TA SAN - Sentencia 68001-33-33-003-2020-00061-01 (11-12-2025)

SIGCMA-SGC

Tribunal Administrativo De Santander

Magistrada Ponente: Carolina Arias Ferreira

Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de Segunda Instancia

Expediente: 68001333300320200006101

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Banco Popular S.A.

notificacionesjudicialesvjuridica@bancopopular.com.co notificacionesjudicialesyjuridica@bancopopular.com.co embargos@bancopopular.com.co

Demandado: Municipio de Bucaramanga

notificaciones@bucaramanga.gov.co secretariaplaneacion@bucaramanga.gov.co mosoriol@bucaramanga.gov.co blancayensi@gmail.com

Ministerio Público: Eddy Alexandra Villamizar Schiller

eavillamizar@procuraduria.gov.co

Sentencia No.: 347

Tema: Enriquecimiento sin justa causa – confirma – otros

Decide la Sala, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que el Instituto Técnico Nacional de Comercio formalizó su vinculación como cliente del Banco Popular , mediante el diligenciamiento de unos formularios, que dio lugar a la apertura de las

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que el Instituto Técnico Nacional de Comercio formalizó su vinculación como cliente del Banco Popular , mediante el diligenciamiento de unos formularios, que dio lugar a la apertura de las cuentas corrientes No. 110 -481-021-56-6 y No. 110 -481-02203-6. En dichos formularios, la Institución Educativa declaró que el origen de los fondos a manejar en los produc tos financieros mencionados provenía del recaudo de matrículas y donaciones del Departamento de Santander, así como de transferencias realizadas por el Estado, correspondientes a matrículas y pensiones.

En virtud de la Ley 633 de 2000, que modificó el Dec reto 624 de 1989, el Banco Popular procedió a aplicar el gravamen a los movimientos financieros sobre las cuentas corrientes del Instituto Técnico Nacional de Comercio.

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00046 SAMAI, One Drive, archivo 01DemandayAnexos.pdf, folio 5 al 17Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Banco Popular SA

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No obstante, el 9 de agosto de 2017, la Institución Educativa, mediante oficio recibido por la entidad bancaria, informó que las cuentas corrientes en cuestión se manejaban de manera exclusiva con operaciones exentas de dicho gravamen, solicitando en consecuencia la respectiva exención. En atención a esta solicitud, el Banco Popular dio por finalizada la aplicación del gravamen en las cuentas No. 110manejaban de manera exclusiva con operaciones exentas de dicho gravamen, solicitando en consecuencia la respectiva exención. En atención a esta solicitud, el Banco Popular dio por finalizada la aplicación del gravamen en las cuentas No. 110481-021-56-6 y No. 110-481-02203-6 a partir del mes de agosto de 2017.

Sin embargo, durante ese mismo mes, el Banco Popular retuvo un total de catorce mil seiscientos noventa y cuatro pesos con sesenta y ocho centavos ($14.694,68) de la cuenta corriente No. 110 -481-02203-6 del Instituto Técnico Nacional de Comercio. Ante ello, la Institución Educativa solicitó la devolución del dinero retenido por concepto de gravamen a dicha cuenta.

En respuesta a la anterior solicitud, el 28 de marzo de 2018 el Banco Popular efectuó una transferencia por la suma de un millón veintiún mil ochocientos treinta y cuatro pesos con veinticuatro centavos ($1.021.834), correspondiente al reintegro del gravamen a los movimientos financieros de las vigencias 2016 y 2017, conforme al certificado de las retenciones practicadas. Sin embargo, la entidad bancaria precisó que el cálculo realizado por su personal era erróneo, dado que los valores retenidos que debían ser devuel tos correspondían únicamente a aquellos causados a partir de la comunicación presentada por la Institución Educativa, en la que solicitó formalmente la exención del gravamen.

En ese contexto, el mismo día de la transferencia mencionada, el Banco Popular cometió un error y transfirió indebidamente una suma de setenta y nueve millones novecientos sesenta y nueve mil ciento veintisiete pesos con ochenta centavos

En ese contexto, el mismo día de la transferencia mencionada, el Banco Popular cometió un error y transfirió indebidamente una suma de setenta y nueve millones novecientos sesenta y nueve mil ciento veintisiete pesos con ochenta centavos ($79.969.127,80) a la cuenta No. 110 -481-02203-6. Al percatarse de la situación, mediante comunicación fechada el 17 de enero de 2019, la entidad bancaria solicitó a la Institución Educativa la devolución del valor adicional que fue abonado por error.

Como respuesta a dicha solicitud, el 27 de febrero de 2019 la Rectora del Instituto Técnico Nacional de Comercio indicó que no procederían a la devolución de la suma erróneamente consignada, dado que los recursos depositados a favor de la Institución ya habían sido utilizados para cubrir necesidades de la comunidad educativa.

En este sentido, argumentó que el artículo 7 de la Ley 715 de 2001 establece como una de las competencias de los municipios la prestación del servicio educativo, y que el Municipio de Bucaramanga, a través del Instituto Técnico Nacional de Comercio, efectúa dicha prestación, por lo que se encuentra legitimado en la causa por pasiva en el presente litigio.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«PRIMERA: Que se DECLARE que de la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«PRIMERA: Que se DECLARE que de la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($79.969.127,80) M/CTE, que el Banco Popular S.A. transfirió a la Cuenta Corriente No. 110 -481-02203-6 cuyo titular es el INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO el 28 de marzo de 2018 por concepto de reintegros del Gravamen a los Movimientos Financieros, SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS ($79.954.433,12) M/CTE corresponden a un mayor valor erróneamente abonado, lo que constituye un PAGO

DE LO NO DEBIDO.

SEGUNDA: Que se DECLARE patrimonialmente responsable a los demandados: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y al INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO con ocasión del enriquecimiento sin justa causa, ocurrido como consecuencia de la no devolución de la suma de

SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS ($79.954.433,12) M/CTE señalada en la pretensión anterior.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se CONDENE al MUNICIP IO DE BUCARAMANGA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y al INSTITUTO NACIONAL DEL COMERCIO, a pagar al BANCO POPULAR S.A. la

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se CONDENE al MUNICIP IO DE BUCARAMANGA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y al INSTITUTO NACIONAL DEL COMERCIO, a pagar al BANCO POPULAR S.A. la

suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS ($79.954.433,12) M/CTE a titulo de restitución o indemnización.

CUARTO: Que se CONDENE al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y al INSTITUTO NACIONAL DEL COMERCIO, a pagar al BANCO POPULAR S.A., la suma indicada en la PRETENSIÓN TERCERA, junto con la indexación y los intereses moratorios desde el día veintiuno (21) de enero de 2019

(fecha en que la demandada recibió la solicitud de restitución del dinero) hasta la fecha en que efectivamente se efectúe el pago de lo ordenado en la sentencia.

QUINTA: Que se co ndene al pago de costas y agencias en derecho a la parte demandada»

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La parte demandada, Municipio de Bucaramanga3, a través de apoderado judicial se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda , al

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00046 SAMAI, One Drive, archivo 01DemandayAnexos.pdf, folio 1 al 5 3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00046 SAMAI, One Drive, archivo 13ContestaciónDemanda.pdfReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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01DemandayAnexos.pdf, folio 1 al 5 3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00046 SAMAI, One Drive, archivo 13ContestaciónDemanda.pdfReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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considerar que no se acreditaban perjuicios ni podía derivarse imputación jurídica alguna en su contra.

Sostuvo que la situación fáctica y jurídica planteada se enmarca, en estricto sentido, en un eventual enriquecimiento sin justa causa derivado exclu sivamente de la relación contractual existente entre el Banco Popular y la Institución Educativa, razón por la cual —a su juicio— el ente territorial carece de legitimación en la causa por pasiva.

Del mismo modo, señaló que el Municipio de Bucaramanga no administra ni incorpora a su patrimonio los recursos del Instituto Técnico Nacional del Comercio, puesto que estos son gestionados directamente por el rector a través del Fondo de Servicios Educativ os. En consecuencia, afirmó que no se configuraba enriquecimiento sin justa causa alguno en cabeza del municipio.

Propuso las siguientes excepciones: i) Falta de jurisdicción y competencia; ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva; iii) Hecho excl usivo de la víctima como causa exclusiva y determinante del daño y generación de los perjuicios solicitados en la demanda; iv) Inexistencia de enriquecimiento sin justa causa por parte del Municipio de Bucaramanga; v) Inexistencia de imputación fáctica y j urídica de los

causa exclusiva y determinante del daño y generación de los perjuicios solicitados en la demanda; iv) Inexistencia de enriquecimiento sin justa causa por parte del Municipio de Bucaramanga; v) Inexistencia de imputación fáctica y j urídica de los daños predicados en la demanda en cabeza del Municipio de Bucaramanga; vi) Ausencia de fundamento fáctico y jurídico para los montos pretendidos; y vii) Genérica.

1.4. La sentencia apelada4

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en providencia de fecha trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022), resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR ADMINISTRATIVA y EXTRACONTRACTUALMENTE responsable al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por el empobrecimiento sufrido por el BANCO POPULAR S.A., con relación a los mayores valores en cuantía de $79.954.433,12 de pesos M/CTE que fueron transferid os a la cuenta corriente No. 110-481-02203-6 de la I.E. INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO en fecha 28 de marzo de 2018, sin causa que lo justifique, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en favor del BANCO POPULAR S.A. al pago de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS ($79.954.433,12 DE PESOS M/CTE). Dicha suma deberá ser debidamente actualizada de acuerdo con la fórmula de que trata la parte

M/CTE CON DOCE CENTAVOS ($79.954.433,12 DE PESOS M/CTE). Dicha suma deberá ser debidamente actualizada de acuerdo con la fórmula de que trata la parte motiva de esta providencia.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00079 SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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TERCERO: La entidad dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 187 y siguientes del C.P.A.C.A.

CUARTO: CONDÉNASE en costas a la PARTE DEMANDADA, las cual es serán liquidadas por Secretaría. Para el efecto, en auto posterior se fijarán las agencias en derecho a cargo de esa parte y a favor del demandante […]».

Para sustentar su decisión, el a quo indicó que el artículo 871 del Estatuto Tributario establece como hechos generadores del gravamen a los movimientos financieros la realización de transacciones mediante las cuales se disponga de los recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como los débitos que se efectúen a cuentas contables y de otro género —diferentes a las mencionadas — destinados a cualquier pago o transferencia a un tercero. Asimismo, recordó que como mecanismo para el recaudo de dicho gravamen se dispuso la retención en la fuente, de modo que el artículo 876 ibídem señala que las entidades financieras donde se encuentren radicadas las cuentas corrientes, de ahorro, de depósito u

como mecanismo para el recaudo de dicho gravamen se dispuso la retención en la fuente, de modo que el artículo 876 ibídem señala que las entidades financieras donde se encuentren radicadas las cuentas corrientes, de ahorro, de depósito u otras en las que se realicen movimientos contables que impliquen la disposición o traslado de recursos, actuarán como agentes retenedores y responsables por su recaudo y pago.

En armonía con lo anterior, precisó que, cuando se presentan retenciones en exceso o indebidamente practicadas, existe un procedimiento previsto para su reintegro, dentro del cual el agente retenedor debe verificar la procedencia de la devolución solicitada por el sujeto pasivo del gravamen, quien a su vez tiene la carga de aportar las pruebas que acrediten que la retención superó el monto permitido o se efectuó sin causa legal.

No obstante, advirtió que, tratándose de exenciones al gravamen a los movimientos financieros, su efectividad depende de que las entidades respectivas identifiquen plenamente las cuentas bancarias en las que se manejen de manera exclusiva las operaciones exceptuadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 449 de 2003.

A partir de estas consideraciones, el a quo concluyó que el Banco Popular, desde vigencias anteriores al año 2017, venía aplicando retenciones por concepto del citado gravamen sobre las cuentas No. 110 -481-021-56-6 y No. 110-481-02203-6 del Instituto Técnico Nacional de Comercio. Sin embargo, indicó que la obligación de identificar dichas cuentas para hacer efectiva la exención únicamente fue

del Instituto Técnico Nacional de Comercio. Sin embargo, indicó que la obligación de identificar dichas cuentas para hacer efectiva la exención únicamente fue cumplida a partir del 9 de agosto de 2017; por ello, los gravámenes aplicados con anterioridad se encontraban debidamente causados y no eran susceptibles de devolución ni compensación.

En consecuencia, determinó que la entidad bancaria únicamente estaba obligada a reintegrar la suma de catorce mil seiscientos noventa y cuatro pesos con sesenta y ocho centavos ($14.694,68), correspondiente a los valores retenidos desde el 9 deReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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agosto de 2017, de acuerdo con el extracto de la cuenta corriente No. 110 -48102203-6. A partir de ello co ncluyó que el Banco Popular sufrió un detrimento económico por valor de setenta y nueve millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres pesos con doce centavos ($79.954.433,12), en beneficio del demandado, sin que mediara causa jur ídica que justificara tal desplazamiento patrimonial.

Sobre esta base, el juzgador consideró acreditados los presupuestos de procedencia del medio de control, puesto que: i) se configuró un enriquecimiento a favor de la Institución Educativa y, por extens ión, del Municipio de Bucaramanga, dado que aquella se encuentra adscrita para garantizar la prestación del servicio educativo en la jurisdicción, y los recursos fueron apropiados para atender

favor de la Institución Educativa y, por extens ión, del Municipio de Bucaramanga, dado que aquella se encuentra adscrita para garantizar la prestación del servicio educativo en la jurisdicción, y los recursos fueron apropiados para atender necesidades propias de la institución y de la comunidad educati va; ii) la ventaja obtenida por el Municipio produjo un empobrecimiento correlativo del demandante; y iii) el enriquecimiento carece de causa jurídica que lo legitime.

Destacó que, conforme a la sentencia de unificación, es posible concluir que el presente medio de control procede no solo frente a enriquecimientos derivados del pago de obras o servicios en favor de la administración, sino también en otros supuestos en los cuales se acredite la existencia de un incremento patrimonial injustificado en un sujeto a expensas de otro, sin respaldo jurídico.

En efecto, afirmó que en el caso sub examine el incremento patrimonial injustificado de la demandada no corresponde al pago de obras o servicios públicos, sino a una operación financiera carente de causa lega l que avalara el traslado patrimonial efectuado.

Finalmente, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16 -10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, el a quo impuso condena en costas a la parte demandada.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demand ada, Municipio de Bucaramanga5, inconforme con la decisión de primera instancia, expuso los siguientes argumentos:

En primer lugar, afirmó que , no se configuraba un enriquecimiento por parte de la

1.4.1. La parte demand ada, Municipio de Bucaramanga5, inconforme con la decisión de primera instancia, expuso los siguientes argumentos:

En primer lugar, afirmó que , no se configuraba un enriquecimiento por parte de la administración ni un correlativo empobrecimiento del demandante, pues no se acreditó la relación de causalidad exigida para la procedencia de la acción. Sostuvo que los dineros objeto de reclamación nun ca ingresaron al patrimonio del ente territorial y que el a quo desconoció que las cuentas bancarias No. 110-481-021-566 y No. 110-481-02203-6 pertenecen exclusivamente a la institución educativa, mas

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00082 SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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no al Municipio. En consecuencia, no existe prueba que demuestre que dichos recursos fueron incorporados al haber municipal.

Seguidamente, precisó que, si bien la institución educativa carece de personería jurídica y, por ende, no tiene capacidad para comparecer por sí misma al proceso, sí posee capacidad pa ra contratar y administrar los recursos de los Fondos de Servicios Educativos a través de su rector, conforme a lo establecido en la Ley 715 de 2001 y en el Decreto 1075 de 2015.

Añadió que, aun en el evento de considerarse configurado un enriquecimiento sin justa causa a favor del Instituto Técnico Nacional de Comercio, el mismo sería atribuible, en términos causales, tanto al Banco Popular como a la propia institución

Añadió que, aun en el evento de considerarse configurado un enriquecimiento sin justa causa a favor del Instituto Técnico Nacional de Comercio, el mismo sería atribuible, en términos causales, tanto al Banco Popular como a la propia institución educativa, en su calidad de sujetos contractuales. Explicó que a ambos les era exigible el conocimiento de la normatividad aplicable al gravamen a los movimientos financieros, así como una adecuada administración de los recursos de los Fondos de Servicios Educativos. En tal sentido, no podría predicarse una relación de causalidad entre el su puesto enriquecimiento y el alegado empobrecimiento del demandante.

Adujo que lo correcto era realizar el cómputo de los gravámenes aplicados desde los años 2001 y 2004, fechas de apertura de las cuentas corrientes de la institución, y que la suma devuelt a por el Banco correspondió precisamente a retenciones efectuadas desde ese periodo y no solamente a partir del año 2017.

Sostuvo además que, tratándose de un régimen subjetivo, correspondía al actor la carga de probar los elementos que configuran tanto e l enriquecimiento como el empobrecimiento sin justa causa. No obstante, a su juicio, en el presente caso existió culpa exclusiva de la víctima en la generación de los perjuicios reclamados, lo que excluye la obligación de reparar.

Indicó igualmente que las pretensiones formuladas debieron ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria, al derivarse directamente de la relación contractual existente entre el Banco Popular y la institución educativa.

Finalmente, manifestó que no debió imponerse condena en cos tas, por cuanto no prosperaron la totalidad de las pretensiones de la demanda.

entre el Banco Popular y la institución educativa.

Finalmente, manifestó que no debió imponerse condena en cos tas, por cuanto no prosperaron la totalidad de las pretensiones de la demanda.

1.5. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto, el día 14 de septiembre de 2022, al Despacho 04 de esta Corporación, a cargo de la H. Magistrad a Francy del Pilar Pinilla Pedraza, quien en escrito de fecha 27 de octubre de 2022, se manifestó impedida para conocer de conocer el presente asunto, el cual fue aceptado mediante auto de fecha 16 de febrero de 2023, por el H. Magistrado Iván Fernando Prada Macías.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Acto seguido, a través de auto de fecha 22 de marzo de 2023 se se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciar sobre el recurso de apelación, los cuales guardaron silencio.

Posteriormente, el expediente fue redistribuido por parte del Despacho 00 1 al Despacho 009 a cargo de la Magistrada ponente, conforme a los Acuerdos PCSJA22-12026 del 15 de diciembre de 2022 y PCSJA23-12060 del 25 de abril del

2023. Por tanto, se asumirá el conocimiento del proceso en el trámite en que se encuentra.

2. CONSIDERACIONES

2023. Por tanto, se asumirá el conocimiento del proceso en el trámite en que se encuentra.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicc ión territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación6, el cual consiste en establecer si:

P.J.01: ¿Es administrativa , patrimonial y extracontractualmente responsable el Municipio de Bucaramanga por el enriquecimiento sin justa que se generó debido a la no devolución del dinero consignado erróneamente por el Banco Popular S.A. el día 28 de marzo de 2018 en la cuenta 110 -481-02203-6, cuyo titular es el Instituto Educativo Técnico Nacional de Comercio?

P.J.02: ¿Es procedente la decisión del a quo de condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, por resultar vencida en el proceso?

6 Art. 328 del CGPReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

P.J.02: ¿Es procedente la decisión del a quo de condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, por resultar vencida en el proceso?

6 Art. 328 del CGPReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo, en el que se estudiará el régimen normativo y jurisprudencial en relación con la responsabilidad de Estado, de la responsabilidad jurídica por enriquecimiento sin justa causa, la condena en costas , y, (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la responsabilidad del Estado

Nuestra Carta Política establece como una protección a la aplicación de los derechos de los ciudadanos, que el Estado debe garantizar el resarcimiento de todo daño que le sea atribuible por sus acciones u omisiones. En efecto el artículo 90

Superior dispone:

«ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. (…)»

En consecuencia, todos los debates sobre la responsabilidad extracontractual del Estado deben resolverse con fundamento en esta norma, debiéndose establecer en cada caso si existen los elementos que exige para que surja la responsabilidad, vale

autoridades públicas. (…)»

En consecuencia, todos los debates sobre la responsabilidad extracontractual del Estado deben resolverse con fundamento en esta norma, debiéndose establecer en cada caso si existen los elementos que exige para que surja la responsabilidad, vale decir, el daño antijurídico y la imputabilidad, comp rendiendo dentro de ésta última, el nexo causal.

2.4.1. De la responsabilidad por enriquecimiento sin justa causa

Acerca de ello, el órgano de cierre de esta jurisdicción unificó su jurisprudencia sobre la materia en la sentencia del 19 de noviembre de 20127. En esa oportunidad, se respondió a la disconformidad existente en torno a los elementos que debían ser acreditados para la compensación pretendida bajo esta especialidad judicial. Los eventuales casos enlistados, entre otros, fueron los siguientes:

«[…] a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impu so al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es

7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 19 de noviembre de 2012. C.P. Jaime

ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es

7 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 19 de noviembre de 2012. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24897).Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisi ón de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté

manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993 […]».

En reciente jurisprudencia de unificación del 31 de julio de 2025, el H. Consejo de Estado explicó que la expresión «entre otros», implica que los eventos previamente citados «se exteriorizaron a título meramente ilustrativo, lo cual quiere decir que los mismos no compendiaron de manera taxativa las circunstancias que válidamente pueden dar lugar a reconocer una compensación por enriquecimiento sin justa causa, específicamente, en el marco de actividades ejecutadas al margen de un contrato estatal debidamente perfeccionado, como en aque