TA SAN - Auto 680012333000-2020-01100-00 (27-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander SIGCMA-SGC CONSTANCIA SECRETARIAL: Al Despacho, del Honorable Conjuez informando que el término de traslado de la demanda se encuentra vencido y que el traslado de las excepciones formuladas por la demandada se surtió de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ESTUPIÑAN

Oficial MayorConjueces

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 680012333000-2020-01100-00

Medio De Control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Geovanny Andrés Pineda Leguizamo.

ampconsultores@hotmail.com

Demandado: Nación - Rama Judicial - Consejo Superior De La

Judicatura - Dirección Ejecutiva De Administración Judicial. dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio Publico Magda Liliana Buendía Chacón mbuendia@procuraduria.gov.co Agencia Nacional De Defensa Juridica Del Estado procesosnacionales@defensajuridica.gov.co Providencia: Decide excepciones previas / Prescinde audiencia inicial / Dispone saneamiento del proceso / Fija el litigio / Decreta Pruebas / Reconoce personería Tema: Prima especial de servicios / Bonificación judicial

Providencia: Decide excepciones previas / Prescinde audiencia inicial / Dispone saneamiento del proceso / Fija el litigio / Decreta Pruebas / Reconoce personería Tema: Prima especial de servicios / Bonificación judicial

Auto No. 535

Conjuez Ponente: YESID ALBEIRO SANCHEZ SANDOVAL

Vista la constancia secretarial que antecede y de conformidad con lo dispuesto en auto de fecha 04 de abril de 2025 - mediante el cual se admitió la demanda y se ordenó adecuar el trámite a la Ley 2080 de 2021 -, así como lo dispuesto en el artículo 101 del CGP por remisión del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, procede el Despacho a resolver las excepciones formuladas por la demandada.

1. DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS.

Mediante memorial de fecha 9 de junio de 2025, la parte demandada propuso como excepciones las que denominó: (i) No comprender la demanda a todos losNulidad y restablecimiento del derecho Auto decide excepciones, fija litigio y decreta pruebas Radicado No. 680012333000-2020-01100-00

2

litisconsortes necesarios, (ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva, (iii) Inexistencia del demandado o indebida conformación del contradictorio, (iv) Ineptitud sustantiva de la demanda, (v) Caducidad del medio de control, y (vi) Cobro de lo no debido, todas ellas orientadas a demostrar la falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales, así como la improcedencia de las pretensiones formuladas en la demanda.

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales, así como la improcedencia de las pretensiones formuladas en la demanda.

Al respecto, debe precisarse en primer término que la caducidad es una excepción perentoria nominada que solo se declara fundada mediante sentencia anticipada o en la sentencia de fondo, y que, al no cumplirse en este asunto los presupuestos del numeral 3 del artículo 182A del CPACA, conforme a lo indicado por el Consejo de Estado en auto del 16 de septiembre de 2021, se diferirá su estudio al momento de proferirse la sentencia, que es el momento procesal oportuno para pronunciarse al respecto.

Por otra parte, se precisa que las restantes excepciones propuestas por la parte demandada —falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad del medio de control y cobro de lo no debido — no tienen naturaleza previa conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del Código General del Proceso, por cuanto su estudio implica el análisis de aspectos sustanciales del litigio. En consecuencia, su valoración se efectuará en la sentencia, junto con el examen de fondo de las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el parágrafo 2° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo reglado en los artículos 100, 101 y 102 del C.G.P., en esta etapa procesal corresponde pronunciarse únicamente frente a las excepciones previas de: (i) No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, (ii) Inexistencia del

corresponde pronunciarse únicamente frente a las excepciones previas de: (i) No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, (ii) Inexistencia del demandado o indebida conformación del contradictorio, y (iii) Ineptitud sustantiva de la demanda.

1.1. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES.

El traslado de las excepciones formuladas por la demandada se surtió de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 2213 de 2022. Vencido el término consagrado en la norma, no hubo pronunciamiento de la parte demandante.

1.2. DECISIÓN DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS.

• La demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios

Argumenta la necesidad de integrar como litisconsortes necesarios al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública. Sostiene que las pretensiones de la parte demandante, relacionadas con la reliquidación de prestaciones sociales y el reconocimiento de bonificaciones con carácter salarial, recaen sobre actos normativos expedidos por el Gobierno Nacional, quien tiene la competencia exclusiva para fijar el régimen salarial y prestacional según lo dispuesto en la Constitución y la Ley 4 de 1992, por lo tanto, cualquier decisión judicial que modifique o impacte este régimen no puede ser atribuida únicamente aNulidad y restablecimiento del derecho Auto decide excepciones, fija litigio y decreta pruebas Radicado No. 680012333000-2020-01100-00

3

Auto decide excepciones, fija litigio y decreta pruebas Radicado No. 680012333000-2020-01100-00

3

la Rama Judicial, ya que esta se limita a ejecutar las disposiciones establecidas por dichas entidades.

Además, enfatiza que acceder a las pretensiones de la demanda sin la participación de estas entidades podría resultar en una imposibilidad material de ejecución de una eventual condena, dado que la Rama Judicial no tiene facultades presupuestales para asumir obligaciones que excedan las apropiaciones previstas. Por ello, solicita al tribunal que vincule a estas entidades como litisconsortes necesarios para garantizar una decisión uniforme y que se asegure la posibilidad de cumplimiento de cualquier orden judicial que surja del proceso.

Al respecto se tiene que el artículo 61 del Código General del Proceso1, consagra la institución del litisconsorcio necesario, así:

“Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. (…) Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho

el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. (…) Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio.”

Aunado a lo anterior y en relación con el criterio para establecer cuándo existe litisconsorcio necesario, el H. Consejo de Estado ha sostenido2:

“Debe tenerse presente que la figura del litisconsorcio necesario se caracteriza, fundamentalmente, por la existencia de una única relación jurídica o de un acto jurídico respecto de los cuales existe pluralidad de sujetos o, dicho en otros términos, hay litisconsorcio necesario cuando el asunto objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción reclama una decisión uniforme para todos los litisconsortes, titulares de la misma relación jurídica o del mismo acto jurídico que es objeto de controversia.

Existe litisconsorcio necesario cuando hay pluralidad de sujetos en calidad de demandantes (litisconsorcio por activa) o demandados (litisconsorcio por pasiva) que están vinculados por una única `relación jurídico sustancial. En este caso y por expreso mandato de la ley, es indispensable la presencia dentro del litigio de todos y cada uno de ellos, para que el proceso pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de éste es uniforme y puede perjudicar o beneficiarlos a todos”3.

1 Aplicable al presente asunto por mandato del artículo 306 del CPACA, que establece que en los aspectos no regulados en su codificación “se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

aspectos no regulados en su codificación “se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 2 Auto del 23 de enero de 2003, exp. 22.901, C.P. María Elena Giraldo; auto del 13 de mayo de 2004, exp. 15.321, C.P. Ricardo Hoyos Duque; auto del 26 de mayo de 2005, exp. 25.341, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 3 Auto del marzo 15 de 2006, exp. 16.101; M.P. Ruth Stella Correa PalacioNulidad y restablecimiento del derecho Auto decide excepciones, fija litigio y decreta pruebas Radicado No. 680012333000-2020-01100-00

4

Así mismo, la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado ha señalado que para que sea necesario integrar el litisconsorcio necesario por pasiva se requiere que estén unidos por la relación jurídico sustancial objeto del litigio; al respecto manifestó4:

“(…) De acuerdo con la anterior disposición, existe litisconsorcio necesario cuando hay pluralidad de sujetos en calidad de demandante, litisconsorcio por activa, o demandado, litisconsorcio por pasiva, que están vinculados por una única relación jurídico sustancial. En este caso y por expreso mandato de la ley, es indispensable la presencia, dentro del litigio, de todos y cada uno de ellos, para que el proceso pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de éste puede perjudicar o beneficiarlos a todos.

La sentencia que decida la controversia ha de ser, en cuanto a su contenido, idéntica

pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de éste puede perjudicar o beneficiarlos a todos.

La sentencia que decida la controversia ha de ser, en cuanto a su contenido, idéntica y uniforme para todos los litisconsortes, razón por la cual, si alguno de los sujetos de dicha relación jurídico material no se encuentra presente en -el proceso, la conducta procesal que debe observar el juzgador que advierta oportunamente dicha anomalía, es la de proceder a integrar el contradictorio, previa citación del sujeto ausente, como condición para fallar de fondo el respectivo proceso en primera instancia. (…)”

Por lo tanto, es claro que cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material única que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente, impone que su comparecencia al proceso se torne en obligatoria, por considerarse un requisito indispensable para su adelantamiento, caso en el cual, como se señaló, se está en presencia de la modalidad del litisconsorcio necesario.

Por su parte, la doctrina5 ha señalado:

“Existen múltiples casos en los que varias personas deben obligatoriamente comparecer dentro de un proceso, ora en calidad de demandantes, bien como demandados, por ser requisito necesario para proferir sentencia, dada la unidad inescindible con la relació n de derecho sustancial en debate que impone una decisión de idéntico alcance respecto de todos los integrantes; de no conformarse la parte con la totalidad de esas personas, es posible declarar la nulidad de la actuación a partir de la sentencia de primer a instancia inclusive, lo cual pone de presente que esta irregularidad sólo afecta la validez del proceso de la sentencia de

la parte con la totalidad de esas personas, es posible declarar la nulidad de la actuación a partir de la sentencia de primer a instancia inclusive, lo cual pone de presente que esta irregularidad sólo afecta la validez del proceso de la sentencia de primera instancia inclusive, en adelante, debido a que hasta antes de ser proferida la misma es posible realizar la integración del litisconsorcio necesario.”

Así las cosas, el litisconsorcio necesario corresponde a una figura procesal que consiste en la existencia de una pluralidad de sujetos -en la parte activa o pasiva del procesoy se configura porque en el proceso existe una unidad inescindible con la relación del derecho sustancial en debate, que, por supuesto exige una decisión uniforme para los integrantes y de no vincularse a alguno se configuraría una nulidad del proceso, inclusive, hasta la sentencia de primera instancia.

4 Consejo de Estado – Sección Cuarta, C.P.: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, providencia del 29 de mayo de 2014, Rad.: 70001-23-31-000-2005-01422-01(18915) Actor: Municipio De Coveñas. 5 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, parte general, Ed. Dupré Editores Ltda., Bogotá D.C., Colombia, 2017, págs.353.Nulidad y restablecimiento del derecho Auto decide excepciones, fija litigio y decreta pruebas Radicado No. 680012333000-2020-01100-00

5

Ahora bien, en relación con el presente caso y en lo que particularmente refiere a esta excepción en los términos en que fue formulada por la parte demandada, el H. Consejo de Estado6 en un caso con contornos facticos idénticos concluyó:

Ahora bien, en relación con el presente caso y en lo que particularmente refiere a esta excepción en los términos en que fue formulada por la parte demandada, el H. Consejo de Estado6 en un caso con contornos facticos idénticos concluyó:

“Para esclarecer si en el asunto sub examine existe un litisconsorcio necesario por pasiva entre la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, debe precisarse que la controversia objeto de este proceso consiste en determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccionales Bucaramanga y Cúcuta, contenidos en las Resoluciones Nos 3463 del 25 de mayo de 2015, D.E.S.R.J. 004323 del 27 de junio de 2014, 4987 del 20 de agosto de 2015 y los actos fictos o presuntos derivados del silencio ante el ejercicio del derecho de petición y la presentación del recurso de apelación. Como se advierte los actos administrativos fueron proferidos sin la concurrencia, ni manifestación de voluntad de los entes públicos que se pretenden vincular como litisconsortes necesarios.

Como bien lo advirtió el Tribunal a quo, la relación jurídica aludida en la que se fundamenta la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccionales Bucaramanga y Cúcuta para hacer su solicitud de integración del litis consorcio necesario, no constituye la unidad inescindible con la relación de derecho sustancial en debate dentro del proceso que es el reconocimiento o no de un derecho de carácter salarial a un funcionario de la Rama Judicial.

necesario, no constituye la unidad inescindible con la relación de derecho sustancial en debate dentro del proceso que es el reconocimiento o no de un derecho de carácter salarial a un funcionario de la Rama Judicial.

En efecto, la entidad demandada solicitó vincular en calidad de litisconsortes necesarios por pasivos a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública al considerar, básicamente, que en virtud de lo establecido en la Ley 4 de 1992, la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, lo cual indica que es éste quien determina dich as asignaciones sin que la Rama Judicial tome parte funcional de este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia.

El Despacho resalta que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccionales Bucaramanga y Cúcuta en este caso, como órgano sujeto al Consejo Superior de la Judicatura, conforme a las competencias y funciones descritas en los artículos 256 y 257 constitucionales y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, está facultada para fungir autónomamente como autoridad administrativa en los asuntos que conciernan a la Rama Judicial, dentro de sus diversas funciones, tiene la potestad de administ rar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización y de representar a la Nación -Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales, máxime cuando se trata de discordias de índole salarial y prestacional con funcionarios judiciales, cuyo

utilización y de representar a la Nación -Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales, máxime cuando se trata de discordias de índole salarial y prestacional con funcionarios judiciales, cuyo legitimado directo es, desde luego, la misma Dirección Ejecutiva.

En cumplimiento de esa función administradora, inherente a su condición de autoridad administrativa de la Rama Judicial, la Dirección Ejecutiva tiene plena capacidad y competencia para interpretar las disposiciones normativas de carácter general que regulan el sistema salarial de los funcionarios judiciales, para analizar y acatar los diversos pronunciamientos judiciales, que como en el caso sub judice, ha expedido la jurisdicción contencioso administrativa en relación con el reconocimiento de la prima especial de servicios deprecada en el libelo introductorio,

6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Auto de fecha 16 de febrero de 2021.

Conjuez Ponente: JORGE IVAN RINCÓN CÓRDOBA. Radicado: 68001 -23-33-000-2016-00048-02 (5387-2018)Nulidad y restablecimiento del derecho Auto decide excepciones, fija litigio y decreta pruebas

Radicado No. 680012333000-2020-01100-00

6

así mismo tiene competencia para adoptar una decisión frente al reconocimiento o no del derecho laboral reclamado, sin que para adoptar tal decisión administrativa sea necesario contar con el respaldo, anuencia o concepto jurídico previo de las entidades que aquí se pretende integrar como litisconsortes necesarios.

Por esta razón, se evidencia que no existe una relación jurídica inescindible entre la

sea necesario contar con el respaldo, anuencia o concepto jurídico previo de las entidades que aquí se pretende integrar como litisconsortes necesarios.

Por esta razón, se evidencia que no existe una relación jurídica inescindible entre la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las entidades que se ha pretendido vincular en la expedición de los actos administrativos cuya legalidad aquí se debate, que justifique la comparecencia de tales entidades a este proceso en calidad de litisconsortes necesarios.

Se reitera que el objeto sobre el cual versa la presente controversia es discutir la legalidad de las Resoluciones Nos 3463 del 25 de mayo de 2015, D.E.S.R.J. 004323 del 27 de junio de 2014, 4987 del 20 de agosto de 2015 y de los actos fictos o presuntos derivados del silencio ante el ejercicio del derecho de petición y la presentación del recurso de apelación, expedidos por los directores de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccionales Bucaramanga y Cúcuta. Por medio de los cuales le fue denegado al demandante el reconocimiento de la prima especial de servicios y la correspondiente liquidación de prestaciones sociales como consecuencia de la vinculación laboral que éste sostiene con la Rama Judicial.

En el sub lite, evidentemente la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, no reúnen la condición de litisconsortes necesarios por pasivos, pues dichos organismos administrativos no cuentan con competencia alguna para participar o ingerir en la expedición de los actos administrativos demandados.

Así, el objeto del litigio no les vincula funcionalmente ni tiene vocación de generar

organismos administrativos no cuentan con competencia alguna para participar o ingerir en la expedición de los actos administrativos demandados.

Así, el objeto del litigio no les vincula funcionalmente ni tiene vocación de generar consecuencias sobre los organismos que se pretende vincular como litisconsortes necesarios, por lo cual no puede predicarse que exista una única relación sustancial entre estos y el examen de legalidad correspondiente a la litis. Ha de resaltarse que “si la multitud de sujetos obedece a la pluralidad de relaciones jurídicas en discusión, la presencia del litisconsorcio necesario está descartada de entrada”7.

De tal forma, atendiendo la interpretación de los hechos y derechos materia del litigio, encuentra el despacho que las pretensiones van dirigidas: 1) a que se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccionales Bucaramanga y Cúcuta, y 2) se efectúe el reconocimiento de la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 y se haga la correspondiente liquidación de las prestaciones sociales”.

A partir de los anteriores presupuestos de orden normativo y jurisprudencial, se concluye que en el presente caso la excepción de integración de litisconsorcio necesario formulada por la parte demandada no está llamada a prosperar por cuanto la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública no cuentan con competencia alguna para participar o ingerir en la expedición de los actos administrativos demandados, y por tanto el objeto del litigio no les vincula funcionalmente ni tiene vocación de generar consecuencias sobre ellos como

competencia alguna para participar o ingerir en la expedición de los actos administrativos demandados, y por tanto el objeto del litigio no les vincula funcionalmente ni tiene vocación de generar consecuencias sobre ellos como litisconsortes necesarios, por lo cual no puede predicarse que exista una única relación sustancial entre estos y el examen de legalidad correspondiente a la litis.

7 Rojas Gómez, Miguel Enrique, Lecciones de Derecho Procesal , Tomo II, Esaju, Bogotá D.C., Colombia, 2013, pág. 72.Nulidad y restablecimiento del derecho Auto decide excepciones, fija litigio y decreta pruebas Radicado No. 680012333000-2020-01100-00

7

Así, de conformidad con las consideraciones que anteceden se impone declarar no probada la excepción de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

• Inexistencia del demandado.

Afirma la demandada que no tiene las facultades ni participa en la expedición de las normas que estructuran el régimen salarial de los empleados públicos y su modificación anual, y por ende no puede ser la demandada en estas diligencias, al ser completamente ajena a la expedición de las normas salariales respecto de las que se demanda su “inaplicabilidad” y/o su “inconstitucionalidad”.

Con base en lo anterior, solicita que en el presente asunto de manera oficiosa se vincule a conformar la pasiva al Gobierno Nacional, ya que afirma que lo que se busca con la demanda es modificar o alterar la escala salarial prevista en el presupuesto nacional para los servidores judiciales.

Al respecto, considera el Despacho que la referida excepción en los términos que

busca con la demanda es modificar o alterar la escala salarial prevista en el presupuesto nacional para los servidores judiciales.

Al respecto, considera el Despacho que la referida excepción en los términos que fue planteada por la demandada busca integrar la pasiva, trayendo al proceso a las entidades que considera responsables de los derechos que aquí se discuten por ser las que emiten las normas de carácter salarial invocadas en el libelo introductorio, en otras palabras, lo argumentado por la demandada en este apartado no corresponde a la excepción que titula, sino que apunta a la excepción de la indebida conformación del contradictorio que también se resolverá en esta providencia.

Aun así, resulta pertinente explicar que para la configuración de la excepción de inexistencia del demandado se debe constatar la inexistencia de la persona de derecho público o privado que se acciona, o la vinculación de una persona que no está autorizado por la ley para ser parte, presupuestos que en este caso no se satisfacen por cuanto se constata la existencia de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 y el título VIII de la Constitución Política de Colombia, así como la Ley 270 de 1996.

Por lo anterior, para el Despacho no se encuentra configurada la excepción aludida por el apoderado de la entidad demandada, y por ende se declarará su improsperidad.

• Ineptitud de la demanda

Sostiene la demandada que en el presente caso se configura la ineptitud de la demanda por cuanto no hay ni existe relación procesal entre las partes, lo que evidencia la falta de requisitos formales de la misma y la indebida acumulación de pretensiones. Lo anterior, como quiera que el demandante ha presentado la

demanda por cuanto no hay ni existe relación procesal entre las partes, lo que evidencia la falta de requisitos formales de la misma y la indebida acumulación de pretensiones. Lo anterior, como quiera que el demandante ha presentado la demanda contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que es un organismo completamente ajeno al que expidió los Decretos que reconocen los presuntos derechos reclamados, los cuales, fueron expedidos por el Gobierno Nacional.

Por lo anterior estima que la defensa de legalidad de los decretos salariales está en cabeza del ejecutivo y ya que la demanda no lo designa adecuadamente así, se desatiende lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 162 del CPACA, lo que a su vez configura la excepción de inepta demanda.Nulidad y restablecimiento del derecho Auto decide excepciones, fija litigio y decreta pruebas Radicado No. 680012333000-2020-01100-00

8

Al respeto advierte el Despacho que conforme ha sido decantado por el H. Consejo de Estado8, sólo es viable proponer y declarar próspera la excepción previa de «ineptitud de la demanda por la falta de cualquiera de los requisitos formales» o «por la indebida acumulación de pretensiones»; precisando que en relación con otras situaciones se debe acudir a las demás excepciones previas previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso, sin que haya vocación para realizar una denominación en términos diferentes a los señalados por la ley.

Así mismo, se ha aclarado que al encontrarse otras falencias que otrora han servido como sustento para la declaratoria de una «ineptitud sustantiva de la demanda», en

una denominación en términos diferentes a los señalados por la ley.

Así mismo, se ha aclarado que al encontrarse otras falencias que otrora han servido como sustento para la declaratoria de una «ineptitud sustantiva de la demanda», en lugar de acudir a esa denominación se deben utilizar las herramientas que los estatutos procesales prevén para tal efecto, esto es, aquellos mecanismos de saneamiento como por ejemplo, ordenar corregir la demanda o dejar sin efecto el auto admisorio para proceder al rechazo de la misma en atención a la causal legalmente prescrita para el efecto.

A partir de lo anterior y de cara al presente asunto, considera el Despacho que la referida excepción en los términos que fue planteada por la demandada busca integrar la pasiva, trayendo al proceso a las entidades que considera responsables de los derechos que aquí se discuten por ser las que emiten las normas de carácter salarial invocadas en el libelo introductorio, en otras palabras, lo argumentado por la demandada en este apartado no corresponde a la excepción que titula, sino que apunta a la excepción de la indebida conformación del contradictorio, por lo que al constatarse que los planteamientos formulados por la parte demandada en torno a la excepción de inepta demanda no recaen sobre el estudio de los requisitos formales de la demanda consagrados en los artículos 162, y 166 del CPACA, ni acerca de la indebida acumulación de pretensiones; las cuales constituyen las reales falencias que estructuran dicho medio exceptivo, la misma no tiene vocación de prosperidad y por tanto deberá declararse no probada

Finalmente, si bien la parte demandada sostiene que se configura ineptitud de la demanda por incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 162 del

de prosperidad y por tanto deberá declararse no probada

Finalmente, si bien la parte demandada sostiene que se configura ineptitud de la demanda por incumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 162 del CPACA, encuentra el Despacho que no le asiste razón a la demanda por cuanto el escrito introductorio contiene d