TA SAN - Auto 680013333015-2025-00174-01 (24-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Acción de tutela – grado jurisdiccional de consulta Radicado 680013333015-2025-00174-01

Enlace https: //samai.consejodeestado.gov.co/ Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid= 680013333015202500174016800123

Incidentante Edwin Alberto Quintanilla Gómez edwinquintanilla1098742449@gmail.c om Incidentado Luis Eduardo Llinás Chica , en calidad de director general (e) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

(DIAN)

direcciongeneral@dian.gov.co Ministerio público Jhon Carlos García Perea jcgarcia@procuraduria.gov.co Auto interlocutorio núm. 506 Asunto Consulta de la sanción impuesta en incidente de desacato por incumplimiento de la orden impartida en fallo de tutela. Tema Se modifica la sanción impuesta, porque la fijada en veinte (20) smlmv resulta desproporcionada frente a la finalidad correctiva del incidente de desacato. Se confirma en lo demás la decisión consultada. Magistrada ponente Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a revisar en grado jurisdiccional de consulta la providencia del 10 de

decisión consultada. Magistrada ponente Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a revisar en grado jurisdiccional de consulta la providencia del 10 de octubre de 20251, por medio de la cual el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, sancionó, en el trámite incidental de desacato, al señor Luis Eduardo Llinás Chica, en s u calidad de director general encargado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN), con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

1 La providencia consultada fue repartida al despacho ponente el 20 de octubre de 2025, según consta en Samái.Incidentante: Edwin Alberto Quintanilla Gómez

Incidentado: Luis Eduardo Llinás Chica Radicado: 680013333015-2025-00174-01

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1. Antecedentes

1.1. La sentencia de amparo

En sentencia del 3 de septiembre de 20252, el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Edwin Alberto Quintanilla Gómez, para lo cual dispuso: SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la accionada, U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, que, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a la notificación de esta providencia, proceda a realizar todas las actuaciones necesarias para la elaboración y notificación del acto administrativo de nombramiento del señor EDWIN ALIRIO

CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a la notificación de esta providencia, proceda a realizar todas las actuaciones necesarias para la elaboración y notificación del acto administrativo de nombramiento del señor EDWIN ALIRIO QUINTANILLA GÓMEZ , identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.742.449, en el empleo denominado de ANALISTA IV, CÓDIGO 204, GRADO 4, IDENTIFICADO CON LA OPEC 198411, conforme a la autorización expedida por la CNSC a través de la Resolución No. 2025RS032680 del 14 de marzo de 2025 para proveer ocho (8) vacantes equ ivalentes, y por hacer parte de la Lista de Elegibles constituida mediante la Resolución No. 7332 del 12 de marzo de 2024. Parágrafo 1. La orden aquí impartida debe atenderse con estricto cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables, especialme nte, el Acuerdo CNT2022AC000008 de 29 de diciembre de 2022; la Circular 00005 de 01 de marzo de 2024; y la Resolución 7332 de 12 de marzo de 2024. En modo alguno la orden impartida debe entenderse en el sentido de desconocer o menoscabar derechos de terceros. Parágrafo 2. La entidad accionada deberá cumplir de manera estricta cada uno de los términos dispuestos para las etapas posteriores a la expedición del acto administrativo de nombramiento en periodo de prueba en favor del accionante, sin que se pueda alegar situación legal o administrativa alguna que contravenga lo dispuesto por las normas y actos administrativos aplicables al caso concreto, y que han sido validados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. […] [Negrilla del texto original]

sin que se pueda alegar situación legal o administrativa alguna que contravenga lo dispuesto por las normas y actos administrativos aplicables al caso concreto, y que han sido validados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. […] [Negrilla del texto original] 1.2. Solicitud de apertura de incidente de desacato Por escrito radicado el 11 de septiembre de 2025 3, el señor Edwin Quintanilla solicitó la apertura de incidente de desacato frente a la entidad accionada, con sustento en que el fallo de tutela del 3 de septiembre de 2025 no fue acatado dentro del término concedido. 1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Requerimiento previo

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante auto de 15 de septiembre de 2025 4, antes de abrir el incidente de desacato, requirió a la DIAN para que, dentro de las veinticuatro (24) horas

2 Expediente digital, g estión en otros despachos, actuación, índice 007 Samái, enlace en la plataforma, archivo 6Sentenciadepr_SENTENCIA_202500174FALLODETUTE(.pdf). 3 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 009 Samái, enlace en one drive. 4 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuac ión, índice 0012 Samái, enlace en la plataforma, archivo 12Autoqueordena_REQUERIMIE_202500174AUTOORDENAR(.pdf).Incidentante: Edwin Alberto Quintanilla Gómez

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siguientes a la notificación, acreditara el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela. En el mismo término le ordenó informar quién era la persona encargada de dar cumplimiento al fallo. 1.3.1.1. La providencia se notificó 5 a los correos electrónicos: edwinquintanilla1098742449@gmail.com, notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co, atencionalciudadano@cnsc.gov.co, notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co y ddolar1@hotmail.com.

1.3.1.2. Posición del requerido La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)6 Informó que avanza en la revisión de las situaciones de especial protección y en la proyección del acto administrativo de nombramiento en período de prueba de ocho elegibles, entre ellos el accionante. También afirmó que la administración desplegó las actuaciones necesarias para proveer esos empleos en período de prueba, por lo cual no se configura vulneración de derecho fundamental. Sostuvo que el alto número de resoluciones vigentes con listas de elegibles y sus novedades generó un cúmulo de actos por proyectar y expedir. Indicó que espera contar con el resultado de la evaluación de las situaciones de especial protección reportadas por los servidores en provisionalidad antes de finalizar septiembre. Solicitó valorar la gestión orientada al cumplimiento del fallo, en tanto no impugnó la decisión, lo que evidencia su voluntad de acatarla con prontitud. En consecuencia, pidió negar la apertura del incidente de desacato.

Solicitó valorar la gestión orientada al cumplimiento del fallo, en tanto no impugnó la decisión, lo que evidencia su voluntad de acatarla con prontitud. En consecuencia, pidió negar la apertura del incidente de desacato. 1.3.2. Auto de apertura formal del incidente de desacato En providencia del 22 de septiembre de 20257, el despacho de conocimiento dejó constancia de que la DIAN guardó silencio frente al requerimiento de identificar al funcionario responsable del cumplimiento y que, transcurridos más de trece (13) días hábiles desde la notificación del fallo de tutela, no se dio acatamiento alguno. Advirtió, además, que la entidad persistió en invocar la revisión de situaciones de especial protección de servidores provisionales, pese a que la sentencia prohibió oponer circunstancias legales o administrativas contrarias a las normas y actos aplicables al caso.

5 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 0013 Samái, enlace en la plataforma, archivo Soporte notificación Auto que ordena requ(.pdf). 6 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 0016 Samái, enlace en one drive. 7 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 0017 Samái, enlace en la plataforma, archivo 19Autoadmiteinc_APERTURAI_202500174AUTOORDENAA(.pdf).Incidentante: Edwin Alberto Quintanilla Gómez

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Por lo anterior, abrió el incidente de desacato y, ante el silencio sobre el

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Por lo anterior, abrió el incidente de desacato y, ante el silencio sobre el encargado, tuvo como incidentado al señor Luis Eduardo Llinás Chica, en su calidad de director general y máximo jefe administrativo de la entidad , a quien concedió dos (2) días para ejercer su derecho de defensa y contradicción respecto del cumplimiento. 1.3.2.1. El auto se notificó 8, entre otros, a los correos electrónicos: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co, ddolar1@hotmail.com y direcciongeneral@dian.gov.co.

1.3.2.2. Sin embargo, ni la entidad accionada ni el funcionario incidentado presentaron informe alguno, pese a haber sido notificados en debida forma.

1.3.3. Providencia consultada El 10 de octubre de 2025 9, el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga declaró en desacato al director general de la DIAN, señor Luis Eduardo Llinás Chica, por el incumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de tutela del 3 de septiembre de 2025. Por tal motivo, lo sancionó con multa equivalente a veinte (20) smlmv. Como fundamento de la decisión, el despacho precisó que se configuró la responsabilidad objetiva, en tanto no se acreditó imposibilidad alguna que justificara el incumplimiento del fallo y rompiera el nexo causal de atribución. En cuanto a la responsabilidad subjetiva, señaló que no se demostró causa válida para la omisión y que, por el contrario, se evidenció una conducta negligente y

justificara el incumplimiento del fallo y rompiera el nexo causal de atribución. En cuanto a la responsabilidad subjetiva, señaló que no se demostró causa válida para la omisión y que, por el contrario, se evidenció una conducta negligente y omisiva reprochable, en la medida en que: La entidad continúa esgrimiendo argumentos coloquialmente denominados “leguleyos” para eludir sus deberes legales y constitucionales —los cuales ya han sido rechazados por la Judicatura—, y por otro, porque es de conocimiento público que el funcionario incidentado ha sido sancionado previamente en otros trámites incidentales de tutela, precisamente por su conducta frente a la expedición de los actos de nombramiento de quienes superaron exitosamente el Proceso de Selección DIAN 2022. Finalmente, precisó que la cuantía de la sanción se justifica en el desconocimiento del principio constitucional de mérito, lo que a su vez restringió el acceso al empleo público que el accionante obtuvo tras superar las etapas del concurso. Asimismo, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que adelanten, si a ello hubiere lugar, las investigaciones penales, disciplinarias y

8 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 0018 Samái, enlace en la plataforma, archivo Soporte notificación Auto admite incident(.pdf). 9 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 0026 Samái, enlace en la

plataforma, archivo Soporte notificación Auto admite incident(.pdf). 9 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 0026 Samái, enlace en la plataforma, archivo 34Autodecideinc_ResuelveI_202500174AUTODECIDEI(.pdf).Incidentante: Edwin Alberto Quintanilla Gómez

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fiscales respecto del señor Luis Eduardo Llinás Ch ica, en su calidad de director general de la DIAN. 1.3.3.1. Dicha decisión se notificó 10 a los correos electrónicos: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co, ddolar1@hotmail.com, direcciongeneral@dian.gov.co, notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co, notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co y edwinquintanilla1098742449@gmail.com.

1.4. Informe de cumplimiento posterior al auto que decidió el incidente de desacato El 16 de octubre de 2025 11, la DIAN informó que la Subdirección de Empleo Público expidió el oficio núm. 100151185-3496, mediante el cual adoptó acciones para cumplir las órdenes judiciales relativas a la OPEC 198411. En tal virtud, solicitó tener por cumplida la orden impartida en la sentencia de tutela.

2. Consideraciones 2.1. Competencia Esta Corporación es competente para revisar en grado jurisdiccional de consulta la sanción impuesta el 10 de octubre de 2025 por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, según lo previsto en el

2.1. Competencia Esta Corporación es competente para revisar en grado jurisdiccional de consulta la sanción impuesta el 10 de octubre de 2025 por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, según lo previsto en el artículo 52 del Decreto Ley 2591 de 1991, por ser el superior funcional del referido despacho judicial. 2.2. Problema jurídico En atención a lo expuesto, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Debe modificarse la decisión objeto de consulta en lo relativo a la multa impuesta al director general de la DIAN, señor Luis Eduardo Llinás Chica? 2.2.1. Tesis Sí. La Sala considera que, aunque se mantiene la configuración de la responsabilidad objetiva y subjetiva declarada por el juzgado de primer grado, la sanción impuesta no se ajusta al pr incipio de proporcionalidad que orienta las medidas coercitivas derivadas del incidente de desacato.

10 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 0027 Samái, enlace en la plataforma, archivo Soporte notificación Auto decide incident(.pdf). 11 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 0028 Samái, enlace en la plataforma, archivo 36_MemorialWeb_Otro-202500174EDWINALI(.pdf).Incidentante: Edwin Alberto Quintanilla Gómez

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En efecto, el oficio núm. 100151185 -3496 del 16 de octubre de 2025, expedido por la Subdirección de Empleo Público, no demuestra el cumplimiento material del

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En efecto, el oficio núm. 100151185 -3496 del 16 de octubre de 2025, expedido por la Subdirección de Empleo Público, no demuestra el cumplimiento material del fallo, sino la realización de gestiones administrativas que no satisfacen las órdenes de la sentencia ni justifican su inobservancia. Tal circunstancia revela una actitud renuente del funcionario frente al mandato judicial, lo que mantiene la configuración del desacato; sin embargo, la multa equivalente a veinte (20) smlmv resulta desproporcionada frente a la finalidad correctiva de la medida. Por ello, la Sala estima procedente modificar la decisión objeto de consulta únicamente en cuanto al monto de la sanción, con el fin de armonizarla con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen la potestad sancionatoria del juez constitucional. 2.3. Metodología de la decisión En ese orden, para resolver el problema jurídico planteado, se analizará: (i) el objeto del grado jurisdiccional de consulta, (ii) los elementos objetivo y subjetivo de la responsabilidad por el desacato frente a una orden judicial, y (iii) el caso concreto. 2.3.1. El objeto del grado jurisdiccional de consulta Frente a su propósito, el H. Consejo de Estado se ha pronunciado en el sentido de indicar que: En el grado de consulta lo que se persigue además de establecer si se ha dado cumplimiento a la orden de tutela, es verificar si la sanción impuesta por el juez del desacato resulta proporcionada y adecuada, pues se insiste, lo que se busca es proteger el debido proceso del accionado

dado cumplimiento a la orden de tutela, es verificar si la sanción impuesta por el juez del desacato resulta proporcionada y adecuada, pues se insiste, lo que se busca es proteger el debido proceso del accionado incumplido, sin olvidar que está en la obligación de acatar, así sea de manera tardía, la orden del juez constitucional […]12. El grado jurisdiccional de consulta tiene por finalidad: (i) verificar el acatamiento de la orden de tutela, (ii) determinar si la sanción impuesta es adecuada y proporcionada, y (iii) garantizar el debido proceso del incidentado. De este modo, para la imposición de una sanción por desacato, el juez constitucional debe verificar que concurran dos aspectos, uno de carácter objetivo que consiste en el incumplimiento como tal de la sentencia, y otro de carácter subjetivo que implica la verificación de una conducta negligente por parte de quien estaba obligado a obedecer la orden13.

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto del 26 de marzo 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación número: 25000 -23-42000-2018-01613-02(AC). 13 Corte Constitucional, sentencia T–280 de 2017, así como en la T–458 y T–744 de 2003.Incidentante: Edwin Alberto Quintanilla Gómez

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Siendo esto así, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, comoquiera que se hace necesario probar la negligencia o el do lo de la

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Siendo esto así, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, comoquiera que se hace necesario probar la negligencia o el do lo de la persona o funcionario sobre quien recaiga la responsabilidad de cumplir la sentencia de tutela.

2.3.2. Los elementos objetivo y subjetivo de la responsabilidad por el desacato frente a una orden judicial El elemento objetivo alude al incumplimiento del fallo de tutela. Para su análisis, se debe establecer cuál fue la orden proferida, su alcance, quién o quiénes debían atenderla y dentro de qué término, a efecto de verificar si su destinatario la acató de forma oportuna y completa. Al respecto, el Consejo de Estado ha explicado que, «[…] para declarar en desacato (elemento objetivo), debe precisarse cuál era la conducta ordenada, quién o quiénes debían cumplirla y dentro de qué término, a efectos de verificar si el destinatario de la orden la realizó de forma oportuna y completa […]»14. Por su parte, el elemento subjetivo tiene que ver con la conducta asum ida por el obligado frente al incumplimiento de la orden15 y se ha concluido que, para verificar si éste se configuró, es indispensable que el responsable esté debidamente individualizado con nombres y apellidos para garantizarle el debido proceso, atendiendo a que la sanción por desacatar una orden judicial está dentro del régimen sancionatorio y es personal, no institucional, dado que, en dicho trámite, no se busca sancionar un cargo, sino a la persona que lo ostenta.

3. Caso concreto

3.1. Perspectiva de análisis del incidente de desacato

no se busca sancionar un cargo, sino a la persona que lo ostenta.

3. Caso concreto

3.1. Perspectiva de análisis del incidente de desacato

El asunto objeto de revisión versa sobre el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela del 3 de septiembre de 2025, por la cual se ampararon los derechos del accionante frente a la DIAN.

En dicha providencia, el juez ordenó a la DIAN que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, elaborara y notificara el acto de nombramiento del señor Edwin Alirio Quintanilla Gómez en el empleo Analista IV, código 204, grado 4, OP EC 198411, con fundamento en la autorización de la CNSC (Resolución 2025RS032680 del 14 de marzo de 2025) para proveer ocho

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto del 3 de mayo de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación número: 88001-23-33-0002014-00040-02(AC)A. 15 Corte Constitucional. Sentencia T 393 de 2005.Incidentante: Edwin Alberto Quintanilla Gómez

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vacantes equivalentes y en su inclusión en la lista de elegibles (Resolución 7332 del 12 de marzo de 2024).

Ahora bien, el incidente de desacato se originó en la manifestación del accionante, quien sostuvo que la DIAN no expidió ni notificó el acto de nombramiento dentro

del 12 de marzo de 2024).

Ahora bien, el incidente de desacato se originó en la manifestación del accionante, quien sostuvo que la DIAN no expidió ni notificó el acto de nombramiento dentro del plazo judicial ni ejecutó las actuaciones conducentes a su posesión.

Así las cosas, corresponde a esta Sala de terminar si, a partir de los elementos obrantes en el expediente, ¿debe modificarse la decisión objeto de consulta en lo relativo a la multa impuesta al director general de la DIAN, señor Luis Eduardo Llinás Chica? Antes de abordar el estudio de fondo, la Sala estima necesario verificar si, en el trámite incidental, se respetaron las garantías del debido proceso del funcionario involucrado. En primer término, el Juzgado de primer grado requirió a la DIAN para que identificara al responsable del cumplimiento del fallo; no obstante, la entidad guardó silencio. Por tal motivo, se tuvo como funcionario incidentado al señor Luis Eduardo Llinás Chica, en su calidad de director general y máximo jefe administrativo de la DIAN. En lo relativo a las comunicaciones, obra en el expediente que las notificaciones se remitieron al correo institucional del director general, direcciongeneral@dian.gov.co, y al buzón de notificaciones judiciales de la entidad, notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co, direcciones que constan en la página oficial de la institución. De esta manera, se garantizó el derecho de defensa y contradicción en el trámite. Con tales precisiones, la Sala procede al análisis de fondo. Para la Sala, el director general encargado de la DIAN incumplió la orden impartida en la sentencia del 3 de septiembre de 2025, que ordenó elaborar y notificar,

fondo. Para la Sala, el director general encargado de la DIAN incumplió la orden impartida en la sentencia del 3 de septiembre de 2025, que ordenó elaborar y notificar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, el acto administrativo de nombramiento del señor Edwin Alirio Quintanilla Gómez en el empleo Analista IV, código 204, grado 4, OPEC 198411, con arreglo a la autorización de la CNSC y a la lista de elegibles vigente, y que dispuso, además, observar estrictamente el marco normativo aplicable y no oponer situaciones legales o administrativas contrarias a lo resuelto.

En cuanto al elemento objetivo, la Sala advierte que la orden judicial no fue acatada dentro del término fijado. No obra en el expediente prueba alguna de la expedición ni de la notificación del acto de nombramiento, pese a que el mandato era claro y preciso. Por el contrario, la entidad, en su respuesta al requerimientoIncidentante: Edwin Alberto Quintanilla Gómez

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previo formulado por el Juzgado de primer grado, insistió en los mismos argumentos esgrimidos en la contestación inicial de la tutela, relacionados con la revisión de las situaciones de especial protección de los servidores en provisionalidad que ocupan los cargos objeto del concurso. Tal postura desconoce abiertamente lo resuelto en la sentencia, que de manera expresa prohibió oponer razones de índole administrativa como justificación para diferir el cumplimiento del fallo. Respecto del elemento subjetivo, la conducta del director general encargado, Luis

abiertamente lo resuelto en la sentencia, que de manera expresa prohibió oponer razones de índole administrativa como justificación para diferir el cumplimiento del fallo. Respecto del elemento subjetivo, la conducta del director general encargado, Luis Eduardo Llinás Chica, refleja una renuencia consciente y persistente frente a la orden judicial. Consta que la apertura del incidente se notificó a su correo institucional (direcciongeneral@dian.gov.co) y, aun así, no compareció n i allegó justificación del incumplimiento. En comunicación del 16 de octubre de 2025, la DIAN informó la expedición del oficio núm. 100151185 -3496 de 14 de octubre, suscrito por la Subdirección de Empleo Público, en el que manifestó haber “adoptado acciones” relacionadas con la OPEC 198411 . S in embargo, en dicho oficio la DIAN se limita a explicar la estructura de su planta, el marco del sistema de carrera y la gestión de vacantes, sin ejecutar el nombramiento ordenado por el fallo. Ese documento no acredita la elaboración ni la notificación del acto de nombramiento, tampoco explica las razones que impidieron su cumplimiento oportuno ni contiene decisión alguna que denote voluntad efectiva de acatamiento. Se trata, en consecuencia, de una actuación meramente instrumental y carente de eficacia material para satisfacer el mandato de la sentencia. Así las cosas, la Sala concluye que el director general encargado de la DIAN incurrió en una conducta abiertamente renuente al incumplir un mandato judicial claro, específico y de ejecución inmediata, con lo cual se configuran de manera concurrente los elementos objetivo y subjetivo del desacato. Su proceder resulta

incurrió en una conducta abiertamente renuente al incumplir un mandato judicial claro, específico y de ejecución inmediata, con lo cual se configuran de manera concurrente los elementos objetivo y subjetivo del desacato. Su proceder resulta reprochable, en tanto implica una desatención injustificada a la autoridad del juez constitucional. 3.2. Proporcionalidad de la sanción Ahora bien, esta Sala considera necesario pronunciarse sobre la sanción impuesta al director general encargado de la DIAN dentro del trámite incidental, a fin de determinar si su cuantía resulta conforme con los principios que rigen la potestad coercitiva del juez constitucional, en especial el de proporcionalidad. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU -034 de 2018, precisó que:Incidentante: Edwin Alberto Quintanilla Gómez

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[L]a finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta ha cia el cumplimiento, a través de una

ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta ha cia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados. De acuerdo con los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, el juez que conoce del incidente en grado de consulta está facultado para ajustar la sanción impuesta, cuando advierta que su severidad excede lo necesario para asegurar el cumplimiento de la orden judicial. En esa medida, la sanción debe ser idónea, necesaria y proporcionada, de manera que preserve el equilibrio entre la finalidad correctiva de la medida y la garantía del debido proceso del incidentado. En el caso concreto, si bien la Sala comparte la declaratoria de incumplimiento, observa que la multa impuesta, equivalente a veinte (20) smlmv, resulta excesiva, pues desborda la finalidad correctiva y coercitiva que caracteriza al incidente de desacato. En efecto, la gravedad del incumplimiento no justifica una sanción de esa magnitud, toda vez que la me dida debe buscar el encauce del cumplimiento y no la represión del funcionario, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional. Por tanto, en aplicación del principio de proporcionalidad, esta Sala modificará la decisión objeto de consulta para reducir la multa a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuantía que se estima suficiente para reafirmar la autoridad del fallo de tutela, advertir al funcionario sobre su deber de acatamiento

decisión objeto de consulta para reducir la multa a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuantía que se estima suficiente para reafirmar la autoridad del fallo de tutela, advertir al funcionario sobre su deber de acatamiento y garantizar la eficacia del derecho fundamental protegido. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander.

Resuelve

Primero: Modificar el numeral tercero del auto del 10 de octubre de 2025, proferido por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de

Bucaramanga, el cual quedará así:

TERCERO: Como consecuencia inmediata de la anterior declaratoria, IMPONER al señor LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.730.927, en calidad de DIRECTOR GENERAL de la U.A.E.

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, UNA

MULTA por valor de DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEG