TA SAN - Sentencia 68001-33-31-006-2012-00191-01 (24-07-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

Bucaramanga, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO 68001333100620120019101

MEDIO DE CONTROL PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

ACCIONANTE JAIME ORLANDO MARTÍNEZ GARCÍA

derechoshumanosycolectivos@gmail.com

ACCIONADO

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

notificaciones@floridablanca.gov.co; alejavillacol@gmail.com;

CONSTRUCTORA CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A.

CONSTRUCASA S.A.

info@construcasa.com.co;

CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS DEL

CAMPESTRE

edificiocaminosdelcampestre.ph@gmail.com;

DEFENSORIA DEL PUEBLO

santander@defensoria.gov.co;

TEMA

NO INSTALACIÓN DE LOSETAS TEXTURIZADAS

GUÍAS Y DE ORIENTACIÓN EN SENDEROS

INTERNOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL

LINK DEL

EXPEDIENTE

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=68001333100620120019101680 0123

Procede la Sala a decidir la apelación interpuesta por CONSTRUCTORA CAMINOS

LINK DEL

EXPEDIENTE

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=68001333100620120019101680 0123

Procede la Sala a decidir la apelación interpuesta por CONSTRUCTORA CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

1. Antecedentes

1.1. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 68001333100620120019101 2

La construcción del conjunto residencial “Caminos del Campestre” de Floridablanca, no dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 361 de 1997 y su decreto reglamentario No. 1538 de 2005, toda vez que, no construyeron los senderos internos del conjunto, con guías de diferente textura en el centro y en todo su recorrido, que sirvieran de guía orientadora a las personas con discapacidad visual.

Las curadurías urbanas entidades ante las que se deben presentar los proyectos de construcción con todos los requisitos, para vigilar el cumplimiento de las normas, omite exigir la observancia de los artículos 7 y 10 del Decreto 1538 de 2005; omisión que asegura, vulnera los derecho s colectivos de la población con discapacidad visual, que pudieran acceder al mentado conjunto residencial en calidad de visitantes o residentes.

Por lo anterior, tanto las curadurías urbanas que expiden dichas licencias de construcción, como la persona jurídica que realizó la construcción del conjunto

visual, que pudieran acceder al mentado conjunto residencial en calidad de visitantes o residentes.

Por lo anterior, tanto las curadurías urbanas que expiden dichas licencias de construcción, como la persona jurídica que realizó la construcción del conjunto residencial, no tuvieron en cuenta las normas aludidas y por consiguiente, están vulnerando los derechos de la población discapacitada visualmente que por allí transita.

1.2. Pretensiones

«…1. Se ordene a la entidad y/o accionada de índole particular o jurídica de manera inmediata o al que corresponda las obras necesarias y urgentes para dar cumplimiento a la ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005 y a las Normas Técnicas Colombianas ICONTEC concordantes, al no haberse cumplido hasta la fecha de la radicación de la presente demanda con la instalación de los correspondientes enchapes especiales y/o diferente textura al resto del sendero peatonal, aplicando la Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC 5610 que indica todas las especificaciones constructivas, técnicas y/o de instalación de las losetas texturizadas guías de alerta y de orientación para guiar en su movilidad a la población vulnerable con discapacidad visual, de modo que se garantice el dis frute confiable, seguro, autónomo y digno de los senderos peatonales internos al Conjunto Residencial para la comunidad en general, en especial para las personas con discapacidad física y/o visual, la población infantil, los adultos mayores, los turistas n acionales, extranjeros y la población en general como lo ordenan las normas citadas y relacionadas en la presente demanda.

2. Se aplique la ley 472 de 1998, por la violación del título I capítulo II del artículo 4; capítulo

extranjeros y la población en general como lo ordenan las normas citadas y relacionadas en la presente demanda.

2. Se aplique la ley 472 de 1998, por la violación del título I capítulo II del artículo 4; capítulo III artículos 5, 6, 7 Título II capítulo IV artículo 17, si es el caso.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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3. Se condene en costas y agencias en derecho al demandado de acuerdo a los artículos 292 y 392 del C.P.C., por remisión expresa del artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en armonía con los artículos 1005 y 2360 del Código Civil y teniendo en cuenta el acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura artículos 2 y 3; en salarios mínimos legales mensuales (SMMV).

4. Se dé cumplimiento a los artículos 1005 y 2360 del Código Civil vigentes, estand o igualmente vigente con fuerza y todo vigor para el momento de radicación de la presente demanda, el artículo 34 de la ley 472 de 1998…»

2. Contestación de la demanda

2.1 Municipio de Floridablanca

No contestó la demanda.

2.2. Curador Urbano No. 01 De Floridablanca

Propone la falta de legitimación en la causa por pasiva puesto que considera que se debe vincular a la persona o particular que en cumplimiento de funciones públicas de Curador aprobó el proyecto Caminos del Campestre de Floridablanca. P or eso, solicita la desvinculación en este medio de control proponiendo la falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia de responsabilidad.

de Curador aprobó el proyecto Caminos del Campestre de Floridablanca. P or eso, solicita la desvinculación en este medio de control proponiendo la falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia de responsabilidad.

2.3. La Sociedad Caminos del Campestre – Construca S.A.

Se opone a los hechos y pretensiones de la demanda, señalando que la construcción del Conjunto Residencial Caminos del Campestre se realizó de conformidad a la licencia expedida por la Curaduría Urbana No. 02 de Floridablanca, mediante Resolución No. 0177 expedida el 10 de septie mbre de 2004, modificada por la Resolución No. 0020 expedida el 28 de febrero de 2006, modificada mediante resolución No. 0152 del 03 de octubre de 2006, que concedieron la licencia de construcción en calidad de obra nueva No. 0160L-2004; que en el presente caso la Curaduría Urbana no exigió el cumplimiento de los artículos 7 y 10 del Decreto nacional 1538 de 2005, vulnerando con ello los derechos colectivos de la población con discapacidad visual, que pudiesen acceder al conjunto residencial en calidad de visitante o de residente.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 68001333100620120019101 4

2.4. La Curaduría Urbana No. 02 de Floridablanca

A través de apoderado judicial señala que el señor Germán Alberto Suarez Arias funge como curador Urbano No. - 02 de Floridablanca desde el 01 de abril de 2013, por lo que no le co nsta los hechos y pretensiones de la demanda. Propone las

funge como curador Urbano No. - 02 de Floridablanca desde el 01 de abril de 2013, por lo que no le co nsta los hechos y pretensiones de la demanda. Propone las siguientes excepciones: i). Excepción de fondo – falta de legitimación en la causa por pasiva. ii). Inexistencia del nexo causal.

2.5. Conjunto Residencial Caminos del Campestre P.H.

La administradora del Conjunto manifestó haber dado cumplimiento a lo ordenado en la ley 361 de 1997 y su decreto nacional reglamentario No. 1538 del 17 de mayo de 2005. Posteriormente, mediante escrito de enero 15 de 2018 indicó que allegaba cinco (05) fotografías relacionadas con la ejecución de las obras.

3. Sentencia apelada

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

«PRIMERO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y CAMINOS DEL CAMPESTRE CONSTRUCA S.A ., vulneran los derechos e intereses colectivos en especial a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordena da y dando prevalencia al beneficio de vida de los habitantes, a la protección de las personas discriminadas por su condición física o sensorial, por la falta de losetas de diferentes texturas en los senderos peatonales internos del Conjunto residencial Caminos del Campestre de Floridablanca, que permitan a las personas con movilidad reducida, transitar de manera libre y segura de conformidad a lo establecido en los artículos 7 y 10 del Decreto 1385 de 2005, que reglamento la ley

movilidad reducida, transitar de manera libre y segura de conformidad a lo establecido en los artículos 7 y 10 del Decreto 1385 de 2005, que reglamento la ley 361 de 1997, disponiendo de manera imperativa las condiciones de accesibilidad en unidades residenciales.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y CAMINOS DEL CAMPESTRE CONSTRUCA S.A., que dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, dé cum plimiento a las órdenes impartidas en la parte motiva, en los términos indicados en acápite denominado “ÓRDENES PARA

IMPARTIR”.

TERCERO: ORDENAR a la Constructora CAMINOS DEL CAMPESTRE CONSTRUCA S.A., que dentro de los tres (03) meses siguientes a la eje cutoria de esta providencia, proceda a instalar losetas de diferente textura que permitan la movilidad de personas invidentes o de escasa visión en los senderos peatonales internos del Conjunto Residencial Caminos del Campestre de Floridablanca, según se motiva.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

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Así mismo, se ORDENA al municipio de Floridablanca, que si transcurrido el anterior término, y no se ha efectuado las adecuaciones por parte de la constructora Caminos del Campestre Construca S.A., debe iniciar las gestiones jurídicas, presupuestales y financieras tendientes a las instalaciones de éstas, en el Conjunto residencial en mención, esto es, las losetas texturizadas para la orientación y las del patrón de alerta u otro enchape distinto al general, de los senderos peatonales

presupuestales y financieras tendientes a las instalaciones de éstas, en el Conjunto residencial en mención, esto es, las losetas texturizadas para la orientación y las del patrón de alerta u otro enchape distinto al general, de los senderos peatonales internos, que faciliten la movilidad de las personas invidentes o de baja visión conforme a lo dispuesto en la ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005, sin afectar la estructura de la propiedad horizontal, sin perjuicio de poder efectuar al constructor las reclamaciones pecuniarias a que hubiere lugar.

CUARTO: CONFORMAR un COMITÉ VERIFICADOR integrado por el señor Defensor del Pueblo, secretario de la Oficina de Planeación del Municipio de Bucaramanga, actor popular, propiedad horizontal y Conjunto Residencial Caminos del Campestre de Floridablanca, a través de su representante legal administ rador del Conjunto, quienes dentro del término de dos (2) meses siguientes al término concedido a la parte demandada, en el numeral segundo y tercero de la parte resolutiva de esta providencia, rindan informe pertinente sobre el cumplimiento de esta sentencia.

QUINTO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de los curadores urbanos no. 01 y 02 de Floridablanca, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y CAMINOS DEL CAMPESTRE CONSTRUCA S.A., conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. …»

El A quo arribó a la conclusión que antecede, señalando, en síntesis:

FLORIDABLANCA Y CAMINOS DEL CAMPESTRE CONSTRUCA S.A., conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. …»

El A quo arribó a la conclusión que antecede, señalando, en síntesis:

«… Por tanto, resulta claro que la normatividad antes citada impone la obligación a los conjuntos residenciales o propiedades horizontales de tener instalado en sus senderos peatonales losetas texturizadas que permitan el tránsito de personas con movilidad reducida; en el caso bajo estudio, el conjunto Caminos del Campestre de Floridablanca tiene la responsabilidad de permitir el acceso de personas con discapacidad de manera segura por sus zonas internas.

Ahora bien, frente a la aplicación del ya mencionado Decreto 1538 de 2005, empezó a regir a partir del 17 de mayo de 2005, y la licencia de construcción del Conjunto fue expedida el 10 de septiembre de 2004, no obstante fue prorrogada el 28 de febrero de 2006 y finalmente el 03 de octubre de 2006, tal como s e observa en las imágenes antes incorporadas a la presente providencia, por lo tanto, existe una vulneración a los derechos e intereses colectivos entre otros a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; en especial, a las personas discriminadas por su condición física o sensorial. …»

4. El recurso de apelación

4.1. Constructora Caminos del Campestre S.A.

A través de su apoderado la demandada concurrió a señalar lo siguiente:PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

4. El recurso de apelación

4.1. Constructora Caminos del Campestre S.A.

A través de su apoderado la demandada concurrió a señalar lo siguiente:PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 68001333100620120019101 6

El despacho considero que efectivamente CONSTRUCA S.A. vulneró los derechos colectivos en razón a que construyó el conjunto residencial Caminos del Campestre P.H. sin atender las disposiciones de los numerales 2 y 8 de los artículos 7 y 10 el Decreto 1538 de 2005; sin embargó omiti ó valorar que la licencia urbanística de construcción inicial fue expedida mediante resolución 0177 del 10 de septiembre de 2004 y sobre ella se realizaron modificaciones, siendo la última mediante la resolución 0152 del 03 de octubre de 2006, así, cuando entró en vigencia el Decreto 1538 de 2005 no se había impuesto al constructor la carga de las losetas texturizadas guías , razón por la que se estaría imponiendo una obligación retroactiva, desconociendo además el artículo 25 del Decreto 1052 de 1998.

Es d ecir, en el presente caso, la licencia urbanística fue expedida antes de la entrada en vigencia del Decreto 1538 de 2005, así que no habría lugar a exigir su cumplimiento.

De otro lado, las normas sobre accesibilidad para personas con discapacidad se refieren a principios u orientaciones para espacios públicos o privados de acceso común pero no son obligatorias para edificaciones privadas residenciales, sino que está enfocada a edificios de uso público y edificaciones comerciales, así, si el edificio es estrictamente privado y no se utiliza como un espacio de acceso público,

común pero no son obligatorias para edificaciones privadas residenciales, sino que está enfocada a edificios de uso público y edificaciones comerciales, así, si el edificio es estrictamente privado y no se utiliza como un espacio de acceso público, la obligación de instalar losas táctiles no se aplica.

En conclusión, las edificaciones privadas no están obligadas a atender las normas de accesibilidad para personas con discapacidad visual, como las losas táctiles, en razón a que dichas normas se aplican principalmente a edificaciones públicas o de uso público. Si la construcción fue realizada en un contexto donde no existían tales exigencias, y si no se está real izando una modificación significativa del edificio, no es obligatorio adaptar la edificación con losas táctiles.

5. Tramite Segunda Instancia

Mediante auto de fecha 25 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandada frente a la sentencia de primera instancia, decisión que fue notificada.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 68001333100620120019101 7

La parte demandante presentó alegatos a los que se remitirá la Sala, en los que en síntesis solicitó la confirmación de la sentencia ante la evidente vulneración de los derechos de las personas en condición de discapacidad, reiterando lo expuesto en la demanda y alegaciones de primera instancia.

6. CONSIDERACIONES

6.1. Competencia

Conforme lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

Conforme lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

6.2. Problemas Jurídicos.

Atendiendo a los argumentos expuestos por la s partes demandadas el problema jurídico a resolver se centra a determinar si:

PJ1. ¿Se le impuso una obligación retroactiva a la Constructora Caminos del Campestre S.A. teniendo en cuenta que el Decreto 1538 de 2005 entro en vigencia con posterioridad a la expedición de la licencia de construcción?

PJ2 ¿Las edificaciones privadas están excluidas de atender las normas de accesibilidad para personas con discapacidad visual en razón a que dichas normas se aplican principalmente a edificaciones públicas o de uso público?

Tesis PJ1: No, por las razones que pasan a exponerse.

Tesis PJ2: No, por las razones que pasan a exponerse.

6.3. Marco jurídico y jurisprudencial.

El artículo 88 de la Constitución Política consagra las acciones populares como el instrumento de defensa judicial para la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridadPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 68001333100620120019101 8

pública, la mo ral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y demás de similar naturaleza que se definan en la ley.

La reglamentación de las acciones populares fue diferida al legislador por los

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pública, la mo ral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y demás de similar naturaleza que se definan en la ley.

La reglamentación de las acciones populares fue diferida al legislador por los Constituyentes de 1991, así como la definición de los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. En cumplimiento de este mandato constitucional, se expidió la Ley 472 de 1998, mediante la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constit ución Política, cuyo artículo 2º define las acciones populares, así:

“Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

En la aludida Ley, se señaló que con el ejercicio de las acciones populares se busca evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible; siendo procedentes contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

Al respecto, la Jurisprudencia Constitucional ha establecido que la acción popular, se caracteriza:

«(i) por ser una acción constitucional especial , lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican , particularmente, los principios constitucionales ; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado

legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican , particularmente, los principios constitucionales ; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad elPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 68001333100620120019101 9

restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos1»(Negrilla para la ocasión).

7. Caso en concreto

En el presente caso el actor popular persigue la protección de los derechos colectivos en especial de la población en situación de discapacidad física o visual, atendiendo a que el Conjunto Residencial Caminos del Campestre P.H , presenta barreras arquitectónicas y/o obstáculos descritos tanto en la ley 361 de 1997 como en el Decreto 1538 de 2005, generando un riesgo para las personas en situación de discapacidad visual y física que transitan al interior de dicha edificación.

El juez en su decisión consider ó que tanto el municipio como la constructora

en el Decreto 1538 de 2005, generando un riesgo para las personas en situación de discapacidad visual y física que transitan al interior de dicha edificación.

El juez en su decisión consider ó que tanto el municipio como la constructora vulneraban los derechos colectivos demandados e impuso la obligación de la adecuación de dichas barreras arquitectónicas a la constructora en el término de 3 meses y, que si esto no ocurría el municipio debía hacerlo pudiendo repetir contra esta.

A partir de lo expuesto y, en atención a lo señalado por el recurrente –constructorala Sala encuentra que, aun cuando es cierto que la licencia de construcción (10 de septiembre de 2004) del edificio se expidió antes de la entrada en vigencia del Decreto 1538 reglamentario de la ley 3 61 la que empezó a regir a partir del 17 de mayo de 2005 , también lo es que , frente a est a se realizó una prórroga el 28 de febrero de 2006 y a su vez una modificación a la prórroga el 03 de octubre de 2006, lo que quiere decir que , si podría exigírsele el cumplimiento de las mentadas disposiciones.

Y, si bien dice que, esto no sería posible a partir de lo contemplado en el artículo 25 del Decreto 1052 de 1998 2, en opinión de la Sala esta disposición no le sería

1Corte Constitucional, sentencia T443 del 11 de julio de 2013. 2 “Artículo 25º.- Tránsito de normas urbanísticas. Cuando una licencia pierda su vigencia por vencimiento del plazo o de la prórroga, el interesado deberá solicitar una nueva licencia ajustándose a las normas urbanísticas

2 “Artículo 25º.- Tránsito de normas urbanísticas. Cuando una licencia pierda su vigencia por vencimiento del plazo o de la prórroga, el interesado deberá solicitar una nueva licencia ajustándose a las normas urbanísticas vigentes al momento de la nueva solicitud. Sin embargo, si las normas urbanísticas vigentes al momento de la expedición de la licencia vencida hubieren sido modificadas, el interesado tendrá derecho a que la nueva licencia se le conceda con base en la misma norma en la que se otorgó la lice ncia vencida, siempre que no haya transcurrido un término mayor a un (1) mes calendario entre el vencimiento de la licencia anterior y la solicitud de la nueva licencia, y además que las obras, se encuentren en los siguientes casos, que serán certificados por el constructor o urbanizador responsable ante la autoridad competente para la expedición de la licencia. La certificación se dará bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada por la presentación de la solicitud. 1. En el caso de las licencias de urbanismo, cuando las obras de la urbanización se encuentren ejecutadas en un treinta (30%) por ciento. 2. En el caso de las licencias de construcción cuando por lo menosPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 68001333100620120019101 10

aplicable pues no se advierte que se haya tratado de perdida de la vigencia de la licencia y por tanto se obligara a pedir la expedición de una nueva para que se le hubiesen tenido que mantener las normas vigentes al momento del otorgamiento de la primera.

Además, si en gracia de discusión se dijera que se mantenían las mismas normas anteriores, lo cierto es que, este compendio normativo, en sus artículos 47 y 52,

la primera.

Además, si en gracia de discusión se dijera que se mantenían las mismas normas anteriores, lo cierto es que, este compendio normativo, en sus artículos 47 y 52, consagra la obligación de garantizar condiciones de accesibilidad para las personas

la mitad de las unidades constructivas autorizadas, cuenten como mínimo con el cincuenta (50%) por ciento de la estructura portante o el elemento que haga sus veces, debidamente ejecutada.”PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 68001333100620120019101 11

con discapa cidad, tanto en edificaciones residenciales como en instalaciones abiertas al público. Además, el mandato legal impone la adecuación progresiva de sus entornos, en especial cuando estos impiden el acceso o tránsito de personas con movilidad reducida, como ocurre en este caso.

Permitir que las edificaciones residenciales continúen con una arquitectura que incumple lo señalado en la mentada ley implicaría revictimizar a las personas en condición de discapacidad obligándolas indefinidamente a soportar este t ipo de barreras, desconociendo el articulado citado el que previó que el equipamiento tanto público como privado debe sujetarse a los principios de accesibilidad y que las instalaciones existentes, se reitera, deberían adaptarse de manera gradual para cumplir estas condiciones.

Para el Tribunal, la obligación de transformación del espacio, en este caso puntual recae no solo sobre la entidad territorial, sino también sobre la constructora de la edificación residencial como lo concluyo el A quo , pues la construcción de sus accesos y senderos incide en la generación de barreras arquitectónicas, es decir, la

recae no solo sobre la entidad territorial, sino también sobre la constructora de la edificación residencial como lo concluyo el A quo , pues la construcción de sus accesos y senderos incide en la generación de barreras arquitectónicas, es decir, la ausencia de losetas texturizadas dificulta no solo el tránsito de las personas que se movilizan por la edificación sino las que allí puedan ingresar , lo cual vulnera los derechos colectivos a la accesibilidad y a la igualdad.

En este punto v ale la pena recordar que respecto a este tema la H. Corte

Constitucional ha puntualizado:

«La jurisprudencia constitucional ha resaltado la necesidad de interpretar esta protección de conformidad con los distintos instrumentos internacionales que reconocen derechos a favor de las personas en situación de discapacidad y que abogan por su garantía en igualdad de condiciones, dentro de los cuales se destacan la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las P ersonas con Discapacidad, adoptada por la OEA en 1999, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU en 2006.

De un lado, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 762 de 2002, tiene como objetivos prevenir y eliminar todas las expresiones de discriminación contra las personas enPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 68001333100620120019101 12

situación de discapacidad, y propiciar su plena integración a la sociedad (art. 2). El

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situación de discapacidad, y propiciar su plena integración a la sociedad (art. 2). El artículo 1 de la Convención dispone que “el término ‘discapacidad’ significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

En el marco de dicho instrumento, y con el fin de lograr los objetivos propuestos, los Estados parte se han comprometido a adoptar, entre otras, medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración social por parte de los entes públicos y privados, y para que las edificaciones e instalaciones que se construyan faciliten el acceso a las personas que se encuentren en situación de discapacidad3».

Conforme a lo precedente seguir prorrogando la adopción de medidas a motu propio, luego de ya casi 28 años de expedida la ley 361 de 1997 es encubrir la vulneración.

Finalmente, y para responder al segundo problema jurídico este Tribunal recuerda que, tanto en la construcción de edificaciones públicas como e n las privadas, se debe dar cumplimiento a las normas anteriormente reseñadas en aras de garantizar el libre acceso al espacio público o áreas comunes procurando la eliminación de las barreras arquitectónicas que puedan afectar la libre movilidad del perso nal en condiciones de discapacidad, y en especial a aquellas con limitación visual, no siendo de recibo los argumentos del apelante para ser excluido de la orden dada en primera instancia.

Al respecto el H. Consejo de Est