TA SAN - Auto 680012333000-2025-00292-00 (20-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

AUTO NIEGA MEDIDA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

El proceso de la referencia se encuentra al Despacho para resolver sobre la solicitud de suspensión provisional del acto acusado y, por ende, se procederá a su resolución en los términos que se exponen a continuación:

1. Antecedentes

1. El 11 de agosto de 2025, se admitió la demanda de la referencia 1 y se corrió traslado de la solicitud de medida de suspensión provisional del acto administrativo acusado.2

1. El 27 de agosto de 2025, el departamento de Santander allegó pronunciamiento respecto de la medida cautelar de suspensión provisional y, al respecto precisó sobre su improcedencia al no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA.3

1 Expediente digital, actuación 6 índice SAMAI 2 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI 3 Expediente digital, actuación 18 índice SAMAI

MEDIO DE CONTROL Nulidad RADICADO 680012333000-2025-00292-00

DEMANDANTE Alcibíades Blanco Téllez en nombre propio y en representación de la compañía Empresa Licorera de Santander S.A.S. BIC

MEDIO DE CONTROL Nulidad RADICADO 680012333000-2025-00292-00

DEMANDANTE Alcibíades Blanco Téllez en nombre propio y en representación de la compañía Empresa Licorera de Santander S.A.S. BIC gerencia@els-sas.com

DEMANDADO: Departamento de Santander

notificaciones@santander.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Auto niega la suspensión provisional del Derecho 823 de 2024, en la medida que no surte efectos jurídicos, lo cual hace que la medida cautelar no tenga objeto.Simple Nulidad Auto niega medida de suspensión provisional Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

2

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

2. Consideraciones

2.1. De la solicitud de la medida de suspensión provisional del acto administrativo demandado4

El demandante solicitó la suspensión provisional del Decreto 823 de 2024, expedido por el departamento de Santander, mediante el cual se «adoptó la protección especial del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 y se suspendió la expedición de permisos para la introducción de aguardiente nacional o extranjero en el departamento». A su juicio, la solicitud resulta procedente al cumplirse los requisitos previstos en los artículos 229, 231 y 234 del CPACA, toda vez que el acto perdió fuerza ejecutoria como consecue ncia de la declaratoria de

en el departamento». A su juicio, la solicitud resulta procedente al cumplirse los requisitos previstos en los artículos 229, 231 y 234 del CPACA, toda vez que el acto perdió fuerza ejecutoria como consecue ncia de la declaratoria de inexequibilidad de la norma que lo sustentaba, conforme a lo establecido en la Sentencia C-032 de 2025 de la Corte Constitucional.

Aunado a lo anterior, refirió que la demanda cumple con los requisitos legales exigidos para decr etar la medida, entre ellos la fundamentación razonable en derecho, la acreditación sumaria de la titularidad del derecho invocado y la existencia de un posible perjuicio irremediable.

2.2. Del pronunciamiento por parte del departamento de Santander respecto de la suspensión provisional del Decreto 823 de 20245

La apoderada del departamento de Santander, mediante escrito allegado el 27 de agosto de 2025 refirió la improcedencia de la medida de suspensión provisional solicitada por el demandante, con fundamento en los siguientes argumentos:

1. La solicitud de medida cautelar no cumple con los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA. En particular, el demandante no demostró que negar la medida resultaría más gravoso para el interés general ni que su omisión causaría un perjuicio irremediable.

1. En el caso concreto, si bien la solicitud de medida cautelar se fundamentó en la declaratoria de inexequibilidad del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 la que ocurrió mediante la Sent encia C -032 de 2025, no presentó un análisis de ponderación de intereses ni justificó cómo la medida solicitada protegía el interés

la declaratoria de inexequibilidad del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 la que ocurrió mediante la Sent encia C -032 de 2025, no presentó un análisis de ponderación de intereses ni justificó cómo la medida solicitada protegía el interés público y no solo uno particular. Tampoco probó la inminencia, gravedad o urgencia de un daño que hiciera indispensable la a dopción inmediata de la medida.

1. La demanda de la referencia fue presentada cuatro meses después de publicada la sentencia de la Corte Constitucional, lo cual evidencia la ausencia de un perjuicio grave e inmediato. Por último, el demandante no explicó la razón por la cual el hecho de no decretar la medida cautelar haría ineficaces los efectos de una eventual sent encia favorable, dado que el medio de control de simple

4 Expediente digital, actuación 3 índice SAMAI, archivo 02 5 Expediente digital, actuación 18 índice SAMAISimple Nulidad Auto niega medida de suspensión provisional Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

3

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander nulidad permite, por sí solo, restablecer el ordenamiento jurídico con la sola declaratoria de nulidad.

2.3. Sobre la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto acusado y su pr ocedencia en los casos en que ha operado el decaimiento del acto administrativo

Con fundamento en el artículo 230 del CPACA, el juez de lo contenciosoacto acusado y su pr ocedencia en los casos en que ha operado el decaimiento del acto administrativo

Con fundamento en el artículo 230 del CPACA, el juez de lo contenciosoadministrativo dispone de una serie de medidas cautelares, cuya finalidad consiste en garantizar la efec tividad de la sentencia y la protección provisional de los derechos o intereses en disputa, dentro de las cuales, el numeral 3 de la citada norma contempla la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo, siempre que se c umplan con los requisitos establecidos en la ley.

Esta figura, prevista igualmente en el artículo 238 de la Constitución Política, tiene una naturaleza instrumental, temporal y accesoria. Su objetivo consiste en impedir que actos presuntamente contrarios al ordenamiento jurídico mantengan sus efectos durante la sustanciación del proceso, con lo cual se busca preservar el principio de legalidad y evitar un daño mayor o irreparable al interés general.

En este contexto, los artículos 229 a 234 del CPACA desarrollan el marco legal aplicable, al establecer que la procedencia de la suspensión provisional exige una confrontación entre el acto acusado y las disposiciones normativas que se consideran vulneradas. Este análisis de legalidad d ebe realizarse de forma preliminar, sin que implique prejuzgar sobre el fondo del asunto, pues su finalidad es estrictamente cautelar y no decisoria.

Cabe señalar que el legislador ha previsto esta herramienta como una manifestación concreta del principio de tutela judicial efectiva, especialmente en aquellos casos donde la ejecución del acto acusado podría producir efectos contrarios a la Constitución Política o la ley antes de que el juez adopte una decisión definitiva.

manifestación concreta del principio de tutela judicial efectiva, especialmente en aquellos casos donde la ejecución del acto acusado podría producir efectos contrarios a la Constitución Política o la ley antes de que el juez adopte una decisión definitiva.

En conclusión, la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo constituye un instrumento legítimo y necesario dentro del proceso , orientado a proteger el orden jurídico y a prevenir consecuencias gravosas derivadas de la ejecución de actos cuya legalidad se encuentra cu estionada ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo.

En relación con la forma en que el juez debe llevar a cabo ese análisis inicial, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:6

«[…] la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de es ta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (expediente número 2014 -03799), explicó que del inciso primero del artículo 231 ibidem se desprende que para el estudio de la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional se requiere una valoración inicial del acto acusado con las normas superiores invocadas. En ese sentido, precisó que, si bien dicha valoración inicial permite abordar la

6 Sección primera, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, radicado: 05001 23 33 000 2023 00270 01, providencia del 28 de agosto de 2025Simple Nulidad Auto niega medida de suspensión provisional Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

4

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

4

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, se trata de un examen sumario, propio de una i nstancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud el derecho de defensa.7»

De otra parte, en cuanto a la finalidad de la medida cautelar de suspensión provisional, en la misma providencia el Alto Tribunal de lo contencioso – administrativo, señaló: 8

«[…] Ahora bien, debe recordarse que es presupuesto básico de la medida cautelar de suspensión provisional que el acto administrativo contra el cual se dirige esté produciendo efectos jurídicos. Por ello, al analizar la procedencia de la solicitud le corresponde al juez verificar que el acto demandado éste produciendo efectos dentro del ordenamiento jurídico, toda vez que, si se decreta la medida, la finalidad de esta se concreta en evitar transitoriamente que dichos efectos se sigan generando, lo que evidentemente no ocurriría si el acto perdió vigencia o no puede ser ejecutado. En tal escenario, la suspensión provisional se tornaría improcedente por carencia de objeto […]»

2.4. Análisis del caso concreto

En el sub examine, el demandante solicitó la suspensión provisional del Decreto 823 de 2024, expedido por el departamento de Santander, el cual adoptó la protección especial prevista en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 y, en consecuencia, suspendió la expedición de permiso s para la introducción de

823 de 2024, expedido por el departamento de Santander, el cual adoptó la protección especial prevista en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 y, en consecuencia, suspendió la expedición de permiso s para la introducción de aguardiente nacional o extranjero en el referido departamento.

Precisado lo anterior, el Despacho recuerda que, la solicitud de medida cautelar se fundamentó en la alegación de que el acto administrativo demandado había perdido su validez, debido a la declaratoria de inexequibilidad de los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, realizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-032 de 2025.

Se pone de relieve que, la medida cautelar de suspensión provisional, prevista en el artículo 230 del CPACA, se concibe como una herramienta excepci onal destinada a evitar que los efectos de un acto administrativo produzcan perjuicios mientras se resuelve su legalidad en el fondo. Esta medida tiene un carácter temporal, accesoria y preventivo, y se debe aplicar con el objetivo de proteger los intereses generales del ordenamiento jurídico y el Estado Social de Derecho. No obstante, conforme el marco jurisprudencia citado en esta providencia, la procedencia de la suspensión provisional depende de que el acto administrativo demandado se encuentre producie ndo efectos jurídicos que ameriten su paralización.

Corolario de lo expuesto, para la procedencia de la suspensión provisional de un acto administrativo, se requiere que éste produzca efectos jurídicos dentro del ordenamiento, toda vez que, si el acto ha perdido vigencia o no se encuentra en ejecución, la medida cautelar se vuelve improcedente, toda vez que carecería

acto administrativo, se requiere que éste produzca efectos jurídicos dentro del ordenamiento, toda vez que, si el acto ha perdido vigencia o no se encuentra en ejecución, la medida cautelar se vuelve improcedente, toda vez que carecería de objeto. En otras palabras, la suspensión provisional no puede aplicarse

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00 8 Sección primera, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, radicado: 05001 23 33 000 2023 00270 01, providencia del 28 de agosto de 2025Simple Nulidad Auto niega medida de suspensión provisional Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

5

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander cuando el acto ya no tiene capacidad de generar efectos jurídicos debido a la pérdida de sus fundamentos.

Bajo ese hilo conductor, en e l caso concreto se advierte que el Decreto 823 de 2024 se fundamento en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, el cual otorgaba a los departamentos la facultad para suspender la expedición de permisos de introducción de aguardiente, con el fin de proteger la producción local frente a una posible amenaza de daño grave derivada de un incremento súbito de la oferta de aguardiente proveniente de fuera de su territorio. Sin embargo, la Corte

introducción de aguardiente, con el fin de proteger la producción local frente a una posible amenaza de daño grave derivada de un incremento súbito de la oferta de aguardiente proveniente de fuera de su territorio. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-032 de 2025, declaró la inexequibilidad de los incisos primero y segundo del mentado artículo.

Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que la medida atentaba contra los principios constitucionales de libre competencia y libertad de elección de los consumidores, y que, además , no cumplía con el criterio de idoneidad, dado que no contribuía al aumento de las rentas del monopolio de licores, cuyo recaudo no depende del origen del licor consumido. Igualmente, concluyó que dicha facultad excedía de manera desproporcionada el ámbit o de protección reconocido a los monopolios rentísticos, lo cual es contrario al artículo 336 de la Constitución Política.

En ese contexto, el Despacho avizora que con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de los incisos mencionados, se configura la pérdida de ejecutoriedad del Decreto 823 de 2024, dado que el fundamento legal que dio origen a dicho acto administrativo fue declarado inconstitucional.

En este sentido, el numeral 2 del artículo 91 del CPACA establece que los actos administrativos p erderán su obligatoriedad cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. De acuerdo con esta disposición, la inexequibilidad de la norma que sustentaba el Decreto 823 de 2024 implica que dicho acto ya no puede ser ejecutado, pues sus fundamento s jurídicos han quedado desvirtuados por la decisión de la Corte Constitucional.

inexequibilidad de la norma que sustentaba el Decreto 823 de 2024 implica que dicho acto ya no puede ser ejecutado, pues sus fundamento s jurídicos han quedado desvirtuados por la decisión de la Corte Constitucional.

En consecuencia, dado que el Decreto 823 de 2024 ha perdido su validez y ejecutoriedad, no produce efectos jurídicos que puedan ser suspendidos mediante una medida cautelar. En esa medida, bajo el supuesto que, el objeto de la suspensión provisional es evitar que un acto administrativ o produzca efectos cuando este es contrario a la ley o a la Constitución Política ; en el sub lite dado que el acto ha sido despojado de su base legal, su ejecución resulta imposible.

En ese sentido, de acuerdo con la jurisprudencia y la normativa aplicable, cuando un acto administrativo pierde su vigencia por la declaratoria de inexequibilidad de su fundamento, la solicitud de suspensión provisional carece de objeto, pues no existe ningún efecto jurídico que pueda ser suspendido y, por ende, se negará la solicitud deprecada por la parte demandante en cuanto resulta improcedente.

En relación con este punto, el Consejo de Estado, en reciente pronunciamiento, abordó un caso en el que se examinó el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la solicitud de suspensión provisional de un acto administrativoSimple Nulidad Auto niega medida de suspensión provisional Demandante: Alcibíades Blanco Téllez Demandado: departamento de Santander Radicado: 680012333000-2025-00292-00

6

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Radicado: 680012333000-2025-00292-00

6

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander fundamentado en el mencionado artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 , el cual guarda estrecha relación con el presente caso, en el que concluyó lo siguiente: 9

«Así las cosas, la Sala advierte que la declaratoria de inexequibilidad de los incisos primero y segundo del artículo 28 la Ley 1816 de 2016 implica que el contenido normativo que se solicitó suspender perdió fuerza ejecutoria y, por ende, que no tiene utilidad práctica estudiar su suspensión provisional.»

En esos términos, se rechazará la solicitud de suspensión provisional del acto acusado, ya que este ha dejado de generar efectos jurídicos, lo que torna innecesaria la medida cautelar. Sin embargo, el De spacho señala que esta improcedencia no impide que, en la etapa procesal correspondiente, se emita un pronunciamiento sobre la legalidad del mencionado acto administrativo , a la luz de los efectos de sus disposiciones mientras estuvo vigente.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander,

RESUELVE

Primero. Negar la solicitud de suspensión provisional del Decreto 823 de 2024, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

[Firma electrónica SAMAI]

MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Magistrada

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

[Firma electrónica SAMAI]

MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Magistrada

9 Sección primera, consejero ponente: Oswaldo Giraldo López, radicado: 05001 23 33 000 2023 00270 01, providencia del 28 de agosto de 2025