TA SAN - Sentencia 68001-33-33-001-2025-00041-01 (10-04-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

ACCIÓN: TUTELA ACCIONANTE: EULLIANIS SOF ÍA RÍOS ORT ÍZ, identificada con cédula

de ciudadanía No. 1.098.629.627 expedida en Bucaramanga sofiarioz@hotmail.com;

ACCIONADO:

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y

TURÍSTICOS - SENA - REGIONAL SANTANDER

servicioalciudadano@sena.edu.co; notificacionesjudiciales@sena.edu.co; njudicialessantander@sena.edu.co; judicialsantander@sena.edu.co;

RADICADO Y

ENLACE DEL

EXPEDIENTE

DIGITAL:

68001333300120250004101

TEMAS: Vulneración del derecho fundamental a la igualdad .

Desconocimiento de los principios de no regresividad de los DESC y de confianza legítima. Eliminación abrupta y sin justificación razonable de una acción afirmativa en favor de una víctima de desplazamiento forzado, consistente en priorizar la renovación del contrato de prestación de servicios frente a la generalidad de instructores contratistas / El fuero de estabilidad laboral reforzada no está limitado a un listado taxativo de sujetos, sino que corresponde a una categoría general consagrada en la Carta Política, que

servicios frente a la generalidad de instructores contratistas / El fuero de estabilidad laboral reforzada no está limitado a un listado taxativo de sujetos, sino que corresponde a una categoría general consagrada en la Carta Política, que cobija a todas las personas en circunstancias de debilidad manifiesta / Procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio.

Se decide la impugnación formulada por la accionante contra la sentencia proferida el 14 de marzo de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga , que negó el amparo constitucional ; remitida al Despacho ponente el 21 de marzo de 2025, según acta de reparto, la cual se muestra en la actuación 3 del expediente digital cargado en el sistema judicial

SAMAI.1

I. ANTECEDENTES

A. El escrito de tutela2

1. Pretensiones

La accionante solicita la protección de su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada , el cual considera vulnerado por el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos del S ENA – Regional Santander, al no autorizar la renovación de su contrato como instructora, de conformidad con la convocatoria realizada para la vigencia 2025.

Por tanto, pide que se dé cumplimiento a las Circulares No. 3-2024-000278 del 27 de noviembre de 2024, 3 -2024-000297 del 18 de diciembre de 2024 y el concepto unificador No. 37678 del 23 de octubre de 2020 y se ordene su vinculación laboral como instructora.

1 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 3, acta de reparto.

concepto unificador No. 37678 del 23 de octubre de 2020 y se ordene su vinculación laboral como instructora.

1 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 3, acta de reparto. 2 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 3, documento 3.ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300120250004101

ACCIONANTE: EULLIANIS SOFÍA RIOS ORTÍZ

ACCIONADO: SENA - REGIONAL SANTANDER

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2. Hechos La accionante señala que desde el 11 de noviembre de 2006 ostenta la calidad de víctima del conflicto armado no internacional producto del desplazamiento forzado, conforme el certificado expedido por el Registro Único de Víctimas.

Expone que el 24 de enero de 2022 inició una relación contractual como instructora en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos adscrito a la Regional Santander del SENA; el cual tuvo como objeto la «prestación de servicios personales de carácter temporal para orientar formación ti tulada complementaria y virtual según los modelos formativos establecidos por el CSET». Afirma que el 9 de noviembre de 2022, la entidad demandada expidió la Circular No. 3-2022-000192, por la que fijó los lineamientos que se deben tener en cuenta para realizar la contratación de instructores para la vigencia 2023. Narra que el 17 de marzo de 2023 continuó la relación contractual en los mismos

No. 3-2022-000192, por la que fijó los lineamientos que se deben tener en cuenta para realizar la contratación de instructores para la vigencia 2023. Narra que el 17 de marzo de 2023 continuó la relación contractual en los mismos términos porque se encontraba cobijada por el fuero de estabilidad laboral reforzada en razón a que dicha protección había sido otorgada por un fallo de tutela por estar acreditada su calidad de víctima desplazada. Apunta que el 26 de enero de 2024 volvió a ser contratada como instructora vinculada al Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, porque la entidad reconoció la existencia del fuero de estabilidad a raíz de la presentación de una petición. Refiere que el 27 de noviembre de 2024, la entidad expidió la Circular No. 32024-000278, por la cual estableció las directrices para la contratación de instructores durante la vigencia 2025. Relata que el 18 de diciembre de 2024, el SENA profirió la Circular No. 3 -2024000297 que también fijó algunos parámetros para la contratación de instructores en la nueva vigencia. Indica que el 29 de enero radicó ante la entidad una petición en la que solicitó que fuera nuevamente contratada y adjuntó los documentos que acreditan su condición de persona desplazada, por lo que a su criterio se encuentra cobijada con el fuero de protección constitucional frente a la contratación para el año 2025. Asevera que el 24 de febrero de 2025, el subdirector encargado del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos profirió respuesta a la petición , en la que

2025. Asevera que el 24 de febrero de 2025, el subdirector encargado del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos profirió respuesta a la petición , en la que argumentó el incumplimiento de los requisitos señalados en la Circular No. 32024-000297, por lo que negó la renovación de su vinculación contractual con la entidad.

B. Informe de la accionada

1. El Centro de Servicios Empresariales y Turísticos - SENA - Regional Santander3 se opone al amparo impetrado por la accionante, bajo el argumento de que no agotó el requisito de subsidiariedad, pues no demostró haber hecho uso de los mecanismos ordinarios de defensa judicial a su disposición, como es el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Asimismo, señala

3 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 6, Documento 17.ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300120250004101

ACCIONANTE: EULLIANIS SOFÍA RIOS ORTÍZ

ACCIONADO: SENA - REGIONAL SANTANDER

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander que la accionante no justifica la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio.

Apunta que no es cierto que el concepto unificador No. 37678 del 23 de octubre de 2020 este vigente, pues fue sustituido por las nuevas disposiciones

procedente la tutela como mecanismo transitorio.

Apunta que no es cierto que el concepto unificador No. 37678 del 23 de octubre de 2020 este vigente, pues fue sustituido por las nuevas disposiciones contenidas en la Circular No. 3-2024-000297, que es la norma aplicable para el proceso de contratación de instructores para la vigencia 2025 , de conformidad con el artículo 2 de la Ley 153 de 18874.

Sostiene que dicho acto administrativo tiene como objet o dar cumplimiento a lo señalado en la Circular No. 3-2024-000278 del 27 de noviembre de 2024, en el sentido de proporcionar criterios y herramientas jurisprudenciales que permitan a los ordenadores del gasto de la entidad tomar decisiones informadas frente a la renovación de los contratos laborales en el año 2025.

Asevera que es respetuosa de la protección reforzada que merecen las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las víctimas del conflicto armado, sin embargo, la aplicación de dicha prerrogativa está sujeta a los criterios establecidos en la normatividad vigente para cada año fiscal. Apunta que para el año 2025 se identificaron las siguientes categorías objeto de la protección: (i) personas en condición de discapacidad, (ii) personas con enfermedades catastróficas, ruinosas o huérfanas, (iii) mujer es en estado de embarazo y lactancia y (iv) madres o padres cabeza de familia.

Reconoce que si bien es cierto la accionante ostenta la condición de víctima, no presentó en su petición elementos que evidenciaran su presencia en alguno de los citados grupos poblacionales; ya que el solo hecho del desplazamiento por

Reconoce que si bien es cierto la accionante ostenta la condición de víctima, no presentó en su petición elementos que evidenciaran su presencia en alguno de los citados grupos poblacionales; ya que el solo hecho del desplazamiento por sí solo y sin demostración de una situación actual de vulnerabilidad no configura la protección pretendida.

C. Sentencia de primera instancia5

Mediante providencia del 1 4 de marzo de 2025 el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga niega el amparo deprecado. Al respecto, dispone:

PRIMERO: DECLARAR que el CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SENA-REGIONAL SANTANDER, no vulneró el derecho fundamental de estabilizad reforzada de la señora EULLIANIS SOFIA RIOS ORTIZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente fallo en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. De ser impugnado el presente fallo, dentro del término legal, se concede desde ya la impugnación y se ordenará remitir de inmediato al Tribunal Administrativo de Santander, dando a conocer a todas las partes sobre su envío, y si no fuere impugnada dentro d el término legal, remítase a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión.

El a-quo afirma estar probada la calidad de víctima del conflicto armado de la actora, en razón a su inclusión en el Registro Único de Víctimas desde el 25 de agosto de 2006, con ocasión del desplazamiento forzado de que fue víctima. Sin

actora, en razón a su inclusión en el Registro Único de Víctimas desde el 25 de agosto de 2006, con ocasión del desplazamiento forzado de que fue víctima. Sin

4 Artículo 2. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior. 5 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 8, Documento 21 Sentencia.ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300120250004101

ACCIONANTE: EULLIANIS SOFÍA RIOS ORTÍZ

ACCIONADO: SENA - REGIONAL SANTANDER

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander embargo, considera que no yace en la accionante ninguna situación especial que le otorgue el fuero de estabilidad laboral reforzada que reclama. Explica que la entidad accionada profiere en cada vigencia los actos administrativos orientados a delimitar los lineamientos para adelantar los procesos de contratación del periodo siguiente, por lo que para el año 2025 fueron expedidas las Circulares No. 3 -2024-000278 del mes de noviembre y 32024-000297 del mes de diciembre de 2024, sin que de ellas pueda inferirse la aplicación de algún otro acto. Apunta que el concepto unificador No. 37678 del 23 de octubre de 2020 dirigido a la Secretaría General del SENA carece de efectos vinculantes, por lo que su

aplicación de algún otro acto. Apunta que el concepto unificador No. 37678 del 23 de octubre de 2020 dirigido a la Secretaría General del SENA carece de efectos vinculantes, por lo que su cumplimiento no resulta obligatorio y tampoco constituye fuente normativa, por tanto, no es posible predicar su aplicación al caso concreto. Sostiene que la actuación de la accionada de no reconocer la estabilidad laboral reforzada a la tutelante por su condición de víctima de desplazamiento forzado se encuentra ajustada a los parámetros establecidos por las circulares ya citadas; las cuales no contemplan la protección solicitada respecto de las víctimas del conflicto. Asimismo, refiere que a la luz de la jurisprudencia constitucional no se avizora que dicho grupo poblacional haya sido beneficiado por esa prerrogativa, a diferencia de los pre -pensionados y de las personas en situación de debilidad manifiesta. Advierte que la accionante no manifiesta ninguna otra condición o situación de indefensión que pueda acreditar condiciones de vulnerabilidad que permitan su contratación en la vigencia 2025, y repara en que la Ley 1448 de 2011 establece otras medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Insiste en que la calidad de víctima de desplazamiento forzado de la accionante no es suficiente para ser incluida dentro del grupo de personas que merecen la protección de estabilidad laboral reforzada, pues para ello es necesario tener en cuenta otras circunstancias particulares adicionales que permitan advertir si su situación de vulnerabilidad es actual o ya fue superada.

D. La impugnación6

protección de estabilidad laboral reforzada, pues para ello es necesario tener en cuenta otras circunstancias particulares adicionales que permitan advertir si su situación de vulnerabilidad es actual o ya fue superada.

D. La impugnación6

La accionante solicita que se revoque la sentencia de tutela de primera instancia, al considerar que se desconoció su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Por tanto, pide que se realice una nueva evaluación de su situación, de acuerdo a las Circulares No. 3-2024-000278 y 3-2024-000297; y sostiene que esta última debe aplicarse de manera integral, incluyendo lo dispuesto en el concepto unificador No. 37678 del 23 de octubre de 2020 que desarrolla el amparo constitucional por ella requerido. Argumenta que el juzgador de primera instancia no llevó a cabo un examen minucioso de la Circular No. 3 -2024-000297, especialmente del «título III» de dicho acto administrativo, ya que lo abordó de forma aislada respecto al concepto emitido por la misma entidad, sin notar que en su parte motiva se encuentra citado, lo que implica que dicho título no ha perdido vigencia. Afirma que se le desconoció la aplicación del principio de favorabilidad , puesto que, en caso de duda sobre la interpretación de las normas aplicables a sujetos de especial protección constitucional, debe optarse por el criterio más garantista.

6 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 11, Documento 25.ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300120250004101

ACCIONANTE: EULLIANIS SOFÍA RIOS ORTÍZ

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300120250004101

ACCIONANTE: EULLIANIS SOFÍA RIOS ORTÍZ

ACCIONADO: SENA - REGIONAL SANTANDER

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Destaca que la exclusión del derecho a la estabilidad laboral reforzada le produce una discriminación injustificada frente a otros tipos de situaciones de debilidad propios de otros sujetos de especial protección. Repara en que en la Sentencia T-025 de 2004 se consagra la protección prioritaria de las víctimas del conflicto armado, por lo que dicha situación no puede ser ignorada en el proceso de contratación del SENA. Recalca que el juzgador no analizó de manera integral su situación particular, pues ha mantenido una relación contractual con el SENA por varios años y su condición de víctima por desplazamiento forzado no ha sido superada.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

La competencia para resolver el recurso de impugnación recae en esta Corporación, según lo dispuesto en los artículos 1° del Decreto 1382 de 2000 y 37 del Decreto 2591 de 1991, como quiera que se interpuso contra una sentencia de tutela de primera instancia proferida por un juez administrativo de este distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución

De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿Una entidad pública vulnera los derechos fundamentales de una víctima de desplazamiento forzado al negar le la renovación de l contrato de

De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿Una entidad pública vulnera los derechos fundamentales de una víctima de desplazamiento forzado al negar le la renovación de l contrato de prestación de servicios que venía celebrando con ella en años anteriores, bajo el argumento de que la circular interna actual excluye su condición de víctima como criterio para reconocer el fuero de estabilidad laboral reforzada establecido en la circular anterior?

Tesis: Si.

Fundamento jurídico: La estabilidad laboral reforzada de la accionante había sido reconocida por el SENA durante los años anteriores, con base en una circular interna que consagraba este derecho en favor de la población víctima de desplazamiento forzado. Con dicha acción afirmativa se buscaba promover la integración social y laboral de la población desplazada, garantizar condiciones para una igualdad real y efectiva, y ofrecer protección especial a un grupo de personas en circunstancias de debilidad manifi esta, principios y reglas constitucionales establecidos en el inciso segundo del artículo 13 superior.

Por tanto, la decisión de la entidad de no renovar el contrato de prestación de servicios de la demandante, basada en una nueva circular que excluye a estas víctimas del fuero de estabilidad mencionado, implicó la eliminación abrupta de una acción afirmativa sin justificación razonable . Con ello, se desconoció un contenido iusfundamental del derecho a la igualdad material ya reconocido , así como el principio de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), conforme al cual, una vez alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho, no es admisible retroceder en su alcance.

como el principio de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), conforme al cual, una vez alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho, no es admisible retroceder en su alcance. Adicionalmente, la renovación prioritaria del contrato en años anteriores generó en la accionante una expectativa legítima de continuidad, de modo que su ruptura abrupta también constituye una violación del principio de confianza

legítima.ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300120250004101

ACCIONANTE: EULLIANIS SOFÍA RIOS ORTÍZ

ACCIONADO: SENA - REGIONAL SANTANDER

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Para sustentar la tesis planteada, la Sala examinará la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos, especialmente cuando una víctima del conflicto armado interno alega la vulneración de sus derechos. Se analizará también el alcance de la estabilidad laboral reforzada, en particular en contratos de prestación de servicios, y se demostrará que los beneficiarios de este fuero no están limitados a un listado taxativo, sino que corresponden a una categoría general consagrada en la Carta Política que cobija a todas «aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta», entre las que se encuentran las víctimas de desplazamiento forzado. Posteriormente, se ahondará en el fuero de estabilidad laboral reforzada reconocido por el SENA, su carácter de acción

circunstancia de debilidad manifiesta», entre las que se encuentran las víctimas de desplazamiento forzado. Posteriormente, se ahondará en el fuero de estabilidad laboral reforzada reconocido por el SENA, su carácter de acción afirmativa, y la imposibilidad de eliminarlo sin justificación adecuada. Finalmente, se argumentará que la no renovación del contrato de la accionante vulnera sus derechos fundamentales, así como los principios de no regresividad de los DESC y de confianza legítima.

C. Marco jurídico

1. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su procedencia excepcional para discutir actos administrativos susceptibles de control ante el juez administrativo

1.1. La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter residual y subsidiario7. Excepcionalmente, puede utilizarse como (i) mecanismo definitivo, cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz; o (ii) como mecanismo transitorio, cuando, a pesar de existir medios ordinarios idóneos y e ficaces, la tutela se utiliza con el propósito de ev itar un perjuicio irremediable. En este último caso, el accionante debe iniciar el proceso judicial ordinario dentro de los cuatro meses siguientes al fallo de tutela.

1.2. Para que un perjuicio tenga la connotación de irremediable debe ser « (i) inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la

prontamente; (ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad».8 1.3. Cuando se interpone la acción de tutela para cuestionar actos administrativos, como el que niega el derecho a la estabilidad laboral reforzada de una persona que ha celebrado un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal, por regla general , esta vía será improcedente. Dicho acto debe ser impugnado mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del CPACA9. 1.4. Las normas que regula n este medio de control permiten la solicitud de medidas cautelares, como la suspensión provisional del acto administrativo demandado, lo que le confiere la aptitud de ser un «mecanismo no menos idóneo

7 Art. 86 C.P. y Dcto. 2591 de 1991, art. 6. ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendie ndo las circunstancias en que se encuentra el solicitante 8 Corte Constitucional, Sentencia T-101 de 2019

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendie ndo las circunstancias en que se encuentra el solicitante 8 Corte Constitucional, Sentencia T-101 de 2019 9 ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas e n el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su pu blicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300120250004101

ACCIONANTE: EULLIANIS SOFÍA RIOS ORTÍZ

ACCIONADO: SENA - REGIONAL SANTANDER

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander y efectivo que la acción de tutela (…) cuando una Entidad vulnera de manera manifiesta los derechos del administrado.» 10

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander y efectivo que la acción de tutela (…) cuando una Entidad vulnera de manera manifiesta los derechos del administrado.» 10 1.5. Es claro que la acción de tutela no debe reemplazar los mecanismos ordinarios disponibles para que una persona que se considera afectada con un acto administrativo discuta su legalidad, sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido ampliamente que esta regla general de improcedencia no aplica cuando se demuestra un perjuicio irremediable en los términos atrás explicados11.

1.6. El alto tribunal parte de la premisa de que, en ciertos casos, aunque pueda existir un mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos invocados, dadas las particularidades del caso, este no siempre es eficaz, puesto que la respuesta de la administración de justicia podría no ser oportuna para proteger la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el peticionario12.

1.7. Debe evaluarse en cada caso la eficacia real de la vía ordinaria para conjurar la afectación de los derechos fundamentales13, a partir de factores como la edad del accionante, la condición de sujeto de especial protección constitucional14, la composición de su núcleo familiar, su estado de salud y el tiempo que tomaría la resolución por otros medios judiciales15.

1.8. De esta manera, la mera existencia de un medio ordinario de defensa judicial no implica automáticamente la improcedencia de la acción de tutela16. Si el juez constata que el otro medio de defensa no resulta eficaz para proteger de manera real los derechos invocados, «el fallador puede válidamente garantizar la

no implica automáticamente la improcedencia de la acción de tutela16. Si el juez constata que el otro medio de defensa no resulta eficaz para proteger de manera real los derechos invocados, «el fallador puede válidamente garantizar la protección preeminente y efectiva de los derechos fundamentales, admitiendo la procedencia en estas circunstancias, de la acción de tutela»17.

2. La procedencia excepcional de la acción de tutela en consideración a la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado

2.1. Las reglas sobre la subsidiariedad de la acción de tutela analizadas en el acápite anterior no pueden aplicarse con la misma rigurosidad cuando se trata de población víctima del conflicto armado. Según jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional 18, en estos casos, no es posible exigir un cumplimiento estricto de los criterios de subsidiariedad e inmediatez para efectos de analizar la procedencia de este mecanismo constitucional . Esta flexibilización del requisito de subsidiaridad cobija los casos en los que «existen decisiones de la administración que resultan desfavorables para las personas desplazadas, que ponen en riesgo o vulneran sus derechos fundamentales».

2.2. Particularmente, con respecto a las víctimas de desplazamiento forzado, la Corte ha sostenido que este grupo poblacional ostenta una especial situación de vulnerabilidad, por lo que ha reconocido el uso de la acción de tutela «para reivindicar sus derechos, como una expresión del trato preferente que las autoridades deben otorgarle a esa población vulnerable, en comparación con los

10 Corte Constitucional, sentencias T-236 de 2019 y T-572 de 2016

reivindicar sus derechos, como una expresión del trato preferente que las autoridades deben otorgarle a esa población vulnerable, en comparación con los

10 Corte Constitucional, sentencias T-236 de 2019 y T-572 de 2016 11 Corte Constitucional, sentencias T-325 de 2018 y T-251 de 2018, T-638 de 2016 y T-554 de 2019. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018 13 Sentencia T-742 de 2011, reiterada en la T-168 de 2016 14 Sentencia T-716 de 2013 15 Sentencia T-055 de 2020 16 Sentencia T-742 de 2011, reiterada en la sentencia T-168 de 2016 17 Sentencia T-742 de 2011, reiterada en la sentencia T-168 de 2016 18 Sentencias s T-1346 de 2001, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T-985 de 2003, T-1094 de 2004, T-813 de 2004, T-563 del 2005, T-882 del 2005, T-1144 del 2005, T -086 del 2006, T -468 del 2006, T -821 de 2007, T -496 del 2007, T -605 de 2008, T -391 de 2008, T -038 del 2009, T-042 de 2009, T-002-23, entre otras.ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300120250004101

ACCIONANTE: EULLIANIS SOFÍA RIOS ORTÍZ

ACCIONADO: SENA - REGIONAL SANTANDER

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

ACCIONANTE: EULLIANIS SOFÍA RIOS ORTÍZ

ACCIONADO: SENA - REGIONAL SANTANDER

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander demás ciudadanos que no se encuentran en condiciones acentuadas de debilidad»19

2.3. Según el alto tribunal, « cuando las actuaciones u omisiones de las autoridades ponen en riesgo o vulneran los derechos fundamentales de la población desplazada, la Corte ha considerado que la