TA SAN - Sentencia 68001-2333-000-2019-00230-00 (25-06-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veinticinco (25) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Radicado y link del expediente: 68001-2333-000-2019-00230-00

Actor popular: OMAYRA PRADA DÍAZ ● C.C. No. 28.494.316

ALDEMAR AGUILAR RUEDA ● C.C No. 13.827.174

HECTOR RAFAEL ARANGO SOLANO

● C.C. No. 5.549.496

Correo electrónico: ● gustavodiazotero@gmail.com

Parte

Demandada: MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER Correo electrónico: ● gobierno@zapatoca-santander.gov.co ● alcaldia@zapatoca-santander.gov.co ● claudiapvc56@hotmail.com

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA Correo electrónico: ● notificacionesjudicialesmintic@mintic.gov.co AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO Correo electrónico: ● notificaciones@ane.gov.co

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.

Correo electrónico: ● notificacionesjudiciales@tigoine.com ● notificaciones@rra.com.co

ATC SITIOS INFRACO S.A.S.

Correo electrónico: ● notificacionescolombia@americantower.com

Ministerio público: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, en su condición de Procuradora 158 Judicial II para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico:

Correo electrónico: ● notificacionescolombia@americantower.com

Ministerio público: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, en su condición de Procuradora 158 Judicial II para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: ● eavillamizar@procuraduria.gov.co Medio de

control:

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS2

Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes: Omaira Prada Díaz y otros vs. Municipio de Zapatoca, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones De Colombia, y Agencia Nacional del Espectro

Se procede a dictar SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA con ocasión a la demanda presentada dentro del proceso de la referencia, el 19 de marzo de 2019, previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA1

A. Pretensiones El actor popular solicita la protección de los derechos e intereses colectivos, en particular el derecho al goce de un ambiente sano, a la salud, al saneamiento ambiental, y a la seguridad y salubridad públicas, que considera han sido vulnerados por las partes demandadas al permitir la construcción y operación de una antena de telecomunicaciones en el Barr io Santa Bárbara del Municipio de

Zapatoca, en especial de los habitantes del sector de la calle 16, 17, 18, 19 y 20, entre carreras 11, 12, 13, 14 de este municipio, lo que ha generado afectaciones a

Zapatoca, en especial de los habitantes del sector de la calle 16, 17, 18, 19 y 20, entre carreras 11, 12, 13, 14 de este municipio, lo que ha generado afectaciones a la salud y al entorno en general. Consecuencia de lo an terior, solicita se ordene a las entidades demandadas a desmontar, cerrar y/o trasladar de manera inmediata la antena objeto de controversia en este proceso en condiciones seguras, ubicada en la calle 18 No. 1307; así mismo se conmine a dichas entidades para que cesen de manera inmediata la vulneración de los derechos colectivos invocados como transgredidos. Finalmente solicita que las entidades demandadas sean condenadas a pagar las costas y perjuicios dentro del presente proceso.

B. Hechos

1. Refiere que el 21.07.2007, el señor César Roberto Serrano Gómez,

propietario del inmueble ubicado en la calle 18 No. 13 -07 del barrio Santa Bárbara, Zapatoca, celebró un contrato de arrendamiento con la empresa Colombia Móvil S.A. E.S.P. TIGO, para la inst alación de equipos de

1 PDF No. 01: Expediente Digital (folios 1 a 26) – OneDrive Tema: Se alega vulneración de derechos colectivos al goce de un ambiente sano, salud y saneamiento ambiental, seguridad y salubridad públicas, entre otros, por la exposición de los habitantes a ondas electromagnéticas emitidas por equipos electrónicos de emisión de radiofrecuencias, instalados en un lote ubicado en la calle 18 No.13 -07, barrio Santa Bárbara, del Municipio de Zapatoca, Santander3

emitidas por equipos electrónicos de emisión de radiofrecuencias, instalados en un lote ubicado en la calle 18 No.13 -07, barrio Santa Bárbara, del Municipio de Zapatoca, Santander3 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes: Omaira Prada Díaz y otros vs. Municipio de Zapatoca, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones De Colombia, y Agencia Nacional del Espectro

telecomunicaciones, los cuales fueron instalados previa autorización de la Secretaría de Planeación de Zapatoca. Añade que dentro de dichos equipos se construyó una antena de más de 60 de metros de ladera que emite señales de radiofrecuencia.

2. Manifiesta que el contrato de arrendamiento fue cedido a ATC SITIOS INFRACO S.A.S. el 21.12.2011, quien posteriormente adquirió la propiedad del inmueble mediante compraventa protocolizada el 31.07.2017.

3. Añade que desde el año 2008, varios residentes, incluyendo la actora popular

(Omayra Prada Díaz), presentaron quejas por los efectos en la salud de la población ligado al funcionamiento de la antena en cuestión. En virtud de lo anterior, refiere que, por investigación de la personería municipal d e Zapatoca, dicha entidad impuso una sanción disciplinaria a quien ejercía como secretaria de planeación e infraestructura de Zapatoca, pues en el proceso de concesión de la licencia de construcción, aparentemente no se

Zapatoca, dicha entidad impuso una sanción disciplinaria a quien ejercía como secretaria de planeación e infraestructura de Zapatoca, pues en el proceso de concesión de la licencia de construcción, aparentemente no se tuvo en cuento la socialización de d icha licencia a la comunidad, lo que a juicio de la personería constituyó una indebida notificación.

4. Indica que la señora Omayra Prada Díaz y su esposo, Samuel Plata García, han sufrido graves problemas de salud (principalmente cáncer y trastornos neurológicos), atribuidos, aparentemente, a las ondas electromagnéticas generadas por la antena. Así mismo refiere que otros residentes también han reportado enfermedades graves asociadas directamente a la exposición de señales de radiofrecuencia de dicha antena.

5. Afirma que el 24.04.2018 solicitó formalmente al municipio de Zapatoca, al Ministerio de las TIC, COMPAÑÍA MOVIL S.A. E.S.P. TIGO, ATC SITIOS INFRANCO SA.S. y a la AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE-. la reubicación de la antena. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido respuesta ni se ha tomado acción alguna por parte de la empresa.

6. Indica que m ediante oficio No. 184 de 2018 el municipio de Zapatoca dio respuesta al precitado derecho de petición, informando, entre otras cosas, que envió solicitud a la Agencia Nacional del Espectro (ANE) para que realizara un peritazgo de las condiciones de funcionamiento de la antena en cuestión.4

Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp.

realizara un peritazgo de las condiciones de funcionamiento de la antena en cuestión.4 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes: Omaira Prada Díaz y otros vs. Municipio de Zapatoca, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones De Colombia, y Agencia Nacional del Espectro

7. Añade que ante las reiteradas solicitudes, las entidades aquí involucradas han evadido el deber de solucionar la presente problemática, lo que conlleva a solicitar la intervención judicial con miras a conjurar la vulneración de los derechos e intereses colectivos.

II. TRÁMITE La demanda fue radicada el 19.03.2019 y admitida mediante providencia del 29.03.20192. En diva providencia se ordena notificar a los demandados y al Ministerio Público mediante mensaje enviado al buzón de correo electrónico, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y al actor popular por estado electrónico. Asimismo, se envía un mensaje de datos al apoderado del actor. Todo lo anterior consta en el archivo OneDrive 3. El aviso del que habla el Artículo 21 de la Ley 472 de 1998 se expide el 08.04.2019 por la Secretaría de la Corporación.4

Mediante auto del 18.03.2019 5 se fija fecha para celebrar audiencia de pacto de cumplimiento, la cual tuvo lugar el 24.03.20216, y se declaró fallida por ausencia de fórmulas de arreglo.

Mediante auto del 18.03.2019 5 se fija fecha para celebrar audiencia de pacto de cumplimiento, la cual tuvo lugar el 24.03.20216, y se declaró fallida por ausencia de fórmulas de arreglo. Posteriormente, con auto del 06.05.2021 se profirió el auto que decreta las pruebas7. Luego con auto del 22.04.2024 8, se incorpora la prueba documental decretada y se corre traslado de ésta. Con providencia del 11.06.2024, la sala ordena cerrar el debate probatorio y correr el traslado para presentar alegatos de conclusión 9. Finalmente, el expediente ingresa al Despacho el 18.09.2024 para fallo. De este trámite se destaca lo siguiente:

A. Contestaciones de la demanda

1. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de

Colombia10

2 PDF No. 01: Expediente Digital (folios 299 a 300) – OneDrive 3 PDF No. 01: Expediente Digital (folios 303 a 317) – OneDrive 4 PDF No. 01: Expediente Digital (folios 306) – OneDrive 5 PDF No. 08: Auto Reprograma Audiencia de Pacto – OneDrive 6 PDF No. 16: Acta Pacto de Cumplimiento – OneDrive 7 PDF No. 18: Auto Decreta Pruebas – OneDrive 8 Índice No. 79 - SAMAI 9 Índice No. 94 - SAMAI 10 PDF No. 01: Expediente Digital folios 328 a 344 – OneDrive5 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp.

9 Índice No. 94 - SAMAI 10 PDF No. 01: Expediente Digital folios 328 a 344 – OneDrive5 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes: Omaira Prada Díaz y otros vs. Municipio de Zapatoca, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones De Colombia, y Agencia Nacional del Espectro

Se opone a todas las pretensiones de la demanda, argumentando la inexistencia de evidencia que respalde la vulneración de los derechos e intereses colectivos. Solicita, igualmente, que se declare la inexistencia del daño que fundamenta la acción popular, su improcedencia y que se les absuel va de cualquier responsabilidad. El Ministerio propone las siguientes excepciones: ● Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva: Se alega falta de legitimación, argumentando que, según la Ley 1341, su rol se limita a diseñar y promover políticas en el sector de las TIC, sin incluir la autorización de construcción de torres de comunicación, que recae en el municipio correspondiente. Afirma que no participó en el proceso de autorización ni en la adquisición del lote en donde se ubica la antena en cuestión, y que carece de la competencia legal para ordenar el desmonte de la torre, lo que sería una extralimitación de sus funciones. ● Inexistencia de Vulneración, Daño o Amenaza Actual contra los Derechos Colectivos: El MinTIC argumenta que no existe vulneración, daño

de la competencia legal para ordenar el desmonte de la torre, lo que sería una extralimitación de sus funciones. ● Inexistencia de Vulneración, Daño o Amenaza Actual contra los Derechos Colectivos: El MinTIC argumenta que no existe vulneración, daño o amenaza actual contra los derechos colectivos relacionados con las antenas de telecomunicaciones. Añade que el reclamo se basa en temores infundados, sin respaldo en estudios científicos, ya que un mayor número de antenas dispersa las ondas electromagnéticas, reduciendo su concentración. Resalta que los operadores de telefonía móvil tienen libertad para configurar sus redes y que la medición de emisiones es competencia exclusiva de la Agencia Nacional del Espectro (ANE). Así mismo aclara que tanto fuentes naturales como artificiales generan ondas electromagnéticas y que, según estudios y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay pruebas concluyentes de que las señales de radiofrecuencia causen efectos adversos para la salud. Se citan precedentes judiciales, como la Sentencia T -149 de 2015 de la Corte Constitucional, que en un caso similar no encontró evidencia de vulneración al derecho a la salud por la instalación de antenas. Además, sostiene que el principio de precaución justifica la instalación de más antenas, minimizando los riesgos para la salud pública, y que la regulación vigente garantiza que los niveles de exposición a radiofrecuencia se mantengan dentro de los parámetros internaciona lmente aceptados, haciendo innecesario cualquier retiro de antenas.6 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp.

se mantengan dentro de los parámetros internaciona lmente aceptados, haciendo innecesario cualquier retiro de antenas.6 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes: Omaira Prada Díaz y otros vs. Municipio de Zapatoca, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones De Colombia, y Agencia Nacional del Espectro

● Insuficiencia Probatoria-Carga Probatoria en Cabeza del Accionante: El Ministerio plantea que las pruebas aportadas por el accionante son insuficientes para demostrar el daño o deterioro en la salud de los residentes del barrio Santa Bárbara. La demanda se basa en la solicitud de retiro de una antena, pero el accionante no ha cumplido con la carga pro batoria establecida en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998. El MinTIC señala que el demandante no presentó pruebas médicas, como epicrisis o conceptos médicos, que acrediten que las supuestas afectaciones a la salud tienen su origen en la antena. Por tanto, concluye que, en este estado del proceso, no existe prueba que pueda ser controvertida, ya que la demanda se fundamenta únicamente en una narrativa infundada.

2. ATC Sitios Infranco S.A.S.11

La compañía niega todos los hechos presentados por la parte de mandante, argumentando que han sido distorsionados. Afirma que la instalación de la antena de telecomunicaciones cumple con la normativa vigente, incluyendo el Esquema de

La compañía niega todos los hechos presentados por la parte de mandante, argumentando que han sido distorsionados. Afirma que la instalación de la antena de telecomunicaciones cumple con la normativa vigente, incluyendo el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y el Decreto 060 de 2017 del municipio de Zapatoca. Sostiene que no existe evidencia científica que respalde los supuestos problemas de salud relacionados con radiaciones no ionizantes, las cuales no representan riesgo alguno. Refiere que, en su momento, se contempló la posibilidad de reubicar la antena en respuesta a las solicitudes de la comunidad, sin embargo, también afirma que no se encontraron fundamentos técnicos o jurídicos para ello. ATC Sitios Infraco S.A.S. asegura que ha respondido a todas las peticiones formales de la demandante y de las autoridades, y que no existe acto administrativo que ordene el desmantelamiento o reubicación de dicha infraestructura. Además, destaca la utilidad pública de la estación, que beneficia a más de 700 usuarios en la zona. En cuanto a las pretensiones de la demanda, la compañía se opone, argumentando que no se ha probado un perjuicio irremediable, que no aplica el principio de precaución, y que su operación cumple con la normativa vigente. Por último, propone las siguientes excepciones: ● Inexistencia de Perjuicio Irremediable Probado: El demandado sostiene que el accionante no ha probado un perjuicio irremediable que justifique la

11 PDF No. 01: Expediente Digital (folios 362 a 373) – OneDrive7 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp.

11 PDF No. 01: Expediente Digital (folios 362 a 373) – OneDrive7 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes: Omaira Prada Díaz y otros vs. Municipio de Zapatoca, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones De Colombia, y Agencia Nacional del Espectro

acción popular, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia SU 1070/03), que requiere inmine ncia, gravedad, urgencia y prueba del daño. Asegura que los derechos fundamentales de la comunidad no están vulnerados, ya que se cumplen los estándares de emisión de la normativa colombiana y que la información presentada carece de fundamentos probatorios sólidos. Además, considera que los temores de la comunidad son infundados y se basan en desinformación, lo que podría afectar la seguridad jurídica y el derecho a la libre empresa. ● Improcedencia de la Aplicación del Principio de Precaución: Argumenta que el principio de precaución sólo debe aplicarse si se demuestra un nexo causal entre la actividad y un daño a la salud, cumpliendo requisitos como peligro de daño, gravedad, certeza científica y motivación en la decisión de la autoridad. Asegura que no se ha probado dicho nexo entre la construcción de torres e instalación de antenas, y la afectación a la salud, dado que estas no emiten radiaciones dañinas. Aunque algunos estudios clasifican las radiaciones electromagnéticas como potencialmente cancerígenas, estos no

de torres e instalación de antenas, y la afectación a la salud, dado que estas no emiten radiaciones dañinas. Aunque algunos estudios clasifican las radiaciones electromagnéticas como potencialmente cancerígenas, estos no son suficientes para establecer una relación directa con problemas de salud, lo que refuerza la improcedencia de aplicar el principio de precaución. ● Cumplimiento de la Normatividad Vigente: afirma que su conducta siempre se ha ceñido a la normativa sobre la materia, y que, en todo caso, no está acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos. Añade que, dee acuerdo con el artículo 3 de la Resolución 1645 de 2005, los servicios de telefonía móvil celular y PCS son "fuentes inherentes conformes" que cumplen con los límites de exposición electromagnética, eximiéndolos de mediciones adicionales y de presentar la Declaración de Conformidad de Emisión Electromagnética. Por lo tanto, la pre stación del servicio público de telefonía celular no vulnera derechos relacionados con la salud, la integridad física y un ambiente sano. Además, considera que la Resolución 023 de 2007, cumple con los requisitos de existencia, validez y eficacia, y que la presunción de legalidad no ha sido desvirtuada, de manera que las actuaciones realizadas con base en dicho acto se presumen también acordes con la Ley.

3. Agencia Nacional del Espectro (ANE)12

12 PDF No. 01: Expediente Digital (folios 467 a 475) – OneDrive8 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes:

Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes: Omaira Prada Díaz y otros vs. Municipio de Zapatoca, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones De Colombia, y Agencia Nacional del Espectro

Manifiesta que no tiene constancia de la mayoría de los hechos expuestos, pero aclara que las antenas de telecomunicaciones emiten ondas de baja intensidad y no hay evidencia científica que demuestre que causen daño a la salud. Afirma que en el expediente no se encuentran pruebas que vinculen los problemas de s alud mencionados por los demandantes con dichas emisiones. También rechaza las afirmaciones sobre afectaciones a la salud, considerando que carecen de sustento científico, lo que es respaldado por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP). Además, se opone a la petición de desmontar la antena, argumentando que su reubicación fuera del perímetro urbano podría aumentar la potencia de la seña l y, por ende, la radiación, lo cual sería contraproducente para la salud de las personas. En relación con los derechos colectivos y la percepción de riesgo, señala un temor generalizado hacia las torres de telecomunicaciones, a menudo confundidas con torres de energía. Sin embargo, refiere que los campos electromagnéticos de las antenas son significativamente inferiores a los de dispositivos comunes. Señala que

generalizado hacia las torres de telecomunicaciones, a menudo confundidas con torres de energía. Sin embargo, refiere que los campos electromagnéticos de las antenas son significativamente inferiores a los de dispositivos comunes. Señala que la OMS considera que la exposición a campos de radiofrecuencia de teléfonos móviles es más de 1,000 veces mayor que la de estaciones base y no hay evidencia que clasifique las radiaciones de las antenas como cancerígenas. Indica que un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) menciona que el uso intensivo de t eléfonos celulares puede estar asociado con ciertos tipos de cáncer, pero no a la exposición a antenas. Respecto al principio de precaución, señala que se han implementado regulaciones en Colombia que garantizan que las emisiones de antenas no excedan cier tos límites. Añade que, a la luz de la OMS, hay estudios que sostienen que no hay una correlación entre el incremento del riesgo de cáncer o enfermedades relacionadas con la exposición a campos de radiofrecuencia de antenas.

4. Municipio de Zapatoca13

El Municipio manifiesta que no tiene conocimiento directo de muchos de los hechos alegados por los accionantes y se atiene a lo que se pruebe en el proceso. Reconoce la existencia de la licencia de construcción del 06.09.2007 y la viabilidad para la instalación de la antena de comunicaciones de Colombia Móvil S.A. E.S.P. Además, destaca que, según la OMS y la Agencia Internacional para la

13 PDF No. 01: Expediente Digital (folios 478 a 487) – OneDrive9 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp.

13 PDF No. 01: Expediente Digital (folios 478 a 487) – OneDrive9 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes: Omaira Prada Díaz y otros vs. Municipio de Zapatoca, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones De Colombia, y Agencia Nacional del Espectro

Investigación del Cáncer, las antenas de telefonía móvil no representan riesgos para la salud. El Municipio también menciona el consentimiento de la comunidad para la instalación y las gestiones realizadas para solicitar estudios sobre las emisiones de radiación. Aunque se reconocen omisiones en el proceso administrativo de expedición de la licencia, estas no afectan la instalación de la antena. Frente a las pretensiones de la demanda, el municipio se opone a todas ellas, argumentando que las antenas no alteran la salud de las personas y que su desmontaje afectaría los derechos de los habitantes a la comunicación. Resalta que la torre es metálica y que la antena cumple con las distancias de protección establecidas en la Ley. En resumen, el Municipio defiende la legalidad de la instalación de la antena, rechazando las pretensiones de la demanda al considerar que no se han vulnerado derechos colectivos. El municipio propone las siguientes excepciones: ● Inexistencia de la vulnera ción de los derechos colectivos invocados para instaurar el presente medio de control, en lo que compete al municipio de Zapatoca. Sostiene que la instalación de la antena fue

El municipio propone las siguientes excepciones: ● Inexistencia de la vulnera ción de los derechos colectivos invocados para instaurar el presente medio de control, en lo que compete al municipio de Zapatoca. Sostiene que la instalación de la antena fue autorizada por el Municipio, mientras que su funcionamiento está bajo la responsabilidad del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro. Estas entidades han respaldado la lega lidad de la instalación, asegurando que no representa riesgos para la salud y que no existen estudios científicos serios que demuestren daños a la población. Además, la distancia de la antena a la comunidad cumple con estándares fijados en la Ley. ● Excepción genérica: Se solicita que se declare cualquier otra excepción que pueda surgir durante el proceso, de acuerdo con el artículo 282 del Código General del Proceso (C.G.P.).

5. Colombia Móvil S.A. E.S.P.14

Admite haber firmado un contrato de arrendamie nto en el año 2007 para la instalación de equipos de telecomunicaciones en un inmueble en Zapatoca. Asegura que el uso del suelo cumple con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y que la licencia de construcción fue expedida correctamente por las autoridades municipales. La compañía aclara que la infraestructura no es de su

14 PDF No. 01: Expediente Digital (folios 558 a 567) – OneDrive.10 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes:

Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes: Omaira Prada Díaz y otros vs. Municipio de Zapatoca, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones De Colombia, y Agencia Nacional del Espectro

propiedad, ya que fue cedida a ATC SITIOS INFRACO S.A.S., y que la instalación de la antena fue autorizada por la Oficina de Planeación. Respecto a las preocupaciones de salud pla nteadas en la demanda, la empresa sostiene que no hay evidencia de que las antenas de telecomunicaciones generen daños a la salud, citando la postura de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud sobre esa materia. Además, rechaza la afi rmación de que la comunidad está en riesgo inminente debido a la antena. Por lo tanto, se oponen a las pretensiones de la demanda, argumentando que carecen de fundamento jurídico, dado que la infraestructura no les pertenece y no se presentan pruebas de daños o riesgos asociados. Por ello, solicita que se desestimen las pretensiones de la acción popular interpuesta. Finalmente, se proponen las siguientes excepciones: ● Falta de legitimación en la causa por pasiva: Sostiene que la legitimación requiere que las partes tengan derechos o deberes relacionados con la pretensión planteada. Si falta esta legitimación, la sentencia debe ser desestimatoria. En este caso, la empresa argumenta que no tiene relación de causalidad para estar involucrada en el pleito, ya que la infraestructura no

pretensión planteada. Si falta esta legitimación, la sentencia debe ser desestimatoria. En este caso, la empresa argumenta que no tiene relación de causalidad para estar involucrada en el pleito, ya que la infraestructura no es de su propiedad. Por ello, solicita que se declare probada esta excepción y se la desvincule del proceso. ● Improcedencia de la Acción Popular por Ausencia de Daño o Riesgo Colectivo: Alega que la acción popular es improcedente por falta de prueba de un daño o riesgo colectivo, ya que la carga de la prueba recae en el demandante, quien debe demostrar una amenaza de los derechos colectivos. Sostiene, además, que los daños alegados son infundados y contradicen pronunciamientos de autoridades de salud que afirman que las antenas de telecomunicaciones no causan daños a la vida humana. Por lo tanto, considera que la falta de evidencia justifica la improcedencia de la acción popular. ● Inexistencia del Nexo de Causalidad: Afirma que para que se declare responsabilidad de una entidad deben coexistir tres elementos: conducta, daño y vínculo causal. En este caso considera que no hay pruebas suficientes que demuestren que la conducta de Colombia Móvil causó los daños alegados por los accionantes. Afirma que todo nexo de causalidad debe probarse mediante inferencias lógicas. En este sentido, el demandado sostiene que no existe relación entre su conducta y las afectaciones a la11 Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes:

Tribunal Administrativo de Santander. M.P.: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia. Exp. 68001-2333-000-2019-00230-00. Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Partes: Omaira Prada Díaz y otros vs. Municipio de Zapatoca, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Ministerio de Tecnologías de la Info