infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:

(…)

C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

(…)

C.2. Estacionar un vehículo en sitios prohibidos».

Teniendo en cuenta el contenido de las disposiciones invocadas como infringidas , se procederá al cotejo entre e stas y el decreto acusado, a efectos de dilucidar si existe o no violación de las disposiciones legales.Exp. Rad. 66001-23-33-000-2021-00073-00 Validez de Decreto

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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, sin embargo, este derecho fundamental no es absoluto, pues se encuentra sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de todos los habitantes del territorio nacional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:

“Es claro que si no existiera una regulación adecuada de la circulación de

y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de todos los habitantes del territorio nacional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:

“Es claro que si no existiera una regulación adecuada de la circulación de personas y vehículos sobre las vías públicas, los derechos de los particulares, así como el interés colectivo, se verían gravemente afectados: la descoordinación de las fuerzas físicas que actúan en el escenario del tránsito vehicular y peatonal provocaría la accidentalidad constante de sus elementos y el medio ambiente no resistiría la ausencia de una normatividad que reglamentare la emisión de gases tóxicos por parte de los au tomotores, para poner sólo los ejemplos más evidentes. Fines tan esenciales al Estado como la prosperidad general y la convivencia pacífica (Art. 2º C.P.) serían irrealizables si no se impusieran normas de conducta claras y precisas para el ejercicio del derecho de circulación.”1

Si bien la Ley 1383 de 2010 es clara en prever que los alcaldes municipales son autoridades de tránsito en su jurisdicción, al igual que los organismos de tránsito donde los haya; y estos tienen competencia para tomar las medidas que consideran necesarias para el mejoramiento del tránsito de las personas, vehículos y animales por las vías públicas o privadas, lo cierto es que la actividad de tránsito ha sido ampliamente regulada por el legislador, expidiendo para ello el Código Nacional de Tránsito y las normas que lo han modificado, las cuales se cumplen en todo el territorio nacional y regulan todo lo relacionado con la circulación de peatones,

ampliamente regulada por el legislador, expidiendo para ello el Código Nacional de Tránsito y las normas que lo han modificado, las cuales se cumplen en todo el territorio nacional y regulan todo lo relacionado con la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas y privadas que estén abiertas al público, o en las vías privadas que internamente circulen, así como la actuación y procedimiento de las autoridades de tránsito.

En cuanto a la competencia de las entidades territoriales, la Corte Constitucional ha señalado:

“De este modo, se tiene que, como expresión del principio unitario, hay un conjunto de funciones en materia de tránsito, cuyo alcance es nacional, pero para cuya ejecución se integran las autoridades de los distintos niveles administrativos, que, en el ámb ito regional y local ejercen competencias diversas, unas, como ejercicio directo de la autonomía en el ámbito propio de sus respectivos territorios, otras, por expresa asignación legal, y, finalmente, otras por delegación que les haga el gobierno en los términos de la ley. De ello

1 Sentencia 799 de 2003.Exp. Rad. 66001-23-33-000-2021-00073-00 Validez de Decreto

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se desprende que, en aplicación del principio de subsidiariedad, la organización y dirección de lo relacionado con el tránsito y el transporte es, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, una competencia primaria de las ent idades territoriales, las cuales con sujeción a la ley y en ejercicio de su autonomía podrán crear las dependencias administrativas que estimen necesarias para

sus respectivas jurisdicciones, una competencia primaria de las ent idades territoriales, las cuales con sujeción a la ley y en ejercicio de su autonomía podrán crear las dependencias administrativas que estimen necesarias para ese efecto. Tales autoridades, para el ejercicio de sus competencias propias, de las funciones que les sean asignadas por la ley y de las que les delegue el Gobierno, deberán obrar con sujeción al principio de coordinación que garantice la articulación de los niveles nacional y territorial.

Cabe señalar que en el sistema de la Ley 769 de 2002 es preciso distinguir, con particular relevancia en el nivel municipal, entre las autoridades de tránsito[19] y los organismos de tránsito, puesto que al paso q ue en el primer concepto se encuentran las supremas autoridades administrativas, que ejercen una cláusula general de competencia en los asuntos que conciernan al respectivo nivel territorial, los organismos de tránsito, son unidades administrativas especialmente creadas para asumir unas competencias en materia de tránsito, entre ellas, las de alcance nacional que de manera general se atribuyen por la ley a estas entidades y las que les sean delegadas por el gobierno nacional” 2. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Conforme a lo expuesto, se concluye que los alcaldes son autoridades de tránsito de regulación normativa, lo que les da la facultad para expedir normas regulatorias de la forma como los diferentes actores circulan por su jurisdicción, lo c ual implica la obligación de organizar las vías y su circulación, así como expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el tránsito ordenado de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del Código Nacional de Tránsito.

tomar las medidas necesarias para el tránsito ordenado de personas, animales y vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del Código Nacional de Tránsito.

En sentencia C-593 de 2005 la Corte Constitucional, señaló:

“En un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana (art. 1, C.P.) y en la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5, C.P.), en el cual el principio constitucional de legalidad indica que los particulares únicamente son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las leyes de la República (art. 6, C.P.), y en el que todas las personas son titulares del derecho fundamental al debido proceso, conforme al cual nadie podrá ser juzgado sino de conformidad con leyes preexistentes al acto que se le imputa (art. 29, C.P.), únicamente el Congreso de la República, en tanto órgano representativo y democrático por excelencia, puede establecer limitaciones al ejercicio de los derechos constitucionales, mediante la adopción de normas generales de policía destinadas a preservar el orden público. Según explicó la Corte en la sentencia C -825 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), “la preservación del orden público en beneficio de las libertades supone el uso de distintos medios, como pueden ser básicamente (i) el establecimiento de normas generales que limitan los derechos para preservar el orden público, (ii) la expedición de actos normativos individuales, dentro de los límites de esas normas generales, como la concesión de un permiso o la imposición de una sanción, y (iii) el despliegue de actividades materiales, que incluyen el empleo

(ii) la expedición de actos normativos individuales, dentro de los límites de esas normas generales, como la concesión de un permiso o la imposición de una sanción, y (iii) el despliegue de actividades materiales, que incluyen el empleo de la coacción y que se traduce en la organización de cuerpos armados y funcionarios especiales a través de los cuales se ejecuta la función. Por eso esta Corte Constitucional, en numerosas sentencias, ha distinguido entre poder

2 Corte Constitucional Sentencia C-931 de 2006.Exp. Rad. 66001-23-33-000-2021-00073-00 Validez de Decreto

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de policía (reglamentación general), función (adopción de medidas individuales) y actividad de policía (ejecución coactiva), para diferenciar esos distintos medios de policía, en lo cual ha reiterado la conceptualización realizada en tal sentido por la Corte Suprema de Justicia”. Dentro de este marco, es pertinente comprender el alcance del poder de policía, y las autoridades que sobre las cuales recae por mandato expreso de la Constitución.

En la sentencia C -790 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte señaló que el poder de policía, o “la facultad de hacer la ley policiva mediante la expedición de normas jurídicas objetivas de carácter general e impersonal dictadas por el órgano representativo con el fin de limitar los derechos individuales en función del bienestar general” , radica como regla general en cabeza del Congreso de la República. Tal como se precisó en la sentencia C825 de 2004, “el poder de policía se caracteriza por su naturaleza normativa y

individuales en función del bienestar general” , radica como regla general en cabeza del Congreso de la República. Tal como se precisó en la sentencia C825 de 2004, “el poder de policía se caracteriza por su naturaleza normativa y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de carácter general e impersonal, con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios y dentro de los términos de la salubridad, seguridad y tranquilidad públicas que lo componen”; en tal medida, se señaló en la misma providencia que “esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las libertades públicas en su relación con estos términos, generalmente se encuentra en cabeza del Congreso, quien debe ejercerla obviamente dentro de los límites de la Constitución. Excepcionalmente, también en los términos de la Carta, ciertas autoridades administrativas pueden ejercer un poder de policía subsidiario o residual, como en el caso de la competencia de las asambleas departamentales para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley”. En efecto, la incidencia de las regulac iones policivas sobre los derechos y las libertades de los asociados hace que sea el Congreso de la República el llamado a expedirlas como regla general, principalmente por su carácter democrático y representativo. En este sentido, ha explicado la jurispru dencia constitucional que el orden público, entendido como el conjunto de condiciones que garantizan la plena vigencia de la dignidad humana y los derechos fundamentales, opera como el marco general dentro del cual ha de ejercerse el poder de policía; así, en la sentencia C -825 de 2004, dijo la Corte: “el orden público debe ser entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y

como el marco general dentro del cual ha de ejercerse el poder de policía; así, en la sentencia C -825 de 2004, dijo la Corte: “el orden público debe ser entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. Este marco constituye el fundamento y el límite del poder de policía, que es el llamado a mantener el orden público, pero en beneficio del goce pleno de los derechos. En ese sentido, la preservación del orden público no puede lograrse mediante la supresión o restricción desproporcionada de las libertades públicas, puesto que el desafío de la democracia es permitir el más amplio y vigoroso ejercicio de las libertades ciudadanas.”

Excepcionalmente, y con estricto respeto por el marco dispuesto en las normas constitucionales y legales aplicables, también las Asambleas y los Concejos Distritales y Municipales pueden, dentro de ámbitos normativos específicos y, se reitera, con sujeción a lo dispuesto por el Legislador nacional sobre el particular, dictar normas de policía, con un alcance circunscrito tanto en lo territorial como en lo material.

En consecuencia, ha precisado la Corte Constitucional que “corresponde al Congreso de la República expedir las normas restrictivas de las libertades y derechos ciudadanos con base en razones de orden público e interés general”, con pleno respeto por los límites establecidos en la Carta Política y en los tratados internacionales que protegen los derechos humanos (art. 93, C.P.). Ello implica que el poder de policía del que es titular el Congreso de la República “no puede coexistir [con] un poder de policía subsidiario o residual en cabeza de las

tratados internacionales que protegen los derechos humanos (art. 93, C.P.). Ello implica que el poder de policía del que es titular el Congreso de la República “no puede coexistir [con] un poder de policía subsidiario o residual en cabeza de las autoridades administrativas, así éstas sean también de origen representativo como el Presidente de la República, los Gobernadores y Acaldes y las corporaciones administrativas de elección popular -asambleas departamentales y concejos municipales-, pues, se repite, el órgano legislativo es quien detentaExp. Rad. 66001-23-33-000-2021-00073-00 Validez de Decreto

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en forma exclusiva y excluyente la competencia para limitar tales derechos y libertades públicas”[3].

Ahora bien, la imposibilidad de que coexista el poder de policía del Congreso de la República con otros poderes de policía “residuales” en cabeza de autoridades administrativas, no riñe con el hecho de que la Constitución Política también ha asignado a las corporaciones plurales representativas del orden territorial el poder de dictar normas de policía dentro de ámbitos especí ficos y concretos, con acatamiento de lo dispuesto por el Legislador nacional en la materia, y únicamente dentro de las esferas materiales previstas por el Constituyente.

En este punto, debe recordarse que la Constitución Política también asigna en forma expresa algunas funciones normativas en materia de policía tanto a las Asambleas Departamentales como a los Concejos Distritales y Municipales. Por una parte, el artículo 300 -8 de la Carta asigna a las Asambleas Departamentales la función de “dictar normas de policía en todo aquello que no

Asambleas Departamentales como a los Concejos Distritales y Municipales. Por una parte, el artículo 300 -8 de la Carta asigna a las Asambleas Departamentales la función de “dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal” ; por otra, el artículo 313 de la Constitución faculta a los Concejos Municipales pa