TA SAN - Sentencia 68001-23-33-000-2019-00091-00 (25-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN

DEMANDANTES:

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL

desan.asjud@policia.gov.co; desan.notificacion@policia.gov.co; jorge.castillo1001@correo.policia.gov.co;

DEMANDADOS: OSCAR ALONSO ROJAS RIAÑO

Maria.cala3224@correo.policia.gov.co;

CURADOR AD . LITEM

LAURA MILENA PUENTES TORRES CURADORA DE OSCAR

ALONSO ROJAS RIAÑO

la_puentes@hotmail.com; laura.abg.lp@gmail.com;

RADICADO Y LINK DEL EXPEDIENTE: 68001233300020190009100

ASUNTO: Sentencia de primera instancia / Declaratoria de responsabilidad patrimonialLey 678 de 2001

MINISTERIO PÚBLICO XIRIS MARIA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

Procede la Sala a dictar sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011.

I. ANTECEDENTES1

1. PRETENSIONES.

Del escrito de la demanda se extraen las siguientes pretensiones:

“PRIMERA.- Que se declare que el demandado Patrullero ® OSCAR ALONSO ROJAS RIAÑO identificado con la Cédula de ciudadanía No. 74.083.407, es responsable por su actuar doloso, en los hechos que dieron origen a La condena en contra del Estado, mediante sentencia de primera

ALONSO ROJAS RIAÑO identificado con la Cédula de ciudadanía No. 74.083.407, es responsable por su actuar doloso, en los hechos que dieron origen a La condena en contra del Estado, mediante sentencia de primera instancia de fecha 14 de noviembre del año 2014 emitida del Juzgado único administrativo de San Gil dentro del radicado No. 2012-00040-00. . SEGUNDO Que la actuación dolosa del Patrul lero ® OSCAR ALONSO ROJAS RIAÑO, generó la condena en contra de Estado mediante auto aprobatorio de conciliación, proferido por el Juzgado único administrativo de San Gil.

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene al demandado Patrullero ® OSCAR ALONSO ROJAS RIAÑO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.083.407, a reconocer y pagar a título de indemnización, la suma correspondiente a NOVECIENTOS CINCO

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

1 Expediente SAMAI, índice 00025Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2019-00091-00 Sentencia de primera instancia.

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CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($905.698.510.64) a favor de La Nación -Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, más los intereses que se generen a la fecha efectiva del pago.

CUARTA: El demandado dará cumplimiento a la sentencia en los términos del Código Procesal Administrativo y de b Contencioso Administrativo, articulo 192,193,194 y las demás nomas concordantes.

CUARTA: El demandado dará cumplimiento a la sentencia en los términos del Código Procesal Administrativo y de b Contencioso Administrativo, articulo 192,193,194 y las demás nomas concordantes.

QUINTA: Que se condene al demandado al pago de costas y agencias en derecho, a favor de mi representada.”

2. HECHOS.2

Se dice en la demanda que:

El señor Óscar Alonso Rojas Riaño ingresó a la Policía Nacional el 4 de mayo de 2006, desempeñándose inicialmente como estudiante en la Escuela de Policía Carabineros Provincia de Vélez, hasta el 9 de noviembre del mismo año, fecha en la que se posesionó c omo patrullero de la institución. Posteriormente, fue retirado de la Policía Nacional mediante la Resolución No. 04008 del 4 de septiembre de 2015. El 2 de noviembre de 2010, en el corregimiento de Puerto Olaya, municipio de Cimitarra, Santander, el señor patrullero Óscar Alonso Rojas Riaño se presentó en la residencia de la familia Giraldo Sánchez, donde hirió en múltiples ocasiones a la señora Jessi ka Juliana Giraldo Sánchez con un arma cortopunzante. Además, accionó una granada de fragmentación asignada por la Policía Nacional bajo su responsabilidad, causando la muerte de la señora Luz Marina Sánchez Jiménez. Como consecuencia de estos hechos, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía Magdalena Medio inició investigación disciplinaria bajo el radicado DEMAM-2010-42, en la cual se estableció la responsabilidad del patrullero Óscar Alonso Rojas Riaño.

Departamento de Policía Magdalena Medio inició investigación disciplinaria bajo el radicado DEMAM-2010-42, en la cual se estableció la responsabilidad del patrullero Óscar Alonso Rojas Riaño. De igual forma, se interpuso denuncia penal ante el Juzgado Primero Promiscuo del municipio de Cimitarra, el cual decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el patrullero Rojas Riaño, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares. En dicho proceso penal también se estableció su responsabilidad. En atención a los hechos descritos, el señor Luis Alfonso Giraldo y su núcleo familiar iniciaron proceso de reparación directa contra la Policía Nacional, el cual fue asignado al Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de San Gil. Una vez surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado Único Administrativo de San Gil profirió sentencia de primera instancia el 14 de noviembre de 2014, en la que se declaró a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a los demandantes.

2 Expediente SAMAI, índice 00025Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2019-00091-00 Sentencia de primera instancia.

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Como consecuencia de lo anterior, se condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales a los siguientes familiares de las víctimas:

• Luis Alfonso Giraldo Jiménez (esposo): 100 SLMMV

• Ejército Nacional a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales a los

siguientes familiares de las víctimas: • Luis Alfonso Giraldo Jiménez (esposo): 100 SLMMV • Octavio de Jesús Sánches (padre): 100 SLMMV • Nelly de Jesús Jiménez de Sánchez (madre): 100 SLMMV • María Mercedes Murillo Pineda (abuela): 50 SLMMV • Herley Giraldo Sánchez (hija): 100 SLMMV • Erika Giraldo Sánchez (hija): 100 SLMMV

• Jessika Juliana Giraldo Sánchez (hija): 100 SLMMV • Jaime Eulliser Sánchez Jiménez (hermano): 50 SLMMV • Adab de Jesús Sánchez Jiménez (hermano): 50 SLMMV • Rodolfo de Jesús Sánchez Jiménez (hermano): 50 SLMMV
• Miguel Ángel Sánchez Jiménez (hermano): 50 SLMMV • Gilma Rosa Sánchez Jiménez (hermana): 50 SLMMV • Magnolia de Jesús Sánchez Jiménez (hermana): 50 SLMMV
• Amaría Sorelly Sánchez Jiménez (hermana): 50 SLMMV
• Nelsy María Sánchez Jiménez (hermana): 50 SLMMV
• Amivia Amparo Sánchez Jiménez (hermana): 50 SLMMV
• María Aracelly Sánchez Jiménez (hermana): 50 SLMMV
• Angie Alejandra Giraldo Suárez (nieta): 50 SLMMV
• Andrés Felipe Giraldo Suárez (nieta): 50 SLMMV
• Cristian Alonso Osorio Giraldo (nieta): 50 SLMMV
• Vkebin Santiago Osorio Giraldo (nieta): 50 SLMMV

• Andrés Felipe Giraldo Suárez (nieta): 50 SLMMV
• Cristian Alonso Osorio Giraldo (nieta): 50 SLMMV • Vkebin Santiago Osorio Giraldo (nieta): 50 SLMMV El valor del salario mínimo legal mensual será el vigente a la fecha de ejecutoria de la providencia.

Frente a dicha condena, la Policía Nacional, a través de su Comité de Conciliación y Defensa Judicial, presentó propuesta de conciliación integral, la cual fue aceptada por la parte demandante y aprobada mediante acta del 17 de febrero de 2015.

Posteriormente, el apoderado de los demandantes radicaron la cuenta de cobro ante la Dirección General de la Policía Nacional, cumpliendo con los requisitos legales para el pago de sentencias y conciliaciones, asignándosele el turno de pago No. 186-C-15.

Para dar cumplimiento a dicha obligación, la Policía Nacional expidió la Resolución No. 0179 del 21 de febrero de 2018, mediante la cual se ordenó el pago de la suma de novecientos cinco millones seiscientos noventa yMedio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2019-00091-00 Sentencia de primera instancia.

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ocho mil quinientos diez pesos con sesenta y cuatro centavos ($905.698.510,64), por concepto de perjuicios morales y materiales a favor del señor Luis Alfonso Giraldo y otros. En la parte motiva de dicho acto administrativo se dejó constancia de que el doc tor Jhon Jairo Gómez Arango no presentó poder con facultad de recibir en la cuenta de cobro a nombre de Angie Alejandra Giraldo Suárez y Andrés Felipe Giraldo Suárez,

administrativo se dejó constancia de que el doc tor Jhon Jairo Gómez Arango no presentó poder con facultad de recibir en la cuenta de cobro a nombre de Angie Alejandra Giraldo Suárez y Andrés Felipe Giraldo Suárez, por lo que sus valores quedaron pendientes de cancelar hasta tanto se allegara la documentación correspondiente.

Mediante comunicación oficial radicada en la Policía Nacional bajo el número E-2019-097609-DIPON de fecha 9 de octubre de 2019, el abogado Jhon Jairo Gómez Arango, actuando como apoderado de la parte demandante, anexó poder de Angie Alejandra Giraldo Suáre z y de Herley Giraldo Sánchez en representación de su hijo menor Andrés Felipe Giraldo Suárez, solicitando el pago de los perjuicios y el fraccionamiento del valor a consignar, de manera que el 35% se girara a su favor y el 65% restante a sus representados.

Atendiendo lo anterior, la Policía Nacional expidió la Resolución No. 00741 del 24 de diciembre de 2020, “Por la cual se adiciona la Resolución No. 0179 del 21 de febrero de 2018, a favor del señor Luis Alfonso Giraldo y otros, radicado PONAL No. AD -186-C-15”, disponiendo el pago de cincuenta y seis millones novecientos noventa y nueve mil veintitrés pesos con veinte centavos ($56.999.023,20).

El pago ordenado mediante la Resolución No. 00741 del 24 de diciembre de 2020 se hizo efectivo según orden de pago presupuestal No. 390248720 de fecha 30 de diciembre de 2020, girándose el 35% del total ($19.949.658,12) a la cuenta del Banco Davivienda de titularidad del

de 2020 se hizo efectivo según orden de pago presupuestal No. 390248720 de fecha 30 de diciembre de 2020, girándose el 35% del total ($19.949.658,12) a la cuenta del Banco Davivienda de titularidad del abogado Jhon Jairo Gómez Arango y el 65% restante a las cuentas de ahorros del Banco Bancolombia de Angie Alejandra Giraldo Suárez y Herley Giraldo Sánchez, correspondiendo a cada uno $18.524.682,54.

Finalmente, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, en agenda No. 031 del 25 de agosto de 2021, decidió repetir contra el patrullero (R) Óscar Alonso Rojas Riaño, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.083.407 de Sogamoso – Boyacá, por el total del capital pagado, al considerar que su conducta se encuentra inmersa en una de las causales legales de culpa grave que dio origen a la condena en contra de la institución.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3

La curadora ad litem, al contestar la demanda de acción de repetición interpuesta por la Nación – Policía Nacional, se afirma en lo pretendido por la entidad demandante, reconociendo que se cumplen los presupuestos legales establecidos en la Ley 678 de 200 1 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado para su procedencia, toda vez que el patrullero Óscar Rojas Riaño fue declarado responsable penal y disciplinariamente por los mismos hechos que dieron lugar a

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responsable penal y disciplinariamente por los mismos hechos que dieron lugar a

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la condena contra la entidad, la cual efectuó el pago correspondiente; no obstante, solicita expresamente que no se le impongan costas procesales, en atención a su calidad de curadora ad litem y a la situación de indefensión del representado.

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO4.

Constitucionales. Artículos 6, 90 (inciso 2°) y 209 de la Constitución Política.

Legales. Ley 1437 de 2011, artículo 142; Ley 678 de 2001, artículos 2, 5, 6 y 10; Código Contencioso Administrativo, artículos 176 y 177; Código de Procedimiento Civil, artículo 232.

Manifiesta que la Constitución Política de 1991, en su artículo 90, inciso segundo, establece que, en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño, consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aq uel deberá repetir contra este. De ello se desprende la obligación constitucional del Estado de iniciar las acciones pertinentes para recuperar el patrimonio público afectado por la conducta de sus agentes.

Asegura que, en los términos del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, la acción de repetición procede cuando el Estado ha debido realizar un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación

Asegura que, en los términos del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, la acción de repetición procede cuando el Estado ha debido realizar un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos, s iempre que estos sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público o de un particular en ejercicio de funciones públicas.

Por ende, en el presente caso, la conducta desplegada por el patrullero Óscar Alonso Rojas Riaño, quien en ejercicio de sus funciones obró de manera dolosa y desproporcionada, ocasionó un daño antijurídico que derivó en la condena contra la Nación – Policía Nacional dentro del proceso de reparación directa radicado No. 201200040-00.

Refiere que, conforme a la Ley 678 de 2001, la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse contra el servidor o exservidor público cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a un pago indemnizatorio por parte del Estado. Los artículos 5 y 6 de la citada ley establecen presunciones de dolo y culpa grave, entre ellas, cuando el agente ha sido declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos hechos que dieron origen a la condena contra la entidad.

Indica que, adicionalmente, el Consejo de Estado en sentencia del 5 de julio de 2012 (M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa) precisó que para la procedencia de la acción de repetición deben concurrir: (i) la calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena; (ii) la existencia de una condena, conciliación o

(M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa) precisó que para la procedencia de la acción de repetición deben concurrir: (i) la calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena; (ii) la existencia de una condena, conciliación o transacción que genere la obligación de pagar; (iii) el pago realizado por la entidad; y (iv) la calificación de la conducta como dolosa o gravemente culposa.

Sostiene que, en el caso concreto, se cumplen todos los presupuestos legales y

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constitucionales: el patrullero Rojas Riaño fue declarado responsable penal y disciplinariamente; la Nación – Policía Nacional fue condenada en proceso de reparación directa; la entidad efectuó el pago de la condena; y la conducta del agente fue dolosa, al accionar un arma cortopunzante y una granada de fragmentación contra civiles, ocasionando lesiones y la muerte de una persona.

Concluye que la acción de repetición, en este contexto, se erige como un deber jurídico del Estado para garantizar la moralidad y eficiencia de la función pública, recuperar los recursos públicos erogados y generar un efecto preventivo frente al actuar de los servidores públicos

III. TRÁMITE PROCESAL56

Por auto del 22 de febrero de 2019 se inadmitió la demanda; posteriormente, mediante memorial recibido el 11 de marzo de 2019, se presentó la correspondiente subsanación. Por auto del 24 de abril de 2019 se admitió la demanda, se fijó en

mediante memorial recibido el 11 de marzo de 2019, se presentó la correspondiente subsanación. Por auto del 24 de abril de 2019 se admitió la demanda, se fijó en estado y el 5 de julio de 2019 pasó a notificación. Según constancia secretarial del 1 de agosto de 2019, se dejó evidencia de la notificación al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Ese mismo día se utilizó servicio postal auto rizado para la citación a diligencia de notificación personal al demandado.

Por constancia secretarial del 23 de septiembre de 2019 se informó que la citación fue enviada, pero devuelta con la anotación “cerrado”. Mediante memorial del 4 de octubre de 2019, la parte demandante solicitó el emplazamiento del demandado, el cual fue ordenado por auto del 12 de noviembre de 2019 y fijado en estado. Ante la falta de respuesta, por auto de trámite del 13 de julio de 2022 se ordenó la inclusión de los datos en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, lo cual fue notificado el 14 de julio de 2022.

El 21 de julio de 2022 se allegó memorial solicitando reforma de la demanda, la cual fue admitida por auto del 11 de octubre de 2022, fijado en estado y notificado el 19 de octubre de 2022. Según constancia secretarial, se efectuó el emplazamiento en el sistema nacional TYBA. En febrero de 2023 el expediente pasó al despacho para designación de curador ad litem, y por auto del 29 de marzo de 2023 se designó a la Dra. Laura Milena Puentes Torres como curadora del señor Óscar Alonso Rojas

el sistema nacional TYBA. En febrero de 2023 el expediente pasó al despacho para designación de curador ad litem, y por auto del 29 de marzo de 2023 se designó a la Dra. Laura Milena Puentes Torres como curadora del señor Óscar Alonso Rojas Riaño, notificado el 31 de marzo de 2023.

El 25 de mayo de 2023 se recepcionó la contestación de la demanda. El 2 de agosto de 2023 se resolvieron las excepciones, y el 11 de septiembre de 2023 se profirió auto mediante el cual, en aplicación del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, se resolvieron las excepciones propuestas, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas. En cumplimiento de dicho auto, el 12 de septiembre de 2023 se notificó a las partes.

El 12 de junio de 2024 se reiteró oficio, notificado el 13 de junio de 2024. Por auto de trámite del 5 de septiembre de 2024 se requirió por segunda vez, notificado el 6 de septiembre de 2024, y ese mismo día se recibió memorial del juzgado requerido.

5 Expediente samai.Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2019-00091-00 Sentencia de primera instancia.

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El 16 de octubre de 2024 se corrió traslado, y el 22 de octubre de 2024 la señora María Teresa Cala Amaya se pronunció sobre la prueba.

Por auto de trámite del 6 de noviembre de 2024 se requirió prueba adicional, notificado el 8 de noviembre de 2024. Según constancia secretarial del 11 de

María Teresa Cala Amaya se pronunció sobre la prueba.

Por auto de trámite del 6 de noviembre de 2024 se requirió prueba adicional, notificado el 8 de noviembre de 2024. Según constancia secretarial del 11 de diciembre de 2024, se requirió material probatorio al Juzgado Primero Administrativo de San Gil, reiterado por correo electrónico el 21 de enero de 2025. El 28 de enero de 2025 dicho juzgado respondió al requerimiento, y el 12 de agosto de 2025 se recibió respuesta adicional.

Por auto del 25 de agosto de 2025 se ordenó correr traslado, notificado el 1 de julio de 2025. El 9 de julio de 2025 se recibió memorial, y el 16 de agosto de 2025 el expediente pasó al despacho para fallo

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Las partes y el Ministerio Público no concurrieron en esta etapa

VII. CONSIDERACIONES

1. PROBLEMA JURIDICO

Corresponde a la Sala determinar si se configura la responsabilidad patrimonial del señor ÓSCAR ROJAS RIAÑO por los perjuicios irrogados a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, derivados del pago efectuado en cumplimiento de la condena impuesta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Para ello se debe determinar; i) si el demandado actuó con dolo o culpa, en los hechos que generaron la condena; ii) si hay lugar a condenarlo a reintegrar a la entidad demandante la suma cancelada.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL7

1. si hay lugar a condenarlo a reintegrar a la entidad demandante la suma cancelada.

VIII. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL7

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe repetir contra los servidores públicos que con su conducta dolosa o gravemente culposa le ocasionen daños patrimoniales que le sean imputables, y esta obligación fue desarrollada por la Ley 678 de 20018 8que define en su artículo 2 la acción de repetición como de carácter patrimonial dirigida contra el servidor o ex servidor público, que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado al Estado el pago de un reconocimiento indemnizatorio como consecuencia de una condena, una conciliación y otra forma de terminación de un conflicto judicial; la cual estaba vigente para la época de los hechos.

En el artículo 5º de la Ley 678 de 2001, señala que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, y se presume el dolo por las siguientes causas.

7 Expediente SAMAI, índice 00025 8 8 Sin tener en cuenta la modificación efectuada por el artículo 40 de la Ley 2195 de 2022.Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2019-00091-00 Sentencia de primera instancia.

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1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la

inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

En relación con la culpa grave el artículo 6º de la Ley 678 de 2001, la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

El artículo es claro en indicar que se presuma que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.

En sentencia SU354 de 2020, la Honorable Corte Constitucional, precisó que para decidir las demandas de repetición y para determinar la responsabilidad del demandado, está excluida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre

En sentencia SU354 de 2020, la Honorable Corte Constitucional, precisó que para decidir las demandas de repetición y para determinar la responsabilidad del demandado, está excluida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre responsabilidad que se hayan efectuado en el fallo condenatorio, y en este orden, le corresponde al Juez examinar todos los elementos de juicio allegados al expediente a efectos de realizar un análisis totalmente independiente en el cual el demandado tenga la oportunidad de ej ercer una defensa acorde. En la misma providencia explica que para determinar el origen del daño y también si la conducta fue dolosa o gravemente culposa, le corresponde al Juez valorar los aspectos propios de la función pública como i) las funciones del a gente y; ii) el grado de diligencia que le sea exigible en función de los requisitos para acceder al cargo, así como la jerarquía de este.

Ahora, en cuanto la conducta del agente y el deber de la administración de probar que la misma sea dolosa o gravemente culposa, en sentencia del 1.10.20189 la Sección Tercera Subsección B del Honorable Consejo de Estado indicó: “Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, deben aplicarse las presunciones legales previstas en los artículos 5° y 6° de la citada ley, que califican la conducta del agente de dolosa o gravemente culposa. Estas “presunciones” inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía a la entidad demandante demostrar losMedio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2019-00091-00 Sentencia de primera instancia.

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la Ley 678 de 2001, le correspondía a la entidad demandante demostrar losMedio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2019-00091-00 Sentencia de primera instancia.

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supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado.9

Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 se invirtió la carga de la prueba, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que presumen el dolo o la culpa grave, el servidor demandado tiene el deber de aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la presunción. De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si no obstante configurarse alguna de las “presunciones”, el dem andado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. Del mismo modo, el juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de “presunciones” previstos por el legislado.

En cuanto la valoración probatoria 10en los juicios de repetición, en sentencia de fecha 3.12.201810 la Sección Tercera Subsección B del Honorable Consejo de Estado reiteró lo expuesto en decisiones del 27 de marzo de 201411 y 22 de julio de 200912, para resaltar que la copia de una decisión jurisdiccional, acredita “su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de una sentencia desestimatoria

existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de una sentencia desestimatoria de la pretensión proferida por dicha Corporación, en la fecha mencionada, mas no sirve para la demostración de los hechos que fundamentaron tal resolución.

Asimismo, indicó “tener como plenamente acreditados los hechos tenidos como ciertos en la motivación de una sentencia proferida en otro proceso, podría suscitar eventos incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el jue z de la causa a quien correspondería valorar y analizar las pruebas para formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni intervenir en su producción”

En sentencia del 16 de agosto de 202213, el H. Consejo de Estado, reiteró nuevamente su postura respecto de la carga probatoria que le asiste al demandante en el proceso de repetición, insistiendo que la sentencia condenatoria no resulta suficiente para pr obar la culpa del demandado. Lo anterior lo consideró de la siguiente forma: “En todo caso, debe agregarse que, como se ha expresado en otras decisiones, la sola sentencia condenatoria no basta para predicar la culpa grave del demandando, en tanto este no fue parte de ese proceso, no tuvo la oportunidad de controvertir pruebas y sin que les conclusiones que allí se expresan aten al juez de la repetición. Lo anterior, por cuanto no podría la Sala, sin desconocer el debido

demandando, en tanto este no fue parte de ese proceso, no tuvo la oportunidad de controvertir pruebas y sin que les conclusiones que allí se expresan aten al juez de la repetición. Lo anterior, por cuanto no podría la Sala, sin desconocer el debido proceso y el derecho de defensa del señor Calor Ossa Escobar, fundar exclusivamente su decisión en las conclusiones de la sentencia condenatoria emitida por el Consejo de Estado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente al retiro del servicio de la señora Alma Violeta San són Hoyos pues, la valoración probatoria y las consideraciones del juzgador de lo contencioso no podrían imponerse sin más al juez de la repetición, pues más allá de los razonamientos que se tuvieron para declarar la responsabilidad de la entidad, era

9 9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B Radicación número: 41001 -23-31-000-2011-0044501(59434) 10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Exp. 38.455.Medio de control: Reparación Directa Radicado 680012333000-2019-00091-00 Sentencia de primera instancia.

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necesario que la culpa grave del demandado se acreditase en este proceso autónomo de responsabilidad patrimonial, carga probatoria que no cumplió la parte actora.”

IX. CASO EN CONCRETO

1. Hechos probados:11

Dentro del expediente con radicado 680012333000-2019-00091-00 reposa todo el material probatorio aportado por el accionante, y las pruebas