TA RIS - 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021-(03-02-2022)

REPÚBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADA PONENTE: DUFAY CARVAJAL CASTAÑEDA

Aprobado por la Sala en sesión de hoy

Pereira, tres de febrero de dos mil veintidós

Referencia: Radicación: 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Alirio Taborda Cuartas

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional –Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Apelación de Sentencia

Procede el Tribunal decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, frente a la sentencia proferida en este proceso por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, mediante la cual negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

El señor Alirio Taborda Cuartas , a través de apoderado judicial, instauró demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, frente a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en procura de las siguientes:

II. PRETENSIONES

Pueden abreviarse así (fl. 2 y 3)1:

de Prestaciones Sociales del Magisterio, en procura de las siguientes:

II. PRETENSIONES

Pueden abreviarse así (fl. 2 y 3)1:

1 Expediente digital – Sama Juzgado índice 8.Exp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

2

1. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 47036 del 27 de agosto de 2019 , mediante el cual la entidad demandada negó la solicitud formulada por el señor Alirio Taborda Cuartas, con miras al reconocimiento y pago de la prima de medio año, prevista en el artículo 15, numeral 2º, literal b) de la Ley 91 de 1989.

2. Declarar que el demandante, por haber ingresado a la docencia oficial con posterioridad al 1º de enero de 1981 y por no ser beneficiari o de la pensión gracia, tiene derecho a que la entidad demandada le reconozca y pague la prima de medio año, prevista en el artículo 15, numeral 2º, literal b) de la Ley 91 de 1989, como pensionado por jubilación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio.

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene al ente accionado a reconocer y pagar en favor de la parte demandante, la prima de medio año, equivalente a una mesada pensional, a partir del 11 de mayo de 2013, conforme lo dispone el artículo 15, numeral 2º, literal b) de la Ley 91 de 1989, con los reajustes

equivalente a una mesada pensional, a partir del 11 de mayo de 2013, conforme lo dispone el artículo 15, numeral 2º, literal b) de la Ley 91 de 1989, con los reajustes de ley para cada año sobre el monto inicial de la pensión reconocida, y con el pago de las “mesadas” atrasadas desde el momento de la consolidación del derecho hasta la inclusión en nómina de pensionados , y que el pago incrementado se siga realizando en las “mesadas” futuras como reparación integral del daño.

4. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de ley, el pago de intereses, la indexación de la condena y se condene en costas a la entidad demandada.

III. HECHOS

Se resumen de la siguiente manera (fls. 3 y 4)2:

1. Que el demandante fue vinculado como docente oficial con posterioridad al 1º de enero de 1981, motivo por el cual no tiene derecho a que la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANALhoy Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, reconozca en su favor la pensión gracia.

2 Expediente digital – Sama Juzgado índice 8.Exp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

3

2. Que mediante la Resolución No. 883 del 28 de septiembre de 2012, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación Municipal, reconoció pensión de jubilación en favor de l docente demandante, en aplicación de la Ley 91 de 1989.

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación Municipal, reconoció pensión de jubilación en favor de l docente demandante, en aplicación de la Ley 91 de 1989.

IV. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La parte demandante expone su argumentación a folio s 4 y s.s. ibidem, y señala como norma infringida la Ley 91 de 1989, artículo 15.

Como concepto de violación, aduce lo que se sintetiza así:

La parte actora argumenta que la creación de la prima de medio año tuvo como finalidad compensar la pérdida del derecho a la pensión de jubilación gracia, prestación que tiene origen anterior (numeral 2 del artículo 15 de Ley 91 de 1989) a la establecida en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, sin que esta última haya derogado la primera, y que además dicha normativa no ha sido declarada inexequible.

Cita sentencias de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, respecto de la prima de medio año establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y sobre el reconocimiento de la pensión gracia, para explicar que la prima reclamada es disímil a la establecida para el régimen general.

Refiere que el numeral 2 del artículo 15 de Ley 91 de 1989, nada tiene que ver con la mesada pensional causada con posterioridad al año 2005, cuando se expidió el Acto Legislativo 01 de esa anualidad, dado que el régimen especial que contiene la misma identifica una prima que “equivale” a una mesada p ensional, situación diferente a la prestación establecida como mesada adicional para los docentes en

Acto Legislativo 01 de esa anualidad, dado que el régimen especial que contiene la misma identifica una prima que “equivale” a una mesada p ensional, situación diferente a la prestación establecida como mesada adicional para los docentes en el mes de junio de cada año.

Por último, indica que debe declararse la nulidad del acto administrativo acusado, teniendo en cuenta que la entidad demandad a está vulnerando los derechos del demandante como pensionado afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por violación de las normas referidas y por desconocimiento de los lineamientos jurisprudenciales trazados por la máxima autoridad de l a jurisdicción contencioso administrativa, en especial la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-Exp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

4 2019 del 25 de abril de 2019 en la que se aludió como derecho de los docentes a una pensión de jubilación y a una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

V. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA

La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , presentó oportunamente escrito de contestación 3, mediante el cual se opone a las pretensiones de la demanda. Entre las razones jurídicas de la defensa y luego de explicar el marco normativo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, del régimen prestacional de los docentes oficiales y de la denominada mesada pensional adicional, equivalente a la mesada catorce, considera la entidad que, a los docentes que causen su derecho a la

de Prestaciones Sociales del Magisterio, del régimen prestacional de los docentes oficiales y de la denominada mesada pensional adicional, equivalente a la mesada catorce, considera la entidad que, a los docentes que causen su derecho a la pensión de jubilación o vejez a partir del 25 de julio de 2005, no les es aplicable el reconocimiento y pago de dicha mesada adicional con base en la Ley 91 de 1989 artículo 15 literal b), por estar expresamente excluida en el Acto Legislativo 01 de 2005, salvo aquellas que perciban una pensión igual o inferior a 3 SMLMV, y que la misma se hubiere causado antes del 31 de julio de 2011, y que para el caso se encuentra acreditado que el demandante causó su derecho pensional con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, por lo que no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de dicha mesada.

Propone como excepción la que denominó “inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”.

VI. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira negó las súplicas de la demanda4, al considerar, luego de hacer referencia al régimen jurídico de las pensiones docentes, en armonía con el marco legal y constitucional del sistema de pensiones en Colombia, que para los docentes pensionados que se hubieren vinculado a partir del 1º de enero de 1981 , nacionales y nacionalizados y para aquellos que se nombraran a partir del 1º de enero de 1990 , surgió el derecho a recibir la mesada catorce contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993,

aquellos que se nombraran a partir del 1º de enero de 1990 , surgió el derecho a recibir la mesada catorce contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993,

3 Expediente digital, Samai – Juzgado índice 8 4 Expediente digital, Samai – Juzgado índice 9Exp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

5 que en forma equivalente correspondería a la prima de junio regulada en el artículo 15, ordinal 2º, literal b) de la Ley 91 de 1989.

Del texto de la Resolución No. 883 del 28 de septiembre de 2012, se desprende que el demandante ingresó al servicio educativo el 8 de febrero de 1982 y el 18 de julio de 2012 le fue reconocida la pensión vitalicia de jubilación, con lo cual se demuestra. Que ingresó a la docencia oficial después del 1º de enero de 1981 y adquirió el estatus pensional con posterioridad al 25 de julio de 2005, de manera que no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prima de medio año contenida en el artículo 15 numeral 2 literal b) de la Ley 91 de 1989 equivalente a una mesada pensional adicional, pues para accederse a dicha prestación, es menester que i) la pensión se hubiera causado hasta antes del 25 de julio de 2005 , o ii) el derecho pensional se cause entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y la mesada sea igual o inferior a tres salario mínimos legales mensuales vigentes para dicha época.

pensional se cause entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y la mesada sea igual o inferior a tres salario mínimos legales mensuales vigentes para dicha época.

Finalmente, dispone la condena en costas a cargo de la parte demandante, de acuerdo con lo establecido por el artículo 188 del CPACA.

VII. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora , a través del escrito 5, formula recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, al considerar que el propio Acto Legislativo 01 de 2005, mantiene la vigencia del régimen especial de los docentes vinculados al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, de ahí que deba concluirse que la normatividad anterior aplicable para los docentes vinculados antes del 26 de junio de 2003, sea la Ley 91 de 1989, que establece en el artículo 15 numeral 2, el derecho a una pensión de jubilación y un beneficio adicional consistente en una prima de mitad de año equivalente a una mesada pensional.

Refiere que la prima de mitad de año establecida en el numeral 2, literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, no puede confundirse con la mesada adicional de junio o mesada catorce, prevista en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, la cual se paga en el mes de junio y, p or ende, tampoco puede restringirse el alcance de dicha prima a lo establecido en el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de

se paga en el mes de junio y, p or ende, tampoco puede restringirse el alcance de dicha prima a lo establecido en el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de

5 Expediente digital, Samai – Juzgado índice 12Exp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

6

2005. Ello por cuanto dicha restricción solo aplica al pago de mesadas pensionales, por eso bien puede aplicarse la mis ma al pago de la mesada adicional establecida en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, pero de ningún modo dicha restricción puede hacerse extensiva al pago de la prima prevista en la Ley 91 de 1989, en razón a que dicha prima, aunque tiene un monto equivalente a una mesada pensional, no se trata de una mesada, es decir, eso no quiere decir que mute su naturaleza de prima y se convierta en una mesada adicional a la cual se le aplique dicha restricción, cuando estas prestaciones tienen fuentes normativas di stintas y supuestos y requisitos diferentes; y que esa r egulación fue confirmada en la Sentencia de Unificación de la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado de 25 de abril de 2019, identificada como SUJ –014 -CE-S2-2019, de la cual transcribe lo correspondiente a la compatibilidad de la pensión gracia con la pensión ordinaria de jubilación y lo atinente a los efectos de dicha sentencia en el tiempo.

Añade que la prima de mitad de año es un beneficio que se le otorga a los docentes que no tienen derecho a la pensión gracia, incluso se considera como un beneficio

Añade que la prima de mitad de año es un beneficio que se le otorga a los docentes que no tienen derecho a la pensión gracia, incluso se considera como un beneficio compensatorio al no poder acceder a dicha prestación y al cual tienen derecho únicamente lo s docentes beneficiarios de la Ley 91 de 1989, en virtud de lo preceptuado en el numeral 2, literal b) del artículo 15 de dicha ley, comoquiera que su naturaleza fue expresamente establecida por el legislador como una prima, no como una mesada pensional ad icional. Con base en lo anterior, expone que el demandante cumplió con los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 para obtener el reconocimiento a la prima de mitad de año, equivalente a una mesada pensional, dado que se vinculó al magisterio con posterioridad al 1º de enero de 1981.

Por otro lado, en cuanto la condena en costas impuesta en favor de la entidad demandada indica que el despacho no debió hacerlo por el solo hecho de haber sido vencidos en el proceso, ya que la condena en costas no se genera de manera automática ni objetiva, sino que se deben observar una serie de factores tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, en d onde el operador judicial debía ponderar dichas circunstancias y sustentar la decisión, hecho que no sucedió.

Conforme los argumentos esgrimidos, solicita sea revocada la sentencia impugnada y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones formuladas en e l libelo

dichas circunstancias y sustentar la decisión, hecho que no sucedió.

Conforme los argumentos esgrimidos, solicita sea revocada la sentencia impugnada y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones formuladas en e l libelo demandatorio; y, en caso de ser confirmada, se revoque la condena en costas.Exp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

7

VIII. PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES Y CONCEPTO

DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante auto del 24 de enero de 2022 6, de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que fuera modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, fue admitido el recurso de apelación formulado por la parte actora , oportunidad en la cual los sujetos procesales guardaron silencio, de conformidad con la constancia secretarial visible en archivo “Al Despacho”7.

IX. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA.

Agotado el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide la actuación que hasta ahora se ha surtido, aborda esta corporación judicial la decisión sobre el asunto debatido, para lo cual es competente en segunda instancia, de conformidad c on lo dispuesto en los artículos 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUESTIÓN PREVIA. Alteración de orden para proferir sentencia.

conformidad c on lo dispuesto en los artículos 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUESTIÓN PREVIA. Alteración de orden para proferir sentencia.

La presente sentencia se dicta a la luz de las excepciones de prelación de fallos que permite decidir las litis en un orden distinto “en atención a la naturaleza de los asuntos” que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho, en cuanto la naturaleza del presente plenario se constituye en una temática recurrente en esta jurisdicción, lo que amerita que este tribunal de cierre en segunda instancia establezca un criterio de decisión que permita la resolución de asuntos de similitud fáctica y jurídica.

2. OBJETO DE LA DECISIÓN.

6 Samai Tribunal – índice 3 7 Samai Tribunal – Índice 7Exp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

8 Procede este Tribunal a analizar en la presente instancia el derecho pretendido, circunscrito al aspecto que es materia de la impugnación formulada por activa, para determinar si en favor del demandante, señor Alirio Taborda Cuartas , debe disponerse el reconocimiento y pago de la prima de medio año equivalente a una mesada pensional, conforme lo prevé el numeral 2 artículo 15 de la Ley 91 de 1989, a lo cual se opone la entidad demandada con fundamento en el Acto Legislativo 01

disponerse el reconocimiento y pago de la prima de medio año equivalente a una mesada pensional, conforme lo prevé el numeral 2 artículo 15 de la Ley 91 de 1989, a lo cual se opone la entidad demandada con fundamento en el Acto Legislativo 01 de 2005, que en su criterio excluyó el pago de dicha mesada adicional para los docentes que causen su derecho pensional a partir del 25 de julio de 2005. Finalmente, estudiará esta Magistratura el punto de inconformidad relativo a la condena en costas que fuera impuesta a la parte actora.

Esta Corporación ya se ha pronunciado sobre lo que es objeto de controversia 8 . En el mencionado fallo se incorporaron razones que serán reiteradas en el presente, dado que sirven de fundamento para la decisión que en éste habrá de proferirse.

3. ACERVO PROBATORIO.

Se encuentra probado en el plenario que, en favor del señor Alirio Tabares Cuartas, mediante la Resolución No. 883 del 28 de septiembre de 201 2, fue reconocida pensión de jubilación en un monto equivalente a $1.707.812 efectiva a partir del 19 de julio de 2012 . Consta en dicho acto que el demandante ingresó al servicio docente a partir del 8 de febrero de 1982 y que adquirió el status de jubilada el 18 de julio de 2012 , fecha en la que se encontraba afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (Hojas 13 y 14 documento “ANEXOS(.pdf)” expediente digitalSamai Juzgado, índice 8).

Igualmente, dentro del plenario obra extracto de pagos, expedido por La

Prestaciones Sociales del Magisterio. (Hojas 13 y 14 documento “ANEXOS(.pdf)” expediente digitalSamai Juzgado, índice 8).

Igualmente, dentro del plenario obra extracto de pagos, expedido por La Fiduprevisora S.A., donde se certifica las mesadas pagadas al demandante, incluidas las mesadas adicionales desde el 1º de enero de 2016 hasta 31 de diciembre de 2018 ( hojas 16 y 18 documento “ANEXOS(.pdf)” expediente digitalSamai Juzgado, índice 8).

La parte actora solicitó el reconocimiento y pago de la prima de medio año, equivalente a una mesada pensional, prevista en el artículo 15, numeral 2º, literal b)

8 Sentencia del 26 de marzo de 20 21. Radicación: 66001 -33-33-001-2020-00036-01 (D-0077-2021) Demandante: María Aleyda Aguirre Ramírez. Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. M.P. Dufay Carvajal Castañeda.Exp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

9 de la Ley 91 de 1989 (hojas 5 y 6 ibidem), petición que dio lugar a la expedición del acto administrativo enjuiciado, negativo de dicha solicitud.

4. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO.

Pretende la parte actora el reconocimiento y pago de la prima de medio año

acto administrativo enjuiciado, negativo de dicha solicitud.

4. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO.

Pretende la parte actora el reconocimiento y pago de la prima de medio año equivalente a una mesada pensional, consagrada en el numeral 2 artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en razón de no haber alcanzado el derecho al reconocimiento a la pensión gracia y haberse vinculado a la docencia oficial en fecha posterior al 01 de enero de 1981.

En primera instancia fueron denegadas las súplicas de la demanda, al considerar el a quo que, los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, tienen derecho al beneficio de la prima de mitad de año, solo si logran causar el derecho a la pensión antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 o, en su lugar, si lo adquirieron con posterioridad a dicho acto y antes del 31 de julio de 2011, cuando su pensión es igual o inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La parte actora impugna dicha providencia , por cuanto a su juicio, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, se mantiene el régimen especial de los docentes vinculados al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, siendo entonces aplicable para los docentes vinculados antes del 26 de junio de 2003, la Ley 91 de 1989, que establece en el artículo 15 numeral 2, el derecho a una pensión de jubilación y un beneficio adicional consistente en una pr ima de mitad de año equivalente a una mesada pensional, la cual n o puede confundirse con la mesada

de jubilación y un beneficio adicional consistente en una pr ima de mitad de año equivalente a una mesada pensional, la cual n o puede confundirse con la mesada adicional de junio o mesada catorce, prevista en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, que se paga en el mes de junio y, por ende, tampoco puede restringirs e el alcance de dicha prima a lo establecido en el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005, por cuanto, en su criterio, dicha restricción solo aplica al pago de mesadas pensionales y, aunque su monto sea equivalente a una mesada pensional, ello no quiere decir que se trate de una mesada, sino de una prima.

Para resolver el problema jurídico que ha quedado planteado, en torno a la procedencia del reconocimiento en favor de la parte actora de la prima de mitad de año establecida en el numeral 2 artículo 15 de la Ley 91 de 1989, analizará la Sala de Decisión los siguientes aspectos: (i) régimen prestacional aplicable a los docentes oficiales (ii) marco normativo y jurisprudencial de la prima de mitad de añoExp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

10 de los docentes oficiales pensionados, así como la incidencia en ella con ocasión del Acto Legislativo 01 de 2005 (iii) derecho a la prima de medio año en el caso concreto y, en el evento de considerarse causado el derecho pretendido, examinará el Tribunal (iv) el fenómeno prescriptivo.

4.1. Régimen Prestacional de los Docentes Estatales.

concreto y, en el evento de considerarse causado el derecho pretendido, examinará el Tribunal (iv) el fenómeno prescriptivo.

4.1. Régimen Prestacional de los Docentes Estatales.

El artículo 48 de la Carta Política, dispone que la seguridad social es un derecho fundamental irrenunci able y un servicio público a cargo del Estado, que debe garantizarse a todas las personas “en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” y de “sostenibilidad financiera del Sistema Pensional”, además la misma Constitución (art. 53) establece que “El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”, esto señala la primera norma en lo pertinente:

“ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio públ ico de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinado s a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. <Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo

Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinado s a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. <Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguie nte:> El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional , respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas… ”. (Negrillas de la Sala).

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia aExp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021) Nulidad y Restablecimiento del Derecho

11 través del trabajo”9, con apego a la misma constitución y a la ley.

La Ley 6 de 1945, en su artículo 17 literal b), creó una pensión vitalicia de jubilación pagadera a los empleados y obreros nacionales que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios. Posteriormente el legislador expidió el Decreto 3135 de 1968, cuyo artículo 27 indicó que tendría derecho a la pensión de jubilación el

pagadera a los empleados y obreros nacionales que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios. Posteriormente el legislador expidió el Decreto 3135 de 1968, cuyo artículo 27 indicó que tendría derecho a la pensión de jubilación el empleado público o trabajador oficial que sirviera 20 años continuos o discontinuos y cumpliera la edad de 55 años si era varón, o 50 si era mujer, la cual sería pagadera en un monto equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

Tanto el Decreto Ley 3135 de 1968 como su reglamentario, Decreto 1848 de 1969, se expidieron y aplicaron para servidores de la rama ejecutiva nacional del poder público. Respecto de los servidores de los entes territoriales, en materia pensional, estos continuaron sometidos a la Ley 6ª de 1945 y normas complementarias y modificatorias, hasta la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, que en el artículo 25 derogó el decreto 3135 de 1968.

La Ley 33 de 1985 exceptuó de su aplicación a lo s empleados oficiales que disfrutaban de un régimen especial de pensiones, y aunque el Decreto Ley No. 2277 de 1979, estatuto docente, consagra un régimen especial para los educadores, es claro que esta disposición no regula las pensiones de jubilación u o rdinarias de los mismos, de modo que es preciso remitirse a la regulación general de la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985, tal como fuera establecido recientemente mediante Sentencia de Unificación SUJ-014 -CE-S2-2019 del 25 de abril de 201910,

1985, modificada por la Ley 62 de 1985, tal como fuera establecido recientemente mediante Sentencia de Unificación SUJ-014 -CE-S2-2019 del 25 de abril de 201910, emanada del máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa.

Luego fue expedida la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la cual definió el alcance de los términos personal nacional, personal na cionalizado y territorial, y en el artículo 15 señaló que, a partir de la vigencia de la misma, el personal docente nacionalizado que figure vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, mantendrá el rég imen prestacional del cual ha venido gozando en cada entidad

9 Sentencia T-173 de 2016. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP. César Palomino Cortés. Sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019 de abril 25 de 2018. Expediente: 680012333000201500569-01 N.° Interno: 0935-2017.

Demandante: Abadía Reynel Toloza. Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –Fomag-Exp. Rad. 66001-33-33-003-2019-00425-01 (D-1087-2021)

Nulidad y Restablecimiento del Derecho

12 territorial, de conformidad con las normas vigentes; y para el personal docente nacional y el que se vincule a partir del 1º de enero de 1990 , las prestaciones económicas y sociales se regirán po r las normas vigentes aplicables a los

12 territorial, de conformidad con las normas vigentes; y para el personal docente nacional y el que se vincule a partir del 1º de enero de 1990 , las prestaciones económicas y sociales se regirán po r las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional , Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en dicha ley; y señaló de manera categórica en materia pensiona l, en el artículo 15 numeral 2º literales A y B), lo siguiente:

“2. Pensiones:

A. Los docent