TA RIS - 66001-33-33-002-2020-00055-01 (L-0193-2022)-(10-06-2022)

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE LEONARDO RODRÍGUEZ ARANGO

Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, diez de junio de dos mil veintidós

Providencia: Sentencia de segunda instancia Radicado: 66001-33-33-002-2020-00055-01 (L-0193-2022) Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Beatriz Lorena Lindo Cortés

Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Temas: ➢ Prima de medio año equivalente a una mesada pensional (numeral 2 artículo 15 de la Ley 91 de 1989) ➢ Pensión de invalidez Decisión de primera

instancia: Niega Decisión de segunda instancia: Confirma

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda. Fueron planteadas como fundamentos de la causa las siguientes:

1. PRETENSIONES

Solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 0860 del 28 de agosto de 2019 y No. 1142 del 02 de octubre de 2019 emanadas de la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda y que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento de la prima de junio establecida en el artículo 15 numeral 2º literal b) de la Ley 91 de 1989, así como el pago de las mesadas atrasadas.

ordene el reconocimiento de la prima de junio establecida en el artículo 15 numeral 2º literal b) de la Ley 91 de 1989, así como el pago de las mesadas atrasadas.

2. HECHOS

2.1. Se indica en lo relevante que la parte actora que se vinculó por primera vez a la docencia oficial con posterioridad al 1º de enero de 1981, por tanto, en condición de pensionada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociale s del Magisterio no tiene derecho a que la extinta CAJANAL EICE, cuyas obligaciones fueron asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, le reconozca la pensión gracia.Radicación: 66001-33-33-002-2020-00055-01 (L-0193-2022) Nulidad y restablecimiento del derecho

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2.2. Agrega que a través de la Resolución No. 0337 del 12 de mayo de 2014 proferida por la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, en representación de la Nación y con fundamento en la Ley 91 de 1989, le fue reconocida pensión de invalidez, por lo que, a su juicio, tiene derecho al reconocimiento de la prima de mitad de año, equivalente a una mesada pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 numeral 2º literal b) de la Ley 91 de 1989 y en la sentencia de unificación del Cons ejo de Estado SUJ -014-CE-S22019.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La parte demandante señala como norma infringida : el artículo 15 de la Ley 91 de

2019.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La parte demandante señala como norma infringida : el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y Sentencia de Unificación del Consejo de Estado SUJ-014-CE-S2-2019, consejero ponente César Palomino Cortés.

Como concepto de violación expone que el objetivo de haber establecido la prima de junio fue en compensación por la pérdida de la pensión gracia que se reconocía antes de la expedición y entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, considerando que cuando se estableció el pago de una mesada adicional contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1996, ya existía para los docentes del Magisterio la prima de medio año para quienes fueron vinculados después de 1981 y hasta el momento no existe norma que hubiera derogado tácita o expresamente tal beneficio.

4. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag allegó escrito de contestación dentro del término, argumentando que la parte demandante no tiene derecho a la mesada adicional de junio ya que causó su derecho pensional con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005; aunado a que tampoco causó su derecho a la pensión antes del 31 de julio del 2011 y su mesada pensional es superior a 3 salarios mínimos legales vigentes.

5. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira negó las súplicas de la demanda y así lo consignó en la parte resolutiva de la sentencia:

5. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira negó las súplicas de la demanda y así lo consignó en la parte resolutiva de la sentencia:

«[…] 1. Negar las súplicas de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Por secretaría, procédase con las anotaciones en los sistemas de información y una vez en firme, con el archivo del expediente […]».

Precisa que los docentes vinculados después del 1º de enero de 1981 al adquirir la pensión, tienen derecho al reconocimiento del beneficio de la prima de mitad de año equivalente a la mesada adicional en dos situaciones: i) cuando logren causarRadicación: 66001-33-33-002-2020-00055-01 (L-0193-2022) Nulidad y restablecimiento del derecho

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el derecho a la pensión antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, y/o ii) cuando causen el derecho posterior a este Acto pero antes del 31 de julio de 2011, siempre y cuando el monto de la pensión a percibir sea igual o inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por consiguiente, la parte demandante no le asiste el derecho pretendido por cuanto a fecha de estructuración de la invalidez fue fijada el 1 6 de enero de 2014 y la pensión fue liquidada en cuantía de $2.287.798.

Sostuvo que: “ Teniendo en cuen ta lo anterior, se tiene que la parte demandante adquirió el estatus de pensionado con posterioridad a la expedición del Acto

$2.287.798.

Sostuvo que: “ Teniendo en cuen ta lo anterior, se tiene que la parte demandante adquirió el estatus de pensionado con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y aún con posterioridad a la fecha límite establecida en el parágrafo transitorio 6° del artículo primero d el mismo acto legislativo, 31 de julio de 2011, pues, como ya se dijo, su pensión fue causada el 16 de enero de 2014.”

6. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación frente a la decisión de primera instancia, solicitando que se revoque y se acceda a las pretensiones de la demanda, reiterando los argumentos expuestos en el escrito introductorio , aclarando que no puede equipararse la prima de mitad de año establecida en el numeral 2º literal b) del artículo 15 co n una mesada adicional, pues su naturaleza fue expresamente establecida por el legislador como una prima, no como una mesada pensional adicional.

7. ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO

PÚBLICO

La convocatoria debida que se dio mediante auto del 17 de marzo de 2022, transcurrió en silencio, conforme lo informa la constancia secretarial que dispuso el proceso a despacho para sentencia.

8. CONSIDERACIONES DE LA SALA

8.1. Competencia: Agotado el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide la actuación que hasta ahora se ha surtido, procede el Tribunal a decidir sobre el asunto litigado, siendo competente para hacerlo en segunda instancia, de

8.1. Competencia: Agotado el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide la actuación que hasta ahora se ha surtido, procede el Tribunal a decidir sobre el asunto litigado, siendo competente para hacerlo en segunda instancia, de conformidad con lo dispu esto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 243 ibidem.

8.1.1 Cuestión previa. Alteración de orden para proferir sentencia

Antes de abordar el análisis del asunto de la referencia, resulta necesario aclarar que la presente sentencia se dicta a la luz de las excepciones de la prelación de fallos que permite decidir las litis que versan sobre un mismo asunto y sobre las cuales existe reiteración jurisprudencial, 1 con antelación a otros procesos.

1 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 12 de marzo de 2014, con ponencia del MagistradoRadicación: 66001-33-33-002-2020-00055-01 (L-0193-2022) Nulidad y restablecimiento del derecho

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Entonces, en virtud de lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 16 de la Ley 1285 de 2009, mutatis mutandi la Sala se encuentra habilitada para decidir el caso concreto.

8.2. Objeto del litigio

8.2.1. Problema jurídico : ¿Es procedente ordenar el reconocimiento de la prima de medio año regulada en el artículo 15, numeral segundo, literal b) de la Ley 91 de 1989 al personal docente pensionado por invalidez?

8.2.1. Problema jurídico : ¿Es procedente ordenar el reconocimiento de la prima de medio año regulada en el artículo 15, numeral segundo, literal b) de la Ley 91 de 1989 al personal docente pensionado por invalidez?

8.2.2. Asunto a resolver: Procede este Tribunal a analizar en la presente instancia el derecho pretendido, circunscrito al aspecto que es materia de la impugnación formulada por act ora, para determinar si en favor de la parte demandante debe disponerse el reconocimiento y pago de la prima de medio año equivalente a una mesada pensional, conforme lo prevé el numeral 2 artículo 15 de la Ley 91 de 1989, quién se encuentra pensionada por invalidez, a lo cual se opone la entidad demandada con fundamento en el Acto Legislativo 01 de 2005, que en su criterio excluyó el pago de dicha mesada adicional para los docentes que causen su derecho pensional a partir del 25 de julio de 2005.

8.3. Acervo Probatorio.

Se encuentra acreditado que la parte actora ostentó la calidad de docente con vinculación municipal, y que al haber sido calificado con pérdida de la capacidad laboral del 82% le fue reconocida pensión de invalidez mediante Resolución No. 0337 del 12 de mayo de 2014.

De acuerdo con el contenido de dicha resolución, la fecha de estructuración de la invalidez fue fijada el 16 de enero de 2014 y la pensión fue liquidada en cuantía de $2.287.798.

La parte demandante solicitó el reconocimiento y pago de la prima de medio año, equivalente a una mesada pensional, prevista en el artículo 15, numeral 2º, literal b)

$2.287.798.

La parte demandante solicitó el reconocimiento y pago de la prima de medio año, equivalente a una mesada pensional, prevista en el artículo 15, numeral 2º, literal b) de la Ley 91 de 1989 , petición que fue negada mediante los actos administrativos demandados.

8.4. Análisis jurídico normativo.

Para resolver el problema jurídico que ha quedado planteado, en torno a la procedencia del reconocimiento en favor de la parte demandante la prima de mitad de año establecida en el numeral 2 artículo 15 de la Ley 91 de 1989 , analizará la Sala de Decisión los siguientes aspectos: (i) régimen prestacional aplicable a los docentes oficiales (ii) caso concreto y, en el evento de considerarse causado el derecho pretendido, examinará el Tribunal (iii) el fenómeno prescriptivo.

Carlos Alberto Zambrano Barrera dentro del expediente radicado con el No. 76001-23-31-000-2004-0026901(34872), promovido por el señor Diego Ospina Rivas y otro.Radicación: 66001-33-33-002-2020-00055-01 (L-0193-2022) Nulidad y restablecimiento del derecho

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8.4.1. Régimen prestacional de los docentes estatales.

El artículo 48 de la Carta Política dispone que la seguridad social es un derecho fundamental irrenunciable y un servicio público en cabeza del Estado, que debe garantizarse a todas las personas en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema Pensional ; además, en el artículo 53 ibidem se establece que el Estado garantiza el derecho al

garantizarse a todas las personas en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema Pensional ; además, en el artículo 53 ibidem se establece que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Esta garantía fundamental surge como un inst rumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo, 2 con apego a la misma constitución y a la ley.

El Decreto Ley 2277 de 1979, Estatuto Docente, señaló un régimen especial para los educadores, pero esta disposición no regul ó las pensiones de invalidez u ordinarias de los mismos, solo señaló que para el reconocimiento y pago de pensiones continuará sujeto al régimen vigente en la fecha de expedición de ese decreto para los educadores oficiales (artículo 70).

Luego, fue expedida la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fomag, definiendo el alcance de los términos personal nacional, personal nacionalizado y territorial, señalando en el artículo 15 que a partir de la vigencia de la misma el personal docente nacionalizado que figure vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, mantendrá el régimen prestacional del cual ha venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; para el personal docente nacional y el que se vincule a

1989, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, mantendrá el régimen prestacional del cual ha venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; para el personal docente nacional y el que se vincule a partir del 1º de enero de 1990 , las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional , Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en dicha ley; y señaló de manera categórica en materia pensional, en el artículo 15 numeral 2º literales A y B), lo siguiente:

«[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

2 Sentencia T-173 de 2016.Radicación: 66001-33-33-002-2020-00055-01 (L-0193-2022) Nulidad y restablecimiento del derecho

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B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y

Nulidad y restablecimiento del derecho

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B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional […]» (Negrillas y subrayas del Tribunal).

Por su parte, la Ley 60 de 1993, estableció en su artículo 6 que: «[...] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las n uevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital, y municipal ser á incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial [...]»

Posteriormente, el inciso 2 del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó a los afiliados del Fomag del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en dicha normativa. Asimismo, la Ley 115 de 1994, señaló que el régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido además en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.

normativa. Asimismo, la Ley 115 de 1994, señaló que el régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido además en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.

De acuerdo con las referidas normas, a los docentes nacionales vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003 -como es el caso de la persona demandante, se les aplican las normas vigentes para los servidores del sector público nacional, y sus pensiones están a cargo del Fomag.

Es de resaltar que , en materia de pensión de invalidez, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993, ni la Ley 115 de 1994 consagraron un régimen especial respecto de la materia objeto de estudio.

En efecto, lo que hizo la Ley 115 de 1994 fue ratificar el régimen pensional por invalidez establecido en el momento, lo que indica que las pensiones de los docentes reconocidos en su tiempo al amparo de la Ley 6 de 1945 o de los Decretos 3135 y 1848 de 1968, antecesoras de la Ley 91 de 1989, lo fueron bajo disposiciones generales de pensiones del sector administrativo del orden nacional, que no tuvieron el carácter de especiales.

Ahora bien, la Ley 812 de 2003 estableció en el artículo 81 el régimen prestacional de los docentes oficiales en los siguientes términos:

«[…] El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,

es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en lasRadicación: 66001-33-33-002-2020-00055-01 (L-0193-2022) Nulidad y restablecimiento del derecho

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Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres […]».

En estas condiciones, se reitera, el régimen general de seguridad social integral en materia de pensión de invalidez no se aplica a los afiliados al Fomag que hubieren ingresado con anterioridad a la vigencia de la mentada Ley 812 de 2003, entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de jubilación –e invalidezde los docentes, presta ciones que siguen sometidas al régimen legal anterior que no es otro que el de la Ley 91 de 1989, y los Decretos 3135 y 1848 de 1969, atendiendo a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional; esto es, el Decreto Ley 3135 de 1968 y los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional; esto es, el Decreto Ley 3135 de 1968 y los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

Es así como el tema de la pensión de invalidez fue regulado inicialmente por la Ley 6ª de 1945, cuyo artículo 17 estableció la pensión de invalidez a favor del empleado u obrero que haya perdido su capacidad de trabajo para toda ocupación u oficio, mientras dure la incapacidad.

Posteriormente, el artículo 4º de la Ley 4ª de 1966, estableció:

«[…] A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación e invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, s e liquidarán y se pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios […]».

De otro lado, la Ley 4ª de 1966 fue reglamentada por el Decreto 1743 de 1966 cuyo artículo 5º señaló que para liquidar las pensiones de jubilación e invalidez se tomaría como base el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios anterior a la adquisición del status pensional. Es decir , se precisó a cuál promedio mensual se refería la Ley 4ª de 1966.

Luego, el tema de la pensión de invalidez fue regulado por el Decreto 3135 de 1968, norma que consagró en el artículo 23 como porcentaje que da derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez el 75% de pérdida de la capacid ad

norma que consagró en el artículo 23 como porcentaje que da derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez el 75% de pérdida de la capacid ad laboral, pagadera con base en el último sueldo mensual devengado en cuantía del 50% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea del 75%; el 75% cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda el 75% y no alcance el 95% y el 100% cuando la pérdida de capacidad laboral sea superior al 95%.

Al respecto, el Consejo de Estado 3 sostuvo lo siguiente respecto al régimen pensional de los docentes:

«[…] Se concluye, que los docentes vinculados al servicio educativo a partir de la entrada en vigencia de la última norma citada, se encontrarían amparados por el

3 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 16 de marzo de 2017, radicación 25000-23-42-000-2014-03132-01 (2750-16), actor: María del Carmen Fernández Niño, demandado: Fomag.Radicación: 66001-33-33-002-2020-00055-01 (L-0193-2022) Nulidad y restablecimiento del derecho

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régimen de prima media descrito en la ya referida Ley 100 de 1993, y los que lo fueron antes de la misma, se les co ntinuaría aplicando las disposiciones previas; criterio que fue ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 4 .

En tales términos, el régimen de los docentes corresponde al mismo que se aplica a

criterio que fue ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 4 .

En tales términos, el régimen de los docentes corresponde al mismo que se aplica a los empleados públicos del orden nacional, y por ello, las disposiciones que regulan las pensiones de invalidez y jubilación en el presente asunto se encuentran en la Ley 33 de 1985 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. […] En este punto, debe precisarse que cuando la Ley 812 de 2003 hace alusión al régimen anterior, esto es, para los docentes que venían vinculados antes de la entrada en vigencia de la citada norma, dicha norma se refiere finalmente a lo dispuesto en el Decreto Ley 3135 de 1968 y los Decreto 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en cuanto estos contemplan el reconocimiento de una pensión de invalidez a favor de los servidores públicos que experimentaran una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 75% […]».

De lo anterior se concluye que si la vinculación al ser vicio docente se registró con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 ( 27 de junio de 2003), el régimen aplicable es el vigente con anterioridad a esa fecha, el cual, en lo concerniente a la pensión de invalidez, está contenido en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, razón por la cual no le es aplicable el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 , toda vez que la prima de medio año que contempla d icha normativa es para la pensión de jubilación , de ahí que no son

2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 , toda vez que la prima de medio año que contempla d icha normativa es para la pensión de jubilación , de ahí que no son acertados los argumentos utilizados por el a quo y que permitieron negar las pretensiones de la demanda, no obstante que la conclusión se dirige en todo caso a negar las pretensiones de la demanda, pero por razones diferentes.

Es decir, en este caso, en nada incide el monto de la pensión, mucho menos que la demandante adquiriera el estatus de pensionada el 16 de enero de 2014 -fecha de estructuración-, esto es, con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, incluso posterior al 31 de julio de 2011.

8.4.2. Caso concreto.

En el sub examine , quedó acreditado que la parte demandante ingresó como docente oficial a cargo del Fomag con posterioridad al 1 de enero de 1981, que tuvo una pérdida de capacidad laboral del 82%, que adquirió el status pensional 16 de enero de 2014 y, por ello , en su favor fue reconocida por parte de la entidad demandada una pensión de invalidez mediante la Resolución 0337 del 12 de mayo de 2014; por lo tanto, como no quedó probado que la parte demandante tuviera reconocida una pensión de jubilación sino una pe nsión de invalidez, no le es aplicable el artículo 15, numeral 2°, literal b, de la Ley 91 de 1989, razón por la cual no tiene derecho a que se le reconozca la mesada adicional o “prima de medio año” equivalente a la mesada 14 contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.

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no tiene derecho a que se le reconozca la mesada adicional o “prima de medio año” equivalente a la mesada 14 contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.

4 Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema Gener al de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.Radicación: 66001-33-33-002-2020-00055-01 (L-0193-2022) Nulidad y restablecimiento del derecho

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En tal virtud, se impone confirmar la sentencia de primera instancia, en tanto desestimatoria de las pretensiones formuladas en la demanda , por los precisos argumentos planteados por la Sala en la presente providencia.

9. Costas

No se condenará en costas a la parte demandante vencida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión a las normas procedimentales civiles, contenida en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto no se encuentran acreditadas las mismas, acorde con la posición que ha asumido el Consejo de Estado que, luego de señalar el criterio objetivo - valorativo

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto no se encuentran acreditadas las mismas, acorde con la posición que ha asumido el Consejo de Estado que, luego de señalar el criterio objetivo - valorativo para la imposición de costas (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, radicación 13001-23-33-000-2013-00022-01(129114, demandante José Francisco Guerrero Bardi), en la que se indicó que: «[…] en esta oportunidad la Subsección A varía aquella posición y acoge el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho) al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe). Se deben valorar aspectos objetivos respecto de la c ausación de las costas, tal como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365 […]»; asimismo, ha proferido sin número de sentencias 5 sin condena en costas, al considerar que no se encuentra demostrada su causación, criterio que en la actualidad ha sido reiterado por la Alta Corporación de lo Contencioso,6 en sentencia calendada el 25 de junio de 2020, en la que se insiste que para su valoración se debe verificar la gestión que hubiere realizado la parte contraria a la cual le resultan desfavorables las pretensiones.

En efecto, la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), dispone en el artículo 365,8 que: «[…] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]»; una vez revisado el expediente, se

365,8 que: «[…] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]»; una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas en esta instancia, como tampoco se evidencia conducta que amerite la condena por ese co ncepto, razonamientos estos que son trasunto de los que las diferentes secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado han señalado en punto a costas, como quedó referido, en las cuales la regla general ha sido la negativa a la condena por tal concepto. En consecuencia, al no existir fundamento para su imposición, la Sala concluye que no es procedente la condena en costas en la presente instancia.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia del 17 de octubre de 2018, radicación 66001-23-31-003-2012-00140-01, medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Héctor Alexander Zamora Perea , demandado municipio de Pereira; providencia del 19 de abril de 2018, radicación 66001-23-33-000-2013-0334-01, medio de control nulidad y restablecimiento del derecho , demandante Luz Nelly Meza Ocampo, demandado departamento de Risaralda; providencia del 26 de abril de 2018 , radicación 66001-23-33-000-2013-00203-01, medio de control nulid