TA SAN - Auto 680012333000-2023-00038-00 (15-07-2025)

1 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR Bucaramanga, quince (15) de julio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE

MARVAL S.A.S

Nit. 890.205.645-0 clardego@hotmail.com

DEMANDADO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

notificaciones@bucaramanga.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co; RADICADO 680012333000-2023-00038-00 TEMA Se niega la suspensión provisional de los efectos de los actos demandados. En esta etapa preliminar, n o es posible deducir que la modificación de la liquidación de la contribución de valorización por la variación de las condiciones del predio gravado sea ilegal. Llegado el turno para sustanciar este proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011 , procede el Despacho a decidir la medida cautelar solicitada por la demandante.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

MARVAL solicita que se declare la nulidad de la Resolución No. MA-019 del 18 de febrero de 2022, por medio de la cual la Oficina de Valorización del Municipio de

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

MARVAL solicita que se declare la nulidad de la Resolución No. MA-019 del 18 de febrero de 2022, por medio de la cual la Oficina de Valorización del Municipio de Bucaramanga modificó el artículo cuarto de la Resolución No. 0674 del 10 de octubre de 2013 y realizó una nueva liquidación de la contribución por valorización del predio No. 010202580001000. Además, pide la nulidad de la Resolución No. RR-005 del 4 de agosto de 2022, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la primera resolución. Como consecuencia de la nulidad solicitada, exige el reintegro de quinientos un millones seiscientos treinta y siete mil quinientos dos pesos ($501.637.502), o cualquier otra suma que hubiese sido pagada, con los intereses moratorios correspondientes. Como fundamento de sus pretensiones, la sociedad actora sostiene que el Concejo Municipal de Bucaramanga aprobó el plan de desarrollo que incluyó la contribución de valorización como fuente de financiación para obras viales. Señala que, en virtud del Acuerdo No. 075 de 2010, el Municipio dispuso el cobro de obras por valorización, y que en la Resolución No. 0674 de 2013 se distribuyó la contribución entre 128.001 predios para financiar el proyecto «Plan Vial Bucaramanga Competitiva para el Mejoramiento de l a Movilidad», por un valor de $236.822.918.963. La demandante sostiene que la Oficina de Valorización ha modificado en varias ocasiones la Resolución No. 0674, sin contar con la debida autorización del Concejo Municipal. Asegura que estas modificaciones han incluido nuevos predios,

$236.822.918.963. La demandante sostiene que la Oficina de Valorización ha modificado en varias ocasiones la Resolución No. 0674, sin contar con la debida autorización del Concejo Municipal. Asegura que estas modificaciones han incluido nuevos predios, lo que ha generado un au mento injustificado en la contribución de valorización, excediendo el monto aprobado inicialmente. Argumenta que tales actuaciones violan los principios del sistema tributario y los estudios de distribución de la valorización realizados por la Universid ad Industrial de Santander, dado que el monto total y el número de predios afectados ya estaban establecidos en la Resolución No. 0674.

1 Expediente digital cargado en SAMAI., consecutivo de la actuación No. 3, documento denominado: 3_ED_EXPEDIENTE__DEMANDADENULIDAD (pdf)MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARVAL SAS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EXPEDIENTE: 680012333000-2023-00038-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Aclara que pagó la valorización correspondiente al predio No. 010202580001000, pero posteriormente se desarrolló un proyecto inmobiliario en el que se generaron varios predios sujetos al régimen de propiedad horizontal. Estos nuevos predios fueron gravados individualmente con el mismo impuesto, lo que considera indebido, pues el predio original ya había cumplido con la contribución. Finalmente, subraya que ni la base gravable ni los estudios de factibilidad han cambiado, por lo que considera que las Resoluciones No. MA-019 y No. RR-005 no

pues el predio original ya había cumplido con la contribución. Finalmente, subraya que ni la base gravable ni los estudios de factibilidad han cambiado, por lo que considera que las Resoluciones No. MA-019 y No. RR-005 no pueden imponer una nueva contribución ni incluir nuevos predios que no fueron contemplados originalmente.

B. La solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos demandados La demandante fundamenta la solicitud de medida cautelar en la ilegalidad de las resoluciones emitidas por la Oficina de Valorización Municipal del Municipio de Bucaramanga, que, según ella, contravienen varios preceptos constitucionales y legales, entre ellos, los artículos 29, 150, numeral 12, y 338 de la Constitución Política, así como los artículos 3, 6 y 45 del Acuerdo No. 61 del 16 de diciembre de

2010. La demandante sostiene que las resoluciones impugnadas son ilegales puesto que no están sustentadas en ningún acto administrativo superior , además porque la Oficina de Valorización que las expidió no contaba con autorización legal ni del Concejo Municipal para modificar la Resolución No. 0674 del 10 de octubre de 2013. Asimismo, expone que el municipio recaudó montos superiores a los establecidos por el Acuerdo No. 61, comoquiera que este limitaba el valor de la valorización a los costos de las obras, de modo que los actos acusados son ilegales por exceder dicho límite y por desconocer el estudio financiero realizado por el municipio, que distribuyó y asignó un gravamen de valorización de $236.822.918.963 entre 128.001 predios. Igualmente, señala que dicha oficina actuó de forma ilegal al no expedir el paz y

distribuyó y asignó un gravamen de valorización de $236.822.918.963 entre 128.001 predios. Igualmente, señala que dicha oficina actuó de forma ilegal al no expedir el paz y salvo por el pago de la valorización, documento necesario para el acceso al servicio público notarial, lo que le causó perjuicios económicos por un total de $501.637.502, monto que tuvo que abonar nuevamente para que se expidiera dicho documento. Considera que esto constituyó una vía de hecho que vulneró su derecho de defensa y su capacidad para cuestionar la legalidad del tributo. Finalmente, la demandante advierte que, de no suspenderse provisionalmente los efectos de las resoluciones impugnadas, la Oficina de Valorización continuará afectándola, impidiéndole acceder al paz y salvo al momento de escriturar sus inmuebles.

C. Oposición a la medida El Municipio de Bucaramanga2 se opone a la medida cautelar, porque, en su criterio, no cumple con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 231 del CPACA. Señala que era competente para expedir la resolución acusada conforme a lo previsto en los artículos 338 de la Constitución Política y 53 del Estatuto de Valorización, los cuales le permitían modificar la distribución de la valorización debido a las reformas en el área construida del predio. Informa que esto ocurrió

porque la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga remitió la copia de la licencia de construcción No. 68001 -2-19-0298 del 15 de agosto de 2019, en la cual se evidenció que el área de construcción del predio N o. 010202580001000 aumentó

de construcción No. 68001 -2-19-0298 del 15 de agosto de 2019, en la cual se evidenció que el área de construcción del predio N o. 010202580001000 aumentó de 805 m2 a 29.436 m2. Argumenta que dicho cambio generó modificaciones en los factores de la liquidación, razón por la cual, con base en el artículo 53 del Acuerdo Municipal No. 061 de 2010, Estatuto de Valorización, expidió la Resolución No. MA-019 del 18 de febrero de 2022, mediante la cual reliquidó la contribución de valorización por $1.075.952.559, suma que fue cancelada por la demandante con un 50% de descuento por su pago oportuno.

22 Expediente digital cargado a SAMAI, Índice 32, documento 1, “27-Memorialweb.pdf”MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARVAL SAS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EXPEDIENTE: 680012333000-2023-00038-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Añade que no incurrió en una vía de hecho al no otorgar el paz y salvo de valorización a la demandante, pues, según el artículo 75 del Acuerdo Municipal No. 061 de 2010, la expedición de este documento está condicionada al pago total del gravamen.

II. CONSIDERACIONES

A. La competencia La competencia funcional3 y territorial4 para conocer del presente asunto recae en el Tribunal, toda vez que se ejerce el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra unas resoluciones expedidas por la Oficina de Valorización del

A. La competencia La competencia funcional3 y territorial4 para conocer del presente asunto recae en el Tribunal, toda vez que se ejerce el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra unas resoluciones expedidas por la Oficina de Valorización del Municipio de Bucaramanga. A su vez, el Despacho ponente es competente para resolver la medida cautelar solicitada, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 233 del CPACA.5

B. Identificación correcta de la sociedad demandante La parte demandante solicita corregir su razón social, pues por un error involuntario en la redacción de la demanda se identificó como Sociedad Construcciones Marval SAS, cuando en realidad es MARVAL SAS, imprecisión que quedó consignada en el auto admisorio . Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de este momento se identificará a la demandante con esta última razón social, sin necesidad de hacer uso del art. 2 86 del CGP 6, dado que la inconsistencia no incide en la decisión adoptada.

C. El problema jurídico De acuerdo con la reseña que antecede, el Despacho plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Se configuran los requisitos para suspender provisionalmente los efectos de los actos demandados porque, según la demanda, fueron expedidos en contra de las normas en que debieron fundarse, sin competencia y con violación del debido proceso de la sociedad demandante?

Tesis: No.

Fundamento: La suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones Nos.

MA-019 y RR -005 de 2022 no es procedente, puesto que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA. Tras confrontar dichos actos con las normas superiores y analizar las pruebas disponibles, no se puede deducir,

MA-019 y RR -005 de 2022 no es procedente, puesto que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA. Tras confrontar dichos actos con las normas superiores y analizar las pruebas disponibles, no se puede deducir, al menos en esta etapa preliminar, una violación directa del ordenam iento jurídico, especialmente en lo que respecta a las normas que regulan la contribución por valorización. La administración pública modificó la contribución con base en el artículo 53 del Acuerdo Municipal No. 061 de 2010, que le otorga la facultad de realizar modificaciones cuando se presenten cambios en las características del predio. Los cargos de nulidad f ormulados por la parte actora no pueden verificarse mediante

3 ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. 4 Ley 1437 de 2011. Artículo 156. Competencia por razón del territorio . Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas: (…) 8. En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a Ia sanción.

observarán las siguientes reglas: (…) 8. En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a Ia sanción. 5 ARTÍCULO 233. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso. El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en f orma independiente al de la contestación de la demanda. Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil. El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución . La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada. Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magist rado Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia. Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos

podrá ser decretada en la misma audiencia. Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta s olicitud no procederá ningún recurso. 6 Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmét ico puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. Si la corr ección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARVAL SAS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EXPEDIENTE: 680012333000-2023-00038-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander una confrontación directa entre los actos acusados y la normativa aplicable, sino que requieren un ejercicio hermenéutico para determinar si la interpretación que la demandante hace de las normas es correcta. Este es un asunto que debe resolverse en la sentencia. Para arribar a esta conclusión, se examinarán los requisitos para suspender los efectos de un acto administrativo y la facultad de la administración municipal para distribuir las contribuciones por valorización cuando se modifica el área de los predios afectados, conforme a la regulación municipal.

efectos de un acto administrativo y la facultad de la administración municipal para distribuir las contribuciones por valorización cuando se modifica el área de los predios afectados, conforme a la regulación municipal.

D. Marco jurídico

1. Los requisitos para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos De conformidad con los artículos 238 de la Constitución Política 7 y 229 de la Ley 1437 de 2011,8 es procedente la medida cautelar de suspensión de los efectos de los actos administrativos enjuiciados, a petición de parte debidamente sustentada, cuando se considere necesaria para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Para que proceda la medida cautelar, el artículo 231 del CPACA 9 establece tres requisitos: (i) el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho), que implica que la demanda esté razonablemente fundada y se aporte prueba sumaria de la vulneración del derecho invocado, sin que se exija una certeza plena, dado que este juicio es provisional; (ii) el periculum in mora (riesgo de daño irreparable), que exige demostrar que, de no otorgarse la medida, se causaría un perjuicio irremediable o los efectos de la sentencia serían nugatorios; y (iii) el juicio de ponderación de intereses, en el cual el juez debe evaluar que la medida no afect e desproporcionadamente el interés público, según los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Específicamente, frente a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, el citado artículo 231 establece que la violación de la regla de

necesidad y proporcionalidad. Específicamente, frente a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, el citado artículo 231 establece que la violación de la regla de fondo debe surgir del análisis del acto y su confrontación con las normas superiores cuya violación se depreca o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Asimismo, si se pretende algún restablecimiento del derecho o la indemnización de perjuicios, éstos deben probarse sumariamente. Cuando las normas presuntamente infringidas admiten varias interpretaciones válidas, no se puede concluir que la ilegalidad del acto proviene de su confrontación con dichas normas. Tal ilegalidad se deriva de la interpretación seleccionada, lo cual implica el riesgo de que otra sea la interpretación correcta o incluso que existan múltiples interpretaciones igualmente correctas. Esto obliga a abordar y decidir el asunto en la sentencia, no en esta etapa preliminar.

2. El principio de legalidad y la f acultad de la administración para liquidar y modificar las contribuciones por valorización a causa de obras públicas El principio de legalidad se predica tanto de los impuestos, como de cualquier tributo o contribución. La legalidad exige una predeterminación del tributo, con el que se brinda seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales. El

7 <<La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial>>. 8 ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción,

ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial>>. 8 ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. 9 ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el resta blecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARVAL SAS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EXPEDIENTE: 680012333000-2023-00038-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander principio de predeterminación del impuesto implica que, para su imposición, se cuente con una ley previa que señale los elementos de la obligación fiscal, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Tal como lo señala la Corte Constitucional en la sentencia C-155 de 2003,10 en el caso de las tasas y las contribuciones especiales, la tarifa puede ser fijada por autoridades administrativas, siempre que las asambleas y los concejos hayan definido previamente el sistema y el método para hacerlo. La valorización, prevista en el artículo 3º de la Ley 25 de 1921,11 es una contribución que grava los inmuebles beneficiados por la realización de una obra o conjunto de obras determinadas, tal como lo ha referenciado la jurisprudencia del H. Consejo de

La valorización, prevista en el artículo 3º de la Ley 25 de 1921,11 es una contribución que grava los inmuebles beneficiados por la realización de una obra o conjunto de obras determinadas, tal como lo ha referenciado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado.12 Con la expedición del Decreto 1604 de 1966, 13 se determinó que la contribución es aplicable no solo a los predios que incrementen su valor, sino a los que obtengan un beneficio general, por la mejora de otros aspectos como pueden ser la movilidad, el acceso, la seguridad, entre otros.14 Como anota el H. Consejo de Estado,15 según el artículo 9º del citado Decreto 1604 de 1966, la base impositiva de la contribución de valorización equivale al costo de la obra dentro de los límites del beneficio que le produzca al inmueble gravado. En ella se incluyen las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje de imprevistos y hasta un 30% más para gastos de distribución o recaudación. El alto tribunal recalca que la facultad de distribuir la participación del beneficio por la realización de las obras, mediante la determinación del método y del sistema, se ejerce como una competencia compartida entre el Congreso, que expide la ley que crea el tributo y determina los parámetros generales de su aplicación, y los concejos municipales que la adaptan a sus precisas circunstancias particulares mediante la expedición del acuerdo respectivo.16 Con base en esos parámetros, las autoridades administrativas pueden fijar las tarifas de las tasas y contribuciones.17 Además del principio de legalidad en el establecimiento de la contribución especial de valorización, también se debe tener en cuenta que debe cumplir con el principio de progresividad, que «dispone que los tributos han de gravar de igual manera a

Además del principio de legalidad en el establecimiento de la contribución especial de valorización, también se debe tener en cuenta que debe cumplir con el principio de progresividad, que «dispone que los tributos han de gravar de igual manera a quienes tienen la misma capacidad de pago (equidad horizontal) y han de gravar en mayor proporción a quienes disponen de una mayor capacidad contributiva (equidad vertical)» .18 Además, la contribución debe atender el principio de irretroactividad que prohíbe la modificación de situaciones jurídicas consolidadas, entendidas por la Corte Constitucional «como aquellos beneficios que ya se han hecho efectivos, con amparo en la ley, incorpor ándose al patrimonio del contribuyente».19

3. La regulación de la contribución de valorización para predios del Municipio de Bucaramanga El 16 de diciembre de 2010 el Concejo de Bucaramanga expidió el Acuerdo No. 061, Estatuto de la Contribución de Valorización del municipio, que establece el

10 Corte Cosntitucional. Sentencia C-155 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett 11 LEY 25 DE 1921. “Por la cual crea el impuesto de valorización.” ARTÍCULO 3º.- Establécese el impuesto directo de valorización, consistente en una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local, como limpia y canalización de ríos, construcción de diques par a evitar inundaciones, desecación de lagos, pantanos y tierras anegadizas, regadíos y otras análogas, contribución destinada exclusivamente a atende r los gastos que demanden dichas obras.

desecación de lagos, pantanos y tierras anegadizas, regadíos y otras análogas, contribución destinada exclusivamente a atende r los gastos que demanden dichas obras. 12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Sentencia del trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 23001-23-31-000-2009-00252-02(19228) 13 “Por el cual se dictan normas sobre valorización.” ARTÍCULO 1°. El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3° de la Ley 25 de 1921 como una "contribución sobre la s propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local", se hace extensivo a todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de Derecho Público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará exclusivamente contribución de valorización. 14 De lo anterior se extrae que la contribución por valorización es un gravamen real que se funda en el beneficio que recibe un predio por la ejecución de una obra pública y la condición de que el mismo sea directo o general depende del impacto que la obra o conjunto de obras tenga sobre la propiedad inmueble, pues con la expedición del Decreto 1604 de 1966, al ampliarse el espectro de las obras de interé s público, recuperables por vía de la contribución, se aumentó el número de predios que obtenían beneficios, los que necesariamente no se ven reflejados

en el incremento de su valor, sino en la mejora de otros aspectos como pueden ser la movilidad, el acceso, la seguridad, entr e otros, tema sobre el que la norma no hizo ninguna distinción. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Sentencia del trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 23001-23-31-000-2009-00252-02(19228) 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Sentencia del trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 23001-23-31-000-2009-00252-02(19228) 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia del 13 de julio de 2017, Rad. 230012331000-2009-002252-02 (19228) 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del diecinueve (19) de abril de dos mil d oce (2012).

Consejero Ponente: William Giraldo Giraldo. Radicación número: 68001-23-31-000-2004-00882-02(18364) 18 Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 19 Corte Constitucional. Sentencia C-119 de 2018.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARVAL SAS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

19 Corte Constitucional. Sentencia C-119 de 2018.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARVAL SAS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EXPEDIENTE: 680012333000-2023-00038-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander marco normativo y los lineamientos jurídico-administrativos que rigen la contribución de valorización por toda obra de interés público. El artículo 2º del mencionado estatuto fija los principios que rigen la actuación de la administración al momento de imponer el pago de la contribución por valorización.

Entre ellos se encuentra: Equidad Tributaria. Es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios