TA SAN - Auto 68081-33-33-003-2025-00076-01 (27-08-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticinco (2025) RADICADO: 68081333300320250007601

MEDIO DE CONTROL: CONCILIACIÓN PREJUDICIAL CONVOCANTE: LEDYS MARCELA GAMARRA LEON en representación propia y en nombre de sus hijos menores SAMUEL

ANDRÉS CANCHILA GAMARRA y ANDRÉS FELIPE

CANCHILLA GAMARRA; DAMARIS FLORIAN RABELO,

ROGER LUIS CANCHILA LOPEZ , ROGER CANCHILA

FLORIAN, DORIS MARIA LEON ARGUELLO ,

ABELARDO GAMARRA FONSECA y RONALD

GAMARRA LEON

r_cristian_@hotmail.com marcelaxt34@hotmail.com

CONVOCADO: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS –

ECOPETROL S.A.

ingrid.florez@ecopetrol.com.co notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co Willington.Plata@ecopetrol.com.co willington.plata@ecopetrol.com.co

SERINCO DRILLING S.A.

serinco@serincodrilling.com

INTERVINIENTE: PROCURADURÍA 16 JUDICIAL II PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co

serinco@serincodrilling.com

INTERVINIENTE: PROCURADURÍA 16 JUDICIAL II PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

JHON CARLOS GARCÍA PEREA

jcgarcia@procuraduria.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER

eavillamizar@procuraduria.gov.co

AUTO No.: 497

ASUNTO: AUTO QUE RESUELVE APELACIÓN VS. AUTO

IMPRUEBA ACUERDO DE CONCILIACIÓN

EXTRAJUDICIAL

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Procede la Sala Unitaria a decidir, lo que corresponda, sobre el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025), que improbó el acuerdo conciliatorio suscrito por las partes anteMedio de control: Conciliación

Convocante: Ledys Marcela Gamarra León y otros Convocado: Ecopetrol S.A. y otros Radicado: 68081333300320250007601

la Procuraduría 16 Judicial II para Asuntos Administrativos , previa la siguiente reseña:

I. ANTECEDENTES

1.1. De la solicitud de conciliación extrajudicial1

La parte convocante, actuando por conducto de apoderado judicial debidamente acreditado, presentó solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante los Procuradores Judiciales Delegados para Asuntos Administrativos, con el propósito de convocar a la empresa Ecopetrol S.A. y a la sociedad Serinco Drilling S.A., exponiendo los siguientes hechos:

En primer lugar, manifestaron que el señor Mario Andrés Canchila Florián se

de convocar a la empresa Ecopetrol S.A. y a la sociedad Serinco Drilling S.A., exponiendo los siguientes hechos:

En primer lugar, manifestaron que el señor Mario Andrés Canchila Florián se encontraba vinculado laboralmente a Ecopetrol S.A., desempeñándose como Operador d e Subsuelo Mayor. Indicaron que, el día 2 de mayo de 2023, en desarrollo de sus funciones y junto con su equipo de trabajo, adelantaba un procedimiento técnico de reacondicionamiento con miras a la reactivación del Pozo Petrolero Tesoro 29, ubicado en el C ampo Lisama, el cual había permanecido en estado de abandono durante más de cinco (5) años.

Durante dicha intervención —según lo narrado por los solicitantes — se presentó una sobrepresión de gas que no fue advertida ni controlada oportunamente por el personal de apoyo ni por los equipos dispuestos para tal fin, situación que desembocó en una fuerte exposición de gases e incendio en la boca del pozo, generando un grave accidente.

Añadieron que, conforme a las investigaciones posteriores, se evidenció que e l accidente tuvo origen en la regular intervención de un pozo abandonado sin atender a las condiciones técnicas y protocolos para la intervención de este tipo de estructuras. En consecuencia, en el lugar de los hechos se constataron diversas deficiencias en la aplicación de los procedimientos de reacondicionamiento Workover por parte de las empresas convocadas, al intentar recuperar el pozo sin las debidas garantías de seguridad operativa.

Conforme al informe final de investigación técnica , dichas deficiencias se traducen en: i. un análisis de riesgo insuficiente, una deficiente gestión de seguridad

las debidas garantías de seguridad operativa.

Conforme al informe final de investigación técnica , dichas deficiencias se traducen en: i. un análisis de riesgo insuficiente, una deficiente gestión de seguridad ocupacional HSE previa por parte de Serinco Drilling S.A. y posterior por parte de

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00001 de SAMAI, Archivo 1procesoabonad_02Conciliacionpdf(.pdf), folio 36 al 51Medio de control: Conciliación

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Ecopetrol S.A.; ii) la operación del pozo bajo condiciones de sobrepresión a pesar de su inestabilidad ; iii) fallas en el estado operativo del equipo ; iv) una respuesta tardía y deficiente frente a la emergencia, toda vez que los vehículos contraincendios y las ambul ancias no se encontraban presentes en el sitio al momento del incidente, y su llegada tardó una hora , y v) deficiencias en la calibración de los instrumentos de medición y de las válvulas de seguridad.

En virtud de lo anterior, los solicitantes concluyeron que existía un nexo causal directo entre la falla en el servicio por parte de las entidades convocadas y el daño antijurídico causado, en tanto que, tales omisiones y actuaciones imprudentes configuraron una responsabilidad adminis trativa susceptible de reparación. En consecuencia, solicitaron que se declarara la responsabilidad patrimonial de Ecopetrol S.A. y Serinco Drilling S.A. por los daños y perjuicios ocasionados a la

configuraron una responsabilidad adminis trativa susceptible de reparación. En consecuencia, solicitaron que se declarara la responsabilidad patrimonial de Ecopetrol S.A. y Serinco Drilling S.A. por los daños y perjuicios ocasionados a la familia y demás allegados del señor Mario Andrés Canchila Florián, y que, en consecuencia, se ordenara el pago de los perjuicios morales y materiales derivados del citado evento.

1.2. De la providencia apelada2

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja mediante providencia de fecha 27 de junio de 2025, resolvió improbar la conciliación extrajudicial celebrada en 11 de junio de 2025 , entre la parte convocante Ledys Marcela Gamarra León y Otros y la parte convocada Ecopetrol S.A. y Otros, ante la Procuraduría 16 Judicial II para Asuntos Administrativos.

Como fundamento de su decisión, el a quo hizo un análisis relacionado con la competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en aquellos asuntos en los cuales se reclama la responsabilidad de una entidad o empresa pública derivada de una relación laboral con un trabajador oficial. En este s entido, señaló que el numeral 4 del artículo 105 de del CPACA establece que esta jurisdicción está excluida del conocimiento de los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.

En consecuencia, el juzgado precisó que, en el presente caso se pretendió declarar la responsabilidad por un accidente laboral que ocasionó la muerte al señor Mario Andrés Canchila Florán, en su condición de trabajador oficial de Ecopetrol S.A., ya

En consecuencia, el juzgado precisó que, en el presente caso se pretendió declarar la responsabilidad por un accidente laboral que ocasionó la muerte al señor Mario Andrés Canchila Florán, en su condición de trabajador oficial de Ecopetrol S.A., ya que su deceso fue ocasionado por un incendio que tuvo lugar por la pérdida de contención de hidrocarburos en el Pozo Tesoro 29 del Campo Lizama. A su vez, se

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00003 de SAMAIMedio de control: Conciliación

Convocante: Ledys Marcela Gamarra León y otros Convocado: Ecopetrol S.A. y otros Radicado: 68081333300320250007601

alegó que e l fatal accidente fue consecuencia de una serie de omisiones en la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa demandada.

Por lo tanto, y atendiendo a la naturaleza de la vinculación del fallecido, es decir, a su calidad de trabajador oficial, el Juzgado concluyó que el conocimiento de la controversia corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, «para resolver los litigios que surjan entre un trabajador oficial y una entidad pública, derivados de un contrato de trabajo. Inclusive, si el litigio tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad de la empleadora por los perjuic ios morales y económicos que le haya podido ocasionar al trabajador, y que deriven directa o indirectamente de la relación de trabajo».

1.3. Del recurso de apelación

1.2.1. Procuraduría 16 Judicial II para asuntos administrativos de Bucaramanga3, el Ministerio público recurrió la decisión de primera instancia con base en los siguientes argumentos:

1.3. Del recurso de apelación

1.2.1. Procuraduría 16 Judicial II para asuntos administrativos de Bucaramanga3, el Ministerio público recurrió la decisión de primera instancia con base en los siguientes argumentos:

En primer lugar, precisó que, si bien los hechos descritos en la solicitud de conciliación podrían dar lugar a la configuración de un accidente de trabajo y, por ende, a una responsabilidad patronal, lo cierto es que la intención y voluntad de la parte convocante no fue la de acudir a una indemnización a través de la vía ordinaria laboral, sino que se planteó una responsabilidad extracontractual del Estado por falla en el servicio, en atención a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, así como a la acción de reparación directa prevista en el artículo 140 del CPACA, lo cual resulta legal y jurídicamente admisible.

Asimismo, señaló que, de la narración de los hechos se desprende que la tesis de la parte convocante se centró en que se cometieron fallas en el servicio, ya que no se tuvieron en cuenta los elementos, protocolos y precauciones necesari os que debe cumplir toda operación petrolera.

Por otro lado, manifestó que, aunque en la providencia recurrida se invoc ó como principal argument o el numeral 4 del artículo 105 del CPACA, este no resulta aplicable al caso concreto.

Indicó que dicho numeral hace referencia a los conflictos laborales surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales, lo cual, a su juicio, no se configura en el presente asunto. Si bien aceptó la condición de trabajador oficial de

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00007 de SAMAIMedio de control: Conciliación

configura en el presente asunto. Si bien aceptó la condición de trabajador oficial de

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00007 de SAMAIMedio de control: Conciliación

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la víctima, sostuvo que no se aportó ningún documento que lo demuestre, puesto que la solicitud se fundamentó en la responsabilidad extracontractual del Estado por falla en el servicio, relacionada con perjuicios causados a terceras personas ajenas al contrato laboral, como consecuencia del fallecimiento del trabajador.

Adicionalmente, sostuvo que el a quo omitió tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 1 º del ar tículo 104 del CPACA, lo cual resultaba determinante para el análisis del caso, y que las providencias citadas como fundamento de la decisión adoptada en primera instancia no compartían los mismos presupuestos fácticos, por lo que no podían ser aplicadas como precedente en el presente caso.

En el mismo sentido, el Ministerio Público hizo referencia a precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que habilitan el ejercicio del medio de control de reparación directa en el presente caso, y que, por tanto, facultan a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo para conocer de este tipo de litigios.

Finalmente, destacó que la decisión de improbación del acuerdo conciliatorio no es correcta, dado que, si se aceptaran los argumentos del juez para considerar la falta de jurisdicción, lo que procedía era abstenerse de emitir juicio sobre la aprobación o improbación del acuerdo, pues, en tal caso, no correspondía al juez pronunciarse

correcta, dado que, si se aceptaran los argumentos del juez para considerar la falta de jurisdicción, lo que procedía era abstenerse de emitir juicio sobre la aprobación o improbación del acuerdo, pues, en tal caso, no correspondía al juez pronunciarse improbando un acuerdo respecto del cual consideraba que carecía de jurisdicción ; lo procedente, en su consideración , era remitir las diligencias al juez que considerara competente y no devolver las diligencias a la Procuraduría para rehacer lo actuado.

En su opinión, si el asunto no era competencia de la jurisdicción contenciosoadministrativa, también la Procuradurí a carecía de facultades para surtir el trámite conciliatorio.

1.2.2. Parte convocada, Ecopetrol S.A. 4, señaló que, la jurisdicción competente para conocer las indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo depende de la causa invocada por la víctima. En el caso concreto, la solicitud se fundamentó en una responsabilidad extracontractual del Estado, bajo el argumento de una falla en el servicio.

En este sentido, indicó que, aunque se encuentra probado que el señor Mario Andrés Canchila Floran fue trabajador oficial de Ecopetrol S.A., lo cierto es que sus familiares, en un sentido estricto, no mantienen una relación contractual con la

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00008 de SAMAIMedio de control: Conciliación

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empresa, sino una relación extracontractual, por lo que están legitimados para

Convocante: Ledys Marcela Gamarra León y otros Convocado: Ecopetrol S.A. y otros Radicado: 68081333300320250007601

empresa, sino una relación extracontractual, por lo que están legitimados para ejercer el medio de control de repara ción directa en virtud de la afectación de sus derechos fundamentales.

Finalmente, destacó que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que permite a las partes resolver sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral. En e ste caso, señaló que la Procuraduría es el organismo competente para conocer, gestionar y tramitar los acuerdos que suscriben las entidades públicas, como lo es Ecopetrol.

1.2.3. Parte convocante, Ledys Marcela Gamarra León 5, indicó que la providencia re currida desconoce que la acción indemnizatoria no se deriva exclusivamente de la relación laboral entre Ecopetrol y el fallecido, Mario Andrés Canchila, sino que tiene su origen en el marco general de la responsabilidad extracontractual del Estado. Aseguró que el medio de control invocado se fundamenta en la afectación de derechos de terceros ajenos a la relación laboral, conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 104 del CPACA.

De esta manera, sostuvo que la jurisdicción Contencioso -Administrativa es la competente, en virtud del fuero de atracción, ya que, de no ser así, ninguna de las entidades vinculadas, como Serinco Drilling, Consultec o Chubb Seguros, habría sido llamada a responder ante ninguna jurisdicción.

Precisó que los perjuicios que originaron el acuerdo conciliatorio no guardan una

entidades vinculadas, como Serinco Drilling, Consultec o Chubb Seguros, habría sido llamada a responder ante ninguna jurisdicción.

Precisó que los perjuicios que originaron el acuerdo conciliatorio no guardan una conexión necesaria con la relación laboral, sino con la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la familia y la dignidad humana, los cuales son resarcibles en sede administrativa, conforme al artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. En este contexto, señaló que la conciliación no se fundó en la culpa patronal, sino en la teoría de la falla del servicio y el riesgo excepcional.

Expuso que, en el p resente caso, no solo se configuró una omisión técnica y operativa por parte de Ecopetrol y sus contratistas en el manejo de un pozo inactivo, sino que también se produjo un evento catastrófico evitable que afectó a terceros, lo cual justifica el reconocim iento y pago de los perjuicios mediante la vía administrativa.

Finalmente, destacó que los precedentes citados en el auto recurrido no resultan aplicables al caso concreto y que existen otros precedentes que respaldan la

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00009 de SAMAIMedio de control: Conciliación

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competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa para conocer de la presente controversia.

2. CONSIDERACIONES

2.2. Acerca de la competencia

De conformidad con lo dispuesto numeral 3º del artículo 125 del CPACA modificado

presente controversia.

2. CONSIDERACIONES

2.2. Acerca de la competencia

De conformidad con lo dispuesto numeral 3º del artículo 125 del CPACA modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, es competencia del magistrado ponente dictar providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia que no se encuentre allí enlistadas.

2.3. El problema jurídico y su resolución

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación6, el cual consiste en establecer si:

P.J. 01: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo es competente para ejercer el estudio de legalidad del acuerdo conciliatorio celebrado el 11 de junio de 2025 , entre la parte convocante , Ledys Marcela Gamarra León y otros, y la parte convocada , Ecopetrol S.A. y otros , ante la Procuraduría 16 Judicial II para Asuntos Administrativos?

2.4. Marco Jurídico

2.4.1. De la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa

El artículo 104 de l CPACA 7, establece los principios generales que rigen la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso -Administrativo. En términos

6 Art. 328 del CGP. 7 «ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omi siones y

Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omi siones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente conocerá de los siguientes procesos: // 1. Los relativos a la responsabil idad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable. // 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. // 3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes. // 4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. // 5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno. // 6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades. // 7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado. // PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo

contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado. // PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el EstadoMedio de control: Conciliación

Convocante: Ledys Marcela Gamarra León y otros Convocado: Ecopetrol S.A. y otros Radicado: 68081333300320250007601

amplios, dicha disposición señala que esta jurisdicción tiene la capacidad para conocer y resolver las disputas que surjan a raíz de actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sometidas al derecho administrativo, donde estén involucradas entidades públicas.

Como criterio específico de competencia, el numeral 1 º del referido artículo 104 , otorga a esta jurisdicción la facult ad para conocer los casos relativos a la responsabilidad extracontractual que pueda ser atribuida a las entidades públicas, independiente d el régimen jurídico aplicable. Para ello, es esencial examinar la calidad del demandado, entendiendo que la responsabilidad debe recaer sobre una entidad pública, entendida como aquel órgano, sociedad o empresa que posea una participación estatal de al menos el 50 % de su capital, conforme al parágrafo del mismo artículo 104 del CPACA.

En este contexto, el H. Consejo de Estado 8 se ha pronunciado sobre la viabilidad de la acción de reparación directa, particularmente cuando se trate de daños causados a terceras personas, a raíz de una lesión o fallecimiento de un trabajador, producto de un accidente o enfermedad, sin que se vea afectada la reclamación de

de la acción de reparación directa, particularmente cuando se trate de daños causados a terceras personas, a raíz de una lesión o fallecimiento de un trabajador, producto de un accidente o enfermedad, sin que se vea afectada la reclamación de indemnizaciones laborales que puedan proceder.

En esta misma línea, la H. Corte Constitucional, en el Auto 1517 de octubre 13 de 2022, analizó la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo respecto a los conflictos por responsabilidad extracontractual del Estado, derivados de acciones u omisiones de entidades públicas, independientemente del régimen legal aplicable, y al respecto precisó que:

«En suma, puede concluirse que (i) la reparación directa es uno de los medios de control regulados en el CPACA, mediante el cual se puede demandar la reparación del daño producido por la acción u omisión de los agentes del Estado y, además, (ii) el Consejo de Estado ha resaltado la procedencia de la acción de reparación directa para reclamar daños causados a terceras personas como consecuencia de la lesión o muerte sufrida por un trabajador, en virtud de un accidente o enfermedad, con independencia de las indemnizaciones de carácter laboral que puedan reclamarse. Así, la S ección Tercera ha conocido de acciones de reparación directa presentadas por los familiares de trabajadores fallecidos en el marco de obras públicas (incluso de trabajadores particulares vinculados con los contratistas o subcontratistas de la obra), cuya m uerte es imputada al Estado y frente a la cual se exige la reparación de los perjuicios causados. En algunos casos, los entes públicos demandados han sido los empleadores del trabajador

contratistas o subcontratistas de la obra), cuya m uerte es imputada al Estado y frente a la cual se exige la reparación de los perjuicios causados. En algunos casos, los entes públicos demandados han sido los empleadores del trabajador fallecido, pero en otros, aquellos han sido los dueños de la obra, mientras que los

tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%». 8 Consejo de Estado, Sección Tercera. CP. A.E.H.E.. R..: 73001-23-31-000-1997-04737-01(15125). Consejo de Estado, Sección Tercera. C.M.E.G.G.. R.: 66001-23-31-000-1996-05284-01(15284). Consejo de Estado, Sección Tercera. CP. M.F.G.. R..: 15001-23-31-000-1993-03166-01 (15722). Consejo de Estado, Sección Tercera. CP. R.S.C.P.. Ex. 15967Medio de control: Conciliación

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contratistas o subcontratistas tenían la calidad de empleadores. Finalmente, el Consejo de Estado también ha resaltado que la indemnización por los daños sufridos por los trabajadores particulares, sus causahabientes o sucesores, o por los servidores estatales o cualquiera otro damnificado, con ocasión de una obra pública, puede ser demandada a través de la acción de reparación directa9».

Por otro lado, la jurisdicción de lo Contencioso -Administrativo también tiene competencia para conocer demandas de responsabilidad extracontractual

pública, puede ser demandada a través de la acción de reparación directa9».

Por otro lado, la jurisdicción de lo Contencioso -Administrativo también tiene competencia para conocer demandas de responsabilidad extracontractual formuladas contra entidades públicas y contra particulares, siempre que se dé aplicación al denominado fuero de atracción.

Este fenómeno procesal, desarrollado jurisprudencialmente, amplía la competencia de esta jurisdicción, siempre que se cumplan con ciertos criterios, los cuales son los siguientes: «(I) que los hechos y la causa que fundamentan la eventual responsabilidad de ambos sujetos deben ser los mismos; (II) que los hechos, las pretensiones y las pruebas del caso permitan inferir que existe una probabilidad «mínimamente seria» de que las entidades estatales sean condenadas y (III) que el demandante planteé fundamentos fácticos y jurídicos para imput ar el daño antijurídico a la entidad estatal que permitan concluir, en principio, que las acciones u omisiones de la entidad estatal demandada fueron «concausa eficiente del daño»10.

En virtud de lo dispuesto por las normas de competencia y en coherencia con los antecedentes jurisprudenciales, se concluye que la jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo es competente para conocer las demandas de responsabilidad extracontractual presentadas contra entidades públicas y particulares. Sin embargo, en aquellos casos en los que no sea aplicable el fuero de atracción , será la jurisdicción ordinaria la encargada de conocer tales asuntos.

3. Análisis de las pruebas

Como pruebas relevantes para dir imir la presente controversia , obran en el expediente las siguientes:

• Solicitud de conciliación presentada por Cristian Camilo Ruiz Gamarra en

3. Análisis de las pruebas

Como pruebas relevantes para dir imir la presente controversia , obran en el expediente las siguientes:

• Solicitud de conciliación presentada por Cristian Camilo Ruiz Gamarra en calidad de apoderado de: Ledys Marcela Gamarra León en representación propia y de sus hijos menores Samuel Andrés Canchila Gamarra y Andrés

Felipe Cachila Gamarra; Damaris Florian Rab elo, Roger Luis Canchila

9 Corte constitucional, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Auto No. 1517 del 13 de octubre de 2022, expediente CJU-1450 10 Corte Constitucional, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, Auto No. 013 del 31 de enero de 2024, expediente CJU-2413Medio de control: Conciliación

Convocante: Ledys Marcela Gamarra León y otros Convocado: Ecopetrol S.A. y otros Radicado: 68081333300320250007601

López, Roger Canchila Florian, Doris María León Arguello, Abelardo Gamarra Fonseca y Ronald Gamarra León11 y su respectiva subsanación12. • Pruebas aportadas por la parte convocante en la solicitud de conciliación13. • El 11 de junio de 2025 la Procuraduría 16 Judicial II para Asuntos Administrativos expidió la respectiva acta de la conciliación extrajudicial14.

En el sub examine, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, mediante auto de fecha 27 de junio de 2025, resolvió improbar el acuerdo conciliatorio celebrado el 11 de junio de 2025 entre la parte convocante,

Barrancabermeja, mediante auto de fecha 27 de junio de 2025, resolvió improbar el acuerdo conciliatorio celebrado el 11 de junio de 2025 entre la parte convocante, Ledys Marcela Gamarra León y otros, y la parte demandada, Ecopetrol S.A. y otros, ante la Procuraduría 16 Judicial II para Asuntos Administrativos, la considerar que, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no era la competente para conocer el asunto, sino que la competencia recaía en la jurisdicción ordinaria.

Así las cosas, en el caso particular y concreto, se tiene que, los convocantes pretendieron obtener, a través de la solicitud de conciliación, una indemnización por los daños derivados del fallecimiento de Mario Andrés Canchila Flor ián, quien, según los demandantes, perdió la vida a causa de un accidente, cuya responsabilidad le es atribuible a Ecopetrol S.A. y Serinco Drilling S.A.

Ahora bien, aunque la acción de reparación directa no es el medio adecuado para reclamar indemnizaciones originadas exclusivamente por accidentes laborales o en el marco de una relación laboral, es relevante subrayar que, en este caso, el eventual litigio no versaría sobre una obligación derivada de una relación laboral preexistente entre el trabajador f allecido y las entidades convocadas. Este es un factor esencial que define la jurisdicción competente para resolver el conflicto.

A la luz de lo anterior, la Sala concluye que el medio de control a precaver, descansa en la responsabilidad extracontractual del Estado, específicamente por una posible falla en el servicio, con la que se busca la indemnización de los perjuicios ocasionados a los familiares del trabajador fallecido. Esta reclamación está

en la resp