TA SAN - Auto 68001-23-33-000-2025-00113-00 (15-07-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

AUTO QUE DECIDE MEDIDA CAUTELAR

Bucaramanga, quince (15) de julio de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE

CONTROL

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS

DEMANDANTES -VEEDURÍA CIUDADANA DEFENSA DE DERECHOS Y LIBERTADES, identificada con personería jurídica No. 447 del Registro Público de Veedurías; defensaderechosylibertadesveed@gmail.com;

-RIGOBERTO OLARTE, en calidad de edil de la comuna 15 de Bucaramanga.

DEMANDADOS -MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, identificado con NIT 890.201.222-0;

notificaciones@bucaramanga.gov.co dmsuarez@bucaramanga.gov.co

-NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL, identificado con NIT

900.968.320-1; desan.notificacion@policia.gov.co; maria.cala3224@correo.policia.gov.co desan.asjud@policia.gov.co

-DEPARTAMENTO DE SANTANDER, identificado con NIT 89020123-5; notificaciones@santander.gov.co arciniegaslandazabaljulian@gmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

PROCURADORA 160 JUDICIAL II PARA

con NIT 89020123-5; notificaciones@santander.gov.co arciniegaslandazabaljulian@gmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

PROCURADORA 160 JUDICIAL II PARA

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y ENLACE

DEL EXPEDIENTE

68001233300020250011300 TEMA Se niega medida cautelar. No se acredita peligro inminente sobre los derechos colectivos invocados. Las entidades accionadas han adoptado y ejecutado estrategias coordinadas para garantizar la seguridad de la comunidad y goce del espacio público.

Llegado el turno para sustanciar este proceso, e l despacho procede a decidir la solicitud de medida cautelar formulada por los demandantes, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), así como en los artículos 17, 25 y 26 de la Ley 472 de 1998.

I.ANTECEDENTES

A. La demanda

Los actores populares pretenden que se protejan los derechos colectivos a un medio ambiente sano, al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad públicas, y a la defensa del patrimonio público, vulnerados -según la demandacon ocasión de las presuntas deficiencias en la implementación de la política pública de seguridad y orden público del sector comprendido entre las calles 31 y 33 con carreras 18, 19, 20 y 21 del barrio Centro

público, vulnerados -según la demandacon ocasión de las presuntas deficiencias en la implementación de la política pública de seguridad y orden público del sector comprendido entre las calles 31 y 33 con carreras 18, 19, 20 y 21 del barrio Centro de Bucaramanga, lo que, según ellos, provoca afectaciones a la convivencia,MEDIO DE CONTROL: PROTECCION A LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

DEMANDANTE: VEEDURÍA CIUDADANA DEFENSA DE DERECHOS Y LIBERTADES DEMANDADOS: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTROS EXPEDIENTE: 680012333000-2025-00113-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander tranquilidad y armonía del sector por el expendio de estupefacientes, la ocurrencia de riñas y extorsiones a los comerciantes.

Narran que en la zona existe un grupo delincuencial que genera zozobra y se dedica al tráfico de estupefacientes , con nodos en el sector. Exponen que las riñas callejeras entre los consumidores de sustancias psicoactivas son frecuentes. También afirman que los comerciantes han sido objeto de extorsión y coacción, por lo que temen denunciar, además de que los delincuentes intimidan a los residentes y visitantes, pues irrumpen con violencia, blandiendo armas blancas y de fuego.

Alegan que la situación narrada ha causado una pérdida del tejido social, el aumento de la inseguridad y la desconfianza, la destrucción de la convivencia pacífica , el deterioro del comercio local, pues se socava su estabilidad financiera y se reduce

Alegan que la situación narrada ha causado una pérdida del tejido social, el aumento de la inseguridad y la desconfianza, la destrucción de la convivencia pacífica , el deterioro del comercio local, pues se socava su estabilidad financiera y se reduce la actividad comercial, además de que ha deteriorado la imagen de la ciudad y el patrimonio histórico ubicado en la zona.

B. La medida cautelar solicitada

En el folio 21 de la demanda original, los demandantes piden que se ordene a las entidades accionadas ejecutar un plan de acción inmediato e integral que contemple medidas de seguridad, justicia, protección a víctimas, reactivación económica y fortalecimiento cultural.

C. Traslado de la medida

Mediante auto del 3 de junio de 2025, se corrió el traslado de la medida cautelar. El Municipio de Bucaramanga guardó silencio. Se d estacan las siguientes intervenciones:

1. La Agente del Ministerio Público 1 afirma que las actividades ilícitas, que se relacionan con la violencia y delincuencia, afectan a comerciantes, residentes y transeúntes del lugar, lo que ha sido posible debido a la presunta insuficiencia de la actuación de las administraciones demandadas . Esto, dice, ha estigmatizado e l lugar como un espacio negativo en el imaginario de la ciudadanía.

Considera que, por ello, está justificado que las autoridades accionadas atiendan prioritariamente la situación. Manif iesta que comparte la petición elevada por la parte actora, y estima necesario: (i) Un análisis interdisciplinario de la situación de seguridad pública y convivencia ciudadana en el sector ubicado entre las calles 31

prioritariamente la situación. Manif iesta que comparte la petición elevada por la parte actora, y estima necesario: (i) Un análisis interdisciplinario de la situación de seguridad pública y convivencia ciudadana en el sector ubicado entre las calles 31 y 33 con carreras 18 a 21 del barrio Centro de Bucaramanga. (ii) Que se diseñe de manera coordinada entre las accionadas un plan de acción en el que se señalen sus responsables y las actividades a ejecutar con tiempos razonables. (i ii) Un diagnóstico que permita hacer una evaluación de los hechos y con fundamento. (iv) Planear una estrategia de intervención integral efectiva que aborde los problemas de seguridad y convivencia del sector. ( v) Que se adopten, siempre que resulte posible, acciones inmediatas como el aumento de unidades de policía, brigadas de atención en salud, entre otras.

2. El Departamento de Santander 2 solicita que se niegue la medida cautelar .

Asegura que, aunque existen registros de riñas y consumo de sustancias alucinógenas en el lugar, no se demostró la existencia de un daño, peligro, amenaza o vulneración inminente de los derechos colectivos atribuible a una acción u omisión de las entidades demandadas, en especial de ella, pues dicha situación compete a la autoridad local.

El Departamento sostiene que se está ante una medida imposible de cumplir, porque se le pide al juez que, de manera desproporcionada, por ejemplo, decrete una vigilancia durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, en todo el espacio público, sin una justificación clara de su viabilidad y necesidad. Además ,

1 Documento 16.

una vigilancia durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, en todo el espacio público, sin una justificación clara de su viabilidad y necesidad. Además ,

1 Documento 16. 2 Documento 21.MEDIO DE CONTROL: PROTECCION A LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

DEMANDANTE: VEEDURÍA CIUDADANA DEFENSA DE DERECHOS Y LIBERTADES DEMANDADOS: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTROS EXPEDIENTE: 680012333000-2025-00113-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander recalca que se está en un sector de alta tolerancia con presencia de un centro de atención policial, que contrarresta las alteraciones a la convivencia y el consumo de estupefacientes.

Expone que, en reiteradas ocasiones, el Consejo de Estado ha señalado que el juez no puede inmiscuirse en las funciones propias de la administración y que su función es poner fin a la amenaza del derecho colectivo, no coadministrar. Según afirma, no se ha demostrado que las acciones, planes, programas y demás medidas adoptadas por las autoridades locales frente a estas problemáticas de convivencia y orden social hayan resultado ineficaces, nulas, insuficientes o no hayan sido complementadas por la Policía Nacional, de modo que se justifique la intervención judicial.

En su criterio, si se considera que existe una omisión en la aplicación de la ley o en la coordinación interinstitucional, lo procedente es formular un requerimiento, no adoptar una medida cautelar.

3. La Policía Nacional 3 también se opone al decreto de la medida cautelar.

la coordinación interinstitucional, lo procedente es formular un requerimiento, no adoptar una medida cautelar.

3. La Policía Nacional 3 también se opone al decreto de la medida cautelar.

Argumenta que cumple su misión funcional, según los artículos 1, 2, 82 y 218 de la Constitución Política, y ejerce su función de vigilancia de acuerdo con lo prescrito en el artículo 20 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Dice que ha atendido la problemática del sector de las calles 31 y 33 con carreras 18 a 21, mediante actividades preventivas, disuasivas y de control.

Entre las acciones que afirma estar adelantando en el sector, se encuentran las solicitudes de antecedentes y registro a personas y vehículos, la incautación de sustancias alucinógenas, armas cortopunzantes y de fuego, y el control de riñas. Por lo anterior, considera que decretar la medida cautelar no sería útil, pertinente ni necesario.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 152 del CPACA 4, este Tribunal es competente para conocer del presente asunto en primera instancia, por tratarse de una acción popular interpuesta contra la Policía Nacional , autoridad pública del orden nacional. A su vez, este despacho es competente para decidir la medida cautelar solicitada, según lo dispuesto en el artículo 229 del CPACA5.

B. El problema jurídico y su tesis

De acuerdo con la reseña que antecede, se plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿Es procedente decretar la medida cautelar solicitada por los accionantes ,

B. El problema jurídico y su tesis

De acuerdo con la reseña que antecede, se plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿Es procedente decretar la medida cautelar solicitada por los accionantes , encaminada a que se adopte y ejecute un plan de acción inmediato e integral para garantizar la seguridad pública y el goce del espacio público en las calles 31 y 33 con carreras 18, 19, 20 y 21 del barrio Centro de Bucaramanga?

Tesis: No.

Fundamento: Las medidas cautelares en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos tienen como propósito principal prevenir un daño inminente o cesar el que ya se ha causado, supuesto de hecho que no se encuentra probado en esta etapa procesal.

3 Documento 24. 4 Ley 1437 de 2011. Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administr ativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 5 ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustent ada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la

providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en e l presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. PARÁGRAFO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intere ses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Adminis trativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.MEDIO DE CONTROL: PROTECCION A LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

DEMANDANTE: VEEDURÍA CIUDADANA DEFENSA DE DERECHOS Y LIBERTADES DEMANDADOS: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTROS EXPEDIENTE: 680012333000-2025-00113-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander El Municipio de Bucaramanga y la Policía Nacional han implementado diversas estrategias orientadas a garantizar la seguridad, la convivencia y el uso adecuado del espacio público de l os residentes y transeúntes del sector. A través de estas estrategias, se han desmantelado organizaciones criminales, incautado bienes sustraídos, confiscado sustancias alucinógenas, detenido a personas sindicadas de conductas delictivas, sellado locales comerciales y hoteles, inmovilizado vehículos e impuesto comparendos por infracciones; es decir, se han llevado a cabo varias de las actividades solicitadas por los accionantes como medida cautelar.

conductas delictivas, sellado locales comerciales y hoteles, inmovilizado vehículos e impuesto comparendos por infracciones; es decir, se han llevado a cabo varias de las actividades solicitadas por los accionantes como medida cautelar.

En consecuencia, sin que esto constituya prejuzgamiento, se co nsidera que las autoridades demandadas ya están adoptando medidas para contener las situaciones que afectan la seguridad. Por tanto, no se demuestra la existencia de una vulneración de los derechos colectivos invocados que deba ser calificada como un daño inminente o actual que requiera ser contenido mediante una orden judicial.

Para arribar a esta conclusión, se analizará el marco jurídico que regula la procedencia de las medidas cautelares en las acciones populares que se adelantan en esta jurisdicción. Seguidamente, se examinará el alcance de los derechos colectivos a la seguridad pública y el goce del espacio público , invocados por los accionantes. También se precisarán las obligaciones de las entidades demandadas en cuanto a la garantía de la seguridad ciudadana. Finalmente, con base en las pruebas sumarias aportadas por las partes, se demostrará que no existe un daño colectivo inminente o actual que deba ser conjurado en este momento.

C. Marco jurídico

1. Las medidas cautelares en el marco de las acciones populares que se adelantan en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Alcance, contenido y presupuestos para su procedencia 1.1. El artículo 2º de la Ley 472 de 19986 establece que la acción popular tiene por objeto proteger los derechos e intereses colectivos, bien sea previniendo un daño, eliminando un riesgo o amenaza, haciendo cesar una afectación ya existente, o

1.1. El artículo 2º de la Ley 472 de 19986 establece que la acción popular tiene por objeto proteger los derechos e intereses colectivos, bien sea previniendo un daño, eliminando un riesgo o amenaza, haciendo cesar una afectación ya existente, o restituyendo la situación al estado anterior cuando ello sea posible. 1.2. Para asegurar que la acción popular constituya un recurso judicial efectivo en la protección de los derechos e intereses colectivos 7, el legislador contempló la posibilidad de decretar medidas cautelares, con el fin de evitar que, durante el tiempo que el juez tarda en adoptar una decisión de fondo, la acción u omisión lesiva del derecho cause un daño irremediable o lo menoscabe al punto de hacer ineficaz cualquier orden de protección que se adopte en la sentencia. 1.3. El artículo 25 de la Ley 472 de 1998 prevé los supuestos de hecho que justifican el decreto de medidas cautelares en el marco de la acción popular: ARTICULO 25. MEDIDAS CAUTELARES . Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado . En particular, podrá decretar las siguientes: a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando; b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado; c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera

b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado; c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas;

6 ARTÍCULO 2º.- Acciones Populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones popular es se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 7 De conformidad con el artículo 229 de la Constitución Política, así como con diversos instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad -entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8.1 y 25) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2, literal a) -, el ordenamiento jurídico debe garantizar un recurso judicial efectivo, comprendido como la posibilidad real o material de a cudir ante un juez, sin obstáculos ni restricciones injustificadas, para obtener una protección oportuna y eficaz de los derechos consagrados en la Co nstitución y en la ley. Sobre el alcance de las medidas cautelares en esta Jurisdicción y su relación con la tutela judicial efectiva en Colombia y en el derecho comparado, puede analizarse el análisis

exhaustivo que hizo la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado en auto del 17 de marzo de 2015, citado reiteradamente en pronunciamientos posteriores que tratan sobre esta materia, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. 11001031500020140379900.MEDIO DE CONTROL: PROTECCION A LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

DEMANDANTE: VEEDURÍA CIUDADANA DEFENSA DE DERECHOS Y LIBERTADES DEMANDADOS: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTROS EXPEDIENTE: 680012333000-2025-00113-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medias urgentes a tomar para mitigarlo. PARAGRAFO 1o. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso. PARAGRAFO 2o. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del demandado.

1.4. En armonía con la disposición anterior, el artículo 229 del CPACA -aplicable al trámite de las acciones populares por disposición expresa de la misma norma 8establece que, en todos los procesos declarativos adelantados ante esta

1.4. En armonía con la disposición anterior, el artículo 229 del CPACA -aplicable al trámite de las acciones populares por disposición expresa de la misma norma 8establece que, en todos los procesos declarativos adelantados ante esta jurisdicción, el juez o magistrado ponente puede decretar cualquier medida cautelar que considere necesaria «para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia»9, en particular, para «enfrentar amenazas o violaciones actuales o inminentes para los derechos constitucionales»10. 1.5. Según la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado, el contenido del artículo 25 de la Ley 472, atrás citado, debe analizarse de manera sistemática con el artículo 231 del CPACA , que establece los requisitos para la adopción de las medidas cautelares. En lo pertinente para este caso, la norma dispone: ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES (…) , las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. 1.6. El Consejo de Estado, orientado por la doctrina, ha sistematizado los anteriores requisitos para la procedencia de las medidas cautelares a partir de tres presupuestos: el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, el periculum in mora y la ponderación de intereses.

El primero -fumus boni iurisexige realizar un juicio de verosimilitud y probabilidad11 acerca de la existencia del derecho o la situación jurídica sustancial que invoca la parte que solicita la medida cautelar y que aparentemente legitima el éxito eventual de las pretensiones12. Este juicio es hipotético, provisional y sumario13, de modo que

8 El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 dispone que las normas sobre medidas cautelares dispuestas en dicha ley son aplicables a las acciones populares cuando sean de conocimiento de esta Jurisdicción, regla que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-284 de 2014. Para la Corte, esta disposición es constitucional porque no infringe ninguno de los atributos constitucionales que los artículos 88, 89, 228 y 229 superiores les confieren a las acciones para la defensa de derechos colectivos. ello por cuanto: i. no reduce las medidas que puede decretar el juez, sino que las complementa; ii. el juez puede, en virtud suya, adoptar

de derechos colectivos. ello por cuanto: i. no reduce las medidas que puede decretar el juez, sino que las complementa; ii. el juez puede, en virtud suya, adoptar medidas cautelares de oficio o a petición de parte; iii. sin necesidad de prestar caución, por parte de quien las solicita; iv. si bien en general se prevé un espacio previo al decreto de la medida cautelar, dispuesto para darle traslado a la otra parte y para que esta pueda oponerse, se admite también la posibilidad medidas de urgencia que pretermitan esa oportunidad; iv. la decisión de decretar las medidas es susceptible de recurso de apelación o súplica, se gún el caso, pero de concederse sería en el efecto devolutivo; v. estas medidas se aplicarían en tales procesos, pero cuando sean de conocimiento de la justicia administrativa, lo cual en esta materia responde a un principio de razón suficiente. 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 13 de mayo de 2015, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 110 01-03-26-000-2015-0002200(53057) 10 Corte Constitucional, sentencia C-284 de 2014 11 Según Taruffo, la verosimilitud no es sinónimo de verdad ni de probabilidad. Es un juicio preliminar, no basado en pruebas, q ue se formula antes del procedimiento probatorio, a partir de una hipótesis que parece plausible según el orden normal de las cosa s (quod plerumque accidit). Taruffo señala que lo verosímil es aquello que tiene “la apariencia de ser verdadero” desde un punto de vista representativo, pero no implica que sea verdadero ni probable; de hecho, puede ser incluso falso. La

tiene “la apariencia de ser verdadero” desde un punto de vista representativo, pero no implica que sea verdadero ni probable; de hecho, puede ser incluso falso. La verosimilitud es útil para decidir si admitir una alegación o permitir la actividad probatoria sobre un hecho, pero no supone conocimiento ni confirmación del mismo. En cambio, la probabilidad se entiende como una relación lógica de confirmación entre una hipótesis y los e lementos que la apoyan. Es decir, una hipótesis es probable si las pruebas disponibles permiten sostenerla racionalmente como aceptable. La probabilidad es lógica y contextual, fundada en el grado de confirmación que ofrecen las pruebas. Michele Taruffo, La prueba de los hechos, traducción de Jordi Ferrer Beltrán, Editoriol Trolla, S.A., Madrid, 2005. 12 JINESTA LOBO citado en LÓPEZ CAMACHO, José Álvaro, Medidas Cautelares, Heredia, Costa Rica: Poder Judicial -Escuela Judicial, 2012, p.p. 72. Ver también reflexiones del auto en p.p.166 y s.s. En palabras del Consejo de Estado, este presupuesto se configura «cuando el juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho» Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 17 de marzo de 2015, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, rad. 11001031500020140379900 (2014-03799)

13 En contraposición al juicio de verdad o de certeza más allá de toda duda razonable, y la prueba que ha sido controvertida. Da do que la decisión se adopta antes de la sentencia y generalmente al inicio del proceso, no puede esperarse que el fumus boni iuri s se acredite con plena prueba y bajo un estándar de certeza más allá de toda duda razonable como se exigiría en una sentencia . Salvo algunos casos en los que se exige un fumus boni iuris reforzado , este presupuesto siempre será una apariencia o un «grado aceptable» de verosimilitud y probabilidad de lo que se pretende , sin que se requiera de una prueba acabada acerca de la e xistencia o validez de lo que se intenta en juicio . En esta valoración también se debe examinar la consistencia de la respuesta de la Administración frente a las pretensiones aparentemente fundadas que formula el solicitante de la medida cautelar .MEDIO DE CONTROL: PROTECCION A LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

DEMANDANTE: VEEDURÍA CIUDADANA DEFENSA DE DERECHOS Y LIBERTADES DEMANDADOS: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTROS EXPEDIENTE: 680012333000-2025-00113-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander al verificarse este presupuesto no se está prejuzgando 14, sino que solo se está concluyendo preliminarmente que existe una probabilidad razonable, no una certeza, sobre el éxito de la demanda15 o, en términos del art. 231 del CPACA, que «la demanda est[á] razonablemente fundada en derecho».

concluyendo preliminarmente que existe una probabilidad razonable, no una certeza, sobre el éxito de la demanda15 o, en términos del art. 231 del CPACA, que «la demanda est[á] razonablemente fundada en derecho». Conforme a lo establecido en los artículos 2 y 26 de la Ley 472 de 1998, para acreditar el fumus boni iuris en la acción popular, se deben presentar pruebas sumarias que demuestren la vulneración o amenaza de un derecho colectivo, de manera que el juez pueda concluir preliminarmente que se requiere una medida cautelar para prevenir el daño, eliminar el riesgo o hacer cesar una afectación ya existente. En cuanto a la titularidad del derecho exigida en el artículo 231 del CPACA, que también haría parte del concepto de fumus boni iuris, basta señalar que los derechos colectivos tienen una naturaleza difusa, de modo que no tienen un titular en particular, sino que pertenecen a todos y cada uno de los miembros de la colectividad. Por lo tanto, cualquier persona tiene legitimidad para actuar en su defensa. El segundo presupuesto -periculum in mora - supone verificar e l riesgo de daño grave e irreparable si no se concede la medida cautelar 16. Debe acreditarse el «temor fundado» de que el tiempo consustancial al desarrollo del proceso frustre las posibilidades de una tutela judicial efectiva17, por un lado, porque existe un daño actual, concreto y cierto, o una amenaza inminente de menoscabo del derecho, y, por otro, porque existe la probabilidad de que los efectos del fallo resulten prácticamente inoperantes18. Tratándose de la acción popular, el art. 25 de la Ley 472 exige que se demuestre

por otro, porque existe la probabilidad de que los efectos del fallo resulten prácticamente inoperantes18. Tratándose de la acción popular, el art. 25 de la Ley 472 exige que se demuestre «la inminencia de un daño a los derechos colectivos o que el mismo se haya producido», dado que solo bajo estos supuestos es que se justifica la imposición de la medida cautelar 19. No basta probar cualquier acción dañosa. Es necesario demostrar la gravedad