TA SAN - Sentencia 68001-33-33-002-2019-00018-01 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300220190001801 (Expediente físico)

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MAURICIO SANTAMARIA HERNÁNDEZ

mauricio.santamaria@correo.policia.gov.co dianamoralesmedina@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL

desan.notificaciones@policia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 236

TEMA: ASCENSO AL GRADO DE SUBCOMISARIO DEL NIVEL

EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL – PRINCIPIO

DE FAVORABILIDAD – Laboral

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que denegó las súplicas de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

Bucaramanga, que denegó las súplicas de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

Se expuso en la demanda que, el demandante es miembro activo de la Policía Nacional desde el 20 de agosto de 1996 en el Nivel Ejecutivo. Seguidamente, el 25

1 Expediente físico, folio 3.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Mauricio Santamaría Hernández Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Radicado: 68001333300720190001801

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de octubre de 1996 fue dado de alta en el grado de carabineros, a los cuatro años ascendió al grado de Subinte ndente mediante Re solución 03170 con fecha fiscal «01/09/2001» y al grado de Intendente por Resolución 03065 con fecha fiscal «07/09/2011».

Posteriormente, fue ascendido al grado de Intendente Jefe mediante Resolución 04414 con efectos fiscales a partir del «07/09/2018», cuando lo correcto debió ser al grado de Subcomisario.

1.1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

«PRIMERO: Que se declare la nulidad parcialmente del acto administrativo No. 04414 de fecha 31 de agosto del año 2018, con fecha fiscal 07 de septiembre del año 2018 expedida por el Director de la Policía Nacional, mediante el cual asciende al señor MAURICIO SANTAMARIA HERNANDEZ al grado de Intendente Jefe,

año 2018 expedida por el Director de la Policía Nacional, mediante el cual asciende al señor MAURICIO SANTAMARIA HERNANDEZ al grado de Intendente Jefe, donde en su defecto debe ser Subcomisario, como quiera que el mismo acto administrativo ascendieron a otros policías, únicamente se solicita su nulidad parcial en cuanto al cambio de grado de mi poderdante y/o realizando una nueva resolución única y exclusivamente para el cambio de grado, por ende debe dársele la misma antigüedad y para la misma fecha, en el momento que se restablezcan sus derechos, ascendiéndolo al grado de subcomisario en septiembre del año 2018, si continua activo y en carrera al momento de salir sentencia favorable, sea reconocido dicho tiempo de antigüedad desde septiembre de 2018 para ascender al grado de Comisario, lo anterior teniendo en cuenta, que si se emite sentencia favorable y se encuentra retirado por solicitud propia únicamente se reconozca la antigüedad para el cobro de salarios y emolumentos que de jó de percibir como activo y se reajuste a su asignación de retiro o pensión de invalidez.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de la anterior nulidad, se le restablezcan los derechos al señor MAURICIO SANTAMARIA HERNANDEZ, en cuanto a su liquidación prestacional incluyendo la diferencia de salarios, primas, subsidios, cesantías sobre el sueldo básico otorgad o y demás emolumentos desde la fecha

2 Expediente físico, folio 2.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Sentencia de Segunda Instancia

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de su ascenso, dineros que se han dejado de percibirse en el grado real como lo es el de Subcomisario y se restablezcan todos sus derechos al cambiar de grado.

TERCERO: De igual forma, se le ORDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, para que le dé cumplimiento de la sentencia que su despacho tenga a bien proferir, dentro del término establecido por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se l e concrete pagar a favor del demandante los intereses moratorios, conforme lo ordena el artículo 195 ibidem.

CUARTO: Mi poderdante no solicita la reclamación de perjuicios morales como

quiera que pese a que durante su trayectoria de carrera ha tenido un sinnúmero de retrasos en cada uno de los ascensos, como de igual forma no darle el grado para el cual se programó desde el inicio de su carrera policial, su pretensión principal y primordial es la de obtener el grado de Subcomisario junto con lo que ha dejado de percibir por sus prestaciones salariales.

QUINTO: Que se ordene enviar una vez declarada su nulidad el acto administrativo a la hoja de vida para que sea actualizada en el grado de Subcomisario.

[…]»

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Se invocaron como normas vulneradas las siguientes: 1, 2, 4, 6, 13, 29, 48, 53, 83,

[…]»

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Se invocaron como normas vulneradas las siguientes: 1, 2, 4, 6, 13, 29, 48, 53, 83, 84, 121 y 220 de la Constitución Política; artículos 1, 2 y 10 de la Ley 4 de 1992; parágrafo del artículo 7 de la Ley 180 de 1995; artículo 82 del Decreto 132 de 1995, y, artículo 33 de la Ley 734 de 2002.

Señaló como concepto de violación que el acto administrativo demandado fue expedido con infracción de las normas en que debería fundarse y con falsa motivación.

Respecto a la infracción de las normas en que debía fundarse , señaló que debió la entidad demandada respetar la antigüedad de las personas que seguían en carrera y con sus regí menes anteriores que no establecieron el grado de intendente jefe,Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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pues se motivó el acto con normas para ascenderlo a este grado, sin que señalara su aplicación a los antiguos en carrera.

En cuanto a la falsa motivación indicó que la Policía Nacional interpretó la norma para aplicar un grado más, para los que ya habían iniciado su carrera policial. Es así como, al agregarse un grado nuevo a la carrera del nivel ejecutivo conlleva a ser discriminatorio respecto de las personas que se encuentran en la carrera de oficiales

para aplicar un grado más, para los que ya habían iniciado su carrera policial. Es así como, al agregarse un grado nuevo a la carrera del nivel ejecutivo conlleva a ser discriminatorio respecto de las personas que se encuentran en la carrera de oficiales a quienes no se les creó un nuevo grado.

Por lo anterior, efectuó una comparación sobre el cambio que se efectuó:

Nivel ejecutivo Ley 132 de 1995. Artículo 32 Decreto 1791 de 2000. Artículo 23 Patrullero, carabinero o inv estigador. Cuatro (4) años. Patrullero. Subintendente. Cinco (5) años. Subintendente. Cinco (5) años. Intendente. Siete (7) años. Intendente. Siete (7) años. Subcomisario. Cinco (5) años. Intendente Jefe. Cinco (5) años. Comisario. Cuatro (4) años. Subcomisario. Cinco (5) años. Comisario

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía3, se opuso a todas las pretensiones de la demanda por carecer de viabilidad y sustento jurídico, toda vez que, el acto acusado se fundamentó en lo dispuesto por el Decreto 1791 de 2000, en sus artículos 20, 21, 23, 28 y 29, Ley 1168 de 2007 y el concepto previo favorable de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes.

Es así como, el demandado para ser ascendido directamente del grado de Intendente

previo favorable de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y Agentes.

Es así como, el demandado para ser ascendido directamente del grado de Intendente a Subcomisario, para la época de entrada en vigencia del Decreto Ley 1791 de 2000, debió haber superado la antigüedad exigida en el parágrafo antes mencionado, pero los antecedentes allegados al expediente indican que para el mes de septiembre de

3 Expediente físico, folios 54 a 58.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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2001 el demandante no cumplió con los requisitos , pues apenas ostentaba el grado de Subintendente, por lo tanto, su ascenso para el personal uniformado de la Policía Nacional, esto es, el Decreto Ley 1791 de 2000, la cual en su artículo 95 derogó el Decreto 132 de 1995.

Propuso como excepci ones las siguientes: «Acto administrativo ajustado a la Constitución y a la Ley»; «Inexistencia del derecho y la obligación reclamada»; «Cobro de lo no debido»; y, «Genérica».

1.4. La sentencia apelada4

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, denegó las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva de la sentencia, se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

denegó las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva de la sentencia, se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, conforme se expuso en la parte considerativa de esta decisión.

[…]».

Sostuvo el a quo que, el demandante no es beneficiario del régimen de transición del Decreto 132 de 1995 establecido en el parágrafo 2 del artículo 21 del decreto 1791 de 2000, puesto que, para alcanzar el grado de Subcomisario, debía encontrarse ejerciendo el grado de int endente por el término de 7 años, y en ese sentido, para la fecha de expedición del Decreto 1791 ostentaba el grado de Subintendente, faltando acceder al cargo de intendente para llegar después a Subcomisario.

Por lo anterior, concluyó que el actor no tiene derecho a solicitar un ascenso en el escalafón del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, por el hecho de cumplir el requisito de antigüedad, pues primero debió cumplir con el curso y aprobación del

4 Expediente físico, folios 74 a 81.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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grado de Subcomisario, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma que rige el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los cuales no fueron acreditados por el demandante.

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grado de Subcomisario, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma que rige el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los cuales no fueron acreditados por el demandante.

Por consiguiente, denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, dado que, no hubo temeridad, ni mala fe de algunas de las partes, de conformidad con el artículo 365 del CGP, y las sentencias del H. Consejo de Estado de fecha 19 de enero y 16 de julio de 2015.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandante 5, señaló que, no comparte lo señalado por el a quo respecto del régimen de transición establecido en el parágrafo 2 del artículo 21 del Decreto 1791 de 2000, pues este hace alusión a las personas que en ese momento estaban concursando para el grado de patrullero.

Así mismo, hace una extensa explicación sobre el tema de la expectativa legitima, al considerar que el demandante cuando ingresó a la Policía Nacional, tuvo unas expectativas respecto de los grados que estaban estipulados en ese momento, esto eran de patrullero a subintendente, de subintendente a intendente, de intendente a subcomisario y de subcomisario a comisario. En este último grado era su «esperanza» de ascender sin trabas en la carrera policial.

A modo de ejemplo, citó el caso de lo sucedido para l a carrera en el Ejército Nacional, en la cual se «insertó» un nuevo grado, pero desde su comienzo, y en esa medida se respetaron los principios constitucionales la confianza legitima y de favorabilidad.

Nacional, en la cual se «insertó» un nuevo grado, pero desde su comienzo, y en esa medida se respetaron los principios constitucionales la confianza legitima y de favorabilidad.

En cuanto al cumplimiento de los requisitos por parte del demandante, señaló que, eso no era tema de estudio y no hizo parte de la fijación del litigio, por el contrario, lo que se discute es el grad o en el cual fue asignado por parte de la entidad demandada, sin tener en cuenta que, concursó cuando se est aban vigentes unos grados ya estipulados en su momento. Es decir, que en el momento de cumplir con

5 Expediente físico, folios 74 a 81.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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el curso y los requisitos de ascenso su grado no fue de subcomisario, sino de intendente jefe.

Finalmente, solicitó se dé aplicación al principio de favorabilidad o en su defecto, a la excepción de inconstitucionalidad al considerar que, no puede asignarse un nuevo grado a mitad de la carrera del demandante, lo que vulneró su expectativa legitima para acceder al grado que es taba vigente cuando concursó e inició en la carrera policial.

1.5. Trámite de segunda instancia

El expediente fue repartido al Despacho 02 de esta Corporación, mediante acta de reparto de fecha 22 de noviembre de 2019, por lo anterior, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia de primera

El expediente fue repartido al Despacho 02 de esta Corporación, mediante acta de reparto de fecha 22 de noviembre de 2019, por lo anterior, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia de primera instancia, mediante auto de fecha 27 de noviembre de 2019.

Posteriormente, mediante providencia de fecha 25 de agosto de 2022 ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público, para presentar alegatos de conclusión y concepto de fondo respectivamente.

Posteriormente, el expediente fue redistribuido por parte del Despacho 008 al Despacho 009 a cargo de la Magistrada ponente, conforme el Acuerdo PCSJA22.12026 del 15 de diciembre de 20226, con las modificaciones introducidas por el Acuerdo PCSJA23-12060 del 25 de abril de 20237. Por lo anterior, se avocará su conocimiento y se continuará con su respectivo trámite, encontrándose el expediente al Despacho para dictar fallo.

1.5.1. Pronunciamiento en el traslado de alegatos de conclusión y concepto de fondo

1.5.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.5.2. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía6, presentó los mismos argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

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1.5.2. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía6, presentó los mismos argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

1.5.7. La representante del Ministerio Público 7, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se plante ará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demanda nte en el recurso de apelación respectivamente. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusiv amente en relación con los reproches formulados.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de las apelaciones8, el cual consiste en establecer si:

P.J.: ¿El demandante tiene derecho a que la entidad demandada lo ascienda al grado de Subcomisario, de conformidad con la norma que estaba vigente

6 Expediente digital SAMAI, índice 00011. 7 Expediente físico folios 137 a 139. 8 Artículo 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

6 Expediente digital SAMAI, índice 00011. 7 Expediente físico folios 137 a 139. 8 Artículo 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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en el momento que inició la carrera profesional en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, esto es el Decreto 132 de 1995, en aplicación del principio de favorabilidad?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial en el que se estudiará la carrera profesional en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, principio de favorabilidad , y, (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la carrera profesional en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional

Mediante el Decreto 132 de 19959 se reguló la carrera profesional del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, y para tal efecto, en su artículo 32 señaló como grados de ascenso, los siguientes:

Grados Tiempos mínimos Patrullero 4 años Subintendente 5 años Intendente 7 años Subcomisario 5 años Comisario 4 años

No obstante, la anterior norma fue derogada por el Decreto – Ley 1791 de 2000 10,

Patrullero 4 años Subintendente 5 años Intendente 7 años Subcomisario 5 años Comisario 4 años

No obstante, la anterior norma fue derogada por el Decreto – Ley 1791 de 2000 10, el cual modificó aspectos de la carrera de Oficiales, Nivel Ejecutivo , Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, y en ese sentido, para el Nivel Ejecutivo estableció un nuevo grado de ascenso, cuya norma vigente para la fecha de expedición del acto demandado, esto es, el artículo 23 con la modificación introducida por e l artículo 7 de la Ley 1792 de 2016, indicó:

9 «Por el cual se desarrolla la carrera profesional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.» 10 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.»Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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«ARTÍCULO 23. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1792 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Fíjanse los siguientes tiempos mínimos, como requisito para ascender al Grado inmediatamente superior: […]

2. Nivel Ejecutivo

Subintendente cinco (5) años

Intendente siete (7) años

Intendente Jefe cinco (5) años

Subcomisario cinco (5) años»

[…]

2. Nivel Ejecutivo

Subintendente cinco (5) años

Intendente siete (7) años

Intendente Jefe cinco (5) años

Subcomisario cinco (5) años»

Así las cosas, para la época en que fue expedido el acto administrativo demandado, el nuevo grado de ascenso que fue establecido para el Nivel Ejecutivo consistió en intendente jefe y suprimió los grados de patrullero y comisario, los cuales estaban consagrados en la norma derogada – Decreto 132 de 1995.

2.4.2. Del principio de favorabilidad en materia laboral

El artículo 53 de la Constitución Política establece el principio de favorabilidad en materia laboral, entendido este, como la «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho». Ello quiere decir, que, ante la falta de certeza en la aplicación e interpretación de la Ley, la Jurisprudencia, la Costumbre, la Equidad, los Principios generales del derecho y la Doctrina.

Por su parte, el H. Consejo de Estado11 en sentencia de fecha 20 de noviembre de 2019, explicó que el principio de favorabilidad en materia laboral hace referencia al beneficio en pro de los trabajadores sin distinción, en relación con los cambios normativos. Al respecto, indicó:

11 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. William Hernández Gómez, expediente No. 47001-23-33-000-2015-00173-01 (1993-2017).Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Mauricio Santamaría Hernández

No. 47001-23-33-000-2015-00173-01 (1993-2017).Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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«[e]n cuanto al mentado principio constitucional, es claro que éste se relaciona con una garantía en clave de control de convencionalidad, que implica la existencia de -un beneficio concreto para los trabajadores (indistintamente de su calidad como particulares o público). quienes ante los variados cambios normativos de su marco, regulatorio específico en el ámbito prestacional, deben conservar un mínimo de prebendas y derechos derivados de la seguridad social, que ante cualquier escenario de hesitación, tienen que prevalecer y mantenerse con el fin de afincar el principio de progresividad laboral e igualdad, al punto de evitar a toda costa la materialización de la regresividad entendida como limite a las prerrogativas consolidadas o que se configuran con posterioridad a éstas en razón de normas concomitantes que regulan un mismo asunto.

Ahora bien, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional en sentencia SU 140 de 20197, el enunciado axiológico en comento se bifurca en dos aristas de análisis al momento de resolver un caso concreto, por lo que se habla de la favorabilidad en sentido estricto (principio de favorabilidad per se) y de la favorabilidad en sentido amplio (principio de indubio pro operario), las cuales dicha corporación distingue de la siguiente forma:

«[...] El principio de favorabilidad estricta en materia laboral exige que

sentido amplio (principio de indubio pro operario), las cuales dicha corporación distingue de la siguiente forma:

«[...] El principio de favorabilidad estricta en materia laboral exige que cuando el operador jurídico se encuentre frente a dos o más normas jurídicas que, prima facie, podrían aplicarse frente de una misma situación fáctica, debe optarse por la norma que favorezca mayormente al trabajador. Por otra parte, debe acudirse al principio in dubio pro operario o de favorabilidad en sentido amplio cuando el operador jurídico se encuentre ante la alternativa de escoger -no ya entre dos o más normas jurídicas de eventual aplicación a una misma situación jurídicasino entre los efectos que de la interpretación una misma norma jurídica, podrían derivarse para el trabajador, debiendo igualmente optarse por el criterio hermenéutico que más favorezca a este último. En palabras de la Corte: "Mientras el principio d e favorabilidad en sentido estricto recae sobre la selección de una determinada disposición jurídica, el principio in dubio pro operario lo hace sobre el ejercicio interpretativo efectuado por el juzgador al identificar el contenido normativo de una disposición jurídica. [...]» (Cursiva conforme la transcripción).

Bajo este contexto, es adecuado asentir en que el pluricitado principio resulta válido desde el ámbito laboral para los eventos en los que exista: i) dubitación entre dos o más normas vigentes que regulan un asunto idéntico, o ii) entre las diferentesNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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interpretaciones de una sola de ellas, al punto de ser necesario determinar cuál de todas brinda la condición más beneficiosa para el empleado en garantía de los principios pro homíne y pro operario, derivados del control de convencionalidad en virtud de los tratados internacionales de la OlT ratificados por Colombia en cuanto a prerrogativas laborales se refiere.»

Por lo anterior, el análisis para la aplicación del principio de favorabilidad su efectúa bajo dos ópticas, la primera en sentido estricto «principio de favorabilidad per se» y en sentido amplio «principio de indubio pro operario» . En virtud de ello, en cualquiera de los dos aspectos, se debe analizar la prevalencia y mantenimiento del principio de progresividad e igualdad, respecto de las situaciones o prerrogativas consolidadas.

2.5. De las pruebas obrantes al expediente

Dentro del proceso, se encuentran las siguientes pruebas:

• Hoja de vida del demandante, en la Policía Nacional12.

• Resolución No. 04414 de fecha 31 de agosto de 2018 por medio del cual se ascendió al demandante al grado de Intendente Jefe con fecha fiscal a partir del 07 de septiembre de 2018 en el cuerpo profesional de la Policía Nacional13. Igualmente, este acto administrativo fue allegado en CD por la entidad demandada en formato PDF14.

• Impresión de pantalla, en la que consta los ascensos obtenidos por el

demandante en la carrera policial15.

Nacional13. Igualmente, este acto administrativo fue allegado en CD por la entidad demandada en formato PDF14.

• Impresión de pantalla, en la que consta los ascensos obtenidos por el

demandante en la carrera policial15.

• Certificado salarial del demandante, correspondiente al mes de octubre de

201816.

12 Expediente físico, folios 15 a 17. 13 Expediente físico, folios 18 a 39. 14 Expediente físico, folio 59. 15 Expediente físico, folio 41. 16 Expediente físico, folio 42.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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2.6. Caso concreto

Para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala precisa que, mediante la Resolución No. 04414 de fecha 31 de agosto de 201 8 el Director General de la Policía Nacional ascendió al demandante por pertenecer al Nivel Ejecutivo de la entidad, al grado de Intendente Jefe en el cuerpo profesional con fecha fiscal 07 de septiembre de 2018, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, 21 parágrafo 4, 28 y 29 del Decreto Ley 1791 de 2000, Ley 1168 de 2007, Ley 1792 de 2016 y previo concepto favorable de la Junta de Evaluación y Clasifica ción para el personal del Nivel Ejecutivo y de Agentes.

No obstante, la parte actora señaló en el recurso de apelación que el grado al cual

2016 y previo concepto favorable de la Junta de Evaluación y Clasifica ción para el personal del Nivel Ejecutivo y de Agentes.

No obstante, la parte actora señaló en el recurso de apelación que el grado al cual fue ascendido el demandante no corresponde al que estaba vigente en el momento que ingreso a la carrera policial – Decreto 132 de 1995 –, esto es, al de Subcomisario; y en ese sentido, el Decreto Ley 1791 de 2000 no puede ser aplicado para su caso.

Al respecto, la Sala considera de acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial expuesto que, el Decreto 132 de 1995 al ser derogada por el artículo 95 del Decreto Ley 1791 de 2000, perdió vigencia respecto de las personas que ingresaron a la carrera policial bajo esta disposición, toda vez que, este decreto modificó las normas de carrera del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, la cual, ingresó un nuevo grado para este personal antes de poder ascender al grado de Subcomisario.

En efecto, la norma vigente en el momento en que el demandante cumplió requisitos para ascenso – 07 de septiembre de 2018 – era el Decreto Ley 1791 de 2000, no el Decreto 132 de 1995, pues fue en vigencia de la primera norma que el demandante consolidó el derecho a obtener el ascenso al grado, esto es , el cumplimiento del tiempo mínimo; diferente sería, si el demandante hubiese consolidado su derecho en vigencia de la norma derogada.

Es así como, en el Decreto 1791 de 2000 en el texto original del artículo 23 se establecieron varios regímenes de transición, a fin de garantizar las prerrogativas

en vigencia de la norma derogada.

Es así como, en el Decreto 1791 de 2000 en el texto original del artículo 23 se establecieron varios regímenes de transición, a fin de garantizar las prerrogativas consolidadas para