TA SAN - Sentencia 11001-03-25-000-2007-00087-00 (21-08-2025)

1

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Dr. IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, agosto veintiuno (21) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333014-2016-00104-03

DEMANDANTE: CARMEN CECILIA PLATA JIMENEZ

franjopla1@hotmail.com

DEMANDADO: NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION

EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

JUDICIALSECCIONAL BUCARAMANGA

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

Se decide la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2023 por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga previa la siguiente reseña:

ANTECEDENTES

La Demanda.

Pretensiones La demandante solicita que se inapliquen por inconstitucionales e ilegales diversas disposiciones contenidas en decretos expedidos entre 2006 y 2016, en cuanto establecen que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tiene carácter salarial. Ello, en razón de que tales disposiciones ya han sido declaradas nulas por el Consejo de Estado mediante sentencia del 29 de abril

establecen que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tiene carácter salarial. Ello, en razón de que tales disposiciones ya han sido declaradas nulas por el Consejo de Estado mediante sentencia del 29 de abril de 2014 (expediente 11001 -03-25-000-2007-00087-00), y reitera n el mismo error normativo.

En consecuencia, solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones No. 3736 de 15 de agosto de 2014 y No. 5739 de 6 de octubre de 2015, mediante las cuales la Dirección Ejecutiva de AdministraciónSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

2

Judicial – Seccional Bucaramanga – negó el reconocimiento y pago efectivo de la prima especial del 30% como ingreso adicional a la remuneración mensual, así como la correspondiente reliquidación de salarios y prestaciones sociales causadas entre el 6 de mayo de 2008 y la fecha de presentación de la demanda.

Como restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de sus Direcciones Ejecutiva y Seccional, reconocer y pagar la prima especial de servicios como un factor salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual devengada por la demandante, desde el 1 de junio de 2006 hasta el 5 de mayo de 2008, y desde esa última fecha hasta la de presentación de la demanda, incluyendo los valores que se sigan causando durante la sustanciación del proceso hasta su pago total.

demandante, desde el 1 de junio de 2006 hasta el 5 de mayo de 2008, y desde esa última fecha hasta la de presentación de la demanda, incluyendo los valores que se sigan causando durante la sustanciación del proceso hasta su pago total.

Así mismo, se solicita que se ordene la reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales, tales como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, aportes para pensión y demás emolumentos laborales, con inclusión de la prima especial como parte del salario base, durante los mismos periodos.

Adicionalmente, solicita que se condene a la entidad demandada al pago de las sumas resultan tes debidamente indexadas con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde el momento en que se hicieron exigibles hasta su pago efectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA, así como al pago de intereses moratorios en caso de incumplimiento, conforme al artículo 192 ibídem.

Finalmente, solicita que se impongan las costas procesales a la Nación – Rama Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA.

Hechos

La señora Carmen Cecilia Plata Jiménez , en su calidad de Juez de la República , vinculada de manera ininterrumpida a la Rama Judicial desde el 1° de junio de 2006, expone que, en aplicación de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió una serie de decretos que establecieron una prima especial de servicios equivalente al 30% del s alario básico mensual para jueces y magistrados, pero sin reconocerle carácter salarial. En la práctica, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha

serie de decretos que establecieron una prima especial de servicios equivalente al 30% del s alario básico mensual para jueces y magistrados, pero sin reconocerle carácter salarial. En la práctica, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha venido efectuando dicho pago como un porcentaje segregado del salario, sinSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

3

incluirlo en la base de liquidación de prestaciones sociales como cesantías, intereses, pensiones y demás emolumentos.

Diversas sentencias del Consejo de Estado, entre ellas las del 19 de mayo de 2010, 2 de abril de 2009, 4 de agosto de 2010, 7 de mayo de 2012 y, en particular, la de 29 de abril de 2014 (exp. 11001 -03-25-000-2007-00087-00), han declarado la nulidad de múltiples disposiciones reglamentarias que excluían el carácter salarial de dicha prima, ordenando su inclusión en la base de liquidación de derechos laborales.

A pesar de este precedente jurisprudencial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Bucaramanga negó mediante la Resolución 3736 del 15 de agosto de 2014 el reconocimiento y pago de la prima como ingreso adicional, así como la reliquidación de las prestaciones sociales causadas. El recurso de apelación interpuesto fue resuelto negativamente por la Resolución 5739 del 6 de octubre de 2015, notificada el 26 de octubre del mismo año.

Previamente a la presentación de la demanda, la actora formuló petición administrativa el 12 de agosto de 2014 y acudió al trámite de conciliación prejudicial

el 26 de octubre del mismo año.

Previamente a la presentación de la demanda, la actora formuló petición administrativa el 12 de agosto de 2014 y acudió al trámite de conciliación prejudicial el 7 de abril de 2016 ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos, diligencia que culminó sin acuerdo debido a la falta de voluntad conciliatoria de la entidad de mandada, según consta en la certificación del Comité Seccional de Defensa Judicial.

Normas violadas y concepto de violación

Constitucionales: Artículos 2, 13, 25, 29, 53,150 numeral 19 literal e).

Legales: Artículo 12 del Decreto 717 de 1978; artículos 2 y 10 de la Ley 4 de 1992; articulo 152 numeral 7 de la ley 270 de 1996; Ley 482 de 1998, relacionada con

Presupuesto. Artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo.

La demandante fundamenta la violación de normas constitucionales, legales y reglamentarias en el hecho de que los actos administrativos acusados —las resoluciones No. 3736 de 2014 y 5739 de 2015 — desconocen el carácter salarialSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

4

de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, al tratarla como un comp onente sin efectos prestacionales. Esta interpretación ha conllevado a una disminución efectiva del salario básico mensual y de las prestaciones sociales, lo cual contraviene principios constitucionales como la irrenunciabilidad de los derechos laborales, el respeto a los derechos adquiridos, y

conllevado a una disminución efectiva del salario básico mensual y de las prestaciones sociales, lo cual contraviene principios constitucionales como la irrenunciabilidad de los derechos laborales, el respeto a los derechos adquiridos, y la prohibición de desmejorar la remuneración de los servidores públicos.

Se argumenta que el Gobierno Nacional, al expedir decretos reglamentarios desde 1993 en adelante, configuró una práctica inconstitucional e ilegal al segregar el 30% correspondiente a la prima especial del salario mensual sin reconocerlo como ingreso adicional, afectando la base de liquidación de prestaciones sociales. Esta práctica fue reiteradamente declarada nula por el Consejo de Estado en sentencias que reconocen el carácter salarial de dicha prima, con efectos ex tunc, lo que implica que desde su origen debe considerarse como parte del salario total devengado.

Se resalta además que, conforme a lo previsto en los artículos 4 y 237 de la Constitución, y el artículo 9 del CPACA, las autoridades administrativas están obligadas a inaplicar normas declaradas nulas cuando subsistan las causas de su inconstitucionalidad. Por tanto, al persistir en la aplicación de decretos que reproducen disposiciones anuladas —como los decretos expedidos entre 2008 y 2014— la Administración Judicial incurre en una violación directa del ordenamiento superior, lo que afecta los derechos laborales de la actora.

En consecuencia, la negativa de la Administración a reco nocer la prima especial como factor salarial constituye una vulneración del bloque de legalidad aplicable, que incluye disposiciones constitucionales, estatutarias, sustantivas del trabajo y jurisprudencia contenciosa administrativa con efectos erga omnes, razón por la cual

como factor salarial constituye una vulneración del bloque de legalidad aplicable, que incluye disposiciones constitucionales, estatutarias, sustantivas del trabajo y jurisprudencia contenciosa administrativa con efectos erga omnes, razón por la cual se solicita la inaplicación de las normas inconstitucionales y la correspondiente reliquidación de los derechos salariales y prestacionales.

Contestación de la Demanda

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga, se opone a todas las pretensiones formuladas por la parte actora, argumentando que los actos administrativos demandados (resoluciones 3736 de 2014 y 5739 de 2015) fueronSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

5

expedidos conforme a dere cho y con sujeción al régimen salarial y prestacional vigente al momento de su emisión, por lo que gozan de presunción de legalidad. Sostiene que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 fue reglamentada por el Gobierno Nacional mediante decretos anuales, estableciendo expresamente su naturaleza no salarial, lo cual ha sido validado por la Corte Constitucional en sentencias como la C-279 de 1996 y C-244 de 2013. Por tanto, dicho beneficio no puede incluirse como factor s alarial para efectos prestacionales, y la administración no tiene competencia para modificar tal determinación. La entidad destaca que la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 declaró la nulidad de normas contenidas en decretos expedidos entre 1993 y 2007, pero no afectó los decretos posteriores (2008 -2014), los cuales siguen vigentes y

declaró la nulidad de normas contenidas en decretos expedidos entre 1993 y 2007, pero no afectó los decretos posteriores (2008 -2014), los cuales siguen vigentes y no han sido objeto de pronunciamiento de nulidad. De igual forma, recalca que la sentencia mencionada no reconoció derechos subjetivos individuales, ni imp uso condenas pecuniarias, por tratarse de una acción de simple nulidad. En consecuencia, sostiene que proceder a la reliquidación de salarios y prestaciones como lo solicita la demandante implicaría un desconocimiento del orden jurídico vigente, pues la ad ministración está sujeta a aplicar los decretos expedidos por el Ejecutivo, únicos competentes para fijar la remuneración de los servidores judiciales. Adicionalmente, alega la excepción de prescripción trienal sobre los derechos reclamados por periodos an teriores a tres años desde la fecha de la solicitud administrativa (agosto de 2014), con fundamento en normas como el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, aplicables a empleados públicos. Finalmente, la entidad sostiene que los actos administrativos acusados se emitieron con plena competencia, en respeto del debido proceso y debidamente motivados, por lo que no se configura causal alguna de nulidad ni violación de la ley o la Constitución. En consecuencia, solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda. Sentencia de Primera Instancia

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 30 de mayo de 2023, resolvió:Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

6

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 30 de mayo de 2023, resolvió:Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

6

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 13 de agosto de 2011, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución DESAJ 3736 del 15 de agosto de 2014 expedida por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO: DECLARAR la n ulidad de la Resolución 5739 del 6 de octubre de 2015 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nul idad y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor de la parte demandante CARMEN CECILIA PLATA JIMENEZ, las diferencias que por concepto de la prima especial resulten a su favor teniendo en cuenta la prima como una adición al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente y teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación; así mismo se ordena la

la prima como una adición al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente y teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación; así mismo se ordena la reliquidación de las prestaciones sociales: la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, bonificación por servicios prestados, las cesantías y los intereses a l as cesantías, desde el 13 de agosto de 2011 y por los periodos desempeñados como Jueza y Magistrada de la República con base en la asignación básica mensual, incluido el 30% de la prima especial de servicios. Lo anterior, siempre y cuando no supere el tope del 80% de lo que devengan los Magistrados de las Altas Cortes. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia. La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO. (…)”

La A quo analizó que la demandante ha desempeñado cargos como jueza y magistrada desde 2006, y que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha liquidado sus prestaciones con base únicamente en el 70% del salario, segregando el 30% bajo la figura de prima especial sin carácter salarial. No obstante, con

magistrada desde 2006, y que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha liquidado sus prestaciones con base únicamente en el 70% del salario, segregando el 30% bajo la figura de prima especial sin carácter salarial. No obstante, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado (notablemente la sentencia del 29 de abril de 2014) y la unificación jurisprudencial del 2 de septiembre de 2019, se concluyó que esa interpretación vulnera los principios constitucionales y legales en materia laboral, pues el ejecutivo excedió su potestad reglamentaria al establecer la exclusión del carácter salarial de dicha prima.Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

7

El juzgado consideró que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe entenderse como un ingreso adicional a la asignación básica y, por tanto, debe computarse dent ro de la base de liquidación de todas las prestaciones sociales. En consecuencia, accedió a las pretensiones y ordenó la reliquidación salarial y prestacional de la actora, tomando como base el 100% del salario devengado, desde el 13 de agosto de 2011, fec ha límite determinada por la prescripción trienal de derechos laborales conforme al Decreto 3135 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969.

Recuso de Apelación

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga, interpuso recurso de apelación contra l a sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demandante, cuestionando los fundamentos jurídicos y probatorios del fallo. De la siguiente manera:

recurso de apelación contra l a sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demandante, cuestionando los fundamentos jurídicos y probatorios del fallo. De la siguiente manera:

1. argumenta que la prima especial del 30% prevista en la Ley 4ª de 1992 fue reglamentada como un concepto sin carácter salarial, salvo para efectos pensionales, y que esa interpretación ha sido mantenida por los decretos reglamentarios del Gobierno Nacional. Señalan que la administración judicial está obligada a ceñirse a esos dec retos y no puede reconocer efectos prestacionales generales a la prima especial sin incurrir en violación del marco legal vigente. ii. alega que las pretensiones están parcialmente prescritas conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 d el Decreto 1848 de 1969, según los cuales la prescripción de derechos laborales administrativos opera a los tres años desde su exigibilidad. La jurisprudencia del Consejo de Estado también ha ratificado este criterio. En el caso concreto, los derechos caus ados con anterioridad al 13 de agosto de 2011 estarían prescritos, pues la reclamación se presentó en 2014. iii. sostiene que la demanda debió presentarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del acto administrativo que resolvió el recurso de apelación. Como ello no se cumplió, se configuraría la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. iv. La apelante sostiene que la demanda es inadmisible porque se dirigió contra una entidad sin personería jurídica propia, no individualizó claramente losSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

1. La apelante sostiene que la demanda es inadmisible porque se dirigió contra una entidad sin personería jurídica propia, no individualizó claramente losSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

8

actos acusados ni estructuró adecuadamente el concepto de violación. Además, omitió citar a entidades con competencia en materia salarial, como la Dirección Ejecutiva del nivel central, el Ministerio de Hacienda y el DAFP, lo que vulnera el debido proceso, configura falta de legitimación en la causa por pasiva y desconoce la existencia de un litisconsorcio necesario. v. advierte que el reconocimiento de sumas por fuera del marco normativo y presupuestal autorizado genera una afectación grave a la hacienda pública. Los pagos deben estar respaldados en apropiaciones legales, y una decisión judicial que ordene dichos pagos desconoce la legalidad del gasto público.

Tramite de Segunda Instancia

El proceso es allegado al Despacho de la Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, quien manifiesta impedimento para conocer del presente asunto al interponer una demanda bajo las mismas pretensiones, remitiendo el proceso al Despacho a cargo del magistrado ponente, quien junto con su sala de revisión resolvió el impedimento aceptándolo a través de auto del 30 de mayo de 2025, y a través de providencia del 17 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación

De trámite se destaca que, las partes ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

CONSIDERACIONES

Acerca de la Competencia

Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal

De trámite se destaca que, las partes ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

CONSIDERACIONES

Acerca de la Competencia

Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.

Problema Jurídico.

De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve así:Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

9

1. ¿hay lugar a que se reliquiden y paguen las sumas correspondientes a la prima especial de servicio y demás prestaciones sociales, así como ordenar el pago adicional de los aportes para la pensión debido a la inclusión incorrecta de dicha prima en su salario?

Tesis: Sí. 2. ¿en el presente medio de control operó la caducidad?

Tesis: No.

Solución al problema jurídico planteado

1. La prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, ha expedido anualmente, a partir de 1993, los decretos salariales de los servidores públicos.

A través del Decreto 57 de 1993, se determinó para el régimen de acogidos que «el

los decretos salariales de los servidores públicos.

A través del Decreto 57 de 1993, se determinó para el régimen de acogidos que «el treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial” 8. En lo referente al régimen de los no acogidos, se dispuso que “los funcionarios a que se refieren los artículos 5 y 6 del presente decreto tendrán derecho a una prima especial mensual equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación básica y los gastos de representación sin carácter salarial y sustituye la prima de que trata el artículo 7 del Decreto 903 de 1992».

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 2 de abril de 2009, precisó que el concepto de prima siempre significará una adición al ingreso del servidor público1.

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de abril de 2009, expediente 11001 -03-25-000-200700098-00, Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez ArangurenSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

10

Mediante sentencia de 29 de abril de 2014, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de los decretos dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales se había fijado en el 30% la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al considerar que los decretos interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente

por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales se había fijado en el 30% la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al considerar que los decretos interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley2.

La Sala Plena de Conjueces de la Sección Seg unda profirió el 2 de septiembre de 2019 sentencia de unificación jurisprudencial 3 y definió las siguientes reglas respecto de la «prima especial»:

“La Sala unifica jurisprudencia en relación con la prima especial consagrada en el art. 14 de la Ley 4 de 1992 en los siguientes términos:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta.

En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima es pecial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, s in que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se

servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, s in que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, expediente N° 11001-03-25-000-2007-00087-00, sentencia del 11001-03-25-000-2007-00087-00. Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia de 2 de septiembre de 2019, Exp. No. 41001-23-33-000-2016-00041-02. Conjuez Ponente Dra. Carmen Anaya de CastellanosSentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

11

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135

especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías.

Este 80% es un piso y un techo.

La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin embargo, e n ese caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado.

7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esa regla tiene una excepción, que consiste en que si la persona logra demostrar en el expediente, con pruebas documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley.

En ese caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha

de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción, como toda excepción, es de aplicación restrictiva.

8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiaros de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992jueces, magistrados y otros funcionarios -, en la medida en que en ningún caso se superan los porcentajes máximos o topes fijados por el

Gobierno Nacional.”

Queda así definido conforme a la sentencia de unificación que la prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios.Sentencia de Segunda Instancia Radicado 680013333014-2016-00104-03

12

Así mismo, para dar mayor claridad en el tema, explicó que la prima especial de servicios debía ser liquidada de la siguiente manera4:

«El primer cuadro es sobre el impacto en el ingreso mensual y es tomado de la sentencia del 29 de abril de 2014 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado: Sobre el salario Primera interpretación (el 30% del salario básico es la prima misma) Segunda y correcta interpretación (la prima equivale al 30% del salario básico) Salario básico: $10.000.000 Prima especial (30%):

Primera interpretación (el 30% del salario básico es la prima misma) Segunda y correcta interpretación (la prima equivale al 30% del salario básico) Salario básico: $10.000.000 Prima especial (30%): $3.000.000

Salario sin prima: $7.000.000

Total a pagar al servidor: $10.000.000

Salario básico: $10.000.000

Prima especial (30%): $3.