TA SAN - Auto 680013333011-2020-00216-02 (14-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

AUTO QUE CONFIRMA SANCIÓN

MEDIO DE CONTROL Protección de derechos e intereses colectivos - consulta RADICADO: 680013333011-2020-00216-02

INCIDENTANTE:

Juan Sebastián Manosalva González sebasmanosalva10@gmail.com INCIDENTADO Diego Armando Mendoza Arenas en calidad de alcalde del municipio de Los Santos alcaldia@lossantos-santander.gov.co notificacionesjuridicas@lossantos-santander.gov.co notificacionjudicial@lossantos-santander.gov.co secgobierno@lossantos-santander.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Auto confirma sanción

Procede la Sala a pronunciarse sobre el grado jurisdiccional de consulta de la providencia proferida el 2 de octubre de 202 5 por el J uzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se sancionó por desacato al señor Diego Armando Mendoza Arenas en calidad de alcalde del municipio de Los Santos.

1. Antecedentes

1.1. De la solicitud de desacato1

sancionó por desacato al señor Diego Armando Mendoza Arenas en calidad de alcalde del municipio de Los Santos.

1. Antecedentes

1.1. De la solicitud de desacato1

El señor Juan Sebastián Manosalva González en calidad de incidentante solicitó la apertura de incidente de desacato contra el señor Diego Armando Mendoza Arenas en calidad de alcalde del municipio de Los Santos , por el presunto incumplimiento del fallo de protección de derechos e intereses colectivos proferido por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga el 20 de abril de 2021 , decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 31 de octubre de

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 89 índice SAMAIProtección de Derechos e intereses. colectivos, consulta de desacato

Incidentante: Juan Sebastián Manosalva González

Incidentado: Diego Armando Mendoza Arenas Radicado: 680013333011-2020-00216-02

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2023. Según lo expuesto, el incidentado no ha dado cumplimiento a lo ordenado en las sentencias referidas anteriormente.

1.2. Providencia objeto de consulta2

El 2 de octubre de 2025, el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, resolvió:3

«PRIMERO: SANCIONAR por desacato al fallo en el medio de control de defensa de derechos e intereses colectivos de la referencia a DIEGO

de Bucaramanga, resolvió:3

«PRIMERO: SANCIONAR por desacato al fallo en el medio de control de defensa de derechos e intereses colectivos de la referencia a DIEGO ARMANDO MENDOZA ARENAS EN CALIDAD DE ACALDE DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, con multa en el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, valor que deberá ser cancelado por el sancionado, dentro de los diez (10) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la prese nte providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1743 de 2014. Lo anterior, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva

SEGUNDO. HACER llamado especial a DIEGO ARMANDO MENDOZA ARENAS EN CALIDAD DE ACALDE DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS para que actúe con la mayor diligencia para lograr el cumplimiento del fallo, pues el fin del incidente no es la imposición de multas, sino el cumplimien to de las órdenes judiciales. Lo anterior, de acuerdo con las consideraciones de la parte motiva. TERCERO: REMITIR el presente asunto a la mayor brevedad al Tribunal Administrativo de Santander para el trámite de consulta, en el efecto suspensivo. CUARTO. En firme la decisión, hacer efectiva la sanción mediante comunicación a las autoridades competentes. […]» (Sic en todo el texto)

En sustento de la decisión, el Juzgado consideró los siguientes aspectos:

1. Para el a quo persiste el incumplimiento del fallo judicial proferido el 20

comunicación a las autoridades competentes. […]» (Sic en todo el texto)

En sustento de la decisión, el Juzgado consideró los siguientes aspectos:

1. Para el a quo persiste el incumplimiento del fallo judicial proferido el 20 de abril de 2021, confirmado por el Tribunal Administrativo de Santander el 31 de octubre de 2023.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, el desacato constituye un mecanismo de coerción judicial destinado a obtener el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas por los jueces de la acción popular, mediante la imposición de multa hasta de cincuenta salarios mínimos mensuales, conmutables en arresto hasta de seis meses.

1. La sanción no se impone por el simple vencimiento del plazo, sino cuando se acredita el incumplimiento objetivo de la orden judicial y la culpabilidad subjetiva del obligado, conforme lo ha precisado el Consejo de Estado, al exigir la comprobación de la negligencia o renuencia del funcionario responsable.

1. En el caso concreto, se estableció que las órdenes impartidas en la sentencia se dirigían al municipio de Los Santos, cuya ejecución corresponde al alcalde municipal en su condición de representante legal de la entidad.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 98 índice SAMAI 3 La citada decisión fue notificada a los correos electrónicos: alcaldia@lossantos-santander.gov.co; notificacionesjuridicas@lossantos-santander.gov.co

notificacionjudicial@lossantos-santander.gov.co;secgobierno@lossantos-santander.gov.coProtección de Derechos e intereses. colectivos, consulta de desacato

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1. De la valoración de las pruebas e informes allegados, se constató que solo se ha cumplido parcialmente la orden relativa al censo de las familias asentadas en el sector San Martín ; no obstante, las demás obligaciones, en especial, la realización de los estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo AVR y las actuaciones subsiguientes de actualización del EOT, construcción del acueducto y eventuales medidas de reubicación no han sido ejecutadas.

1. Aunque el alcalde alegó limitaciones presupuestales y falta de colaboración de la Corporación Autónoma Regional de Santander , CAS, no demostró haber agotado todos los mecanismos institucionales a su alcance para garantizar el cumplimiento integral del fallo. Tal omisión refleja una actuación insuficiente y negligente, que ha prolongado injustificadamente el incumplimiento de las órd enes judiciales y, por ende, la vulneración de los derechos colectivos reconocidos en la sentencia.

1. El principio de colaboración armónica entre entidades públicas no exime a los alcaldes de su deber constitucional de acatar y ejecutar las decisiones judiciales. La falta de ejecución de los estudios técnicos base indispensable

1. El principio de colaboración armónica entre entidades públicas no exime a los alcaldes de su deber constitucional de acatar y ejecutar las decisiones judiciales. La falta de ejecución de los estudios técnicos base indispensable para las medidas de mitigación del riesgo y la provisión del servicio público de agua potable, constituye una infracción grave y sostenida del mandato judicial.

1. Por tanto, concluyó que concurren los presupuestos objetivo y subjetivo requeridos para la prosperidad del incidente de desacato. En consecuencia, se impuso sanción al alcalde Diego Armando Mendoza Arenas, consistente en multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conforme a la Ley 1743 de 2014.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 , la persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los De rechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. A su vez, la sanción será impuesta por «la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción». La consulta se hará en efecto devolutivo.

Conforme a lo expuesto, esta corporación es competente para conocer del

consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción». La consulta se hará en efecto devolutivo.

Conforme a lo expuesto, esta corporación es competente para conocer del presente asunto, toda vez que, el Tribunal Administrativo de Santander es el superior funcional del Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, órgano judicial que profirió la decisión sancionatoria.

2.2. Marco normativo y jurisprudencialProtección de Derechos e intereses. colectivos, consulta de desacato

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2.2.1. Sobre el incidente de desacato

El artículo 41 de la Ley 472 de 1998 , prevé que l a persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La jurisprudencia del Consejo de Estado 4 ha establecido que l a finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino que es una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. De ahí

La jurisprudencia del Consejo de Estado 4 ha establecido que l a finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino que es una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. De ahí que el desacato no es más que un medio disuasorio del que se dota al juez del conocimien to de la acción popular, en orden a que en ejercicio de su potestad disciplinaria proceda a sancionar a quien deliberadamente desatienda las órdenes judiciales impartidas para hacer efectiva la protección de los derechos e intereses colectivos.

El desacato procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del Ministerio Público y tiene como propósito que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto o multa a quien no atienda la orden. La autoridad judicial, al momento de resolver el incidente debe tomar en consideración si concurren factores objetivos y subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de la sentencia.

Con relación a los presupuestos, esa Corporación 5 ha determinado que es preciso establecer no sólo si materialmente se presenta un incumplimiento de la orden judicial (factor objetivo), sino que además es preciso verificar si está acreditada la negligencia o renuencia de la autoridad (factor subjetivo), razón por la cual no es posible presumir la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento

En aquellos casos en los que el juez evidencia el incumplimiento de la sentencia, debe establecer si este fue total o parcial, las razones por las cuales se produjo y las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho.

Entre los factores objetivos que se deben verificar en el trámite incidental se

sentencia, debe establecer si este fue total o parcial, las razones por las cuales se produjo y las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho.

Entre los factores objetivos que se deben verificar en el trámite incidental se encuentran i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento; ii) el contexto que rodea la ejecución de la orden impartida; iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional ; iv) la complejidad de las órdenes ; v) la capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el fallo ; vi) la competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de amparo y vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.6

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 15 de diciembre de 2011, radicación 1500123-31-000-2004-00966-02(AP 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 15 de diciembre de 2011, radicación 1500123-31-000-2004-00966-02(AP 6 Sentencia SU-034 de 2018.Protección de Derechos e intereses. colectivos, consulta de desacato

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El incidente de desacato está cobijado por los principios del derecho sancionador y, específicamente, por las garantías que se otorgan al disciplinado como el debido proceso y el derecho de defensa; por ello, siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela para que proceda la sanción por desacato.

Conforme lo anterior, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, comoquiera que, para imponerla, el juez de conocimiento primero debe i) individualizar al presunto responsable del incumplimiento de manera que se verifiquen sus nombres y apellidos ; ii) comprobar si el desobedecimiento fue total o parcial y su causa, con el fin de encontrar el medio adecuado para asegurar que se cumpla lo resuelto y iii) probar la negligencia o el dolo de la persona o funcionario sobre quien recaiga la responsabilidad de cumplir la sentencia de tutela.

2.2.2 Del grado jurisdiccional de consulta en el incidente de desacato

El inciso segundo del artículo 41 de la Ley 472 de 1998 , establece que la sanción será impuesta por «la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción»

Al respecto, la Corte Constitucional fijó unas pautas a fin de resolver las

mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción»

Al respecto, la Corte Constitucional fijó unas pautas a fin de resolver las solicitudes de desacato y la consulta de las providencias sancionatorias, las cuales han sido acogidos por el Consejo de Estado7 de la siguiente manera:

«[…] i) Identificar o individualizar previamente al funcionario público presuntamente responsable, con nombres y apellidos, ii) acreditar el ejercicio efectivo del cargo a la fecha de la notificación del fallo de tutela, iii) verificar la notificación del fallo al funcionario, iv) formular en concreto el cargo o acusación respectiva al funcionario llamado a cumplir el fallo de tutela, en respeto del derecho de defensa y del debido proceso, v) verificar el incumplimiento del fallo (responsabilidad objetiva) y, vi) establecer la conducta negligente en el incumplimiento (responsabilidad subjetiva)».

2.3. Hechos probados

El 20 de abril de 2021 , el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga profirió sentencia mediante la cual amparó los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la seguridad y salubridad públicas, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos u rbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, de la comunidad perteneciente al sector

construcciones, edificaciones y desarrollos u rbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, de la comunidad perteneciente al sector

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, consulta de desacato del 3 de febrero de 2010, radicación 25000 23 15 000 2009 01556 01 y del 20 de octubre de 2011, expediente 25000 23 15 000 2011 01739 01.Protección de Derechos e intereses. colectivos, consulta de desacato

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rural de San Martín del municipio de Los Santos, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander, el 31 de octubre de 2023, así: 8

«[…]SEGUNDO. DECRETAR MEDIDA CAUTELAR DE OFICIO ORDENANDO al municipio de Los Santos, que a más tardar dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del presente fallo, realice y allegue a este despacho, un censo de las familias asentadas en el sector rural de San Martín del municipio de Los Santos, identificando a quien funja como cabeza de familia, y a todos los demás habitantes de cada inmueble, dejando el correspondiente soporte documental, con el fin de tener certeza de la población actual afectada y prevenir que más personas invadan los terrenos

de familia, y a todos los demás habitantes de cada inmueble, dejando el correspondiente soporte documental, con el fin de tener certeza de la población actual afectada y prevenir que más personas invadan los terrenos protegidos. Lo anterior, conforme las consideraciones de la parte motivan.

TERCERO: ORDENAR al municipio de Los Santos, que a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo, con la asesoría y acompañamiento de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, elabore los estudios detallados de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, orientados a determinar la categorización del riesgo en el sector rural de San Martín del municipio de Los Santos y de acuerdo a la calificación y cuantificación del riesgo, definir y establecer si es mitigable o no y las medidas de mitigación correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1807 de 201413, lo anterior, conforme las consideraciones de la parte motiva.

CUARTO. ORDENAR al municipio de Los Santos, que en caso que los estudios detallados realizados según la orden del numeral anterior, concluyan que el riesgo es mitigable, se adopten las medidas de actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial en donde se clasifique al sector de San Martín del municipio de Los Santos, dentro del mismo, actualización que deberá hacerse a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los dos meses otorgados para el cumplimiento de la orden dada en el numeral anterior. Lo anterior, conforme las consideraciones de la parte motivan.

QUINTO. ORDENAR al municipio de Los Santos, que, de cumplirse la orden dada en el segundo numeral, a más tardar dentro de los dos (2) meses

dada en el numeral anterior. Lo anterior, conforme las consideraciones de la parte motivan.

QUINTO. ORDENAR al municipio de Los Santos, que, de cumplirse la orden dada en el segundo numeral, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la actualización del EOT, deberá iniciar el proceso de contratación tendiente a la construcción del acu educto rural que abastezca del preciado líquido a la población del sector rural de San Martín del municipio de Los Santos. Lo anterior, conforme las consideraciones de la parte motivan

SEXTO. ORDENAR al municipio de Los Santos, que, en caso que los estudios detallados realizados según la orden del numeral primero, concluyan que el riesgo no es mitigable y en consecuencia, sea necesario un desalojo y reubicación de la comunidad del sector rural de San Martín del municipio de Los Santos, deberá dentro de los dos (2) meses siguientes adelantar las gestiones a que haya lugar para el otorgamiento de subsidios de arrendamiento a las familias ubicadas en el sector rural de San Martín del municipio de Los Santos, que deberían ser reubicadas, como medida provisional que no podrá superar los 3 meses de ejecución, mientras se adelanta la estructuración y promoción del respectivo plan de vivienda subsidiado y de manera concomitante, dentro de los cuat ro (4) meses siguientes al vencimiento del término establecido en el numeral 1, deberá estructurar a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el plan gradual de desalojo de las familias ubicadas en el sector rural de San Martín del municipio de Los Santos, y llevarlo a cabo a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, término máximo en

gradual de desalojo de las familias ubicadas en el sector rural de San Martín del municipio de Los Santos, y llevarlo a cabo a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, término máximo en el cual las familias deberán ser desalojadas, con el otorgamiento del subsidio de arrendamiento respectivo y, concomit antemente en el mismo tiempo el

8 La citada decisión fue notificada a los correos electrónicos: alcaldia@lossantos-santander.gov.co; notificacionesjuridicas@lossantos-santander.gov.co notificacionjudicial@lossantos-santander.gov.co;secgobierno@lossantos-santander.gov.coProtección de Derechos e intereses. colectivos, consulta de desacato

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Municipio de Los Santos, deberá adelantar las gestiones a que haya lugar para conseguir el apoyo financiero requerido en la ejecución de las medidas ordenadas. Lo anterior, conforme las consideraciones de la parte motivan.

SEPTIMO. ORDENAR al municipio de Los Santos que, en caso que los estudios detallados realizados según la orden del numeral primero, concluyan que el riesgo no es mitigable y en consecuencia, sea necesario un desalojo y reubicación de la comunidad del secto r rural de San Martín del municipio de Los Santos, una vez obtenidos los recursos referidos anteriormente, dentro de los seis (6) meses siguientes el Municipio deberá estructurar y promover un

reubicación de la comunidad del secto r rural de San Martín del municipio de Los Santos, una vez obtenidos los recursos referidos anteriormente, dentro de los seis (6) meses siguientes el Municipio deberá estructurar y promover un plan de vivienda subsidiado, de conformidad con las normas que regulan la materia para la reubicación de las familias. Se ofrecerá una solución de vivienda por cada una de las viviendas a reubicar sin importar los grupos familiares que las habiten actualmente, plan de vivienda que deberá ejecutar a más tardar dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo. Lo anterior, conforme las consideraciones de la parte motivan.

OCTAVO. EXHORTAR a la comunidad que habita en el sector rural de San Martín del municipio de Los Santos, para que cumpla con los deberes que le impone el Artículo 2 de la Ley 1523 de 2012, en materia de prevención del riesgo. Lo anterior, conforme las consideraciones de la parte motivan […]» (Sic en todo el texto).

2.3.1. El 18 de septiembre de 2025, el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, ordenó requerir al señor Diego Armando Mendoza Arenas en calidad de alcalde del municipio de Los Santos, previo a la apertura formal del incidente de desacato.9

2.3.2. El 22 de septiembre de 2025, el señor Diego Armando Mendoza Arenas en calidad de alcalde del municipio de Los Santos , allegó informe de cumplimiento en el cual expuso los siguientes argumentos: 10

1. El municipio realizó el censo poblacional ordenado por el despacho judicial, para lo cual identificó a las familias, poseedores y habitantes del sector

cumplimiento en el cual expuso los siguientes argumentos: 10

1. El municipio realizó el censo poblacional ordenado por el despacho judicial, para lo cual identificó a las familias, poseedores y habitantes del sector rural de San Martín, labor que se documentó y anexó con los soportes correspondientes. Como parte de las acciones adelantadas, señaló que se expidió la Resolución 205 de 2025, mediante la cual se dio inicio al proceso de legalización urbanística del asentamiento humano San Martín, en atención a los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

1. La administración ha gestionado de manera reiterada ante la Corporación Autónoma Regional de Santander , la coordinación y realización de los estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo requeridos en la providencia judicial, sin obtener respuesta o acompañamiento efectivo por parte de dicha entidad.

1. La entidad territorial por ser de categoría sexta, enfrenta severas limitaciones presupuestales que le impiden asumir de forma exclusiva el costo de dichos estudios técnicos, cuyo valor supera las capacidades financieras de la entidad En tal sentido, invocó el principio general del derecho «nadie está obligado a lo imposible», bajo el argumento que las restricciones materiales y económicas imposibilitan un cumplimiento integral e inmediato del fallo, sin

9 Expediente digital, gestión en otras corporaciones actuación 90, índice SAMAI 10 Expediente digital, gestión en otras corporaciones actuación 239, índice SAMAI, archivo 02Protección de Derechos e intereses. colectivos, consulta de desacato

Incidentante: Juan Sebastián Manosalva González

Incidentado: Diego Armando Mendoza Arenas Radicado: 680013333011-2020-00216-02

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Incidentado: Diego Armando Mendoza Arenas Radicado: 680013333011-2020-00216-02

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que ello pueda considerarse negligencia o desatención de las órdenes judiciales.

1. Su administración ha actuado de manera diligente y de buena fe, en procura de articular esfuerzos con otras instituciones públicas para materializar el fallo dentro de sus competencias. En ese contexto, solicitó que, en aplicación del principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado, requiera la participación de la CAS, el departamento de Santander y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de cofinanciar y brindar apoyo técnico en la ejecución de las medidas ordenadas.

2.3.3. El 24 de septiembre de 2025 , el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga dispuso la apertura formal de incidente de desacato contra el señor Diego Armando Mendoza Arenas en calidad de alcalde del municipio de Los Santos. 11

La anterior providencia fue notificada al señor Diego Armando Mendoza Arenas en los siguientes correos autorizados por el mandatario : alcaldia@lossantos-santander.gov.co; notificacionesjuridicas@lossantossantander.gov.co;notificacionjudicial@lossantossantander.gov.co;secgobiern o@lossantos-santander.gov.co .

2.3.4. El 26 de septiembre de 2025, el señor Diego Armando Mendoza Arenas

santander.gov.co;notificacionjudicial@lossantossantander.gov.co;secgobiern o@lossantos-santander.gov.co .

2.3.4. El 26 de septiembre de 2025, el señor Diego Armando Mendoza Arenas en calidad de alcalde del municipio de Los Santos , allegó informe de cumplimiento en el cual expuso los siguientes argumentos 12

1. El municipio ha adelantado diversas gestiones orientadas al cumplimiento de las órdenes judiciales, entre ellas , la realización del censo poblacional del sector rural de San Martín, en el cual se identificaron los habitantes y poseedores del asentamiento, con soporte documental que fue allegado al proceso. Igualmente, informó que mediante la Resolución. 205 de 2025, se dio inicio formal al proceso de legalización urbanística del Barrio San Martín, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, el Acuer do Municipal 013 de 2025 y el Decreto Municipal. 040 de 2025, en desarrollo de las competencias urbanísticas del ente territorial.

1. La entidad territorial es de categoría sexta, con capacidad presupuestal limitada, razón por la cual resulta imposible asumir de manera exclusiva el costo de estudios especializados como los requeridos. A su turno, conforme a los artículos 339 y 346 de la Constitución Política y la Ley 819 de 2003, ningún gasto público puede ejecutarse sin la respectiva fuente de financiación debidamente incorporada al presupuesto municipal ; en este caso no existen recursos apropiados ni disponibles para tales fines.

1. Es del caso reconocer, en este caso, las actuaci