TA SAN - Sentencia 68001-33-33-003-2021-00152-01 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300320210015201

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: EDINSON DAMIAN CARILLO DAZA Y CÉSAR

AUGUSTO CARRILLO DAZA

edcd070688@gmail.com cotaxiero.1@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

juridica.bucaramanga@fiscalia.gov.co jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co clara.cediel@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 256

TEMA: DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – MORA JUDICIAL –

Otros

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Se deciden los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la parte demandada Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de

Judicial contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda , previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Hechos

1 Documento al No. 017 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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El 13 de diciembre de 2008, aproximadamente a las 08:55 p. m., el señor Edinson Damián Carrillo Daza, conductor de una buseta de servicio público vinculada a la empresa Lusitania S.A. , fue agredido con arma blanca por el señor Wilder Alexis Flórez Rivera mien tras conducía su vehículo por inmediaciones del barrio La Cumbre.

El señor César Augusto Carrillo Daza, hermano de Edinson, quien transitaba en sentido contrario en otra buseta de la misma empresa , acudió en auxilio de este al presenciar el ataque, sin embargo, igualmente resultó herido.

Precisa que con las respectivas valoraciones medicolegales determinaron para Edinson y César augusto incapacidades de 35 días con deformidad y secuelas permanentes e incapacidad definitiva de 15 días con secuelas permanentes , respectivamente.

Precisa que con las respectivas valoraciones medicolegales determinaron para Edinson y César augusto incapacidades de 35 días con deformidad y secuelas permanentes e incapacidad definitiva de 15 días con secuelas permanentes , respectivamente.

Agrega que, interpusieron denuncia, y se dio inicio al proceso penal con radicado No. 68276-6000-250-2008-01217, en el cual se formuló imputación contra Wilder Alexis Flórez Rivera por el delito de lesiones per sonales dolosas en concurso homogéneo.

Finalizada dicha fase, se dio paso a la etapa preparatoria y de juicio , la cual se desarrolló entre los años 2014 y 2019 con múltiples audiencias, algunas efectivas y otras no, por ausencias de l defensor, testigos, coincidencias de agenda judicial o carencia de expedientes, e incluso, omisiones en la entrega de las grabaciones de audiencias, circunstancias que, a juicio del demandante, dilataron de forma inexplicable el proceso e impidieron la correcta práctica de alegatos.

Señala que solo hasta el día 6 de marzo de 2019 , se llevó a cabo la audiencia de condena, en la que se declaró la prescrip ción de la acción penal , sin que los lesionados obtuvieran reparación en esa vía.

1.1.2. Pretensiones2

En el escrito de demanda se solicitó en síntesis lo siguiente:

2 Documento al No. 017 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro

2 Documento al No. 017 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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«1. Que se declare que LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son administrativamente responsables de los perjuicio s materiales y morales ocasionados a los señores Edinson Damián Carrillo Daza y César Augusto Carrillo Daza.

2. Que las entidades demandadas son responsables de la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden ocasionados a los demandantes como consec uencia de los graves e irreversibles daños causados.

3. Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, ruego condenar a las entidades aquí demandadas a pagar a favor de los demandantes las siguientes

sumas discriminadas así:

4. Estimación razonada de los perjuicios:

DAÑOS MATERIALES (…).

CÉSAR AUGUSTO CARRILLO DAZA LUCRO CESANTE CONSOLIDADO: $9’472.578,00. Valor reclamado a indemnizar por lucro cesante consolidado.

LUCRO CESANTE FUTURO: $7’858.582,00. Valor reclamado como indemnización por lucro cesante futuro.

EDINSON DAMÍAN CARRILLO DAZA LUCRO CESANTE CONSOLIDADO: $33’078.057,00. Valor reclamado a

indemnización por lucro cesante futuro.

EDINSON DAMÍAN CARRILLO DAZA LUCRO CESANTE CONSOLIDADO: $33’078.057,00. Valor reclamado a indemnizar por lucro cesante consolidado.

LUCRO CESANTE FUTURO: $2 9’793.626,00. Valor reclamado como indemnización por lucro cesante futuro (…).

DAÑO MORAL : Con ocasión de haberse presentado tanto para CESAR AUGUSTO CARRILLO DAZA como para EDINSON DAMÍAN CARRILLO DAZA producto de su pérdida de confianza en la justicia ante el hecho de la prescripción de la acción penal y la respectiva sanción penal para su agresor, que les ha producido un daño moral manifiesto como frustración, angustia, tristeza, congoja, desconsuelo ante la indebida administración de justicia, reclama cada uno de ellos 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento de la sentencia».

1.1.3. Fundamentos de derecho

Como sustento normativo y jurídico, señaló los artículos 79, 8, 95,63, 80, 136, 206 y demás disposiciones concordantes, del «CCA» (sic).

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

La parte demandada, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3, se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que las autoridades jurisdiccionales intervinientes actuaron en todo momento con

3 Archivo 17 Documento al No. 018 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

que las autoridades jurisdiccionales intervinientes actuaron en todo momento con

3 Archivo 17 Documento al No. 018 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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estricto sometimiento a la Constitución y a la ley y respetando las garantías procesales de las partes. Además, alegó la inexistencia de daño antijurídico cierto, dado que, según expuso, el desenvolvimiento de una acción penal no presupon ía inevitablemente una condena, señalando también que los demandantes no agotaron otras vías idóneas , por ejemplo , la acción civil por responsabilida d extracontractual, para reclamar indemnización.

Finalmente, propuso el eximente de responsabilidad denominado «culpa exclusiva de la víctima» y adujo la imposibilidad de atribuir a la administración jurisdiccional el resultado de la prescripción.

La demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación 4, se opuso a la s pretensiones de la demanda alegando que la presunta demora invocada por los demandantes no era atribuible al ente investigador ; toda vez que, según indicó, la Fiscalía actuó con diligencia . Destacó que el ente instructor p resentó el escrito de acusación el 10 de junio de 2013, celebró la audiencia de formulación de imputación el 11 de julio de 2014 y el juicio oral se instaló el 10 de marzo de 2016, conforme a

acusación el 10 de junio de 2013, celebró la audiencia de formulación de imputación el 11 de julio de 2014 y el juicio oral se instaló el 10 de marzo de 2016, conforme a la dinámica impuesta por el juez natural, por lo que, según explica, habría actuado en estricta observancia de la Legalidad.

Finalmente, explicó que la extinción de la acción penal por prescripción operó con posterioridad (vencimiento del término el 1 de mayo de 2018) en el curso de la etapa de juicio, lo cual era un efecto ajeno a su gestión investigativa; por ello afirmó que cumplió cabalmente su deber de investigación , e indicó que no existió un funcionamiento defectuoso del sistema penal imputable a la Fiscalía, de modo que no podía atribuírsele responsabilidad administrativa por la prescripción declarada en sede judicial.

1.2.2. La sentencia apelada5

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Luego de indicar los hechos probados al expediente, señaló que, se acreditó que en el proceso penal Rad. 682766000250200801217 adelantado contra el señor

4 Archivo 15 Documento al No. 018 del índice de SAMAI. 5 Documento al No. 105 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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Wilder Alexis Flórez Rivera por el delito de lesiones personales dolosas, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de Floridablanca mediante sentencia del 8 de marzo de 2019, lo declaró penalmente responsable condenándolo a 48 meses de prisión y multa de 34.66 SMLMV y pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas. Todo lo anterior, respecto de la v íctima Edison Damián Carrillo Daza, y respecto de las lesiones causadas al señor Cesar Augusto Carrillo declaró la prescripción.

En contra de la referida decisión, la defensa en el proceso penal interpuso recurso de apelación, no obstante, mediante auto del 26 de febrero de 2020, el Juzgado del conocimiento declaró extinguida la acción penal.

Así las cosas, señaló que, la imposibilidad alegada de l os demandantes a ser reparados, dentro de un eventual trámite incidental de reparación integral, supone la existencia de una sentencia condenatoria en firme, por ende, consideró que el daño alegado no es cierto, pues la providencia no adquirió firmeza en v irtud del recurso de apelación contra ella interpuesto.

En ese sentido, el a quo señaló que no existe certeza ni derecho derivado de una sentencia penal condenatoria, del cual provenga una reparación como parte civil por los perjuicios causados. En relac ión con la pérdida de oportunidad, precisó que la

En ese sentido, el a quo señaló que no existe certeza ni derecho derivado de una sentencia penal condenatoria, del cual provenga una reparación como parte civil por los perjuicios causados. En relac ión con la pérdida de oportunidad, precisó que la parte demandante no realizó ningún planteamiento al respecto en el escrito de demanda, ni resultó procedente su estudio de oficio.

Agregó que, en relación con la posibilidad de obtener la reparación de perjuicios, no se extinguió definitivamente para los demandantes con la declaratoria de la prescripción penal, pues además contaron con la posibilidad de hacerse parte civil dentro del proceso penal, y a la luz de las normas civiles, podían acudir a la jurisdicción civil, para obtener el resarcimiento de los perjuicios derivados de las lesiones padecidas.

Respecto de las manifestaciones realizadas en el escrito de la demanda, relacionado con la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia de juicio oral por l a pérdida de las grabaciones de las audiencias, precisó el a quo, que el Juzgado penal de conocimiento lo advirtió y procedió a corregir el procedimiento por la vulneración al debido proceso, en la audiencia del 1° de marzo de 2019.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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En ese sentido, concluyó que, no se acreditó el primer presupuesto para predicar la responsabilidad del estado, esto es, el daño , motivo por el cual denegó las pretensiones de la demanda.

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En ese sentido, concluyó que, no se acreditó el primer presupuesto para predicar la responsabilidad del estado, esto es, el daño , motivo por el cual denegó las pretensiones de la demanda.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandante6, señaló que el a quo no aplicó en debida forma la doctrina sobre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la pérdida de oportunidad, sostuvo que el despacho no investigó ni ponderó las falencias acontecidas a lo largo de la dinámica procesal que configuraron una restricción ilegítima del derecho de acceso a la administración de justicia , en atención a la prescripción de la acción penal allí decretada.

Agregó que, los demandantes, en calidad de víctimas del proceso penal, no tenían la obligación de soportar la carga que les impuso el Juzgado penal, al perderse el expediente y dilatar la solución.

Precisa que a los demandantes se les causó un perjuicio, al no operar de manera eficiente el proceso penal, dada la mora judicial.

Sostuvo que, al día siguiente de haberse proferido la sentencia de primera instancia, se configuró la prescripción.

Recordó que , en el curso de las etapas procesales relativas a l a imputación, acusación e instalación del juicio, se presentaron múltiples aplazamientos y suspensiones por inasistencias, e incluso la constatación de la pérdida de audios esenciales que devinieron en la declaración de nulidad parcial y la posterior reanudación tardía de actuaciones que culminaron con lectura de fallo y con la posterior extinción de la acción por prescripción . Dilaciones derivadas

esenciales que devinieron en la declaración de nulidad parcial y la posterior reanudación tardía de actuaciones que culminaron con lectura de fallo y con la posterior extinción de la acción por prescripción . Dilaciones derivadas exclusivamente de la incorrecta custodia o desaparición de archivos y la tardía corrección procesal.

En ese sentido, sostuvo que la fijación del litigio debía orientar la prueba y que el juzgador, además de invocar los requisitos clásicos de la pérdida de oportunidad, debió explorar paralelamente la vulneración del acceso a la justicia, pues la simple

6 Documento al No. 107 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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remisión a la vía civil como alternativa resarcitoria resulta insuficiente en ausencia de demostración de una probabilidad real de ejecución contra el patrimonio del responsable.

Reiteró que, a los demandantes en su condición de víctimas, no les brindaron las garantías debidas, pues no les fue resuelto el proceso penal, en un plazo razonable. Concluyendo que, las entidades demandadas desconocieron la responsabilidad y las obligaciones que les asistía, como lo son la rapidez y efectividad, entre otros.

La parte demandada, Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 7; manifestó su oposición en relación con el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en virtud del cual dispuso denegar la

La parte demandada, Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 7; manifestó su oposición en relación con el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en virtud del cual dispuso denegar la condena en costas.

En concreto, solicitó su revocatoria y solicitó condenar en costas y agencias a cargo de la parte actora en ambas instancias , al considerar que resulta procedente conforme la jurisprudencia del H. Consejo de Estado.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 05 de septiembre de 20258, se admitió el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 . Posteriormente, ingresó al Despacho para fallo. De este trámite se destaca:

1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

La parte demandada, Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial9, realizó un recuento de las etapas probatorias surtidas, y reiteró que la parte demandante, pretende la reparación de un daño, el cual precisa es inexistente. Por lo anterior, soli citó se confirme el fallo de primera instancia, al indicar que no tiene responsabilidad administrativa ni patrimonial en los hechos que dieron origen al proceso.

7 Documento al No. 108 del índice de SAMAI 8 Documento al No. 0 del índice de SAMAI Segunda instancia 9 Documento al No. 011 del indice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro

8 Documento al No. 0 del índice de SAMAI Segunda instancia 9 Documento al No. 011 del indice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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La parte demandada, Fiscalía General de la Nación 10, señaló que no comparte los argumentos esgrimidos por la parte demandante, pues reitera que un eventual trámite incidental de reparación integral supone la existencia de una sentencia condenatoria en firme, por lo que, en el caso bajo estudio, no se configuró un daño cierto, en atenc ión a que la providencia no adquirió firmeza. Finalmente, reitró la solicitud de ser condena en costas.

El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Acerca de la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia

2.2. De los límites de la apelación

Para responder a los problemas jurídicos que se plantearán a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a los argumentos expuestos por las partes en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches

en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a los argumentos expuestos por las partes en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. Los problemas jurídicos

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta l os objetos de la apelación11:

10 Documento al No. 10 del indice de SAMAI. 11 Art. 328 del CGP . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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P.J. 01: ¿Se configuró el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en el trámite de la investigación penal y el proceso penal adelantado en contra Wilder Alexis Flórez Rivera al haberse configurado la prescripción de la acción penal?

P.J. 02: ¿Hay lugar a revocar la decisión que negó la condena en costas contenida en el numeral segundo de la sentencia de primera instancia?

de la acción penal?

P.J. 02: ¿Hay lugar a revocar la decisión que negó la condena en costas contenida en el numeral segundo de la sentencia de primera instancia?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará el daño, (ii) el régimen de responsabilidad aplicable en el marco del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ; y (iii) la valoración de las pruebas obrantes en el expediente.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial12

2.5.1. El daño

El daño ha sido comprendido como el menoscabo o detrimento de un interés jurídicamente tutelado, y su antijuridicidad se ha soportado en la circunstancia de que no exist a el deber de soportarlo, de cuyo elemento nacería la obligación de resarcirlo. Lo cual implica frente a los daños jurídicos o admitidos por el ordenamiento jurídico no cabría la posibilidad de solicitar reparación.

Así las cosas, en los juicios de responsabilidad estatal sería necesario demostrar el daño reclamado, así como su antijuridicidad y, una vez superada esa etapa, se pasaría a abordar o analizar su imputabilidad al Estado.

En relación al tema que plantea la demanda, la Jurisprudencia del Consej o de Estado ha establecido que se deben estudiar dos daños con entidad autónoma, uno el que consiste en la pérdida de la ganancia o la materialización del perjuicio que se pretendía evitar, y otro, el daño que se produce por la pérdida de la probabilidad de

Estado ha establecido que se deben estudiar dos daños con entidad autónoma, uno el que consiste en la pérdida de la ganancia o la materialización del perjuicio que se pretendía evitar, y otro, el daño que se produce por la pérdida de la probabilidad de obtener ese provecho o de eludir el detrimento, siendo claro que en este caso, solo surge como indemnizable el segundo, que es en el que se enmarcará la decisión de la presente controversia.

12 Tribunal Administrativ o de Santander, Magistrada Ponente: Carolina Arias Ferreira, Rad. 6800133300152019-00192-01.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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2.4.2. Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

Al respecto, la Ley 270 de 1996 dispone:

«ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO . El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».

(…)

«ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley,

privación injusta de la libertad».

(…)

«ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación».

La Ley 270 de 1996, estableció igualmente que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es una fuente de responsabilidad estatal ligada a la aplicación del artículo 90 de la Constitución Política que señala:

«ARTICULO 90. EI Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».

Lo anterior, implica para el fallador decidir los daños antijurídicos que eventualmente se causen en desarrollo de la actividad jurisdiccional que no constituyan un error judicial o privación de la libertad y que no deviene de una decisión judicial.

En cuanto a este régimen de responsabilidad patrimonial, el H. Consejo de Estado13 ha señalado:

«Ahora bien, se observa que como parte de las actividades propias de la Administración de Justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los cuales son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse en fuente de daños a terceros, algunas de ellas contenidas en providencias judiciales, otras en

Administración de Justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los cuales son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse en fuente de daños a terceros, algunas de ellas contenidas en providencias judiciales, otras en hechos concretos y unas más en simples trámites secretariales o administrativos; es por ello que surgió doctrinal y jurisprudencialmente una clasificación, posteriormente recogida por el legislador, en relación con los eventos de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, que comprende los casos, consagradas hoy en día en los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996,

13 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edinson Damián Carillo Daza y otro Demandado: Nación - Rama Judicial – Dir. Ejecutiva de Administración Judicial y otro Radicado: 680013333003-2021-00152-01

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correspondientes a la privación injusta de la libertad, al error jurisdiccional y al defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

En el presente caso, es claro que la demandante no cuestiona una medida privativa de la libertad y tampoco discute una d ecisión judicial, sino que atribuye el daño antijurídico por el cual reclama, a una actuación secretarial adelantada en el Juzgado Doce Civil del Circuito, que condujo a que la diligencia de remate dentro del proceso ejecutivo en cuestión hubiere tenido que ser declarada sin valor, por haberse surtido respecto de un bien inmueble que no fue debidamente Identificado

Juzgado Doce Civil del Circuito, que condujo a que la diligencia de remate dentro del proceso ejecutivo en cuestión hubiere tenido que ser declarada sin valor, por haberse surtido respecto de un bien inmueble que no fue debidamente Identificado en el aviso por medio del cual se dio publicidad a la futura diligencia.

Así pues, el origen del ( daño se halla en un trámite que no envuelve decisión alguna por parte del funcionario judicial, sino que constituye apenas una actuación administrativa adelantada en el desarrollo de un proceso judicial, que puede calificarse, por lo tanto, como un evento de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia que se enmarca dentro de la teoría general de la falla del servicio y por el cual, de encontrarse probado, puede deducirse la responsabilidad patrimonial de la Nación, si además se acredita el daño antijurídico que con el mismo se hubiere causado.

En relación con este criterio de imputación de responsabilidad a la Nación, ya la jurisprudencia de la Corporación, de tiempo atrás e inclusive con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991 que consagró la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, venía reconociéndolo como una mera modalidad de la falla del servicio».

En sentencia del 26 de agosto de 2015 proferida por la Sección Tercera bajo expediente 17301, y en relación con el tema en comento, la corporación precisó:

«En relación con el indebido funcionamiento de la Administración de Justicia, es necesario señalar que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Dentro de este concepto están comprendidas todas las

necesario señalar que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, y pue de provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales.

(...) De conformidad con lo anterior, es claro que la responsabilidad extracontractual del Estado, asociada a la función jurisdiccional, no se limita solamente a esa actividad estatal, sino que puede tener su génesis en las actividades accesorias que estén asociadas a la administración de justicia, motivo por el que es posible que el daño antijurídico se origine en conductas activas u omisivas de funcionarios o empleados que no ejerzan necesariamente función jurisdiccional, pero que se relac