TA SAN - Auto 680012333000-2025-00256-00 (21-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Ingresa el proceso al Despacho par a resolver los recursos de reposición y en subsidio apelación interpuestos por la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la

1 Carmen Beatriz Streithorst, Carolina Gómez Gómez, Clara Lucia Ramírez Ribero, Clara Patricia Berrio Longas, Eduar Páez Olmos, Elsa Stefanny Chacón Jerez, Isabel Flórez Méndez, Imelda Jaimes Valderrama, Jhan Alcibiades Céspedes Rojas, Jhon Jairo Jaimes Peña, Luis Igna cio Serrano Neira, Luis Gabriel Rangel Caballero, Ludin Eislen González Jacome, Liliana Ulloa Galvis, Luz Omaria Rico Diaz, Lycet Alejandra Bueno Jaimes, María Engracia Zarate Tobón, María Fernanda Téllez Garay, Miguel Ángel Morales Garzón, Patricia Cruz Mendoza, Raúl Martínez Gómez, Teresa Chacón Diaz, Tomas Mejía Marulanda,Yajarira Isabel Jaimes Morena y Yannet Rivera Herrera.

Radicado: 680012333000-2025-00256-00

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Alba Liliana Murillo López lilialba713@gmail.com Jaime Alberto Vargas Gómez javago2010@hotmail.com Pedro Humberto Schambon Rodríguez schambonpedro@gmail.com Demandado Municipio de Piedecuesta notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co Municipio de los Santos notificacionjudicial@lossantos-santander.gov.co

Pedro Humberto Schambon Rodríguez schambonpedro@gmail.com Demandado Municipio de Piedecuesta notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co Municipio de los Santos notificacionjudicial@lossantos-santander.gov.co Instituto Colombiano Agropecuario – ICA notifica.judicial@ica.gov.co Corporación Autónoma Regional Santander – CAS secretariageneral@cas.gov.co sglnotificaciones@cas.gov.co direccion@cas.gov.co Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB notificaciones.judiciales@cdmb.gov.co judiciales@cdmb.gov.co Vinculado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible procesosjudiciales@minambiente.gov.co Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co Ministerio de Salud y Protección Social notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co Departamento de Santander notificaciones@santander.gov.co Policía Nacional denor.notificacion@policia.gov.co Coadyuvantes Empresa de Biosólidos y Orgánicos de Santander S.A.S – Compostan compostansas@gmail.com Adriana Mccormick1 Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos. nmgonzalez@procuraduria.gov.co Asunto Auto niega recurso de reposición y concede apelación contra auto que accede parcialmente a medida cautelar.Tribunal Administrativo de Santander Exp. 680012333000-2025-00256-00

Meseta de Bucaramanga – CDMB y la Policía Nacional en contra del auto del dieciocho

contra auto que accede parcialmente a medida cautelar.Tribunal Administrativo de Santander Exp. 680012333000-2025-00256-00

Meseta de Bucaramanga – CDMB y la Policía Nacional en contra del auto del dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) mediante el cual se accedió parcialmente a medida cautelar elevada por la parte actora, previa reseña:

I. Antecedentes

1. De la providencia objeto de recurso

Mediante providencia del 18 de septiembre de 2025, el Despacho accedió parcialmente a la solicitud de medida cautelar presentada por la parte actora del proceso, de la siguiente forma:

«Primero. Negar la medida cautelar solicitada por la parte actora consistente en la instalación de un puesto fijo de control permanente a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. Ordenar al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA que, en el marco de sus competencias legales y dentro del término de treinta (30) días siguientes a la notificación de este auto, adopte un plan de reforzamiento de las labores de inspección, vigilancia y control en granja en las explotaciones avícolas de la Mesa de Los Santos y del municipio de Piedecuesta, debiendo rendir informe técnico detallado al Despacho sobre las visitas practicadas, hallazgos y medidas preventivas implementadas dentro de l os diez (10) días siguientes el vencimiento del término anterior.

Tercero. Negar la medida cautelar solicitada en el sentido de ordenar a los Municipios de Piedecuesta y Los Santos la instalación de un puesto fijo de control

del término anterior.

Tercero. Negar la medida cautelar solicitada en el sentido de ordenar a los Municipios de Piedecuesta y Los Santos la instalación de un puesto fijo de control policial en vía pública, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Cuarto. Ordenar a los Municipios de Piedecuesta y Los Santos que, a través de sus secretarías competentes y en coordinación con la Policía Nacional, adelanten operativos aleatorios de inspección y control en vías y predios agrícolas de su jurisdicción, dirigidos a verificar el transporte, disposición y uso de galli naza y pollinaza, e imponer las medidas sanitarias o de policía que correspondan. Los resultados deberán ser remitidos al Despacho dentro del término de cuarenta y cinco (45) días.

Quinto. Conceder Visitas técnicas de la CAS y la CDMB. Se Concede la medida cautelar solicitada contra la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, y en consecuencia se ordenará a dichas entidades que, dentro del ámbito de su ju risdicción, implementen un programa periódico de visitas técnicas en la Mesa de Los Santos, con el fin de verificar el manejo de la gallinaza y la pollinaza, e imponer las medidas preventivas, correctivas o sancionatorias que correspondan. Deberán presentar al Despacho informes trimestrales sobre las actuaciones adelantadas.

(…)»

La decisión cuestionada se sustentó en que, con la demanda y su corrección, se allegó abundante material documental que permite advertir, de manera sumaria, la existencia de

adelantadas.

(…)»

La decisión cuestionada se sustentó en que, con la demanda y su corrección, se allegó abundante material documental que permite advertir, de manera sumaria, la existencia de una problemática ambiental y sanitaria derivada del manejo inadecuado de la gallinaza y la pollinaza en la Mesa de Los Santos, con incidencia incluso en el municipio de Piedecuesta. Entre las pruebas aportadas se encuentran reportes de prensa, oficios del ICA y de la Secretaría de Salud de Piedecuesta, en los que se reconoce la persistencia de la situación,Tribunal Administrativo de Santander Exp. 680012333000-2025-00256-00

así como actas de mesas interinstitucionales que evidencian la falta de definición sobre las competencias de control y sanción frente a dicha actividad.

El Despacho concluyó que el acervo probatorio acreditaba la necesidad de adoptar medidas preventivas inmediatas, toda vez que la inacción podía agravar los riesgos sanitarios y ambientales advertidos; ello en aplicación del principio de precaución, motivo por el cual se accede parcialmente a lo solicitado negando aquellas que excedían las competencias legales de las entidades demandadas o carecían de respaldo normativo, como la instalación de retenes fijos o controles permanentes en vía pública.

2. De los recursos interpuestos en contra del auto que accede parcialmente a la medida cautelar

2.1. Del recurso de reposición y en subsidio apelación de la Policía Nacional2

La Policía Nacional, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra el auto de 6 de junio de 2025, señalando que se excedió el marco de competencias legalmente

La Policía Nacional, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra el auto de 6 de junio de 2025, señalando que se excedió el marco de competencias legalmente atribuidas a la institución de medidas cautelares; pues, en su criterio, la Policía Nacional no puede asumir funciones que la Constitución y la ley asignan a las autoridades ambientales y a los entes territoriales, encargados del control administrativo y sanitario en materia agrícola y pecuaria.

En respaldo de su planteamiento, cita el artículo 218 de la Constitución Política, conforme al cual la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuya finalidad esencial es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la convivencia pacífica de los habitantes del país, sin que su ámbito funcional se extienda al control técnico o ambiental sobre el uso de residuos agroindustriales.

Sostiene que la medida cautelar impugnada le impone a la institución obligaciones ajenas a su naturaleza jurídica y misional, pues la Policía Nacional no tiene injerencia alguna en el transporte, disposición o utilización de la gallinaza y la pollinaza, ni interviene en los procesos de autorización o vigilancia de los establecimientos que emplean dichos materiales como abono para cultivos.

En relación con los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, el apoderado resalta que el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 exige la demostración sumaria del daño o perjuicio que se pretende evitar, así como la ponderación entre el interés púb lico y los derechos en conflicto. A su juicio, ninguno de estos presupuestos se encuentra acreditado

o perjuicio que se pretende evitar, así como la ponderación entre el interés púb lico y los derechos en conflicto. A su juicio, ninguno de estos presupuestos se encuentra acreditado en el presente asunto, toda vez que no obran en el expediente dictámenes periciales, médicos, veterinarios o ambientales que permitan inferir la existencia de afectación alguna al medio ambiente, a la salud pública o a la fauna de la región.

Agrega que la presunta afectación ambiental o sanitaria no ha sido demostrada ni siquiera de manera sumaria, y que no existe prueba cierta que refleje la existencia de enfermedades o daños en la población de los municipios de Piedecuesta o Los Santos.

2 Índice 00092 de SamaiTribunal Administrativo de Santander Exp. 680012333000-2025-00256-00

En consecuencia, estima que no se configura un perjuicio irremediable que justifique la adopción de la medida, en los términos definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 21 de mayo de 2014, Rad. 25001 -23-36-000-201400225-01(AC), C.P. Susana Buitrago Valencia, según la cual dicho perjuicio debe reunir los elementos de certeza, gravedad, urgencia e impostergabilidad.

De otra parte, expone que la gallinaza y la pollinaza son productos orgánicos de alto valor agrícola, utilizados como fertilizantes naturales por su contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes esenciales para las plantas. Explica que, tras su tra tamiento o compostaje, estos residuos se transforman en abonos inocuos y beneficiosos para el suelo,

potasio, nutrientes esenciales para las plantas. Explica que, tras su tra tamiento o compostaje, estos residuos se transforman en abonos inocuos y beneficiosos para el suelo, contribuyendo a mejorar la fertilización y la productividad agrícola. En tal sentido, considera que el actor popular ha estigmatizado injustificadamente el uso de tales materiales, sin respaldo técnico ni científico que lo sustente.

Bajo esas premisas, el recurrente concluye que no existe daño cierto, actual o inminente, ni prueba que permita suponer un riesgo ambiental comprobado, por lo que la medida cautelar se torna improcedente. A su juicio, las afirmaciones de la parte actora se limitan a conjeturas sin sustento probatorio, razón por la cual solicita la revocatoria del auto recurrido, en el entendido de que no se demostró vulneración de derechos colectivos, ni la configuración de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención judicial.

Finalmente, solicita revocar la medida cautelar decretada y abstenerse de impartir órdenes a la Policía Nacional, teniendo en cuenta que la entidad no participa en el uso ni control de los materiales objeto de la acción popular, y que su actuación no se enmarca dentro de las competencias administrativas o ambientales asignadas por la ley.

2.2. Del recurso de reposición y en subsidio apelación de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB3

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra el auto de 18 de septiembre de 2025, mediante el cual se decretaron parcialmente las medidas cautelares soli citadas,

interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra el auto de 18 de septiembre de 2025, mediante el cual se decretaron parcialmente las medidas cautelares soli citadas, en especial la orden de implementar un programa periódico de visitas técnicas en la Mesa de Los Santos junto con la CAS, a fin de verificar el manejo de la gallinaza y la pollinaza e imponer medidas preventivas, correctivas o sancionatorias.

La recurrente manifestó respeto por la decisión, pero consideró necesario precisar, armonizar y delimitar los alcances de la medida para garantizar su legalidad y proporcionalidad, señalando que la providencia no definió con claridad el área de influencia ni los límites territoriales, materiales o temporales de la orden, lo cual genera incertidumbre sobre su ejecución. Adujo que, a diferencia de las demás entidades a las que se fijaron términos de 30 o 45 días, a la CDMB se le impuso una obligación de cumplimiento indefinido y con informes trimestrales, contrariando los principios de temporalidad, proporcionalidad y razonabilidad que rigen las medidas cautelares.

En consecuencia, solicitó modificar el auto recurrido para delimitar el ámbito espacial y material de las visitas técnicas y establecer un plazo concreto de ejecución, y

3 Índice 00096 de SamaiTribunal Administrativo de Santander Exp. 680012333000-2025-00256-00

subsidiariamente, en caso de no prosperar la reposición, que el superior funcional revoque o modifique la providencia en los términos expuesto.

II. Consideraciones En el caso bajo estudio, se advierte que tanto la Corporación Autónoma Regional para la

subsidiariamente, en caso de no prosperar la reposición, que el superior funcional revoque o modifique la providencia en los términos expuesto.

II. Consideraciones En el caso bajo estudio, se advierte que tanto la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB como la Policía Nacional interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, apelación, contra el auto del 18 de septiembre de 2025, mediante el cual este Despacho accedió parcialmente a la medida cautelar solicitada por la parte actora.

En consecuencia, corresponde analizar la procedencia de los recursos interpuestos: La Ley 472 de 1998, en sus artículos 36 y 37, regula expresamente los medios de impugnación dentro del trámite de la acción popular, en los siguientes términos: «Articulo 36. Recurso de reposición. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil. Artículo 37. Recurso de apelación . El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radic ación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente (…)» Y tratándose del recurso de apelación, l a Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado estableció que, de acuerdo con la norma especial que rige las acciones populares esto es la Ley 472 de 1998, las únicas decisiones apelables en este tipo de acciones son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera

Consejo de Estado estableció que, de acuerdo con la norma especial que rige las acciones populares esto es la Ley 472 de 1998, las únicas decisiones apelables en este tipo de acciones son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia, reiterando el auto de unificación del 26 de junio de 2019 dentro del cual se señaló lo siguiente4: «Conforme con lo expuesto, en atención a la celeridad que debe caracterizar las acciones populares es claro que el recurso procedente contra las decisiones dictadas en el curso de este tipo de acciones es únicamente el de reposición, salvo lo dispuesto expresamente en los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998 respecto de las providencias a través de las cuales se dicta una medida cautelar y se profiere sentencia de primera instancia, decisiones estas que son apelables; sin que con dicha limitación se afecte en manera alguna el debido proceso o el derecho a la doble instancia conforme el análisis efectuado frente al punto por la Corte Constitucional.

Entonces es esta la oportunidad para que la Sala Plena de esta Corporación reafirme la regla en comento según la cual, se insiste, las únicas decisiones apelables en acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia, por lo que todas las demás decisiones que se adopten en el trámite de estos procesos son únicamente pasibles del recurso de reposición.» (Negrilla y subraya fuera del texto)

4 Consejo de Estado - Sección Primera, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Auto de 19 de diciembre de 2019, número: 25000-23-41-000-2017-02042-01(AP).Tribunal Administrativo de Santander

4 Consejo de Estado - Sección Primera, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Auto de 19 de diciembre de 2019, número: 25000-23-41-000-2017-02042-01(AP).Tribunal Administrativo de Santander Exp. 680012333000-2025-00256-00

Tesis que además se ha replicado en los autos de fecha 19 de diciembre de 2019 5, 10 de febrero de 20216, 28 de junio de 20247 en los que, se ha insistido que las únicas decisiones apelables en los procesos de acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia, es decir que, contra los demás autos dictados durante el trámite de las acciones populares únicamente procede el recurso de reposición, pues, se trata de una norma que ostenta un carácter especial.

Ahora bien, en cuanto al término para la interposición de recursos, la Ley 472 realiza una remisión expresa Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), cuerpo normativo que en sus artículos 318 y 322 establece que, cuando el auto se profiera por fuera de audiencia, el recurso, ya sea de reposición o de apelación, deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia.

En aplicación de lo anterior, se observa que el recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por la CDMB fue presentado por fuera del término legal . En efecto, según consta en el acuse de recibo publicado en el sistema SAMAI8, la notificación del auto del 18 de septiembre de 2025 se efectuó el 22 de septiembre del mismo año. Por tanto, el término

consta en el acuse de recibo publicado en el sistema SAMAI8, la notificación del auto del 18 de septiembre de 2025 se efectuó el 22 de septiembre del mismo año. Por tanto, el término de tres (3) días para interponer los recursos transcurrió entre el 23 y 25 de septiembre de 2025, inclusive. No obstante, la entidad radicó su escrito de impugnación el día 8 de octubre de 20259, es decir de manera extemporánea.

Conforme a lo anterior, se dispondrá rechazar por extemporáneos los recursos de reposición y en subsidio apelación interpuestos por la CDMB.

Por su parte, respecto de la Policía Nacional, debe considerarse que esta fue vinculada por primera vez al proceso mediante el auto de 18 de septiembre de 202510, motivo por el cual el término para recurrir dicha decisión solo puede iniciarse una vez surtida la notificación personal de la demanda, en garantía del derecho fundamental al debido proceso. Verificado el expediente, se advierte que la notificación perso nal se efectuó el 26 de septiembre de 202511, y que la entidad interpuso su recurso el 6 de octubre de 2025 12, actuación que se encuentra dentro del término legal, razón por la cual el recurso de la Policía Nacional se tendrá por oportuno y procedente.

Sostiene en primera medida que la entidad no es competente para cumplir con el numeral cuarto del auto recurrido, referente a adelantar operativos aleatorios de inspección y control en vías y predios agrícolas de su jurisdicción dirigidos a verificar el transporte, disposición y uso de gallinaza y pollinaza, e imponer las medidas sanitarias o de policía que correspondan, toda vez que no está dentro de sus funciones. Al respecto, cabe decir qu e

y uso de gallinaza y pollinaza, e imponer las medidas sanitarias o de policía que correspondan, toda vez que no está dentro de sus funciones. Al respecto, cabe decir qu e de acuerdo con el artículo 218 de la Constitución, la Policía es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Su finalidad primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Así mismo,

5 Consejo de Estado - Sección Primera, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Auto de 19 de diciembre de 2019, número: 25000-23-41-000-2017-02042-01(AP). 6 Consejo de Estado - Sección Primera, consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Auto de 10 de febrero de 2021, número: 08001-23-33-000-2019-00646-01(AP). 7 Consejo de Estado Sección Tercera Subsección B. CP Martín Bermúdez Muñoz Rad. 25000-23-41-000-202300941-01 (70474) auto. 8 Índice 00082 SAMAI 9 Índice 00096 Samai 10 Índice 00075 Samai 11 Índice 00087 y 00088 de Samai 12 Índice 0092 de SamaiTribunal Administrativo de Santander Exp. 680012333000-2025-00256-00

la disposición superior prescribe que su papel es asegurar que los habitantes del territorio nacional convivan en paz.

El derecho de policía se encuentra constitucionalmente vinculado a la protección de los derechos de los ciudadanos, al aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de

nacional convivan en paz.

El derecho de policía se encuentra constitucionalmente vinculado a la protección de los derechos de los ciudadanos, al aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo 13. La Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, acoge como categorías jurídicas de convivencia a la seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública, dentro de las cuales se resaltan las siguientes:

«3. Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente.

4. Salud Pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida.»14

A su vez en el artículo 10 ibidem numeral 8 y 12 se establece como deber de las autoridades de Policía colaborar con las autoridades judiciales para la debida prestación del servicio de justicia y respetar el medio ambiente y velar por su cuidado, así como proteger todas las formas de vida.

Del mismo modo, la H. Corte Constitucional ha considerado que «la preservación del orden público representa el fundamento y el límite de las competencias de Policía Nacional. Este, entendido como las condiciones de seguridad, tranquilidad y sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos fundamentales, en el marco de la dignidad humana» 15. En ese sentido, tambien se observa que la Alta Corte en el desarrollo jurisprudencial de las actividades preventivas de la Policía ha manifestado que «entre las medidas que pueden ser aplicadas en desarrollo de la actividad de policía está

de la dignidad humana» 15. En ese sentido, tambien se observa que la Alta Corte en el desarrollo jurisprudencial de las actividades preventivas de la Policía ha manifestado que «entre las medidas que pueden ser aplicadas en desarrollo de la actividad de policía está el registro de personas y de vehículos. Se trata de procedimientos de rutina autorizados por la ley y los reglamentos, que son ejecutados por la Policía Nacional con el fin de preservar el orden público, como quiera que en ellos están comprometidas la tranquilidad y la seguridad ciudadanas.»16

Lo anterior implica que, si bien la Policía Nacional no tiene competencia sancionatoria en materia ambiental, atribuidas a las autoridades ambientales, sanitarias o a dministrativas correspondientes, sí ostenta funciones preventivas y de apoyo operativo orientadas a preservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas, las cuales hacen parte del concepto amplio de orden público.

Por tanto, cuando en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control la autoridad policial actúa en coordinación con las entidades competentes, no invade esferas ajenas, sino que coadyuva a la efectividad de las medidas administrativas o ambientales ado ptadas para proteger derechos colectivos como el goce de un ambiente sano y la salubridad pública.

En el caso concreto, la orden contenida en el numeral cuarto del auto recurrido no impone a la Policía Nacional una función autónoma de control ambiental, sino que le asigna un rol de acompañamiento y cooperación con los municipios de Piedecuesta y Los San tos, a

13 Artículo 2 de la Constitución Política 14 Artículo 6 de la Ley 1801 de 2016 15 Corte Constitucional Sentencia C-134/21 16 Corte Constitucional sentencia C-789/06Tribunal Administrativo de Santander

13 Artículo 2 de la Constitución Política 14 Artículo 6 de la Ley 1801 de 2016 15 Corte Constitucional Sentencia C-134/21 16 Corte Constitucional sentencia C-789/06Tribunal Administrativo de Santander Exp. 680012333000-2025-00256-00

través de sus secretarías competentes, para la ejecución de operativos aleatorios de inspección y control sobre el transporte, disposición y uso de gallinaza y pollinaza.

Así entendida, la medida se ajusta al marco constitucional y legal de las competencias policiales, pues busca fortalecer la articulación institucional frente a una problemática que compromete la seguridad, la convivencia y la salubridad de la comunidad, sin atribuirle a la entidad responsabilidades técnicas que no le corresponden. En consecuencia, no prospera el argumento de falta de competencia invocado por la Policía Nacional, por cuanto la orden impugnada se enmarca dentro de las funciones preventivas y de colaboración propias del servicio de policía, sin exceder sus atribuciones legales.

Por otra parte, respecto de l argumento planteado sobre la ausencia probatoria que demuestre una afectación real y un perjuicio irremediable, se debe reiterar que dentro del expediente se cuenta con elementos probatorios suficientes, que evidencian la existencia de una problemática ambiental y sanitaria derivada del manejo inadecuado de la gallinaza y la pollinaza en la Mesa de Los Santos y su zona de influencia. En efecto, reposan múltiples documentos allegados con la demanda y sus anexos, entre ellos comunicaciones oficiales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Secretaría de Salud de Piedecuesta, actas

documentos allegados con la demanda y sus anexos, entre ellos comunicaciones oficiales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Secretaría de Salud de Piedecuesta, actas de mesas interinstitucionales con participación de la Procuraduría Agraria, la CAS y la CDMB, así como reportes de prensa y un concepto técnico de la Sociedad Colombiana de Entomología (SOCOLEN), que permiten advertir una situación persistente de olores ofensivos, proliferación de moscas y riesgos potenciales para la salud pública y el ambiente.

Además, conforme al principio de precaución, reconocido en la jurisprudencia constitucional y en la Ley 99 de 1993, la ausencia de certeza científica plena no puede invocarse como razón para abstenerse de actuar frente a riesgos graves o irreversibles para la salud humana o el ambiente. Así, ante los indicios consistentes y las advertencias formuladas por distintas autoridades, resultaría más gravoso para el interés público negar la medida que concederla, pues ello implicaría mantener una situación de riesg o mientras se profiere sentencia definitiva.

En ese orden de ideas, se considera que no hay lugar a reponer la decisión recurrida, por cuanto los argumentos expuestos por la Policía Nacional no desvirtúan la validez jurídica ni la necesidad de las medidas adoptadas, pues se advierte que la providencia impugnada se fundó en una valoración razonada de los elementos probatorios obrantes en el expediente, así como en la aplicación del principio de precaución y en el ejercicio de las facultades conferidas al juez de acción popular para proteger los derechos colectivos.

Por las anteriores razones se resolverá, no reponer el auto recurrido y en consecuencia

así como en la aplicación del principio de precaución y en el ejercicio de las facultades conferidas al juez de acción popular para proteger los derechos colectivos.

Por las anteriores razones se resolverá, no reponer el auto recurrido y en consecuencia conceder la apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 472 de 1998 interpuesta por la Policía Nacional contra de la providencia de fecha 18 de septiembre de 2025.

En virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Santander,

Resuelve

Primero. Recházase por extemporáneo , el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, en contra del auto del 18 de septiembre de 2025 , mediante elTribunal Administrativo de Santander Exp. 680012333000-2025-00256-00

cual se accedió parcialmente a medida cautelar, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. N o reponer el auto del 18 de septiembre de 2025, de conformidad