TA SAN - Sentencia 68001-33-33-003-2014-00187-01 (21-08-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en el proceso de la referencia el tres (03) de mayo Radicado: 68001333300320140018701

Link del expediente: Expediente físico por ser de segunda instancia.

Parte

Demandante: Daniel Villamizar Basto con cédula de ciudadanía No. 13.846.129

Correo electrónico: juridica.villamizar5508@gmail.com

Parte Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

Correo electrónico: dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ministerio Público: Eddy Alexandra Villamizar Schiller

Procuradora 158 Judicial II para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

Tema: Defectuoso funcionamiento de administración de justicia/ La duración de la acción popular 3118/2003, se encuentra debidamente justificada, en la congestión de esta Jurisdicción Contenciosa Administrativa, circunstancia que constituye un hecho notorio, contrario a lo afirmado por el apelante/ El aquí demandante se limita a mencionar el paso del tiempo como el hecho que genera el defectuoso funcionamiento alegado, sin acreditar que se hubiere producido una dilación

hecho notorio, contrario a lo afirmado por el apelante/ El aquí demandante se limita a mencionar el paso del tiempo como el hecho que genera el defectuoso funcionamiento alegado, sin acreditar que se hubiere producido una dilación injustificada o una negligencia por parte de quienes conocieron la referida acción popular/ La eliminación del reconocimiento del incentivo económico se produjo por cambio legislativo, esto es, por la entrada en vigencia de la Ley 1425 de 2010, que derogó los Arts. 39 y 40 de la Ley 478 de 1998 , cuando se encontraba en trámite la acción constitucional, la cual por ser norma de procedimiento, aplica de manera inmediata a la entrada en vigencia . Adicionalmente, tal y como lo enseña la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, el referido incentivo económico se trataba de una mera expectativa en los procesos judiciales que estaban en trámite/ Se confirma la sentencia que niega las pretensiones.2

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de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA

A. Pretensiones y hechos en que se fundamentan

(Fols.1 a 11 exp. digital)

Busca, en síntesis, la demanda, que se declare administrativa y solidariamente responsable a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios causados como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que debió soportar dentro de la acción popular

responsable a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios causados como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que debió soportar dentro de la acción popular radicada con el Núm. 3118/2003, adelantada por el Juzgado Administrativo de descongestión (II) de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander.

Consecuencialmente, se condene a pagar a título de indemnización los perjuicios causados por los siguientes conceptos: 1.1 Por perjuicios morales, la suma de cincuenta (50) smlmv. 1.2 Por perjuicios materiales por pérdida de oportunidad , la suma de ciento cincuenta (150) smlmv.

Como fundamento de las pretensiones, se afirman los siguientes hechos: Interpuso demanda de acción popular contra el Instituto Nacional de Vías Invias y el municipio de Suaita el 16.12.2003, solicitando el amparo de los derechos colectivos por el deficiente e inexistente paso peatonal anexo a los puentes vehiculares “Puente sobre el río Tolota”, “Puente sobre el río Huertas”, ubicados en la carretera nacional que conduce del municipio de Bucaramanga a la ciudad de Bogotá.

Refiere que la citada acción le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Santander en primera instancia bajo el radicado Núm. 3118/2003, la que luego por redistribución pasa al Juzgado Único Administrativo de San Gil, posteriormente al Juzgado Administrativo de descongestión (II) de San Gil , y luego en segunda instancia nuevamente al Tribunal.

Hace una reseña de las actuaciones judiciales que se surtieron al interior de l

posteriormente al Juzgado Administrativo de descongestión (II) de San Gil , y luego en segunda instancia nuevamente al Tribunal.

Hace una reseña de las actuaciones judiciales que se surtieron al interior de l referido proceso, haciendo notar que: i) la demanda es admitida el 14.01.2003, y el aviso publicado el 13.04.2004 ; ii) la audiencia de pacto de cumplimiento se3

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celebró el 27.09.2006 ; iii) el 20.10.2006 se celebró diligencia de inspección judicial, y el 29.04.2011 el Juzgado ll de Descongestión de San Gil dictó sentencia, concediendo las pretensiones de la demanda y condenando en costas y negado el incentivo al actor popular ordenando en el artículo 39 de la ley 478 de 1998 , iv) El 15.02.2012 el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de segunda instancia, confirmando en su integridad el fallo recurrido.

Como fundamentos de derecho, afirma que en su caso se presenta la “pérdida de oportunidad” del actor popular, de obtener el derecho al incentivo económico fijado en el Art. 39 de la Ley 472 de 1998, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al existir una mora para dictar sentencia definitiva de 116 meses.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó de manera extemporánea.

III. DECISIONES RELEVANTES ASUMIDAS EN LA AUDIENCIA INICIAL

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó de manera extemporánea.

III. DECISIONES RELEVANTES ASUMIDAS EN LA AUDIENCIA INICIAL

Se celebra el 13.05.2015 (Fol.92 a 97). En ella, la señora Jueza resuelve: i) presentación de las partes; ii) tramite de la demanda y saneamiento del proceso; iii) excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva ; iv) Fijar el litigio, centrándolo en determinar si la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración de Judicial es responsable de los perjuicios eventualmente causados al señor Daniel Villamizar Bastos como consecuencia del presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que aparentemente incurrió el Juzgado Único Administrativo de San Gil y posteriormente el Juzgado Administrativo de descongestión (II) de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander al no tramitar la acción popular radicaba bajo la partida N° 2003-3118 con observancia de los términos procesales previstos en la Ley 472 de 1998; lo que ocasiono, el sentir del actor, la perdida de oportunidad de ser beneficiario del incentivo que preveía el artículo 39 ibidem, puesto que cuando s e profirió la sentencia de primera y segunda instancia que amparo los derechos colectivos invocados en dicha demanda, ya se encontraba4

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puesto que cuando s e profirió la sentencia de primera y segunda instancia que amparo los derechos colectivos invocados en dicha demanda, ya se encontraba4

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vigente la Ley 1425 de 2010, la cual derogó el mocionado artículo 39; v) conciliación; vi) medidas cautelares; vii) decre to de pruebas. Posteriormente se llevó a cabo audiencia de pruebas el 30.07.2015, en esta última oportunidad se corrió traslado para alegar de conclusión y rendir concepto de fondo. (fls. 115 a 119).

IV. LA SENTENCIA APELADA

(Fols.166 a 172)

Es proferida el tres (03) de mayo de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga , en la que resuelve denegar las pretensiones de la demanda . Como fundamentos de la decisión, sostiene que:

1. En cuanto al daño antijurídico, considero que se encuentra debidamente acreditado que mediante providencia del 29.04.2011, el Juzgado Administrativo de Descongestión ll de San Gil dictó sentencia de primera instancia en curso de la acción popular 2003 -3118, en la que se denegó el incentivo a favor del actor, decisión que estuvo motivada por la ley 1425 de 2010. ii) Respecto de la falla en el servicio alegado por el demandante, consideró que la mora que se observó dentro del trámite dado a la acción popular no e s atribuible a la negligencia del operador judicial, sino a la congestión judicial que se presentaba, la cual dio paso a la

consideró que la mora que se observó dentro del trámite dado a la acción popular no e s atribuible a la negligencia del operador judicial, sino a la congestión judicial que se presentaba, la cual dio paso a la implementación del sistema de descongestión judicial, a quien en últimas correspondió la adopción de la decisión de fondo. iii) Por lo anterior, considero que en el caso en cuestión no se dieron los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad administrativa de la Nación – Rama Judicial, por cuanto no existió falla en el servicio por parte de esta entidad que constituya un def ectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

V. LA APELACIÓN

La p. demandante (Fols.176 a 187) argumenta que la sentencia apelada reconoce que existieron fallas propias del sistema judicial, pero que estas no son atribuibles a los despachos judiciales que conocieron de la acción popular; que se entendió erróneamente la demanda de reparación directa , pero reconociendo de forma5

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tácita la causal invocada del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; faltando además a los deberes y las funciones de impartir justicia, y a la aplicación de la doctrina probable que refiere es obligatoria, citando en su apoyo la sentencia de T030/2005 proferida por la H. Corte Constitucional, respecto de la mora judicial injustificada y la garantí a de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso.

En cuanto a la pérdida del incentivo, afirma que , si bien los derechos colectivos pertenecen a toda la comunidad afectada, el incentivo sí es un derecho

acceso a la administración de justicia y debido proceso.

En cuanto a la pérdida del incentivo, afirma que , si bien los derechos colectivos pertenecen a toda la comunidad afectada, el incentivo sí es un derecho personalísimo del actor popular, el cual, dice, no logró , por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al no tramitar y dictar sentencia dentro de los términos perentorios improrrogables ordenados en la Ley 472 de 1998, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1425 de 2010.

Por último, señalo que ese derecho se perdió por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al no tramitar y dictar sentencia dentro de los términos perentorios e improrrogables ord enados en la Ley 1425 de 2010, esto es, antes del 29 de diciembre de 2010, trayendo como consecuencia la pérdida de oportunidad esperada de haber obtenido el incentivo en el máximo, o sea, el 100% de lo ordenado en la Ley 472 de 1998.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

En providencia de 08.04.2025, el conjuez Ronald Edgardo Cuenca Tovar, ordenó la remisión del expediente a la Oficina Judicial de Bucaramanga para que el mismo sea sometido a reparto únicamente entre los H. Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander : Dra. Claudia Patricia Peñuela Arce, Dr. Iván Fernando Prada Macías, Dra. Claudia Ximena Ardila Pérez, Dra. Luisa Fernanda Flórez Reyes, Dra. Carolina Arias Ferreira o la Dra. María Eugenia Carreño Gómez. El día 20.05.2025 se asigna el proceso de la referencia al Despacho 02,

Flórez Reyes, Dra. Carolina Arias Ferreira o la Dra. María Eugenia Carreño Gómez. El día 20.05.2025 se asigna el proceso de la referencia al Despacho 02, y se ingresa para fallo el 30/05/2025, se carga el respectivo proyecto en Teams para estudio y votación de la Sala de Decisión a celebrarse el 21.08.2025.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia6

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Recae en esta Corporación – Sala de Decisión–: Arts. 152, 156 y 228 del CGP, esto es, limitada a los argumentos de apelación.

B. El problema jurídico en esta instancia y su tesis

Pj ¿Le resulta imputable a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el daño alegado con la demanda – defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por haber tramitado y fallado la acción popular radicada Núm. 2003-003118-00 promovida por el aquí demandante, sin cumplirse los términos previstos en la Ley 472 de 1998, lo que conllevó a extenderse en el tiempo hasta la entrada en vigencia de la Ley 1425 de 2010, que derogó el incentivo económico consagrado en el Art. 39 Ib.?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La duración de la acción popular 2003-003118-00, se encuentra debidamente justificada en la congestión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, siendo esta circunstancia un hecho notorio que no requiere prueba que se acredite, contrario a lo afirmado por el apelante. Así

encuentra debidamente justificada en la congestión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, siendo esta circunstancia un hecho notorio que no requiere prueba que se acredite, contrario a lo afirmado por el apelante. Así mismo, el aquí demandante se limita a mencionar el paso del tiempo como el hecho que genera el defectuoso funcionamiento alegado, sin estar acreditado que se produjo una dilación injustificada o una negligencia por parte de quienes conocieron la referida acción popular. La eliminación del reconocimiento del incentivo económico se produjo por cambio legislativo, esto es, por la entrada en vigencia de la Ley 1425 de 2010, que derogó los arts. 39 y 40 de la Ley 478 de 1998, cuando se encontraba en trámite la acción constitucional, la cual, por ser norma de procedimiento, se aplica de manera inmediata a la entrada en vigencia. Así mismo, de acuerdo con la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, el incentivo económico se trataba de una mera expectativa en los procesos judiciales que estaban en trámite.

C. Marco jurídico: Imputación fáctica y cargas probatorias.

El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su7

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calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la

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calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado1.

De manera que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia no se configura cuando la lesión se materializa a través de una providencia, sino que aquella se deriva de las demás actuacio nes judiciales en que incurren “no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales” 2 en el desarrollo de un proceso y que resultan necesarias para adelantar el mismo o para ejecutar las decisiones del juez, las cuales deben estar referidas a estándares normales de funcionamiento del servicio.

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, regulada en la Ley 270 de 1996, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos 3 a causa de una función judicial anormal, por indebido funcionamie nto, falta de funcionamiento o funcionamiento tardío; de ahí que el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución requiera verificar si las acciones u omisiones desarrolladas en el marco del tráfico procesal menoscabaron el ejercicio de los mencionados derechos.

Al respecto, la doctrin a ha sostenido que el concepto de defectuoso funcionamiento es equivalente a la falla del servicio elaborada por la

el marco del tráfico procesal menoscabaron el ejercicio de los mencionados derechos.

Al respecto, la doctrin a ha sostenido que el concepto de defectuoso funcionamiento es equivalente a la falla del servicio elaborada por la jurisprudencia francesa y que en la sistematización clásica puede tener tres manifestaciones: i) el servicio ha funcionado mal, ii) el servicio no ha funcionado, y iii) el servicio ha funcionado de forma tardía 4. Así mismo, se destaca que el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos

1 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de febrero de 2006, exp. 14.307. 3 [Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, Tomo I , Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013]. 4 Cf. Hoyos Duque, Ricardo. “La responsabilidad del Estado y de los jueces por la actividad jurisdiccional en Colombia”, en: Revista Vasca de la Administración Pública, No. 49, 1997, Pág. 142 y 143.8

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estándares de lo que se considera como un funcionamiento normal. Así se ha expresado:

“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una

Justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la Administración de Ju sticia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia, aunque tenga en éstas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación”5.

Conforme a lo expuesto, debe indicarse que el Honorable Consejo de Estado en reciente Sentencia de fecha 16 de julio de 20216 señaló:

“el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es, por regla general, de carácter subjetivo, por lo que corresponde al demandante, inicialmente, acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional.

Así, se puede señalar que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia presenta las siguientes características: i) se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a las decisiones judiciales, necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia; ii) puede provenir de funcionarios judiciales, particulares en ejercicio de facultades jurisdiccionales y empleados, agentes o auxiliares de la justicia; ii i) comprende un funcionamiento defectuoso o anormal

proceso o ejecutar una providencia; ii) puede provenir de funcionarios judiciales, particulares en ejercicio de facultades jurisdiccionales y empleados, agentes o auxiliares de la justicia; ii i) comprende un funcionamiento defectuoso o anormal que se proyecta por fuera de los estándares de funcionamiento del servicio, lesionando el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva; y, iv) se manifiesta de tres formas, a saber, la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente.”

5 Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El Poder Judicial, Madrid, Ed. Tecnos, 1986. p. 358. 6 Consejo de Estado – Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez Expediente No. 493259

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En tal sentido, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se define como las acciones u omisiones constitutivas de falla que se presentan con ocasión del ejercicio de impartir justicia, las cuales provienen no solo de funcionarios sino de aquellos particulares que se encuentran investidos de facultades jurisdiccionales, empleados judiciales y agentes del Estado, entre otros.

D. Análisis de las pruebas de cara al marco normativo y

jurisprudencial reseñado en el acápite anterior: En el expediente está probado lo que sigue:

1. Del daño. Lo constituye la demanda en la demora en el trámite de la acción popular que promovió el aquí demandante contra el Instituto Nacional de VíasINVIAS y el municipio de Suaita , que le ocasionó la pérdida del incentivo

1. Del daño. Lo constituye la demanda en la demora en el trámite de la acción popular que promovió el aquí demandante contra el Instituto Nacional de VíasINVIAS y el municipio de Suaita , que le ocasionó la pérdida del incentivo económico previsto en el Art. 39 de la Ley 472 de 1998, debido a que para el momento en que se profieren las sentencias de primera y segunda instancia este ya había sido derogado por la Ley 1425 de 2010, lo que en el entender del señor Villamizar Basto configura un defectuoso funcionamiento de justicia.

2. De la imputación del daño a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Revisadas las actuaciones surtidas al interior de la acción popular 2003-03118-01, se resaltan las siguientes:

1. El 16.12.2003 se presentó la demanda, siendo repartida a la Magistrada Yadira Jasmine Téllez Valenzuela (Fl. 20 del cuaderno de acción popular), quien mediante auto del 14.01.2004 la admite y ordena impartir el trámite especial dispuesto en la Ley 472 de 1998 (Fls.21 a 23); según el cual, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 472 de 1998, el 14.01.2004, se

realizó la publicación del aviso (Fol.20 Ib. del cuaderno no 1 del expediente 2003-3118-01).

2. Por auto de 16.05.2006, se fija fecha para celebrar audiencia de pacto de

cumplimiento el 08.06.2006 (Fol.176 del cuaderno no 1 del expediente 20033118-01).

3. Fue remitido el expediente al Juzgado Único Administrativo de San Gil

cumplimiento el 08.06.2006 (Fol.176 del cuaderno no 1 del expediente 20033118-01).

3. Fue remitido el expediente al Juzgado Único Administrativo de San Gil para que decida lo que a en derecho corresponda (Fol.179 del cuaderno no 1 del expediente 2003-3118-01).10

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4. El Juzgado Único Administrativo de San Gil en providencia de 06.09.2006 avoca conocimiento del asunto y fija fecha para la audiencia de pacto de

cumplimiento el 27.09.2006 (Fol.180 del cuaderno no 1 del expediente 20033118-01).

5. El 27.09.2006 se lleva a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento, la cual fue declarada fallida por parte del Juzgado Único

Administrativo de San Gil (Fls.192 a 193 del cuaderno no 1 del expediente 2003-3118-01).

6. Se lleva a cabo diligencia de inspección judicial el 20.10.2006 (Fls.194 a 198 del cuaderno n.º 1 del expediente 2003-3118-01).

7. En auto de 15.04.2009, el Juzgado Único Administrativo de San Gil solicita al municipio de Suaita que designe un nuevo apoderado en el asunto de

la referencia (Fol.443 del cuaderno no 1 del expediente 2003-3118-01).

8. Mediante auto de 09.08.2010, el Juzgado Único Administrativo de San Gil solicita envía el proceso de la referencia al Tribunal Administrativo de Santander al considerar que era el competente para conocer del asunto

8. Mediante auto de 09.08.2010, el Juzgado Único Administrativo de San Gil solicita envía el proceso de la referencia al Tribunal Administrativo de Santander al considerar que era el competente para conocer del asunto

(Fls.453 a 454 del cuaderno no 1 del expediente 2003-3118-01).

9. El proceso fue radicado el 01.09.2010 a la Dra. Francy del Pilar Pinilla Pedraza, quien en providencia de 22.09.2010 remitió el proceso al Dr.

Milcíades Rodríguez Quintero, por haber conocido el proceso previamente (Fol.459 del cuaderno no 1 del expediente 2003-3118-01).

10. En providencia de 29.09. 2010 el Dr. Milcíades Rodríguez Quintero devuelve el expediente de la referencia al Juzgado Único Administrativo

de San Gil (Fls.460 a 462 del cuaderno no 1 del expediente 2003-3118-01).

11. En auto de 28.02.2011 el Juzgado Único Administrativo de San Gil corr e traslado a las partes por el término de cinco días, para que presenten alegatos de conclusión y rindan concepto de fondo (fl. 467 del cuaderno no 1 del expediente 2003-3118-01).

12. El 15.04.2011 fue entregado el proceso de la referencia al Juzgado

Administrativo de Descongestión (II) de San Gil (fl. 500 del cuaderno no 1 del expediente 2003-3118-01).

13. El 29.04.2011, el Juzgado Administrativo de Descongestión (II) de San Gil, emite el fallo de primera instancia, en el que ampara los derechos colectivos al goce del espacio público y a la seguridad pública previstos en11

13. El 29.04.2011, el Juzgado Administrativo de Descongestión (II) de San Gil, emite el fallo de primera instancia, en el que ampara los derechos colectivos al goce del espacio público y a la seguridad pública previstos en11

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los literales d) y g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 (Fol.69 del cuaderno no 1 del expediente 2003-3118-01).

14. Contra la anterior provincia fue interpuesto recurso de apelación, el cual es admitido con auto del 10.06.2011, y resuelto con sentencia de segunda instancia proferida el 15.02.2012, con la cual se resuelve confirmar la sentencia del

15.01.2010 (Fols. 2 a 8 del cuaderno no 2 del expediente 2003-3118-01).

Conforme a lo anterior, si bien se evidencia que, en el trámite surtido al interior de la acción popular atrás reseñada, no se cumplieron los términos previstos en la Ley 472 de 1998, resulta imperioso precisar que el mero transcurso del tiempo no constituye la mora judicial, debiendo ser injustificada, probada la negligencia de la autoridad judicial, imponiéndose revisar la complejidad del asunto y la congestión laboral como eventos de justificación de dicha mora.

En tal sentido, tal como lo dispuso la pr imera instancia, la duración de la acción popular 2003-3118-01 se encuentra debidamente justificada en la congestión propia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no solo en Santander, sino en todo el país, circunstancia que es un hecho notorio, sin requerir prueba que

popular 2003-3118-01 se encuentra debidamente justificada en la congestión propia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no solo en Santander, sino en todo el país, circunstancia que es un hecho notorio, sin requerir prueba que se acredite, contrario a lo afirmado por el apelante.

Así mismo, el aquí demandante se centra en mencionar el paso del tiempo como el hecho que genera el defectuoso funcionamiento alegado, sin que exista en el expediente, elemento probatorio de una dilación injustificada o una negligencia por parte de quienes conocieron la referida acción popular : Al revisar las actuaciones, evidencian que el proceso no estuvo paralizado en alguna etapa procesal, imprimiéndole los respectivos im pulsos procesales en cada una de ellas.

Así mismo, no hay que perder de vista que, los Juzgados Administrativos empezaron a funcionar a partir del 01.08.2006, momento en el que, asumen la competencia que le habían sido asignada en primera instancia por el legislador, realizándose además la respe ctiva redistribución de procesos por parte de esta Corporación que venía conociendo, con una carga considerable, la cual también era un hecho notorio, afirmación que tiene respaldo en el Plan de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administra tivo, adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura, sustentado en el alto volumen de procesos que se12

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contaban para su momento, y que se encuentra debidamente justificado en el Acuerdo PSAA12-9139 del 17 de enero de 2012.

No existe pérdida de oportunidad del aquí demandante por el trámite de la acción

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contaban para su momento, y que se encuentra debidamente justificado en el Acuerdo PSAA12-9139 del 17 de enero de 2012.

No existe pérdida de oportunidad del aquí demandante por el trámite de la acción popular, debido a que la duración de la acción constitucional está debidamente justificada y, en todo caso, si bien, para el momento de su interposición, se encontraba vigente el Art. 39 de la Ley 472 de 1998, que establecía el reconocimiento de un incentivo como una dispensa de la que gozaba el actor popular por su misión en la protección de los derechos colectivos, lo cierto es que aquél se concretaba en una mera expectativa de reconocimiento, habida cuenta de que el mismo no se materializaba con la sola presentación de la demanda, pues contrario sensu estaba condicionado a que las pretensiones resultaran avantes en la sentencia definitiva.

Así las cosas, como quiera que el estímulo del incentivo se traduce en una mera expectativa, no llegando a ser siquiera una expectativa legítima, pues no dependía del paso del tiempo y/o la voluntad del hoy demandante, hace que sea dable predicar la inexistencia del daño alegado, ya que para que éste se configure, necesariamente debe suponer una lesión a un derecho, bien o interés legítimamente reconocido, lesión que para el presente caso no se materializó, pues el derecho alegado como se dijo , no pasa de ser mera expectativa condicionada al devenir procesal, tal c omo la jurisprudencia del H. Consejo