TA SAN - Sentencia 68001-23-33-000-2025-00153-00 (02-05-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ Bucaramanga, dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

MEDIO DE

CONTROL RECURSO DE INSISTENCIA

ACCIONANTE JESÚS HERNANDO PARRA TORRES, en calidad de director ejecutivo de la veeduría Oriente Santander - VOS veeduriaorientesantander@gmail.com

ACCIONADA

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE

SANTANDER - EMPAS

notificacionesjudiciales@empas.gov.co RADICADO 68001233300020250015300 TEMA

ACCESO A DOCUMENTOS SOBRE FORMACIÓN

ACADÉMICA Y EXPERIENCIA LABORAL DE EXCONTRATISTA DEL EMPAS. A partir de la Ley 2195 de 2022, toda la información sobre la contratación de la EMPAS es pública, salvo reserva legal expresa. Los documentos solicitados no contienen datos sensibles, ni información sobre la estrategia empresarial de la compañía, ni algun a otra sometida a reserva.

Llegado el turno 1, la Sala decide en única instancia el recurso de insistencia de la referencia.

I. ANTECEDENTES

A. La petición que origina el recurso de insistencia2

El 21 de febrero de 2025 el señor Jesús Hernando Parra Torres, en calidad de director ejecutivo de la Veeduría Oriente Santander - VOS, solicitó, a la Empresa

A. La petición que origina el recurso de insistencia2

El 21 de febrero de 2025 el señor Jesús Hernando Parra Torres, en calidad de director ejecutivo de la Veeduría Oriente Santander - VOS, solicitó, a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander – EMPAS, la siguiente información relacionada con la señora Adriana Contreras Acevedo, quien laboró como contratista de la empresa en el periodo comprendido entre el 19 de febrero y el 18 de diciembre de 2013: (i) copia digital de los estudios académicos que adjuntó cuando fue contratista y (ii) copia digital de la experiencia laboral que adjuntó para ese mismo momento.

B. La respuesta de la entidad3

En respuesta a la petición elevada por el recurrente, el 12 de marzo de 2025 la EMPAS señaló que no era posible acceder a la entrega de los documentos mencionados. Explicó que dichos documentos contienen información relacionada con la privacidad e intimidad de la contratista, la cual está sujeta a reserva de conformidad con el inciso tercero del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015. Asimismo,

1 Se deja constancia de que la magistrada ponente de la presente providencia, durante el período comprendido entre el reparto d el presente recurso de insistencia y la presentación del proyecto, tuvo a su cargo 1 consulta de desacato, 1 recurso de insistenci a, 9 acciones de tutela, 1 habeas corpus, 2 acciones de nulidad electoral, 1 proceso de pérdida de investidura y 9 acciones populares, todos con trámite preferente; también participó en 1 Sala Administrativa y 1 sala administrativa extraordinaria; dirigió 7 audiencias y proyectó 20 sentencias para revisión de la Sala de

participó en 1 Sala Administrativa y 1 sala administrativa extraordinaria; dirigió 7 audiencias y proyectó 20 sentencias para revisión de la Sala de Decisión (CAF - MECG) y 28 autos interlocutorios. Adicionalmente, en su calidad de integrante de la Sala de Decisión correspondiente a los H. magistrados IFPM y JERS, participó en la revisión de 22 sentencias constitucionales y 25 ordinarias 2 Expediente digital cargado en el aplicativo SAMAI. Índice 3, documento denominado: 2ED_Respuestaalainsisten, Folio 3. 3 Expediente digital cargado en el aplicativo SAMAI. Índice 3, documento denominado: 2ED_Respuestaalainsisten, Folio 1 y 2.MEDIO DE CONTROL: RECURSO DE INSISTENCIA

RECURRENTE: JESÚS HERNANDO PARRA TORRES

ACCIONADA: EMPAS RADICADO: 680012333000-2025-00153-00

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indicó que, dada su naturaleza, únicamente la titular de dicha información puede suministrarla o, en su defecto, autorizar expresamente su entrega, conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012.

C. Del recurso de insistencia

1. El recurrente interpuso recurso de insistencia 4 para obtener copia de la hoja de vida y de la información sobre la experiencia laboral que aportó Adriana Contreras Acevedo cuando estuvo vinculada como contratista con la EMPAS, durante el período comprendido entre el 19 de febrero y el 18 de diciembre d e 2013. Sostuvo

de vida y de la información sobre la experiencia laboral que aportó Adriana Contreras Acevedo cuando estuvo vinculada como contratista con la EMPAS, durante el período comprendido entre el 19 de febrero y el 18 de diciembre d e 2013. Sostuvo que la información solicitada corresponde a un servidor público y, por tanto, es de carácter público.

2. La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander mantuvo su negativa y remitió el recurso de insistencia a esta corporación. Reiteró 5 que los documentos contienen información relacionada con la privacidad e intimidad de la persona, cuya titular es la única autorizada para proporcionarlos. Agregó que el vínculo contractual celebrado con la señora Adriana Contreras Acevedo, en calidad de contratista, es de naturaleza privada.

Explicó que las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por un régimen jurídico especial, debido a su naturaleza mixta, y que, conforme a la ley y la Constitución, se sujetan, por regla general, a la normativa privada y comercial. En consecuencia, los contratos suscritos con contratistas se encuentran regidos por el derecho privado y no por el público, motivo por el cual no están obligados a suministrar la información solicitada, salvo que exista autorización previa o una orden de autoridad judicial. Además, la entidad advirtió que su obligación de publicidad se limita a la información relacionada con la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado, conforme al artículo 5 de la Ley 1712 de 2014.6 Precisó que las labores desarrolladas por la contratista objeto de la petición no guardan relación con dicha actividad, toda vez que sus funciones correspondían a actividades de publicidad y periodismo, las

conforme al artículo 5 de la Ley 1712 de 2014.6 Precisó que las labores desarrolladas por la contratista objeto de la petición no guardan relación con dicha actividad, toda vez que sus funciones correspondían a actividades de publicidad y periodismo, las cuales no se enmarcan dentro de la excepción prevista en el artículo 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994. De otra parte, argumentó que las veedurías ciudadanas no están facultadas para ejercer control social sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, las cuales prevén medios de control específicos para tales entidades. Sostuvo que, en virtud del principio de especialidad, no es posible aplicar otra normativa de igual o inferior jerarquía para justificar el acceso a la información solicitada. Agregó que, si el peticionario considera que existen irregularidades, o si su solicitud obedece a motivos de índole personal, debe acudir a las instancias administrativas o judiciales correspondientes. Finalmente, refirió que la divulgación arbitraria de dicha información podría comprometer derechos de carácter particular y empresarial, afectando la

4 Expediente digital cargado en el aplicativo SAMAI. Índice 3, documento denominado: 7ED Insistencia1 5 Expediente digital cargado en el aplicativo SAMAI. Índice 3, documento denominado: 4ED_RecursodeInsistencia 6 LEY 1712 DE 2014. ARTÍCULO 5. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información

de sujetos obligados: c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público; (…)MEDIO DE CONTROL: RECURSO DE INSISTENCIA

RECURRENTE: JESÚS HERNANDO PARRA TORRES

ACCIONADA: EMPAS RADICADO: 680012333000-2025-00153-00

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confidencialidad de los documentos. Esto, a su juicio, podría dar lugar a consecuencias penales y disciplinarias para quien la revele la información.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia La competencia para resolver el recurso de insistencia presentado recae en esta Corporación según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 de la Ley 57 de 19857 y los artículos 26 y 151 numeral 5 del CPACA 8, comoquiera que se dirige contra una entidad departamental de servicios públicos domiciliarios, esto es, la

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS.

B. El problema jurídico y su tesis

Con base en la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿Debe la EMPAS, en su calidad de empresa de servicios públicos domiciliarios, acceder a la solicitud de información sobre la formación académica y experiencia laboral de una contratista?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: Los documentos solicitados corresponden a los estudios y a

acceder a la solicitud de información sobre la formación académica y experiencia laboral de una contratista?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: Los documentos solicitados corresponden a los estudios y a la experiencia laboral acreditada por la señora Adriana Contreras Acevedo para celebrar los contratos 1709 de 2012 y 1776 de 2013 con la EMPAS, cuyo objeto fue la prestación de servicios de comunicación social, posicionamiento, relaciones públicas y protocolo para la entidad. Si bien esta información no guarda relación directa con la prestación del servicio público de alcantarillado, por lo cual antes de la expedición de la Ley 2195 de 2022 se consideraba de carácter privado, el marco normativo cambió.

Conforme al artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, la información relacionada con la contratación de las e mpresas de servicios públicos oficiales adquirió carácter público, salvo que contenga datos sensibles, secretos empresariales u otra información amparada por una reserva legal expresa, lo que no ocurre en este caso.

C. Marco jurídico

1. El artículo 74 de la Constitución Política establece que «todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley». Este precepto constitucional consagra un derecho fundamental cuyo alcance debe entenderse a partir del significado que pueda atribuirse al término «documentos públicos» utilizado por el constituyente, conforme a las definiciones y distinciones que haga el legislador en esta materia, a partir de las nociones de lo público y lo privado, o, en su defecto, de acuerdo con el sentido natural de las palabras, en

públicos» utilizado por el constituyente, conforme a las definiciones y distinciones que haga el legislador en esta materia, a partir de las nociones de lo público y lo privado, o, en su defecto, de acuerdo con el sentido natural de las palabras, en

7 LEY 57 DE 1985. ART ÍCULO 21.- La Administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes. Si la persona interesada insistiere en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender pa rcialmente. Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la copia requerida, el funcionario respe ctivo enviará la documentación correspondiente al Tribunal para que éste decida dentro de los diez (10) días hábiles siguien tes. Se interrumpirá este término en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgació n deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba oficialmente. 8 LEY 1437 DE 2011. ARTÍCULO 151. COMPETENCIA DE LOS TRIB UNALES ADMINISTRATIVOS EN ÚNICA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (…) 5. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental, o del Distrito Capital

de Bogotá.MEDIO DE CONTROL: RECURSO DE INSISTENCIA

primera de este código, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental, o del Distrito Capital

de Bogotá.MEDIO DE CONTROL: RECURSO DE INSISTENCIA

RECURRENTE: JESÚS HERNANDO PARRA TORRES

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concordancia con los métodos de interpretación autorizados por la dogmática jurídica, aspecto que abordará la Sala más adelante.

2. En desarrollo de la norma constitucional mencionada, el legislador expidió la Ley Estatutaria 1712 de 2014 -Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional-, la cual tiene por objeto «regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información». En el artículo 2º, la ley establece el principio rector de máxima publicidad , en virtud del cual toda información o documentación en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado 9 se presume públic a y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal.

3. En el artículo 6º de la mencionada Ley 1712, el legislador establece algunas definiciones y distinciones que permiten delimitar lo que debe entenderse por información pública, con el fin de precisar el alcance del derecho de acceso a esta. 3.1. La norma clasifica la información en tres tipologías: pública, pública clasificada

definiciones y distinciones que permiten delimitar lo que debe entenderse por información pública, con el fin de precisar el alcance del derecho de acceso a esta. 3.1. La norma clasifica la información en tres tipologías: pública, pública clasificada y pública reservada, las cuales define así: (i) La información pública es «toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle en su calidad de tal»; (ii) La información pública clasificada corresponde a aquella que, «estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley»; y (iii) La información pública reservada se refiere a aquella que, estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada del acceso público debido al daño que su divulgación podría causar a los intereses pú blicos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 19 de dicha ley. 3.2. En concordancia con las anteriores definiciones, l os artículos 18 y 19 de la misma ley contienen la enunciación taxativa de la información pública exceptuada del deber de publicidad, bajo las categorías previamente analizadas -clasificada y reservaday por las razones ya expuestas, es decir, porque su divulgación podría comprometer los derechos de las personas o el interés general. Estas normas disponen lo siguiente: ARTÍCULO 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales

reservaday por las razones ya expuestas, es decir, porque su divulgación podría comprometer los derechos de las personas o el interés general. Estas normas disponen lo siguiente: ARTÍCULO 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas . Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:

a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.

b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad;

c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales

PARÁGRAFO. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable

9 Los sujetos obligados se encuentran enlistados en el art. 5º de la L. 1712. Por razones metodológicas, la sala analizará esta regla más adelante.MEDIO DE CONTROL: RECURSO DE INSISTENCIA

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ARTÍCULO 19. Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:

a) La defensa y seguridad nacional; b) La seguridad pública; c) Las relaciones internacionales; d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de as eguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso; (Ver Sentencia C-951 de 2014) e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales; f) La administración efectiva de la justicia; g) Los derechos de la infancia y la adolescencia; h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país; i) La salud pública.

PARÁGRAFO. Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. Este régimen normativo se articula con la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege los datos personales, especialmente aquellos considerados sensibles, como la información sobre salud, orientación sexual, creencias religiosas y origen étnico. La divulgación de este tipo de datos requiere una protección reforzada, y su tratamiento debe responder a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

sobre salud, orientación sexual, creencias religiosas y origen étnico. La divulgación de este tipo de datos requiere una protección reforzada, y su tratamiento debe responder a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

4. En la misma línea, el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 consagra una serie de información y documentos que se co nsidera reservada y advierte que solo estos, o aquellos señalados por la Constitución o por otra ley, tienen tal carácter. La norma

dispone:

ARTÍCULO 24. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS. <Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:

1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.

2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.

4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los e studios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

5. Los datos referentes a la informaci ón financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1226 de 2008.

un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

5. Los datos referentes a la informaci ón financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1226 de 2008.

6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.

7. Los amparados por el secreto profesional.

8. Los datos genéticos humanos.

4.1. Tal como lo refiere la EMPAS, el numeral 3º del citado artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 establece una reserva sobre los datos que involucran derechos a la privacidad e intimidad de las personas incluidas en las hojas de vida y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas.

4.2. Sobre el alcance de esta regla, conviene precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia pacífica de la Corte Constitucional, no todos los datos que reposan en las hojas de vida están cobijados por la reserva, sino solamente « aquellos queMEDIO DE CONTROL: RECURSO DE INSISTENCIA

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tocan con el ámbito privado e íntimo de las personas, que se ha considerado como datos sensibles»10.

4.3. Para el alto tribunal, la redacción de la norma podría llevar a una interpretación

tocan con el ámbito privado e íntimo de las personas, que se ha considerado como datos sensibles»10.

4.3. Para el alto tribunal, la redacción de la norma podría llevar a una interpretación desproporcionada e irrazonable. Por ello, consideró necesario precisar que esta no establece una reserva absoluta sobre las hojas de vida , la historia laboral o los expedientes p ensionales en su totalidad, sino únicamente respecto de apartes específicos que contengan información relacionada con la intimidad y privacidad de las personas.

5. En línea con lo anterior, el artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 señala que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación , tales como los que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

6. Las anteriores reglas no se aplican de manera indiscriminada a las entidades estatales, por su sola naturaleza pública o por su pertenencia a una u otra rama del poder público. El sometimiento a estas reglas está regulado por el legislador en los precisos términos del artículo 5º de la Ley 1712 que establece la categoría de «sujetos obligados». 6.1. Las entidades estatales que prestan servicios públicos, como la EMPAS, son sujetos obligados únicamente en lo relacionado con la información vinculada

categoría de «sujetos obligados». 6.1. Las entidades estatales que prestan servicios públicos, como la EMPAS, son sujetos obligados únicamente en lo relacionado con la información vinculada directamente a la prestación del servicio a su cargo. Por lo tanto, solo en ese ámbito deben entenderse s ometidas a las reglas previamente analizadas sobre la naturaleza y publicidad de la información que generan o custodian.

La norma en cuestión dispone: ARTÍCULO 5. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público;

6.2. A partir de la disposición citada, es claro que ni el principio de máxima publicidad ni las definiciones y reglas sobre la información pública que consagra la Ley 1712 de 2014 cobija toda la información que puedan generar o a dministrar las empresas de servicios públicos, sino solo aquella información «directamente relacionada con la prestación del servicio público».

6.3. La aludida regla, que establece una limitación al derecho de acceso a la información pública, encuentra justificación en el hecho de que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos oficiales o mixtas se rigen por el derecho privado. Estas entidades operan en un sector en el que existe competencia y actúan bajo la misma lógica que las empresas privadas. Por lo tanto, el legislador las considera como tales en aquellos aspectos que no inciden directamente en el ámbito público.

bajo la misma lógica que las empresas privadas. Por lo tanto, el legislador las considera como tales en aquellos aspectos que no inciden directamente en el ámbito público.

10 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014 y T-254 de 204MEDIO DE CONTROL: RECURSO DE INSISTENCIA

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6.4. Sobre el alcance del citado art. 5º de la Ley 1712 de 2014, la Corte Constitucional, en sentencia T-114 de 2018, señaló: En lo tocante a l os sujetos obligados a entregar la información pública, esta Corte debe advertir que el derecho fundamental de acceso a la información genera obligaciones para las autoridades públicas de todas las ramas del poder público, las pertenecientes a los niveles central y descentralizado y la de los órganos autónomos y de control, de todos los niveles de gobierno. Este derecho también vincula a aquellas personas naturales y jurídicas que cumplen funciones públicas o presten servicios públicos. La obligación consiste en suministrar la información exclusivamente relacionada con el desempeño de la función pública o con la prestación del servicio público.

7. La jurisprudencia11, con fundamento en el art. 5º de la Ley 1712, ha clasificado la información que generan o custodian las empresas de servicios públicos en pública y privada. La información se considera pública si está relacionada con el

7. La jurisprudencia11, con fundamento en el art. 5º de la Ley 1712, ha clasificado la información que generan o custodian las empresas de servicios públicos en pública y privada. La información se considera pública si está relacionada con el cumplimiento de la prestación del servicio público que le corresponda por ley, al igual que la que sea producto del ejercicio de prerrogativas propias de una entidad pública. Cualquier ciudadano puede acceder a ella, salvo que exista una reserva expresa consagrada en una norma constitucional o legal.

En cambio, «se entenderá como documento privado y por tanto no podrá ser consultado por los ciudadanos, excepto que sea para la satisfacción de los fines consagrados en la Constitución o en la ley, aquellos que sean originados del ejercicio de las funcione s que realice la entidad, equiparables a las que realizan los particulares en un mercado donde se necesita que compita en igualdad de condiciones para la eficaz prestación del servicio».

8. Lo anterior no debe interpretarse en el sentido de que la información privada de las empresas prestadoras de servicios esté bajo reserva. Para que así se considere, como lo establecen los artículos 74 de la Constitución y 24 del CPACA, debe existir una norma expresa en la Constitución Política o en la ley que le otorgue dicho carácter.

El artículo 5º de la Ley 1712 no crea una reserva. Lo que dispone es que los deberes previstos en esa ley -relativos a la publicación, divulgación, gestión documental, archivo, entre otrosno son aplicables a la información ajena al servicio público, dado que, se deduce, esta no reviste interés público y debe considerarse como información privada de la empresa de servicios públicos. Esta sería la razón por la cual, en pr incipio, un ciudadano no puede exigir a estas

que, se deduce, esta no reviste interés público y debe considerarse como información privada de la empresa de servicios públicos. Esta sería la razón por la cual, en pr incipio, un ciudadano no puede exigir a estas entidades el acceso a información que no guarde relación directa con la prestación del servicio, del mismo modo en que no puede acceder a las cartas personales o a los contratos privados de su vecino . En efecto , co nforme al artículo 74 de la Constitución, el derecho fundamental de acceso a la información se limita a la información pública, no a la privada.

9. Ahora bien, e l citado artículo 5º de la Ley 1712 debe analizarse de manera sistemática y coherente con las disposiciones normativas posteriores que lo complementan y amplían su alcance. En particular, debe considerarse el cambio significativo introducido por la Ley 2195 de 2022 12 en cuanto a la publicidad de la contratación de las entidades