TA SAN - Sentencia 68001-23-33-000-2025-00247-00 (11-06-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, once (11) de junio de dos mil veinticinco 2025.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

DEMANDANTE CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE de VELEZ

centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es;

DEMANDADO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA

PROSPERIDAD SOCIAL (DAPS).

Notificaciones.Juridica@ProsperidadSocial.gov.co;

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 68001233300020250024700

TEMA CUMPLIMIENTO ARTÍCULOS 13, 46, 58, 87, 209 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, COMPILACIÓN NORMAS SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, ARTÍCULOS 2.2.14.1.1, 2.2.14.1.32, 2.2.14.1.37, 2.2.14.1.38, 2.2.14.1.28, LEY 393 DE 1997, LEY 80 DE 1993 Y LEY 1150 DE 2007

Procede la Sala a decidir el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos de que trata el artículo 146 de la Ley 1437 de 2011, interpuesto por la Representante Legal del CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE de VELEZ contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS).

I. LA ACCIÓN

interpuesto por la Representante Legal del CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE de VELEZ contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS).

I. LA ACCIÓN

La señora CLARA IMELDA RODRIGUEZ SANCHEZ, en calidad de representante legal de Centro de Bienestar San José de Vélez , interpone acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS) con miras a que se ordene acatar lo dispuesto en los artículos 13, 46, 58, 87 y 209 de la Constitución Política, el decreto 1833 de 2016 en sus artículos 2.2.14.1.1, 2.2.14.1.32, 2.2.14.1.37, 2.2.14.1.38 y 2.2.14.1.28, la Ley 393 de 1997 y la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. Hechos.

En síntesis, la accionante expone lo siguiente:

El Centro de Bienestar San José de Vélez ha mantenido una relación contractual continua con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS) durante varias vigencias fiscales para ejecutar el Programa Colombia Mayor en la modalidad indirecta. Esta relación ha permitido atender a 50 adultos mayores beneficiarios. La institución y los beneficiarios han desarrollado una expectativa legítima y razonable sobre la continuidad del servicio y del convenio, siempre que se cumplan los requisitos legales y contractuales. El Programa Colombia Mayor tiene como objetivo proteger a los adultos mayores más vulnerables mediante subsidios. La modalidad indirecta, que se realiza a través de centros como el Centro de Bienestar San José de Vélez, es un mecanismo para materializar esta protección, según lo establecido en el Decreto 1833 de 2016.

más vulnerables mediante subsidios. La modalidad indirecta, que se realiza a través de centros como el Centro de Bienestar San José de Vélez, es un mecanismo para materializar esta protección, según lo establecido en el Decreto 1833 de 2016. En los años 2022, 2023 y 2024, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS) presentó demoras significativas en la gestión contractual. Estas demoras afectaron la oportunidad de los giros y gen eraron incertidumbre,Acción de Cumplimiento. Radicado 68001233300020250024700 Fallo de primera instancia.

2 evidenciando un patrón de falta de diligencia en la gestión de estos convenios esenciales. El 22 de enero de 202 5, se presentó escrito constituyéndose en renuencia al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS), solicitando explícitamente adelantar los trámites para el convenio de 2025 y garantizar la continuidad del programa desde enero de 2025. Hasta el 8 de mayo de 2025, han pasado más de cuatro meses del año fiscal 2025. Este tiempo es suficiente para que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS), actuando con la diligencia, celeridad y previsión exigidas por el Artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 80 de 1993, hubiera formalizado los convenios de continuidad con insti tuciones como la nuestra, cuya necesidad era plenamente previsible. La justificación de "planear" una convocatoria en este momento para resolver la continuidad de los beneficiarios activos evidencia una omisión administrativa injustificada que impacta dire ctamente derechos fundamentales.

necesidad era plenamente previsible. La justificación de "planear" una convocatoria en este momento para resolver la continuidad de los beneficiarios activos evidencia una omisión administrativa injustificada que impacta dire ctamente derechos fundamentales. La decisión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS) de imponer una convocatoria general como requisito para la continuidad de la atención a beneficiarios ya activos y vinculados a través del Centro de Bienestar San José de Vélez vulnera varios aspectos importantes: • Tradición contractual y confianza legítima: Cambia abrupta e injustificadamente las reglas, afectando la estabilidad de la relación. • Derechos adquiridos (Art. 58 C.P.): Los adultos mayores beneficiarios activos tienen derecho a la continuidad de la protección social mientras cumplan los requisitos personales, sin ser sometidos a procesos competitivos generales como si fueran nuevos aspirantes. • Fuero constitucional especial (Art. 46 C.P.) y trato diferencial positivo (Art. 13 C.P.): En lugar de adoptar medidas que faciliten y aseguren el bienestar de los adultos mayores, se crea una barrera administrativa que genera angustia, incertidumbre y agrava su vulnerabilidad manifiesta. El Decreto 1833, Art. 2.2.14.1.28 establece claramente las causales por las cuales un beneficiario puede perder el subsidio, todas referidas a la situación individual del adulto mayor (fallecimiento, superación de condiciones de vulnerabilidad, fraude, etc.). La omisió n del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS) en contratar o la imposición de una convocatoria general no son causales legales para excluir o suspender el beneficio a quienes siguen siendo elegibles. El

etc.). La omisió n del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS) en contratar o la imposición de una convocatoria general no son causales legales para excluir o suspender el beneficio a quienes siguen siendo elegibles. El DAPS está creando, de facto, una condición extra-legal para la permanencia en el programa. La omisión del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS) en suscribir el convenio 2025 y supeditarlo a una convocatoria futura constituye un incumplimiento claro de sus deberes constitucionales y legales. Esta situación pone en riesgo inminente la continuidad de la atención y el único sustento de 21 adultos mayores en extrema vulnerabilidad vinculados al Centro de Bienestar San José de Vélez.

Pretensiones.

Debido a lo anterior, solicita se ordene lo siguiente:

PRIMERO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DAPS) que, en un término perentorio y de forma inmediata, dé cumplimiento a los artículos 13, 46, 58 y 209 de la Constitución Política, al Decreto 1833 de 2016 y a los principios de la contratación estatal, y en consecuencia, culmine sin más dilaciones todos los trámites administrativos precontractuales y contractuales necesarios para la suscripción, legalización y ejecución del convenio con CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE de VELEZAcción de Cumplimiento.

Radicado 68001233300020250024700 Fallo de primera instancia.

3 para el Programa Colombia Mayor (modalidad indirecta), vigencia 2025, asegurando la continuidad efectiva desde el 1 de enero de 2025.

Fallo de primera instancia.

3 para el Programa Colombia Mayor (modalidad indirecta), vigencia 2025, asegurando la continuidad efectiva desde el 1 de enero de 2025.

SEGUNDO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DAPS) que, reconozca la fuerza vinculante de la tradición contractual y la confianza legítima, así como la intangibilidad de los derechos adquiridos por los adultos mayores beneficiarios activos vinculados a CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE de VELEZ, y proceda a la suscripción del convenio 2025 sin someter a estos beneficiarios específicos ni a la institución, respecto de los cupos ya activos y asignados a la institución por tradición contractual, al proceso de convocatoria general anunciado.

TERCERO: Declarar que la omisión del DAPS en garantizar la continuidad contractual desde el inicio de la vigencia 2025 y la imposición del requisito de participar en una convocatoria general a bene ficiarios activos y centros con tradición contractual, constituyen un incumplimiento de sus deberes legales y una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad (trato diferencial positivo), a la protección especial del adulto mayor, a los derechos adquiridos (Arts. 13, 46, 58 C.P.) y al principio de confianza legítima. Así mismo, declarar la total inaplicabilidad de las causales de exclusión del Art. 2.2.14.1.28 del Decreto 1833/2016 para justificar la discontinuidad derivada de esta situación administrativa.

CUARTO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

1833/2016 para justificar la discontinuidad derivada de esta situación administrativa.

CUARTO: Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DAPS) que, una vez suscrito el convenio de la vigencia 2025, reconozca y gire con carácter retroactivo los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2025 desde e l 1 de enero hasta la fecha, que equivalen a la suma de TRECE MILLONES CIEN MIL DE PESOS M/CTE $13.100.000, cubriendo los meses transcurridos sin convenio por la demora administrativa imputable al DAPS.

Tramite.

Mediante providencia de fecha 22 de mayo de 2025 se admitió la demanda 1 y, en consecuencia, se ordenó la notificación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS) , de igual manera , se advirtió conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 393 de 1997, sobre la obligación de aportar las pruebas que tuvieran en su poder. Ahora bien, teniendo en cuenta el trámite preferencial del que goza la acción constitucional de cumplimiento, cuyo procedimiento establece términos perentorios e improrrogables (artículo 11 de la Ley 393 de 1997), y en atención a los principios de celeridad y debido proceso consagrados en el artículo 29 de la Constitución, se procederá a dictar la decisión que en derecho corresponda. Lo anterior, toda vez que las pruebas documentales allegadas res ultan suficientes para resolver la controversia, y no existen solicitudes probatorias pendientes de resolución.

Contestación a la Demanda

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

que las pruebas documentales allegadas res ultan suficientes para resolver la controversia, y no existen solicitudes probatorias pendientes de resolución.

Contestación a la Demanda

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Mediante escrito de contestación, la entidad accionada se opone a todas y cada una de las pretensiones argumentando que no ha incumplido ninguna norma y que las pretensiones carecen de fundamento fáctico y jurídico.

Además, responde a cada uno de los hechos planteados en la demanda, aclarando que muchos de ellos son apreciaciones subjetivas del demandante y no tienen sustento legal ni fáctico.

En su escrito propone excepciones de : i) inexistencia de incumplimiento de norma con fuerza material de ley: mediante la cual señala que, la acción de cumplimiento permite a los ciudadanos exigir a las autoridades el cumplimiento de leyes, decretos, resoluciones y otros actos administrativos obligatorios y que, para ello se requieren los siguientes requisitos para la procedencia de la misma:

1 Auto admite demandaAcción de Cumplimiento. Radicado 68001233300020250024700 Fallo de primera instancia.

4

1. Mandato imperativo: La norma debe contener un mandato claro, preciso y exigible sin condicionamientos.

2. Irregularidad: El incumplimiento debe generar una irregularidad en el ejercicio de las funciones de la autoridad.

3. Falta de otros mecanismos: No debe existir otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma.

4. Mandato general: Las normas generales sin mandatos específicos no son suficientes para la acción de cumplimiento.

3. Falta de otros mecanismos: No debe existir otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma.

4. Mandato general: Las normas generales sin mandatos específicos no son suficientes para la acción de cumplimiento.

Indica que l as normas mencionadas no contienen mandatos imperativos específicos, por lo que Prosperidad Social cumple con sus obligaciones a través de sus actividades programadas, asimismo advierte que, la no suscripción de un contrato especifico, no puede ser considerada incumplimiento de la ley. ii) Improcedencia de la Acción de Cu mplimiento: la accionada manifiesta que, el propósito de la presente acción es garantizar la eficacia del ordenamiento jurídico, exigiendo a las autoridades y particulares con funciones públicas que cumplan las normas legales y actos administrativos. Frente a la protección de derechos fundamentales , indica que l a acción de cumplimiento no es procedente para proteger derechos fundamentales y que, para ello se debe usar la acción de tutela ; también hace referencia a los diferentes medios judiciales que tiene el accionante para lograr el cumplimiento de la norma, indicando que el presente no es procedente por cuanto no se evidencia un perjuicio grave e inminente.

También argumenta la improcedencia de la acción en que, la misma n o es procedente para exigir el cumplimiento de normas que impliquen gastos, ya que esto quebranta el sistema presupuestal y las competencias establecidas.

Así mismo señala que, la suscripción de contratos debe seguir la normativa vigente (Ley 80 de 1993 y otr as), y el desconocimiento de estos procedimientos puede conllevar responsabilidades legales para los funcionarios.

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

(Ley 80 de 1993 y otr as), y el desconocimiento de estos procedimientos puede conllevar responsabilidades legales para los funcionarios.

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

Esta Corporación es competente para decidir la demanda de cumplimiento, en virtud numeral 14 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021.

Normas presuntamente incumplidas

Constitución Política:

Artículos 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de se xo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá esp ecialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.Acción de Cumplimiento. Radicado 68001233300020250024700 Fallo de primera instancia.

5 Artículos 46: El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Artículo 58:<Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999.

El nuevo texto es el siguiente: > Se garantizan la pr opiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, result aren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.

Artículo 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Decreto 1833 de 2016 Artículo 2.2.14.1.1. Naturaleza y objeto del Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como el otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema. El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá dos subcuentas que se manejarán de manera separada así:

1. Subcuenta de Solidaridad destinada a subsidiar los aportes al sistema general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los m iembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción.

2. Subcuenta de subsistencia destinada a la protección de las personas en estado

psíquicos y sensoriales, los m iembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción.

2. Subcuenta de subsistencia destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico que se otorgará de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.14.1.30. a 2.2.14.1.40. del presente Decreto. 2.2.14.1.28Temporalidad del Subsidio. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 4944 de 2009. La temporalidad del subsidio a la que se refiere el artículo 28 de la Ley 100 de 1993, para todos los grupos poblacionales corresponderá a un período equivalente a 750 semanas de cotización, de conformidad con lo señalado por elAcción de Cumplimiento.

Radicado 68001233300020250024700 Fallo de primera instancia.

6 Consejo Nacional de Política Social, Conpes. 2.2.14.1.32 "ARTÍCULO 2.2.14.1.32. Modalidades de beneficios . Los beneficios de la Subcuenta de Subsistencia serán otorgados en las modalidades de subsidio económico directo y subsidio económico indirecto. El subsidio económico directo se otorga en dinero, el cual se gira directamente a los beneficiarios. El subsidio económico indirecto se otorga en servicios sociales básicos y se entrega a través de los centros de bienestar del adulto mayor, cent ros diurnos, resguardos indígenas o a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los aspectos procedimentales para la entrega de los subsidios indirectos otorgados a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar serán los señalad os en el

indígenas o a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los aspectos procedimentales para la entrega de los subsidios indirectos otorgados a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar serán los señalad os en el manual operativo. La población desplazada beneficiada de estos subsidios deberá acreditar tal condición a través de la certificación que para el efecto expida la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o la entidad que haga su s veces. La modalidad de subsidio de cada beneficiario será establecida en el proyecto presentado por el ente territorial. Los indígenas residentes en resguardos podrán ser beneficiarios del subsidio directo, siempre y cuando se elija esta modalidad para todos los beneficiarios incluidos en el proyecto. En ambas modalidades, el subsidio económico podrá contener adicionalmente servicios sociales complementarios, siempre y cuando exista cofinanciación de las entidades territoriales y/o resguardos indígenas. La asignación de cupos, el valor del subsidio económico y los componentes que se financien serán definidos por la entidad pública responsable del programa de subsidios según corresponda, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y de conformidad con las metas de cobertura señaladas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). En todo caso, el valor del subsidio no podrá superar el (50%) del salario mínimo legal mensual vigente. PARÁGRAFO 1. Servicios sociales básicos. Los servicios sociales básicos comprenden alimentación, alojamiento, elementos de higiene y salubridad, medicamentos o ayudas técnicas, prótesis u órtesis (elementos para atender una discapacidad y que favorecen la autonomía personal y su calidad de vida) no

comprenden alimentación, alojamiento, elementos de higiene y salubridad, medicamentos o ayudas técnicas, prótesis u órtesis (elementos para atender una discapacidad y que favorecen la autonomía personal y su calidad de vida) no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), de acuerdo con el régimen aplicable al beneficiario, ni financiadas con otras fuentes. Podrá comprender medicamentos o ayudas técnicas incluidas en el PBS, cuando el beneficiario del programa no esté afiliado al sistema general de seguridad social en salud. Los proyectos productivos también podrán formar parte de los servicios sociales básicos para la población beneficiaria, en consideración a las particularidades culturales, sociales y las condiciones de ha bitación o residencia, propias de cada grupo social beneficiario de estos subsidios, parametrizadas en el manual operativo. PARAGRAFO 2 . Servicios sociales básicos - ayudas técnicas, prótesis u órtesis y/o medicamentos. Cuando el beneficiario opte por el subsidio económico representado en el componente de ayudas técnicas, prótesis u órtesis y/o medicamentos, estos le serán entregados directamente, por tratarse de un beneficio a su favor, que no se encuentra contemplado en el PBS. Si la utilización de la ayu da técnica requiere necesariamente un procedimiento quirúrgico para su inserción, este hará parte del subsidio, siempre y cuando no esté incluido en el PBS de acuerdo con el régimen aplicable al beneficiario, o incluido en el PBS cuando el beneficiario del programa no esté afiliado al sistema general de seguridad social en salud.Acción de Cumplimiento. Radicado 68001233300020250024700 Fallo de primera instancia.

7 El monto que se destine anualmente para el otorgamiento del subsidio representado

seguridad social en salud.Acción de Cumplimiento. Radicado 68001233300020250024700 Fallo de primera instancia.

7 El monto que se destine anualmente para el otorgamiento del subsidio representado en este componente será determinado por la entidad pública responsable del programa de subsidios. El valor total del beneficio a recibir por persona durante el año, incluidas las ayudas técnicas, prótesis u órtesís y/o los medicamentos y el procedimiento quirúrgico no podrá superar el valor anual del subsidio establecido en el parágrafo del artículo 2.2.14.2.4. del presente decreto. Para el otorgamiento de este subsidio, la entidad pública responsable del programa priorizará las personas que al momento de la solicitud no sean beneficiarias de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pension al. Durante el año en que el beneficiario reciba este subsidio, podrá percibir otra modalidad de subsidio, respetando el valor total señalado en el inciso anterior. Una vez efectuada la priorización, los beneficiarios que estén recibiendo el subsidio económico en cualquier modalidad también podrán acceder a los elementos del componente previsto en este parágrafo y, para tal efecto, la entidad pública responsable del programa establecerá las equivalencias necesarias entre el valor de este y el subsidio que v ienen recibiendo, de tal manera que esta equivalencia genere incentivos para que el beneficiario opte por este componente y se vea beneficiado con la mejora de su calidad de vida. En este último caso, el beneficiario que recibirá la ayuda técnica, prótesis u órtesis o los medicamentos deberá autorizar expresamente al ejecutor del programa de subsidios, la aplicación de esta equivalencia. El subsidio estará representado en un bono intransferible que se le entregará

o los medicamentos deberá autorizar expresamente al ejecutor del programa de subsidios, la aplicación de esta equivalencia. El subsidio estará representado en un bono intransferible que se le entregará directamente al beneficiario y se hará efec tivo en las entidades que se contraten para tal fin. Este bono incluye el valor de la ayuda y su procedimiento y no podrá ser superior al monto máximo señalado en este parágrafo. Los servicios sociales básicos representados en ayudas técnicas, prótesis u órtesis y/o medicamentos serán entregados al beneficiario a través de la entidad pública responsable del programa o de una entidad que forme parte del Sistema de Protección Social. PARÁGRAFO 3. Servicios Sociales Complementarios. Los Servicios Sociales Complementarios son aquellos que se enfocan al desarrollo de actividades de educación, recreación, cultura, deporte, turismo y proyectos productivos. Los proyectos presentados podrán incluir uno o varios de los componentes descritos. ARTÍCULO 2.2.14.1.37. Cent ros de atención. Para los efectos del presente capítulo, los adultos mayores podrán ser atendidos en las siguientes instituciones:

1. Centros de bienestar del adulto mayor. Estos centros deberán ser instituciones sin ánimo de lucro, de naturaleza pública, privada o mixta de cualquier nivel, que mediante convenios suscritos entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y/o el municipio y la institución correspondiente o entre el municipio y el centro de bienestar del adulto mayor, se obligan a: 1.1. Prestar un servicio integral y de buena calidad. 1.2. Usar los recursos del programa en la atención de los beneficiarios del subsidio. 1.3. Informar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social directamente o a través de su administrador fiduciario y/o el municipio y la institución

1.2. Usar los recursos del programa en la atención de los beneficiarios del subsidio. 1.3. Informar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social directamente o a través de su administrador fiduciario y/o el municipio y la institución correspondiente cualquier cambio que afecte la condición del beneficiario.

2. Centros Diurnos. Deberán ser instituciones sin ánimo de lucro, de naturaleza pública, privada o mixta, de cualquier nivel, que p resten servicios de apoyo nutricional y brinden atención ocupacional a través de actividades tales comoAcción de Cumplimiento.

Radicado 68001233300020250024700 Fallo de primera instancia.

8 educación, recreación, cultura, deporte, turismo y/o proyectos productivos. Los adultos mayores asisten durante el día y no pernoctan en ellos. Los serv icios que brinden estos centros se prestarán mediante la suscripción de convenios entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el municipio y la institución correspondiente o entre el municipio y el centro, en virtud de los cuales se obligan a: 2.1. Prestar el servicio de apoyo nutricional mediante el suministro de comidas servidas y refrigerios de buena calidad. 2.2. Desarrollar actividades manuales, y/o lúdicas, y/o culturales, y/o deportivas, y/o recreativas y/o micro proyectos productivos. 2.3. Utilizar los recursos del programa en la atención de los beneficiarios del subsidio. 2.4. Informar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cualquier cambio que afecte la condición del beneficiario." ARTÍCULO 2.2.14.1.38. Entrega de recursos. Los recursos serán entregados por la entidad pública responsable del programa de subsidios, a través de su

cambio que afecte la condición del beneficiario." ARTÍCULO 2.2.14.1.38. Entrega de recursos. Los recursos serán entregados por la entidad pública responsable del programa de subsidios, a través de su administrador fiduciario o el instrumento de dispersión de recursos seleccionado para el correspondiente programa, de acuerdo con la modalidad de subsidio así:

1. Subsidio económico directo en municipios donde existen entidades bancarias o entidades autorizadas para prestar el servicio de giros postales.

La parle del subsidio económico, representada en dinero, se girar á directamente al beneficiario, por intermedio de la enti