TA SAN - Sentencia 68001-23-33-000-2023-00382-00 (02-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

Tribunal Administrativo de Santander

Magistrada Ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez

Sentencia anticipada de primera instancia Bucaramanga, dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Medio de control Repetición Demandante Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, identificada con NIT. 80014139-7; isabel.cadena1657@correo.policia.gov.co; desan.notificacion@policia.gov.co; desan.asjud@policia.gov.co Demandados -José Luis Toloza Rangel, identificado con C.C. 1.098.660.023 de Bucaramanga;

-Jonnatán Felipe Peña Álvarez, identificado con CC. 1.030.636.187 de Bogotá D.C; abogadocarlossantoyo@gmail.com contacto@grupoclegal.com; Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado xmora@procuraduria.gov.co Radicado y enlace del expediente electrónico

68001233300020230038200 Tema Se declara probada la caducidad de la acción . Tratándose de condenas ejecutoriadas antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022, la demanda se debe presentar dentro de los 2 años siguientes al pago o a la fecha en que debió pagarse la condena.

Verificada la inexistencia de irregularidades y la competencia 1, la Sala dicta sentencia anticipada2.

1. Antecedentes

presentar dentro de los 2 años siguientes al pago o a la fecha en que debió pagarse la condena.

Verificada la inexistencia de irregularidades y la competencia 1, la Sala dicta sentencia anticipada2.

1. Antecedentes

1.1. Posición de la parte demandante3

La entidad demandante pretende rep etir contra los demandados por los $1.146.089.566,04 que pagó, en cumplimiento de la conciliación celebrada en el proceso de reparación directa No. 68001333300520170036700.

Sostiene que el término de caducidad para el medio de control de repetición es de cinco años contados desde la fecha en que se efectuó el pago de la condena, el que realizó el 24 de febrero de 2023. En consecuencia, el término expiraría el 25 de febrero de 2028. Precisa, además, que la demanda fue presentada el 17 de agosto de 2023, dentro del término legal.

Afirma que cumplió con los trámites administrativos para pagar la condena antes de repetir, por lo que no se le puede obligar a lo imposible , al pretender contarse el término de caducidad desde que vencieron los 10 meses previstos en el artículo 192 del CPACA.

1.2. Posición de la parte demandada4

Los demandados afirman que el auto que aprobó la conciliación quedó ejecutoriado el 23 de agosto de 2019, desde cuando comenzó a contarse los 10 meses para el

1 La Sala es competente, según los artículos 152.9 y 156.11 del CPACA, porque los demandados están domiciliados en Piedecuesta, Santander,

el 23 de agosto de 2019, desde cuando comenzó a contarse los 10 meses para el

1 La Sala es competente, según los artículos 152.9 y 156.11 del CPACA, porque los demandados están domiciliados en Piedecuesta, Santander, y se estimó una cuantía de $1.146.089.566,04, superior a 500 SMLMV de 2023. 2 CPACA, art. 175, parágrafo 2: «Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A». 3 Demanda. Documento 3. Alegatos. Documento 15. 4 Contestación de la demanda. Documento 10.Medio de control: Repetición

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Demandados: Jose Luis Toloza Rangel y otro.

Radicado: 68001233300020230038200

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

pago. Alegan que este se debía hacer el 5 de octubre de 2020, por lo que la demanda tenía que ser presentada dentro de los dos años siguientes , pero la demandante lo hizo después, el 16 de agosto de 2023, por lo que caducó.

1.3. Concepto de la agente del Ministerio Público5

Pide que se declare probada la caducidad , puesto que la entidad tenía para pagar hasta el 5 de octubre de 2020, y debía presentar la demanda el 6 de octubre de

1.3. Concepto de la agente del Ministerio Público5

Pide que se declare probada la caducidad , puesto que la entidad tenía para pagar hasta el 5 de octubre de 2020, y debía presentar la demanda el 6 de octubre de 2022, pero lo hizo el 16 de agosto de 2023, por fuera del plazo de 2 años.

2. Consideraciones

La Sala declarará probada la excepción de caducidad porque la demanda fue presentada por fuera del término legal.

El literal l) del numeral 2) del artículo 164 del CPACA 6 establecía que, cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado por una condena o conciliación, la demanda se debe presentar en los 2 años siguientes a la fecha del pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la administración para pagar.

El artículo 43 de la Ley 2195 de 2022 7 amplió ese término a 5 años, pero para condenas que quedaran ejecutoriadas luego de su vigencia, es decir, desde el 18 de enero de 2022, fecha de su promulgación8, lo que, como se verá, no se aplica a este caso, pues la ejecutoria de la providencia fue anterior a esa fecha.

Según el artículo 192 del CPACA, 9 el pago de las condenas contra el Estado se debe hacer dentro de los 10 meses siguientes a la ejecutoria de la providencia. El legislador no subordinó la aplicación de esta norma a los trámites presupuestales que deba realizar la entidad para apropiar los recursos, como argumenta la entidad demandante.

Ahora bien, el término para el pago fue suspendido en el parágrafo 1º del artículo

que deba realizar la entidad para apropiar los recursos, como argumenta la entidad demandante.

Ahora bien, el término para el pago fue suspendido en el parágrafo 1º del artículo 6º del Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 10, pero esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C -242 del 9 de julio de 2020.

De acuerdo con lo expuesto y las pruebas que obran e n el expediente , a continuación, la Sala analiza los hechos relevantes para el conteo de la caducidad:

5 Documento 16. 6 T exto original de la Ley 1437 de 2011: “l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.” Literal modificado por el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente: “l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el termino será de cinco (5) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.” 7 El artículo 11 de la Ley 2195 de 2022 deja claro que el nuevo término de caducidad es aplicable luego de su vigencia. Así reza dicho artículo:

plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.” 7 El artículo 11 de la Ley 2195 de 2022 deja claro que el nuevo término de caducidad es aplicable luego de su vigencia. Así reza dicho artículo: “Artículo 11. Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de cinco (5) años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “El término de caducidad dispuesto en el presente artículo aplicará a las condenas, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley que quede ejecutoriada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.” 8 Según lo dispuesto en el artículo 69, “la presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.” 9 ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. (…) Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. 10 ARTICULO 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectara todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años. (…) PARAGRAFO 1. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también aplicara para el pago de sentencias judiciales.Medio de control: Repetición

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Demandados: Jose Luis Toloza Rangel y otro.

Radicado: 68001233300020230038200

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

1. El auto que aprobó la conciliación en la que se acuerda la obligación objeto de repetición quedó ejecutoriado el 23 de agosto de 201911.

2. El término de los diez meses para efectuar el pago inició al día siguiente, 24 de agosto de 2019. Este término se suspendió el 28 de marzo de 2020 hasta el 9 de

2. El término de los diez meses para efectuar el pago inició al día siguiente, 24 de agosto de 2019. Este término se suspendió el 28 de marzo de 2020 hasta el 9 de julio de 2020, fecha de la sentencia que declaró inexequible la norma que ordenaba la suspensión. Hasta este momento habían transcurrido 7 meses y 5 días.

3. El 10 de julio de 2020 se reanudó el término de 2 meses y 25 días restantes para realizar el pago. Por tanto, la demandante debió pagar la obligación el 5 de octubre de 2020, y no el 24 de febrero de 2023,12 como lo hizo.

Por consiguiente, los dos años para presentar la demanda corrieron desde el 6 de octubre de 2020 hasta el 6 de octubre de 2022. Sin embargo, se presentó el 16 de agosto de 2023, por fuera del término legal.

3. De la condena en costas El artículo 188 del CPACA establece que no se condena en costas en los procesos en que se ventilan intereses públicos , como el de repetición13. Por ello, no se condenará en costas a la entidad demandante.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla Primero. Se declara probada la excepción de caducidad de la acción.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, se ordena el archivo del expediente, previo a las constancias de rigor en el sistema de gestión judicial Samái.

Notifíquese y cúmplase

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, se ordena el archivo del expediente, previo a las constancias de rigor en el sistema de gestión judicial Samái.

Notifíquese y cúmplase Aprobado en Sala ordinaria de decisión de la fecha, según Acta No. 33 de 2025.

[Firma electrónica en aplicativo SAMAI] Claudia Ximena Ardila Pérez Magistrada ponente

[Firma electrónica en aplicativo SAMAI] [Firma electrónica en aplicativo SAMAI] Carolina Arias Ferreira María Eugenia Carreño Gómez Magistrada Magistrada

11 Documento 1 de SAMAI. 12 Documento 1 de SAMAI. No. 50732823, con fecha de registro del 2023/02/24, por valor de $229’217.911,81; No. 50749623, con fecha de registro del 2023/02/24, por valor de $114’608.957,07; No. 50773923, con fecha de registro del 2023/02/24, por valor de $114’608.957,07; No. 507833233, con fecha de registro del 2023/02/24, por valor de $114’608.957,07; No. 50796023, con fecha de registro del 2023/02/24, por valor de $114’608.957,07; No. 50812223, con fecha de registro del 2023/02/24, por valor de $458’435.825,95. 13 “Sobre este asunto, se ha dicho que el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se

ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Así, atendiendo a lo dispues to en el artículo 188 del C.P.A.C.A. y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no hay lugar a conden ar en costas.” CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Sentencia del veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022). Radicación número: 18001-23-33-0032014-00079-01 (60.090)