TA SAN - Sentencia 68001-23-33-000-2021-00357-00 (20-02-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Bucaramanga, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

SIMPLE NULIDAD DE ACTOS

ADMINISTRATIVOS

DEMANDANTE - NELSON ORLANDO ORTIZ BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.765.396. Siam25co@yahoo.com

DEMANDADO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificado con NIT 89020123-5.

danielabsilva07@gmail.com notificaciones@santander.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRIS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y

ENLACE DEL

EXPEDIENTE

ELECTRÓNICO

68001233300020210035700 TEMA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN

ELECCIONES ATÍPICAS. Niega pretensiones. El acto administrativo que convocó a elecciones atípicas cumplió con los plazos establecidos en la Ley 1475 de 2011. No se probó que existiera una norma que los ampliara con motivo de la emergencia sanitaria del COVID -19. El acto administrativo no desconoció ninguna providencia judicial ejecutoriada.

la Ley 1475 de 2011. No se probó que existiera una norma que los ampliara con motivo de la emergencia sanitaria del COVID -19. El acto administrativo no desconoció ninguna providencia judicial ejecutoriada.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a dictar sentencia.

I.ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones

El señor Nelson Orlando Ortiz Beltrán instaura el medio de control de simple nulidad para que se anule el Decreto No. 195 del 26 de abril de 2021 expedido en su momento por el gobernador de Santander, mediante el cual convocó a elecciones atípicas para la elección del alcalde de Simacota.

2. Hechos

El demandante manifiesta que fue elegido alcalde del Municipio de Simacota, Santander, para el periodo 2020-2023, pero su elección fue demandada por Lucila Franco Castillo, quien ocupó el segundo lugar, lo que llevó a que este Tribunal, en sentencia de única instancia, anulara el acto de elección y ordenara la práctica de nuevas elecciones. Afirma que solicitó la aclaración del fallo, pero su petición fue rechazada.

Señala que Lucila Franco Castillo presentó una acción de tutela contra el fallo, en la que pedía que no se citara a elecciones atípicas y se le declarara alcaldesa electa, pero el H. Consejo de Estado falló en su contra. Afirma que él también interpuso acción de tutela contra la sentencia anulatoria, pero fue declarada improcedente por el alto tribunal.

pero el H. Consejo de Estado falló en su contra. Afirma que él también interpuso acción de tutela contra la sentencia anulatoria, pero fue declarada improcedente por el alto tribunal.

1 DEMANDA: Ver en el Expediente Digital cargado a SAMAI visible en el índice 19, Documento 3.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD

DEMANDANTES: NELSON ORLANDO ORTIZ BELTRÁN

DEMANDADAS: DEPARTAMENTO DE SANTANDER RADICADO: 68001233300020210035700

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Relata que el gobernador de Santander , mediante Resolución No. 1220 del 14 de noviembre de 2020, encargó a Jessika Viviana Camargo Ardila como alcaldesa del municipio mencionado y mediante Decreto No. 195 del 26 de abril de 2021, convocó a elecciones atípicas para el 20 de junio de 2021, sin tener en cuenta el estado de emergencia sanitaria que el país vivía por la pandemia ocasionada por el Covid-19. Cuestiona que este último acto haya sido expedido sin que previamente se hubiese decidido la acción de tutela interpuesta en defensa de sus derechos.

3. Concepto de violación

Como fundamento de sus pretensiones, el demandante cita los artículos 137 del CPACA y 30 de la Ley 1475 de 2011. Señala que el decreto demandado afecta gravemente el orden público, político, económico, social y ecológico del municipio de Simacota, al no establecer un protocolo claro para la realización de elecciones atípicas en un plazo inferior a 65

Señala que el decreto demandado afecta gravemente el orden público, político, económico, social y ecológico del municipio de Simacota, al no establecer un protocolo claro para la realización de elecciones atípicas en un plazo inferior a 65 días, en medio del estado de emergencia por COVID -19 y la declaratoria de alerta roja en el departamento de Santander. Argumenta que, previo al proceso de votación, resulta indispensable la implementación rigurosa de los comités de seguimiento electoral, encargados de definir las reglas del proceso, incluyendo la inscripción de candidatos, la expedición de avales, la inscr ipción de grupos significativos de ciudadanos, la recolección de firmas, la publicidad electoral y la aplicación de protocolos de bioseguridad el día de las elecciones. Afirma que omitir estos elementos fundamentales del procedimiento electoral compromete la garantía de los derechos políticos. Expone que el término fijado en el decreto demandado restringe el derecho a elegir y ser elegido, en particular para los grupos de ciudadanos y quienes promuevan el voto en blanco, al limitar el tiempo disponible para su inscripción. Sostiene, además, que la ubicación geográfica del municipio prolonga los desplazamientos de los votantes durante varias horas, atravesando distintas zonas, lo que implica un esfuerzo adicional en términos presupuestales y de seguridad. Por último, manifiesta que el acto administrativo desconoció su derecho de audiencia y defensa, al ser expedido pese a la interposición de una acción de tutela contra el fallo que anuló su elección, lo que, además, genera una afectación económica por los costos asociados a la organización de los comicios.

B. Trámite de primera instancia

contra el fallo que anuló su elección, lo que, además, genera una afectación económica por los costos asociados a la organización de los comicios.

B. Trámite de primera instancia El 4 de mayo de 2021 el demandante interpuso el presente medio de control 2. El asunto le correspondió por reparto al Despacho 0 3 del Tribunal de Santander, a cargo del H. magistrado Milciades Rodríguez Quintero3. El 14 de mayo de 2021 este fue recusado por la parte demandante y el 29 de julio de 2021 se remit ió al Despacho 02, a cargo de la H. Magistrada Solange Blanco Villamizar 4.

Posteriormente, el 27 de enero de 2023, se ordenó su remisión al Despacho 085, a cargo de la ponente de esta providencia, por considerar que la ponente era quien debía resolver el impedimento debido a que la creación del despacho m odificó la conformación de l as Salas de decisión . En este orden, mediante auto del 27 de noviembre de 2023 6. El 2 de febrero de 2024 se ordenó remitir el proceso al Despacho 03, a cargo de la H. magistrada María Eugenia Carreño Gómez, en razón a la compensación directa acordada antes de su ingreso con el fin de equilibrar las cargas de los despachos, luego de que l a suscrita ponente recibiera 66 procesos por impedimento de aquel magistrado7. Posteriormente, mediante auto de l 14 de marzo de 2024, la H. magistrada María Eugenia Carreño Gómez resolvió no avocar

por impedimento de aquel magistrado7. Posteriormente, mediante auto de l 14 de marzo de 2024, la H. magistrada María Eugenia Carreño Gómez resolvió no avocar

2 Expediente digital SAMAI. Índice 00019. Documento 3_ED_LINKDELEXPEDIENTE.docx archivo 06. MILCIADES RODRIGUEZ – NELSON ORTIZ.PDF 3 Ver Expediente Digital cargado a SAMIA. Índice 19. Documento 1 que remite a Drive Archivo 08 4 Ver Expediente Digital cargado a SAMAI. Índice 11 Documento 1 5 Ver Expediente Digital cargado a SAMIA. Índice 15. Documento 02. 6 Ver Expediente Digital cargado a SAMIA. Índice 21. Documento 04 7 Ver Expediente Digital cargado a SAMIA. Índice 26. Documento 06MEDIO DE CONTROL: NULIDAD

DEMANDANTES: NELSON ORLANDO ORTIZ BELTRÁN

DEMANDADAS: DEPARTAMENTO DE SANTANDER RADICADO: 68001233300020210035700

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander el conocimiento del asunto y ordenó su devolución a este despacho8, con el fin de que se siguiera el procedimiento fijado por el CSJ para las compensaciones en caso de impedimentos. La demanda fue admitida el 15 de abril de 20249. Ese día, se corrió traslado de la medida cautelar, que fue decidida negativamente, mediante auto del 26 de agosto de 2024. Durante el traslado de la demanda se pronunciaron el Ministerio Público y

medida cautelar, que fue decidida negativamente, mediante auto del 26 de agosto de 2024. Durante el traslado de la demanda se pronunciaron el Ministerio Público y la entidad demandada . Del anterior trámite, se destacan las siguientes intervenciones.

C. Contestación10

2.1. El Departamento de Santander 11 expone que el acto administrativo fue expedido en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada de este Tribunal, por la que declaró la nulidad de la elección del demandante. Manifiesta que el demandado no logró desvirtuar su legalidad, porque: (i) El gobernador de Santander cumplió con los procedimientos y plazos establecidos por la Ley 1475 de 2021 para convocar las elecciones atípicas para alcalde de Simacota, Santander; sin que se le pudiera exigir que se extralimitara ampliándolos. (ii) Que la Registraduría Nacional del estado Civil hubiera suspendido las elecciones de los directivos de los organismos de acción comunal no tiene ninguna relación con la elección atípica convocada, porque esa entidad, con concepto previo del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social , le manifestó que todo el procedimiento electoral se podía llevar a cabo con la observancia de medidas de bioseguridad. (iii) La acción de tutela interpuesta por el demandante, que fue denegada, no impedía que se expidiera el Decreto No. 195 de 2021, porque el cargo de alcalde del municipio mencionado debía proveerse por elección popular, en acatamiento a un interés constitucional.

Denominó sus excepciones de mérito como inexistencia y/o inadvertencia de vicio de legalidad que sustente el ejercicio del medio de control de nulidad y

elección popular, en acatamiento a un interés constitucional.

Denominó sus excepciones de mérito como inexistencia y/o inadvertencia de vicio de legalidad que sustente el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, permanencia y presunción de legalidad del decreto demandado y la excepción genérica o innominada. 2.2. El Ministerio Público 12 señala que la primera causa l fue concebida para deprecar la nulidad de actos administrativos de carácter particular y no para actos de carácter general como el acto acusado. Argumenta que la contingencia derivada del COVID-19 per se no genera violación de las normas acusadas, en razón a la aplicación de un juicio de conveniencia y oportunidad, por lo que se debe propender en primera medida a la protección del principio democrático que r ige este tipo de procedimientos.

Expone que no se violó el proceso durante la expedición del acto por el simple hecho de que el demandante hubiera interpuesto una acción de tutela contra la sentencia del Tribunal, que, además, fue negada en ambas instancias por el H. Consejo de Estado.

D. Alegaciones

Mediante auto del 26 de agosto de 2024 se decretaron las pruebas, se fijó el litigio y se corrió el traslado para alegar.13 Durante esa oportunidad, solo el Departamento de Santander alegó. 14 Se limitó a reiterar los argumentos expuestos en la contestación, en especial que no se infringieron las normas sobre la convocatoria de las elecciones atípicas, las disposiciones de bioseguridad ni el debido proceso del demandante.

8 Ver Expediente Digital cargado a SAMIA. Índice 33. Documento 33

de las elecciones atípicas, las disposiciones de bioseguridad ni el debido proceso del demandante.

8 Ver Expediente Digital cargado a SAMIA. Índice 33. Documento 33 9 Ver Expediente Digital cargado a SAMAI. Documento 13. 10 Ver Expediente Digital cargado a SAMAI. Índice 19. Documento 31. 11 Documento 24. 12 Ver en el Expediente Digital cargado a SAMAI visible en el índice 17, Documento 12. 13 Documento 27.

14 Documento 29.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD

DEMANDANTES: NELSON ORLANDO ORTIZ BELTRÁN

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II. CONSIDERACIONES

A. Competencia De acuerdo con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 152 del CPACA 15, este Tribunal es competente para conocer del presente asunto en primera instancia, por tratarse de una demanda de simple nulidad interpuesta contra un acto administrativo proferido por el Departamento de Santander.

B. El problema jurídico y su tesis

De acuerdo con la reseña que antecede, y la fijación del litigio, se plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿Se debe anular el Decreto No. 195 del 26 de abril de 2021, expedido por el gobernador de Santander, por haber omitido, según el demandante, la inclusión de un protocolo adecuado para la realización de las elecciones

¿Se debe anular el Decreto No. 195 del 26 de abril de 2021, expedido por el gobernador de Santander, por haber omitido, según el demandante, la inclusión de un protocolo adecuado para la realización de las elecciones atípicas en el municipio de Simacota, exponiendo a la ciudadanía a riesgos de contagio en el contexto de la pandemia por COVID -19; además, por haber afectado sus derechos electorales, así como su derecho de audiencia y defensa?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: En primer lugar, el Decreto No. 195 de 2021, por el cual se convocaron las elecciones atípicas del alcalde de Simacota cumplió con lo establecido en la Ley 1475 de 2011, y no contravino ninguna norma sanitaria. En segundo lugar, ni los efectos del acto acusado ni de la sentencia que decretó la nulidad de la elección del demandante fueron suspendidos por orden judicial.

Para sustentar esta tesis, la Sala expondrá el procedimiento para la realización de elecciones atípicas de alcaldes, conforme a la Constitución y la Ley 1475 de 2011. Luego, examinará las normas que ampliaron los términos de los procedimientos administrativos con ocasión del Codiv -19, resaltando que ninguna impedía la celebración de elecciones atípicas. A continuación, abordará la obligación de las autoridades de acatar las decisiones judiciales ejecutoriadas. Finalmente, con base en las pruebas recaudadas, evidenciará que el acto no presenta los vicios atribuidos por el actor.

C. Marco jurídico

1. Del procedimiento para adelantar elecciones atípicas

en las pruebas recaudadas, evidenciará que el acto no presenta los vicios atribuidos por el actor.

C. Marco jurídico

1. Del procedimiento para adelantar elecciones atípicas

La Constitución Política, en su artículo 31416, establece que, ante una falta absoluta del alcalde, se elegirá uno nuevo si faltan más de 18 meses , y si faltan menos, el gobernador nombrará un reemplazo del mismo partido.

En concordancia con la norma constitucional, el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, en su parágrafo 3 º, dispone que, ante la ocurrencia de una falta absoluta de un alcalde, el gobernador deberá solicitar, dentro de los dos (2) días siguientes, una terna al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato, la cual deberá estar integrada por ciudadan os pertenecientes a dicha colectividad. Si la terna no es presentada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, el gobernador designará a un ciudadano respetando la filiación política del candidato inscrito.

15 Ley 1437 de 2011. Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administr ativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)

1. De la nulidad de actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. 16 Constitución Política. Artículo 314. En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante lega l del municipio, que será elegido

cumplan funciones administrativas en el mismo orden. 16 Constitución Política. Artículo 314. En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante lega l del municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el p eríodo siguiente. Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido. El p residente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes. La ley es tablecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD

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DEMANDADAS: DEPARTAMENTO DE SANTANDER RADICADO: 68001233300020210035700

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Asimismo, el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011 17 establece el procedimiento para la realización de una nueva elección o de una elección complementaria. El artículo reza:

Artículo 30. Periodos de inscripción. El periodo de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la correspondiente votación. En los casos en que los

Artículo 30. Periodos de inscripción. El periodo de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la correspondiente votación. En los casos en que los candidatos a la Presidencia de la Repúb lica sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta.

En los casos de nueva elección o de elección complementaria para el resto del periodo de cargos y corporaciones de elección popular, el periodo de inscripción durará quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones.

La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora.

PARÁGRAFO. En los casos de nueva elección o de elección complementaria, la respectiva votación se hará cuarenta (40) días calendario después de la fecha de cierre de la inscripción de candidatos. Si la fecha de esta votación no correspondiere a día domingo, la misma se realizará el domingo inmediatamente siguiente.

El Consejo de Estado 18 ha reiterado las reglas previstas en los mencionados artículos 314 de la Constitución 19 y 29 y 30 de la Ley 1475 de 2011. En particular, ha precisado que, conforme a estas normas, las nuevas elecciones deben llevarse a cabo 40 días después del vencimiento del término de inscripci ón de candidatos.

2. La ampliación de términos de las actuaciones administrativas durante la

ha precisado que, conforme a estas normas, las nuevas elecciones deben llevarse a cabo 40 días después del vencimiento del término de inscripci ón de candidatos.

2. La ampliación de términos de las actuaciones administrativas durante la contingencia sanitaria causada por el COVID-19

Según el demandante, el acto acusado no respetó ciertos términos fijados para adelantar actuaciones administrativas durante la pandemia generada por la COVID19, con los cuales se pretendía garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.1. Al respecto, es preciso recordar que, mediante el Decreto -Legislativo 417 de 202020, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia en todo el país, con base en el artículo 215 de la Constitución Política y bajo el cual se autorizó al presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Con fundamento en el decreto antes mencionado, el presidente, en el marco de sus funciones legislativas transitorias expidió los siguientes decretos, que igualmente fueron adoptados y obedecidos por las diferentes autoridades.

2.2. El Decreto -Legislativo 806 permitió adoptar medidas para implementar las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales, por lo que se adecuaron numerosos trámites para garantizar el desarrollo de dichas diligencias mientras estuviera vigente la contingencia.

17 Ley Estatutaria 1475 de 2011. por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. Artículo 30. Periodos de inscripción. […]

17 Ley Estatutaria 1475 de 2011. por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. Artículo 30. Periodos de inscripción. […] En los casos de nueva elección o de elección complementaria para el resto del periodo de cargos y corporaciones de elección popular, el periodo de inscripción durará quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones. La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora. PARÁGRAFO. En los casos de nueva elección o de elección complementaria, la respectiva votación se hará cuarenta (40) días calendario des pués de la fecha de cierre de la inscripción de candidatos. Si la fecha de esta votación no correspondiere a día domingo, la misma se realizará el domingo inmediatamente siguiente. 18 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de noviembre de 2018, C.P Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2018-00614-00 19 El presidente o al gobernador, en acto administrativo: (i) de una parte, si la falta absoluta ocurre a más de 18 meses de la terminación del período, convocar a elecciones para elegir el reemplazo por el tiempo que reste para terminar el período constituc ional; (ii) mientras que, si faltaren menos de 18 meses, designar al

mandatario por lo que reste del período respetando la agrupación política por el cual fue inscrito quien dejó la vacante. 20 Decreto-Ley 417 de 2020. «por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional».MEDIO DE CONTROL: NULIDAD

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2.3. El Decreto-Ley 564 de 2020 ordenó la suspensión de los términos judiciales de prescripción y caducidad previstos para las normas procesales y sustanciales con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho a la defensa, motivado en que las circunstancias sobrevinientes paralizaron por completo la dinámica judicial.

2.4. Por otro lado, el Decreto 491 de 2020 adoptó medidas tendientes a modificar lo reglado por el CPACA en cuanto a los términos para resolver peticiones presentadas a las autoridades administrativas, bajo el cual se prolongaron transitoriamente los mismos con el fin de garantizar la prestación del servicio público y el derecho al acceso a la información por parte de los ciudadanos.

2.5. La Resolución 000666 de 2020 del Ministerio de Salud reglamentó de manera general y para su implementación inmediata, el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y organismos privados. Este acto delegó en cada una de las entidades la

general y para su implementación inmediata, el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y organismos privados. Este acto delegó en cada una de las entidades la manera de realizar las adecuaciones correspondientes para hacer frente a la crisis.

2.6. El Ministerio de Salud, en ejercicio de sus facultades reglamentarias y acatando la disposición de emergencia sanitaria , expidió la Resolución 0000958 de 2020 la cual adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En esta resolución se fijaron los lineamientos que debían seguir los funcionarios que desempeñaban labores de logística. De acuerdo con esa reglamentación, debían cumplirse medidas de protección como el distanciamiento social de dos metros para limitar la cercanía de los actores electorales dentro del lugar de votación y los sitios de escrutinio. Además, se establecieron restricciones al acceso simultáneo de votantes a los lugares de votación, la obligación de los jurados de mesa de lavarse las manos cada tres horas, el uso obligatorio de tapabocas, la toma de temperatura y la disposición de elementos de bioseguridad en los recintos electorales.

2.7. Bajo similares motivaciones, el Consejo Nacional Electoral expidió las Resoluciones Nos. 1385, 1696, 1739, 1836 y 1935, las cuales reglamenta ron lo correspondiente a los protocolos respecto de sus funcionarios para el ejercicio de sus funciones públicas. Los efectos de dichos actos administrativos se prorrogaban en la medida en que el gobierno nacional extendía la emergencia por Covid-19.

correspondiente a los protocolos respecto de sus funcionarios para el ejercicio de sus funciones públicas. Los efectos de dichos actos administrativos se prorrogaban en la medida en que el gobierno nacional extendía la emergencia por Covid-19.

2.8. En el marco de la contingencia sanitaria, la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó la Guía para organizar elecciones en tiempo de pandemia, en la que formuló una serie de recomendaciones para garantizar un ejercicio seguro de la observación electoral. Allí se destacaron medidas como el uso de medios virtuales para reuniones, registro y expedición de credenciales; evitar el reclutamiento de observadores en poblaciones sensibles; el suministro de kits sanitarios y la adecuación de espacios seguros para el ejercicio del sufragio.21

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que, aunque en el marco de la emergencia sanitaria por COVID -19 se ampliaron los términos de algunos procedimientos administrativos con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, ello no ocurrió e n materia electoral. Por el contrario, mediante la Resolución 0000958 de 2020, se establecieron medidas de bioseguridad que las autoridades debían acatar durante los procesos electorales, los cuales no fueron suspendidos ni sus términos ampliados.

21 LIENDO, Nicolás Alejandro, et al. La gestión política de la pandemia en Colombia. Procesos Electorales En Latinoamérica, 2021, p. 243.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD

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3. De la obligación de las autoridades administrativas de dar cumplimiento a las sentencias debidamente ejecutoriadas Las sentencias proferidas por las autoridades judiciales tienen carácter vinculante y son eficaces desde el momento de su ejecutor ia. En este sentido, la Corte Constitucional22 ha señalado que p ara que las decisiones de los jueces sean eficaces, es necesario que ellas sean ciertas, vinculantes y obligatorias, es decir, que su existencia no sea cuestionada, que su acatamiento sea forzoso y que en caso de que no sean obedecidas voluntariamente, puedan ser exigibles de manera coactiva.

El alto tribunal destaca el carácter vinculante de las decisiones judiciales como requisito esencial para la eficacia del ordenamiento jurídico y la materialización del Estado Social de Derecho23. Según la Corte, sólo si las sentencias son obedecidas, se cumple una condición necesaria para la seguridad jurídica, lo que permite que el derecho cumpla una función social. Esa corporación también ha señalado que el carácter vinculante de las sentencias constituye un o de los contenidos iusfundamentales del derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229 Superior). 24 Este se concreta tanto en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, como en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación

administración de justicia (artículo 229 Superior). 24 Este se concreta tanto en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, como en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto. De ahí que las sentencias no sólo vincul en a las partes y a las autoridades encargadas de su ejecución, sino también al