TA SAN - Sentencia 110016000049200811649 (25-09-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, septiembre veinticinco (25) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333009-2021-00093-02

Demandante: JUAN PABLO AYALA AYALA

ayalajuan2010@hotmail.com

Demandado: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

pquitianpradilla@hotmail.com notificaciones@bucramanga.gov.co

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

Ministerio Público: JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co Tema: Enriquecimiento sin causa

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el día 02 de febrero de 2023 , en cuanto accedió a las súplicas de la demanda.

Pretensiones:

Las pretensiones de la demanda formulada por la parte actora son las siguientes:

“PRIMERO: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, NIT No. 890 201222 -0, representada actualmente por el ingeniero JUAN CARLOS CÁRDENAS REY, alcalde del municipio, o quien haga sus veces, se enriqueció sin justa causa con ocasión del dinero consignado por el DEMANDANTE el 25 de marzo de 2011 y el 26 de marzo de 2012, en el marco del proceso penal que se adelantó

justa causa con ocasión del dinero consignado por el DEMANDANTE el 25 de marzo de 2011 y el 26 de marzo de 2012, en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra por el presunto delito de peculado por apropiación agravado, bajo el radicado 110016000049200811649, proceso que cursó en el Juzgado Diec iséis Penal del Circuito de Bogotá y finalizó el pasado 8 de abril de 2019 con sentencia absolutoria.

SEGUNDO: En consecuencia, se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT No890 201 222 -0, representado actualmente por el ingeniero JUAN CARLOS CÁRDENAS REY, alcalde del municipio, o quien haga sus veces a PAGAR la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000), debid amente indexados, enSentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

2 favor del DEMANDANTE, por concepto de un enriquecimiento sin justa causa.

TERCERO: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT No 890 201, representada actualmente por el ingeniero JUAN CARLOS CÁRDENAS REY, alcalde del municipio, o quien haga sus veces, adeuda al DEMANDANTE los intereses moratorios desde el 22 de noviembre de 2018 , momento en el cual la entidad admitió que en sus arcas reposaban la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) consignadas por parte de JUAN PABLO AYALA AYALA.

CUARTO: Por consecuencia del hecho anterior, se solicita que se CONDENE al

PESOS ($60.000.000) consignadas por parte de JUAN PABLO AYALA AYALA.

CUARTO: Por consecuencia del hecho anterior, se solicita que se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT No 890 201 222-0, representada actualmente por el ingeniero JUAN CARLOS CÁRDENAS REY, alcalde del municipio, o quien haga sus veces, al pago de los intereses mo ratorios causados desde el 22 de noviembre de 2018, momento en el cual la entidad admitió que en sus arcas reposaban la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) consignadas por parte de JUAN PABLO AYALA AYALA.

A la fecha de presentación de la esta demanda, ascienden a la suma de TREINTA

Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS

MCTE ($35.607.705).

QUINTO: Se solicita la INDEXACIÓN de los SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) entregados por EL DEMANDANTE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, desde la realización de los respectivos pagos, esto es: TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) desde el 25 de marzo de 2011 y TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) desde el 26 de marzo de 2012 hasta la fecha del fallo debidamente ejecutoriado.

A la fecha de radicación de la presente demanda, se tiene por valor de indexación la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($85.052.657).”

Hechos:

la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($85.052.657).”

Hechos:

1. Juan Pablo Ayala Ayala fue vinculado a un proceso penal por peculado por apropiación agravado y concierto para delinquir, cuando se desempeñaba como Tesorero del municipio de Bucaramanga.

2.

3. El municipio, a través de apoderado, se constituyó como víctima dentro del proceso penal.Sentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

3

4. Se celebró un preacuerdo en el que Juan Pablo Ayala Ayala se comprometió a pagar $60.000.000 para obtener beneficios punitivos. Se pactó el pago de $30.000.000 en efectivo y $30.000.000 mediante pagaré.

5. El demandante consignó $30.000.000 el 25 de marzo de 2011 y firmó pagaré por el saldo. Posteriormente, el 26 de marzo de 2012 consignó los otros $30.000.000, cumpliendo íntegramente el acuerdo.

6. El 31 de mayo de 2012, el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá no aprobó el preacuerdo. Aun así, el dinero quedó en poder del municipio.

7. El Municipio certificó que recibió las consignaciones de $30.000.000 en 2011 y $30.000.000 en 2012 a nombre de Juan Pablo Ayala Ayala.

8. El Juzgado 18 Penal de Bogotá absolvió al señor Ayala Ayala. En apelación, el Tribunal Superior confirmó la absolución, aplicando además la prescripción de la acción penal.

8. El Juzgado 18 Penal de Bogotá absolvió al señor Ayala Ayala. En apelación, el Tribunal Superior confirmó la absolución, aplicando además la prescripción de la acción penal.

9. El actor presentó derecho de petición solicitando la devolución de los $60.000.000 indexados, alegando enriquecimiento sin justa causa por parte del municipio.

10. Ante la falta de contestación, Ayala interpuso acción de tutela. En primera instancia fue negada, pero en segunda instancia se ordenó al municipio responder de fondo.

11. El Municipio contestó que no era procedente ordenar la devolución vía derecho de petición y que debía acudirse a conciliación judicial.

Fundamento jurídico de las pretensiones:

Se invoca el artículo 1524 del Código Civil, según el cual no puede haber obligación sin una causa real y lícita. La figura de la actio in rem verso se ha consolidado jurisprudencialmente como mecanismo para impedir que una parte se beneficie patrimonialmente sin causa que lo justifique.Sentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

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Se cita la Sentencia de Unificación 24.897 de 2012 (M.P. Jaime Orlando Santofimio) reconoció que la actio in rem verso es de carácter excepcional, aplicable cuando la entidad pública constriñe al particular a realizar una prestación sin contrato o en situaciones de urgencia manifiesta. En estos casos, el enriquecimiento se reconoce con carácter compensatorio, limitado al monto recibido por la administración.

Contestación de la demanda

El Municipio de Bucaramanga , a través de apoderado, contestó la demanda

con carácter compensatorio, limitado al monto recibido por la administración.

Contestación de la demanda

El Municipio de Bucaramanga , a través de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones por considerar que carecen de respaldo fáctico y jurídico. En la contestación, insistió en que los pagos efectuados por el demandante tuvieron origen en un acto unilateral y voluntario, derivado del preacuerdo celebrado en el proceso penal, mediante el cual este aceptó la comisión de delitos y decidió reparar al ente territorial constituido como víctima. Aclaró que, aunque el preacuerdo fue improbado en 2012, el actor nunca solicitó la devolución de los dineros, lo cual refleja su voluntad de mantener el pago como reparación.

El Municipio formuló excepciones previas. En primer lugar, alegó la inepta demanda por inexistencia de representación, debido a que el poder otorgado al abogado demandante no cumplía con los requisitos legales de postulación. En segundo lugar, propuso la e xcepción de caducidad del medio de control de reparación directa, señalando que el término de dos años empezó a contarse desde el 31 de mayo de 2012, fecha en que el Juzgado 16 Penal improbó el preacuerdo. Según la entidad, desde ese momento el demandante podía solicitar la devolución, por lo que la acción interpuesta en 2021 resulta extemporánea.

El Municipio sostuvo que: (i) el caso no encuadra dentro de las hipótesis excepcionales en que procede la actio in rem verso, pues no existió constreñimiento alguno al demandante para realizar el pago, sino que se trató de un acto libre para

El Municipio sostuvo que: (i) el caso no encuadra dentro de las hipótesis excepcionales en que procede la actio in rem verso, pues no existió constreñimiento alguno al demandante para realizar el pago, sino que se trató de un acto libre para obtener rebajas punitivas; (ii) el dinero entregado fue un acto unilateral del actor de consentir la reparación, lo que excluye su devoluc ión; (iii) no se configuró un enriquecimiento sin justa causa, ya que existió una causa jurídica válida para que la administración recibiera los recursos; (iv) no existe nexo causal entre el presunto daño y la conducta del Municipio; y (v) los perjuicios reclamados carecen de fundamento fáctico y jurídico, pues desbordan el alcance de la responsabilidad extracontractual.

En su defensa, el Municipio insistió en que el actor, con su conducta voluntaria, aceptó los delitos imputados y procedió a indemnizar, lo que impide ahoraSentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

5 retractarse para reclamar la devolución de los recursos. Además, recalcó que la absolución penal se produjo por duda razonable ( in dubio pro reo ), no por prueba plena de inocencia, lo cual refuerza que los pagos no fueron indebidos.

Finalmente, la entidad pidió al juez que se declaren probadas las excepciones, especialmente la caducidad, y en subsidio que se nieguen las pretensiones por ausencia de enriquecimiento sin causa. Solicitó también la práctica de pruebas testimoniales, docum entales y el interrogatorio de parte del demandante para demostrar que los pagos fueron producto de un acto voluntario y con causa legítima.

Sentencia de primera instancia

testimoniales, docum entales y el interrogatorio de parte del demandante para demostrar que los pagos fueron producto de un acto voluntario y con causa legítima.

Sentencia de primera instancia

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Bucaramanga analizó si el Municipio incurrió en un enriquecimiento sin justa causa con ocasión de los $60.000.000 consignados por el demandante en desarrollo de un preacuerdo penal que posteriormente fue improbado.

El Juzgado de primera instancia partió de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre los elementos de la actio in rem verso : enriquecimiento, empobrecimiento correlativo, ausencia de causa jurídica y falta de otra acción para reclamar. Señaló que el municipio recibió efectivamente los dineros, que estos provinieron del peculio del demandante y que, tras la improbación del preacuerdo y la absolución penal definitiva, desapareció la causa jurídica que justificaba su retención. Así, se configuró un enriquecimiento injustificado.

También concluyó que el actor carecía de otra vía procesal para obtener la restitución, pues la administración se negó a devolver los recursos y la conciliación fue fallida. Además, resaltó que la acción de reparación directa es procedente para estos casos conforme a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012, que estableció que el enriquecimiento sin causa puede ventilarse por esa vía.

En consecuencia, el juzgado consideró que estaban probados todos los requisitos de la figura y que el municipio debía restituir el monto recibido. Precisó, no obstante, que la indemnización se limita estrictamente al valor del enriquecimiento

En consecuencia, el juzgado consideró que estaban probados todos los requisitos de la figura y que el municipio debía restituir el monto recibido. Precisó, no obstante, que la indemnización se limita estrictamente al valor del enriquecimiento injustificado, en aplicación del carácter compensatorio de la figura.

En la parte resolutiva de la sentencia se ordenó:Sentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

6 “PRIMERO: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, NIT No. 890201222-0, representada actualmente por el ingeniero JUAN CARLOS CÁRDENAS REY, alcalde del municipio, o quien haga sus veces, se enriqueció sin justa causa con ocasión del dinero consignado por el DEMANDANTE el 25 de marzo de 2011 y el 26 de marzo de 2012, en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra por el presunto delito de peculado por apropiación agravado, bajo el radicado 110016000049200811649, proceso que cursó en el Juz gado Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá y finalizó el pasado 8 de abril de 2019 con sentencia absolutoria.

SEGUNDO: En consecuencia, se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT No. 890201222 -0, representado actualmente por el ingeniero JUAN CARLOS CÁRDENAS REY, alcalde del municipio, o quien haga sus veces a PAGAR la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000), debi damente indexados, en favor del DEMANDANTE, por concepto de un enriquecimiento sin justa causa.

de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000), debi damente indexados, en favor del DEMANDANTE, por concepto de un enriquecimiento sin justa causa.

TERCERO: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT No 890201, representada actualmente por el ingeniero JUAN CARLOS CÁRDENAS REY, alcalde del municipio, o quien haga sus veces, adeuda al DEMANDANTE los intereses moratorios desde el 22 de noviembre de 2018 , momento en el cual la entidad admitió que en sus arcas reposaban la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) consignadas por parte de JUAN PABLO AYALA AYALA.

CUARTO: Por consecuencia del hecho anterior, se solicita que se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT No 890201222-0, representada actualmente por el ingeniero JUAN CARLOS CÁRDENAS REY, alcalde del municipio, o quien haga sus veces, al pago de los intereses mor atorios causados desde el 22 de noviembre de 2018, momento en el cual la entidad admitió que en sus arcas reposaban la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) consignadas por parte de JUAN PABLO AYALA AYALA.

A la fecha de presentación de la esta demanda, ascienden a la suma de TREINTA

Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS

MCTE ($35.607.705).

QUINTO: Se solicita la INDEXACIÓN de los SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) entregados por EL DEMANDANTE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, desde la realización de los respectivos pagos, esto es: TREINTA

QUINTO: Se solicita la INDEXACIÓN de los SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) entregados por EL DEMANDANTE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, desde la realización de los respectivos pagos, esto es: TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) desde el 25 de marzo de 2011 y TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) desde el 26 de marzo de 2012 hasta la fecha del fallo debidamente ejecutoriado.

A la fecha de radicación de la presente demanda, se tiene por valor de indexación la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($85.052.657).”

Recurso de apelaciónSentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

7 El recurso de apelación fue interpuesto por el Municipio de Bucaramanga contra la sentencia que lo condenó a devolver los $60.000.000 pagados por el demandante en el marco del preacuerdo penal.

En primer lugar, el apelante sostuvo que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la caducidad del medio de control de reparación directa. Afirmó que el término debía contarse desde el 31 de mayo de 2012, fecha en la que fue improbado el preacuerdo s uscrito por el demandante, pues desde ese momento ya podía reclamar la devolución de los dineros consignados. Según su tesis, el cómputo de los dos años venció en 2014 y la demanda, interpuesta en 2021, sería extemporánea. En el mismo sentido, invocó la pr escripción de las obligaciones

los dos años venció en 2014 y la demanda, interpuesta en 2021, sería extemporánea. En el mismo sentido, invocó la pr escripción de las obligaciones conforme al artículo 2536 del Código Civil, alegando que el actor nunca ejerció oportunamente una acción ejecutiva para recuperar el dinero.

En segundo término, el Municipio argumentó que no se configuraban las hipótesis excepcionales del enriquecimiento sin justa causa definidas por la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2012. A su juicio, no hubo constreñimiento por parte de la administración para que el demandante consignara los dineros, ni se trató de una situación de urgencia manifiesta ni de salud pública. Por el contrario, el pago derivó de un acto unilateral y voluntario del actor, quien buscaba obtener beneficios penales a través del preacuerdo, aceptando incluso su responsabilidad frente a la entidad territorial como víctima.

Asimismo, el apelante señaló que sí existió causa jurídica para el pago, pues se trató de una reparación anticipada en el marco del proceso penal, por lo que no puede alegarse un enriquecimiento sin justa causa. Agregó que el supuesto empobrecimiento provino de un hecho exclusivo del actor y que, al ser la actio in rem verso de carácter residual, este contaba con otros mecanismos judiciales desde 2012 para reclamar, lo que excluye la procedencia de la reparación directa.

Finalmente, el recurso solicitó al Tribunal Administrativo de Santander revocar la sentencia de primera instancia y denegar las pretensiones de la demanda, dado que, según su planteamiento, la acción estaba caducada, no se cumplían los presupuestos del enriquecimiento sin causa y el pago fue voluntario por parte del actor

sentencia de primera instancia y denegar las pretensiones de la demanda, dado que, según su planteamiento, la acción estaba caducada, no se cumplían los presupuestos del enriquecimiento sin causa y el pago fue voluntario por parte del actor

Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se admitió el recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instancia, sin queSentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

8 las partes hubieran procurado por su intervención en esta etapa procesal. Igualmente, el Ministerio Público guardó silencio en curso de esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandada.

Problema Jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si:

¿En el presente caso concurren los requisitos fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado para la procedencia de la figura del enriquecimiento sin causa —esto es, (i) el enriquecimiento de un patrimonio, (ii) el correlativo empobrecimiento de otro, (iii) la inexistencia de una causa jurídica que justifique ese desequilibrio y (iv) la ausencia de otra acción para obtener la restitución —, aun cuando el pago reclamado por el actor no proviene de un contrato estatal sino de una consignación

de otro, (iii) la inexistencia de una causa jurídica que justifique ese desequilibrio y (iv) la ausencia de otra acción para obtener la restitución —, aun cuando el pago reclamado por el actor no proviene de un contrato estatal sino de una consignación realizada en el marco de un preacuerdo penal posteriormente improbado?

Tesis: No.

Del estudio del caso:

• De la caducidad como argumento de apelación:

La Sala se abstendrá de realizar un estudio frente a la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa que dio origen al presente diligenciamiento en razón a que dicho medio de defensa fue resuelto por el Juez de primera instancia en curso de la audiencia inicial celebrada el día 20 de septiembre de 2022, decisión que cobró ejecutoria en esa misma oportunidad.

• El enriquecimiento sin causa y la actio de in rem verso: El principio del enriquecimiento sin causa como consecuencia de la no existencia del contrato. Elementos de la figura.Sentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

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La sentencia de unificación del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012 (Rad. 24897, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa) tuvo como propósito precisar los criterios para la procedencia de la figura del enriquecimiento sin causa (actio in rem verso) en el ámbito del derecho administrativo. La Alta Corporación partió de la consideración de que esta institución es un principio general del derecho, pero de aplicación restringida, en la medida en que no puede servir de fundamento para desconocer normas de orden público, en especial las que regulan la contratación estatal.

consideración de que esta institución es un principio general del derecho, pero de aplicación restringida, en la medida en que no puede servir de fundamento para desconocer normas de orden público, en especial las que regulan la contratación estatal.

En su análisis, el Consejo de Estado señaló que, por regla general, no procede acudir al enriquecimiento sin causa para reclamar el pago de obras, bienes o servicios ejecutados sin contrato estatal, dado que la Ley 80 de 1993 establece de manera imperativa la solemnidad del escrito en la contratación pública. De permitirse, se incentivaría la evasión de estas exigencias legales. Sin embargo, admitió que la acción de reparación directa constituye el mecanismo procesal idóneo pa ra ventilar pretensiones de enr iquecimiento sin causa cuando se configuren circunstancias excepcionales que lo ameriten.

La anterior postura fue reiterada por la Alta Corporación en sentencia de unificación de 2025 de la Sala Plena de la Sección Tercera1, en la que reafirmó que el enriquecimiento sin justa causa es una figura excepcional y restrictiva, no llamada a suplir las deficiencias de la contratación estatal, sino a resolver traslados patrimoniales injustificados en contextos muy precisos.

Ello obedece a que no puede convertirse en un mecanismo ordinario para suplir las deficiencias de la contratación estatal ni en un instrumento para desconocer normas de orden público, como las que regulan la exigencia del contrato escrito en materia administrativa.

En cuanto a los supuestos de procedencia, la providencia reiteró que la acción únicamente prospera cuando concurren de manera conjunta los siguientes elementos:

1. Existencia de un enriquecimiento en cabeza de una de las partes , es

administrativa.

En cuanto a los supuestos de procedencia, la providencia reiteró que la acción únicamente prospera cuando concurren de manera conjunta los siguientes elementos:

1. Existencia de un enriquecimiento en cabeza de una de las partes , es decir, la obtención de un beneficio patrimonial concreto.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sala Plena, sentencia del treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025) , consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ, exp. 08001-23-33-000-2014-00442-01 (57.464).Sentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

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2. Correlativo empobrecimiento de la otra parte , que debe derivar directamente de ese enriquecimiento y no de circunstancias imputables al propio afectado.

3. Ausencia de causa jurídica , lo que significa que el desplazamiento patrimonial carezca absolutamente de un título válido que lo justifique. Si existe un contrato, un acto administrativo o un acto procesal que explique el pago o la transferencia, no se cumple este requisito.

4. Inexistencia de otra acción legal idónea para reclamar, porque la actio in rem verso tiene carácter residual y subsidiario.

La Corporación subrayó que estos requisitos no pueden flexibilizarse, pues de lo contrario se desnaturalizaría la figura. En particular, puntualizó que el juez debe verificar con rigor la ausencia total de causa y la subsidiariedad de la acción, en la medida en que la prosperidad del enriquecimiento sin causa está supeditada a que no exista ninguna otra vía procesal disponible para el demandante.

verificar con rigor la ausencia total de causa y la subsidiariedad de la acción, en la medida en que la prosperidad del enriquecimiento sin causa está supeditada a que no exista ninguna otra vía procesal disponible para el demandante.

La sentencia de unificación recientemente proferida también recalcó que, por su naturaleza restrictiva, la acción solo es viable en escenarios extracontractuales y bajo supuestos excepcionales de interés general , tales como: la imposición unilateral de cargas por parte de la administración sin posibilidad de oposición del particular, la atención de necesidades urgentes relacionadas con derechos fundamentales —como la salud o la vida —, o la prestación de servicios en situacione s de urgencia manifiesta en las que no hubo tiempo material para cumplir con la solemnidad del contrato escrito. En consecuencia, fuera de estos supuestos excepcionales, el enriquecimiento sin causa resulta improcedente como fuente de responsabilidad patrimonial del Estado.

En conclusión, la sentencia de unificación reafirma que el enriquecimiento sin causa no es una vía amplia o discrecional para reclamar cualquier traslado patrimonial, sino un instrumento excepcional, de interpretación restrictiva, que exige prueba plena de todos los elementos y cuya aplicación está reservada para contextos muy específicos donde se evidencie un beneficio injustificado de la administración a expensas del patrimonio de un particular.

• Aplicación es restrictiva y excepcional del enriquecimiento sin causa fuera del ámbito contractual

La sentencia de unificación del 31 de julio de 2025 del Consejo de Estado (Rad. 57.464) establece con claridad que la aplicación del enriquecimiento sin causa en el ámbito de la contratación estatal es excepcional y restrictiva. La Sala reiteraSentencia de Segunda Instancia

57.464) establece con claridad que la aplicación del enriquecimiento sin causa en el ámbito de la contratación estatal es excepcional y restrictiva. La Sala reiteraSentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

11 que, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales requieren solemnidad escrita para su existencia, por lo que la acción de in rem verso no puede usarse como mecanismo ordinario para suplir la falta de contrato ni para desconocer dicha exigencia de orden público.

El fallo explica que el enriquecimiento sin causa solo procede cuando se demuestre que no existe otra fuente obligacional válida (contrato, acto administrativo, título jurídico) que justifique el traslado patrimonial. Su reconocimiento está restringido a hipótesis muy específicas, como: (i) la ejecución de actividades o prestaciones sin respaldo contractual, en las que medien circunstancias extraordinarias que imposibilitaron la celebración formal del contrato; (ii) casos de interés público urgente (salud, vida, integridad); o (iii) situaciones donde la administración, omitiendo trámites como la declaración de urgencia manifiesta, requiera al particular ejecutar la prestación.

En ese sentido, la sentencia subraya que el enriquecimiento sin causa no constituye un medio amplio para reclamar pagos derivados de vínculos contractuales irregulares , sino que se limita a escenarios excepcionales de carácter extracontractual. Además, su invocación exige que el demandante acredite todos los elementos estructurales (enriquecimiento, empobrecimiento correlativo, falta absoluta de causa jurídica y ausencia de otra acción judicial idónea) bajo una estricta carga de la prueba.

Del caso en concreto:

todos los elementos estructurales (enriquecimiento, empobrecimiento correlativo, falta absoluta de causa jurídica y ausencia de otra acción judicial idónea) bajo una estricta carga de la prueba.

Del caso en concreto:

El proceso evidenció que el demandante suscribió un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación el 14 de marzo de 2011, en virtud del cual se comprometió a reintegrar $60.000.000 al Municipio de Bucaramanga. En cumplimiento de dicho compromiso, realizó dos consignaciones: la primera el 25 de marzo de 2011 por $30.000.000 y la segunda el 26 de marzo d e 2012 por igual valor. Estas sumas quedaron certificadas mediante recibos de consignación y fueron reconocidas por el propio municipio.

Igualmente, obran en el expediente los pagarés suscritos por el demandante por el mismo monto, así como el acta de confirmación del preacuerdo del 27 de marzo de 2012, donde se ratificó el cumplimiento de los pagos. Posteriormente, mediante acta de audiencia del 31 de mayo de 2012, el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá declaró improcedente el preacuerdo, sin ordenar la devolución del dinero.Sentencia de Segunda Instancia 680013333009-2021-00093 02

12 Se encuentra probado que el 8 de abril de 2019, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá absolvió al demandante de los cargos por peculado por apropiación, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 9 de octubre de 2019.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2020, el actor solicitó la devolución de los dineros

decisión confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 9 de octubre de 2019.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2020, el actor solicitó la devolución de los dineros consignados, petición que fue negada por el Municipio de Bucaramanga mediante comunicación de 25 de noviembre de 2020.

También obran como pruebas: certificación de la Tesorera General del Municipio en la que consta que los dineros permanecen en sus arcas sin haber sido reclamados ni trasladados, copia del proceso penal, y el acta de conciliación fallida ante la

Procuraduría.

Prueba testimonial: En la audiencia de pruebas celebrada el 10 de julio de 2022 se practicó el interrogatorio de parte al señor