TA SAN - Auto 6800133330022024-00128-01 (13-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

AUTO QUE REVOCA EL QUE DECLARÓ LA TERMINACIÓN DEL PROCESO POR INEPTA DEMANDA Bucaramanga, trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE CARMEN ALICIA TORRES DE CORREA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.238.789 edigid@hotmail.com ramiromerchanmerchan@hotmail.com

DEMANDADA

UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co rballesteros@ugpp.com.co

TERCEROS

EXCLUYENTES

1. FLOR HERMINDA SEPÚLVEDA BONILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.395.311

herreraabogados1@hotmail.com

2. CARLOS ALBERTO CORREA SEPÚLVEDA, menor de edad, representado por el curador ad litem JOSÉ GIOVANNY CALDERÓN DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.235.949 y con tarjeta profesional No. 386.434 del C.S.J.

priterkesh@outlook.com

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRIS MARÍA MORA ALVARADO

cédula de ciudadanía No. 88.235.949 y con tarjeta profesional No. 386.434 del C.S.J. priterkesh@outlook.com

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRIS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE 680013333002 2024-00128-01

TEMA Procedencia excepcional del control judicial sin agotamiento de la actuación administrativa, en atención a la especial condición de vulnerabilidad de la demandante, adulta mayor con graves afecciones de salud, lo que justifica flexibilizar el requisito de procedibilidad para garantizar su acceso efectivo a la justicia. Corresponde a esta Sala resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante, contra el auto proferido el 28 de noviembre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, por medio del cual declaró la terminación del proceso.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

La señora Carmen Alicia Torres de Correa afirma que estuvo casada con el señor Gustavo Correa desde el 12 de julio de 1972 hasta su deceso, ocurrido el 12 de junio de 2021. Señala que, con ocasión de su muerte, solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge, pero dicha entidad negó la solicitud mediante Resolución RDP-028580 del 25 de octubre de 2021, en la cual asignó el 50 % de la mesada al menor Carlos Alberto Correa

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge, pero dicha entidad negó la solicitud mediante Resolución RDP-028580 del 25 de octubre de 2021, en la cual asignó el 50 % de la mesada al menor Carlos Alberto Correa Sepúlveda, hijo del causante con la señora Flor Herminda Sepúlveda Bonilla. Indica que esta decis ión vulneró su derecho al mínimo vital, en tanto no cuenta con ingresos propios, presenta múltiples enfermedades y depende económicamente de dicha prestación para subsistir. Solicita, por lo anterior, el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente o, en subsidio, la continuidad del pago de la cuota alimentaria que se encontraba recibiendo.

1 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00010. Documento 10_MemorialWeb_Otro-DOC1807241807202415(.pdf)RADICADO: 680013333-002-2024-00128-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: CARMEN ALICIA TORRES DE CORREA DEMANDADA: UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP

INTERVINIENTES: FLOR HERMINDA SEPÚLVEDA BONILLA

CARLOS ALBERTO CORREA SEPÚLVEDA

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B. Contestación2

La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

B. Contestación2

La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) se opone a las pretensiones de la demanda y plantea, entre sus excepciones, la ineptitud sustancial por falta de agotamiento de la actuación administrativa, en tant o la parte actora no interpuso los recursos de reposición ni apelación contra la Resolución RDP 028580 del 25 de octubre de 2021, lo que, a su juicio, le impide acudir válidamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Indica que dicha omisión contraviene lo previsto en los artículos 74 y 161 del CPACA, que consagran como requisito de procedibilidad el ejercicio y resolución de los recursos administrativos frente a actos particulares. Agrega que las declaraciones contradictorias sobre la convivencia con el causante impidieron establecer con claridad el cumplimiento de los requisitos legales, configurándose así una controversia entre presuntas beneficiarias. Considera que, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1204 de 2008, dicha situación debe ser resuelta por la jurisdicción competente, dado que la administración carece de facultad para dirimir disputas entre cónyuge supérstite y compañera permanente respecto del derecho a la pensión de sobrevivientes.

C. El auto apelado3

Mediante auto del 28 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga declara probada la excepción de ineptitud de la demanda y ordena la terminación del proceso, al constatar que ni la demandante Carmen Alicia Torres

Mediante auto del 28 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga declara probada la excepción de ineptitud de la demanda y ordena la terminación del proceso, al constatar que ni la demandante Carmen Alicia Torres De Correa ni la interviniente excluyente Flor Herminda Sepúlveda Bonilla acreditaron el agotamiento de los recursos en sede administrativa contra la Resolución RDP-028580 del 25 de octubre de 2021. Señala que no se cumplió con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161, numeral 2, de la Ley 1437 de 2011, lo que impidió a la administración reexaminar los fundamentos del acto acusado.

D. La apelación4

La señora Carmen Alicia Torres interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del 28 de noviembre de 2024. De una parte, precisa que la solicitud de sustitución pensional fue presentada ante la UGPP el 9 de agosto de 2021, y resuelta el 28 de octubre del mismo año ; por tanto, al interponer la demanda el 30 de junio de 2022, solo habían transcurrido diez meses y dos días desde la ejecutoria del acto, por lo que no se había configurado la caducidad del medio de control de reparación directa. De otra parte, repara en que las peticiones dirigidas a la UGPP constituían prueba suficiente del agotamiento de la actuación administrativa, y considera improcedente e impertinente exigir una solicitud de conciliación prejudicial o convocatoria ante centro de conciliación. Afirma insistentemente que la controversia debía ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral, no por la de lo contencioso administrativo. Indica, además, que la

centro de conciliación. Afirma insistentemente que la controversia debía ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral, no por la de lo contencioso administrativo. Indica, además, que la demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, el cual notificó a la UGPP, que respondió oportunamente. Refiere que fue la propia entidad quien, en la resolución que negó el reconocimiento pensional, señaló que existía una controversia entre cónyuge y presunta compañera permanente y que, por tanto, el asunto debía someterse al juez laboral. Cuestiona que el Juzgado Séptimo Laboral hubiera remitido el expediente a la jurisdicción administrativa, actuación que califica como un error. Manifiesta que, en su experiencia profesional, este tipo de demandas por sustitución pensional corresponde a los juzgados laborales y que nunca había tramitado una ante la

2 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00030. Documento: 44_MemorialWeb_CONTESTACIONDEDEMANDARAD.680013333002202400128-CARMENALICIATORRESDECORREA-FLORHERMINDASEPULVEDABONILLA(.pdf 3 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00027. Documento : 54_Autoterminapr_2024128RESUELVEEXCEP_0_20241128125854236 4 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00030. Documento 55_MemorialWeb_Recurso-DOC0212240212202411(.pdf)RADICADO: 680013333-002-2024-00128-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: CARMEN ALICIA TORRES DE CORREA DEMANDADA: UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP

INTERVINIENTES: FLOR HERMINDA SEPÚLVEDA BONILLA

CARLOS ALBERTO CORREA SEPÚLVEDA

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jurisdicción contencioso-administrativa, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Critica que el trámite hubiera avanzado en sede laboral, incluso con la admisión de la demanda y la notificación a la UGPP, sin que se hubiera planteado desde un inicio la falta de jurisdicción. A su juicio, el juez laboral debió declararse impedido o rechazar la demanda desde el comienzo, en lugar de admitirla y luego remitirla. Califica como irrazonable que el juez administrativo rechazara la demanda por no haberse cumplido los requisitos de procedibilidad ni respetado el término de caducidad. Finalmente, señala que la decisión que ordenó la terminación del proceso constituye una vía de hecho que vulnera los derechos fundamentales de su representada al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia. Con base en lo anterior, s olicita que se revoque el auto apelado, se declare infundada la excepción de ineptitud de la demanda y se disponga la continuación del trámite judicial, sin exigir nuevas actuaciones ante la UGPP ni convocatoria a audiencia de conciliación.

infundada la excepción de ineptitud de la demanda y se disponga la continuación del trámite judicial, sin exigir nuevas actuaciones ante la UGPP ni convocatoria a audiencia de conciliación.

E. Intervenciones en segunda instancia Mediante escritos radicados el 9 de diciembre de 2024 5, el 14 de mayo6 y el 28 de mayo del año en curso7, el apoderado de la demandante reitera que el proceso se inició ante la jurisdicción laboral por disposición de la UGPP al negar la sustitución pensional, y sostiene que exigir nuevamente el agotamiento de la actuación administrativa resultaba improcedente, pues ya se habían formulado las reclamaciones necesarias.

Solicita dar prelación al trámite del recurso de apelación debido al grave estado de salud de su representada. En respaldo de su petición, aporta soportes médicos que acreditan múltiples patologías y anexa la historia clínica actualizada. Refiere que la señora Carmen Alicia se encuentra hospitalizada en condición crítica, y que el reconocimiento pensional constituye su único sustento.

II. CONSIDERACIONES

A. Jurisdicción y competencia en asuntos pensionales de servidores públicos Por regla general, l a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas en actos administrativos expedidos por entidades públicas, conforme al artículo 104, numeral 4, del CPACA8, disposición que incluye expresamente los procesos promovidos contra decisiones de dichas entidades en las que se discutan asuntos relacionados con la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, así como con su seguridad social, cuando el régimen correspondiente esté administrado por una persona de

entidades en las que se discutan asuntos relacionados con la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, así como con su seguridad social, cuando el régimen correspondiente esté administrado por una persona de derecho público, como lo es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP. Atendiendo la regla anterior, para determinar la jurisdicción competente en un asunto prestacional debe analizarse el tipo de vinculación laboral que tuvo el causante con la entidad empleadora. Si se acredita que tenía la calidad de servidor público vinculado mediante una relación legal y reglamentaria, la decisión sobre la pensión de sobrevivientes constituye un acto administrativo, cuyo control de legalidad lo debe conocer esta jurisdicción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

5 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00035. Documento 59_MemorialWeb_Recurso-DOC1012241012202415(.pdf) 6 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00037. Documento 61_MemorialWeb_Otro-DOC1405251405202515(.pdf) 7 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00038. Documento 6_Recepciondeme_DOC28052528052025121_0_20250528144411085(.pdf) 8 Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo: La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,

omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los parti culares cuando ejerzan función administrativa.

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…)RADICADO: 680013333-002-2024-00128-01

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INTERVINIENTES: FLOR HERMINDA SEPÚLVEDA BONILLA

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En estos casos, no se trata de una controversia propia del ámbito laboral ordinario, en la que suele discutirse el cumplimiento de obligaciones contractuales, como la afiliación o el pago de aportes por parte de un empleador privado, o prestaciones derivadas de la seguridad social de los trabajadores del sector privado o sus beneficiarios, sino del control de legalidad de un acto administrativo que reconoce o niega una prestación pensional. De acuerdo con el artículo 138 del CPACA9, procede el ejercicio de dicho medio de control cuando se impugnan actos administrativos que niegan el reconocimiento de derechos pensionales. Así, entonces, si la UGPP emite una decisión desfavorable sobre la pensión de sobrevivientes solicitada por los beneficiarios de un servidor

control cuando se impugnan actos administrativos que niegan el reconocimiento de derechos pensionales. Así, entonces, si la UGPP emite una decisión desfavorable sobre la pensión de sobrevivientes solicitada por los beneficiarios de un servidor público fallecido, el conocimiento del asunto corresponde al juez administrativo. Ahora bien, tratándose de un proceso promovido contra un acto administrativo emitido por la UGPP en materia de seguridad social, y al haber sido proferido el auto apelado por un juzgado administrativo de Bucaramanga en primera instancia, se satisface el pr esupuesto legal para que este Tribunal ejerza competencia funcional, conforme a lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Una persona de 74 años, con graves complicaciones de salud y en condición de vulnerabilidad, debe cumplir estrictamente el requisito de agotamiento de la actuación administrativa frente al acto que suspendió el reconocimiento de la sustitución pensional?

Tesis: No Fundamento jurídico: En casos excepcionales, esta Sala considera procedente inaplicar el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161.2 del CPACA, concretamente, cuando su exigencia impone una carga procesal irrazonable y desproporcionada frente a las circunstancias particulares de la demandante. En este asunto, exigir la interposición del recurso de apelación como condición para acceder a la justicia representa un a exigencia excesiva para una persona de 74 años, con graves afecciones de salud y en situación de vulne rabilidad, lo que la convierte en sujeto de especial protección constitucional, conforme a los artículos

acceder a la justicia representa un a exigencia excesiva para una persona de 74 años, con graves afecciones de salud y en situación de vulne rabilidad, lo que la convierte en sujeto de especial protección constitucional, conforme a los artículos 13 y 46 de la Constitución Política. En ese contexto, los requisitos de procedibilidad no pueden operar como barreras que frustren el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, en particular el mínimo vital, la seguridad social y el acceso a la administración de justicia. La aplicación estricta de la norma procesal en este caso resultaría desproporcionada, especialmente considerando que la propia administración declaró su falta de competencia, lo que generó una legítima expectativa en la parte actora sobre la vía judicial a seguir. Por tanto, el acceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo no puede verse restringido por un exceso ritual manifiesto.

C. Marco jurídico

1. Exigencia de los recursos en sede administrativa como presupuesto de procedibilidad El artículo 161, numeral 2, del CPACA 10 establece que, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, la parte demandante debe

9 Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho: Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezc a el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. (…) 10 Artículo 161. Requisitos previos para demandar.RADICADO: 680013333-002-2024-00128-01

(…) 10 Artículo 161. Requisitos previos para demandar.RADICADO: 680013333-002-2024-00128-01

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acreditar que agotó los recursos obligatorios en sede administrativa, entre ellos, el de apelación si resulta procedente. La omisión en su presentación impide el cumplimiento del requisito de procedibilidad y da lugar al rechazo de la demanda o a la termin ación anticipada del proceso, conforme al parágrafo 2 del artículo 175 ibídem11. Esta exigencia encuentra respaldo en el principio de la decisión previa, según el cual, antes de acudir a esta jurisdicción , el administrado debe solicitar el reconocimiento del derecho ante la administración y permitir que esta revise su decisión12. Así, el recurso de apelación no solo constituye un medio ordinario de impugnación, sino que, en determinados supuestos, adquiere el carácter de presupuesto procesal ineludible13 . La finalidad de este requisito no es meramente formal. Por el contrario, permite que la administración reevalúe sus decisiones a partir de los argumentos del interesado, lo que garantiza el derecho de defensa y contribuye a la corrección o aclaración

La finalidad de este requisito no es meramente formal. Por el contrario, permite que la administración reevalúe sus decisiones a partir de los argumentos del interesado, lo que garantiza el derecho de defensa y contribuye a la corrección o aclaración oportuna del acto, para evitar litigios innecesarios14. De acuerdo con la jurisprudencia, el agotamiento del recurso obligatorio constituye «i) una garantía de los derechos de defensa y debido proceso de los ciudadanos frente al comportamiento de la administración, porque permite debatir sus decisiones, ii) una oportunidad para que la administración reevalúe sus actos y corrija los errores contenidos en estos y, iii) un presupuesto procesal para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho»15. De acuerdo con el artículo 76 del CPACA 16, el recurso de apelación puede interponerse directamente o como subsidiario del de reposición, y cuando proceda, será obligatorio para acceder a la jurisdicción. El mismo artículo aclara que los recursos de reposición y queja no son exigibles como requisitos procesales, lo que confirma que únicamente la apelación, cuando la ley así lo exija, condiciona la procedencia de la acción judicial. Bajo ese marco, el Consejo de Estado 17 establece que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho exige: i) la existencia de un acto administrativo de contenido particular proferido como respuesta a una solicitud del interesado, y ii) la acreditación de que, frente a dicho acto, se interpuso el recurso de apelación cuando era procedente. En esos casos, la interposición del recurso de apelación constituye un presupuesto de procedibilidad que no puede soslayarse . La parte interesada debe ejercerlo

de apelación cuando era procedente. En esos casos, la interposición del recurso de apelación constituye un presupuesto de procedibilidad que no puede soslayarse . La parte interesada debe ejercerlo dentro del término legal de diez (10) días, contados desde la notificación personal, por aviso o por publicación del acto, según corresponda . De lo contrario, si no se agotó el recurso obligatorio en su debida oportunidad , procede el rechazo de la demanda -previa inadmisióno la terminación anticipada del proceso.

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. 11 Artículo 175. Contestación de la demanda: (…) Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 26 de abril de 2018 y del 18 de noviembre de 2021, CP. Willi am Hernández Gómez, rad. 52001-23-33-004-2014-00276-01 (3164-2015) y rad. 41001-23-33-000-2021-00114-01 (3806-21)

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2011, CP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, ra d. 76001-23-31-000-2008-00342-01 (2203-10). 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2021, CP. Rafael Francisco Suárez Vargas, r ad. 25000-23-42-000-2015-05043-01 (2326-21) 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 28 de febrero de 201 8, expediente 05001 -23-33-000-2014-01730-01(3176-17), M.P. Dr. César Palomino Cortés. «Esta exigencia legal implica entonces, salvo contadas excepciones, el ejercicio de los recursos de Ley frente a los actos administrativos de carácter particular y concreto, fundamentalmente del recurso de apelación cuando éste resulta procedente, en tanto las normas de procedimiento administrativo han establecido su obligatoriedad a diferencia de los recursos de reposición y de queja cuyo ejercicio es meramente facultativo, so pena de tornarse improcedente el acceso a la vía judicial en aplicación de los preceptos legales anteriormente mencionados.». (Negritas por fuera del original). 16 Artículo 76. Oportunidad y presentación: Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la dilige ncia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento de l término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene rec ibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2021, CP. William Hernández Gómez, rad. 41 00123-33-000-2021-00114-01 (3806-21)RADICADO: 680013333-002-2024-00128-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: CARMEN ALICIA TORRES DE CORREA DEMANDADA: UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP

INTERVINIENTES: FLOR HERMINDA SEPÚLVEDA BONILLA

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No obstante lo anterior, la jurisprudencia también ha establecido casos excepcionales en los que el incumplimiento del requisito de procedibilidad no puede

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

No obstante lo anterior, la jurisprudencia también ha establecido casos excepcionales en los que el incumplimiento del requisito de procedibilidad no puede constituir un impedimento absoluto para el acceso a la jurisdicción. Así lo indicó el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en auto del 23 de marzo de 202318, al revocar la decisión de primera instancia que dio por terminado un proceso por falta de interposición del recurso obligatorio contra el acto administrativo demandado. En ese caso, dicha corporación concluyó que, aunque la resolución sí contenía una fórmula general sobre la procedencia de los recursos, la autoridad no informó de manera clara e inequívoca la obligatoriedad del recurso de apelación, lo que generó confusión en la parte interesada. Además , se valoró la condición de especial protección de la demandante, por tratarse de una persona adulta mayor, y se resaltó que el derecho reclamado (pensión de sobrevivientes) se encuentra amparado por el bloque de constitucionalidad. Por ello, decidió inapl icar el requisito procesal y continuar con el trámite judicial.

2. Los adultos mayores como sujetos de especial protección constitucional La Constitución Política impone al Estado el deber de brindar una protección reforzada a los adultos mayores, en razón de su especial situación de vulnerabilidad. Esta protección se fundamenta en varios preceptos constitucionales y ha sido desarrollada ampliamente por la jurisprudencia constitucional.

El artículo 46 superior establece que el Estado, la sociedad y la familia deben concurrir en la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, mediante

y ha sido desarrollada ampliamente por la jurisprudencia constitucional. El artículo 46 superior establece que el Estado, la sociedad y la familia deben concurrir en la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, mediante acciones que aseguren su integración activa y garanticen el acceso efectivo a los servicios de la seguridad social integral. A su vez, el artículo 13 consagra la obligación de adoptar medidas a favor de los grupos históricamente discriminados o marginados, y reconoce a los adultos mayores como sujetos de especial protección cuando se encuentran en condiciones económicas, físicas o mentales de debilidad manifiesta19. En relación con esta terminología, la Corte Constitucional precisó que los conceptos de «adulto mayor» y «persona de la tercera edad» no son equivalentes. El primero se define en la Ley 1276 de 2009 y comprende a quienes alcanzan determinada edad según el ordenamiento jurídico 20, mientras que el segundo alude a quienes, siendo adultos mayores, superan la expectativa de vida21. En este sentido, la Corte indicó que «no todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor»22. Pese a esta distinción, ambos grupos gozan de especial protección constitucional, lo que permite flexibilizar, en su favor, el análisis de los presupuestos formales para acceder al aparato judicial23. Por su parte, el artículo 1 de la Carta señala que Colombia se funda en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general, principios que adquieren especial relevancia frente a esta población. A su vez, el artículo 4 impone la obligación de interpretar toda actuación judicial y administrativa de conformidad con los valores superiores de la Constitución, lo cual implica aplicar las

que adquieren especial relevancia frente a esta población. A su vez, el artículo 4