TA SAN - Sentencia 68001-33-33-003-2022-00226-01 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300320220022601

MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

DEMANDANTE: Carlos Fernando Lucena Lizarazo

cflucena@yahoo.com gerencia@rodriguezcorreaabogados.com dependencia@rodriguezcorreaabogados.com

DEMANDADO: Nación – Ministerio de Educación Nacional

notificacionesjudiciales@mineducación.gov.co ministerioeducacionballesteros@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: Eddy Alexandra Villamizar

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 248

TEMA: Convalidación Título - Pérdida de la OportunidadOtros

MAGISTRADA PONENTE: Carolina Arias Ferreira

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 09 de diciembre de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

1 Documento al No. 02 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Fernando Lucena Álvarez

Demandado: Nación – Ministerio de Educación

1.1.1. Hechos

1 Documento al No. 02 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Fernando Lucena Álvarez

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Radicado: 68001333300320220022601

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El demandant e, médico de profesión, obtuvo el grado de especialista en Dermatología en la «Fundación Técnico Educacional Souza Marques» en Brasil, el 4 de diciembre de 2015.

El 9 de junio de 2017 presentó ante la entidad demandada, la solicitud de convalidación de dicho título, bajo el radicado No. CNV-2017-0007105, y aportó los documentos señalados en la Resolución No. 06950 de 15 de mayo de 2015.

Posteriormente, fue requerido para que allegara algunas certificaciones adicionales, las cuales presentó el 19 de diciembre de 2017. Sin embargo, mediante Resolución No. 0192 del 9 de febrero de 2018, fue negada la solicitud de convalidación. En contra de la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el día 6 de marzo de 2018.

Puntualiza que la entidad demandada tardó tres años, dos meses y dos días, en resolver la solicitud de convalidación, pues el recurso de reposición solo fue resuelto con Resolución No. 012234 del 8 de julio de 2021, en la que se ordenó la convalidación solicitada. Precisa que, desde el 26 de febrero de 2019, se contab a con concepto favorable emitido por Conaces2.

Sostiene que la entidad incurrió en mora injustificada , pues pese a que C onaces

convalidación solicitada. Precisa que, desde el 26 de febrero de 2019, se contab a con concepto favorable emitido por Conaces2.

Sostiene que la entidad incurrió en mora injustificada , pues pese a que C onaces emitió dictamen favorable de convalidación el 26 de febrero de 2019, la decisión definitiva que accedió a la convalidación fue expedida hasta el 8 de junio de 2021, mediante Resolución No. 012234, que reconoció la equivalencia del título con el de especialista en dermatología conferido por las instituciones colombianas.

Finalmente, el demandante afirmó que entre el 6 de marzo de 2018 y el 8 de julio de 2021 no pudo ejercer como especialista en dermatología y dejó de percibir la remuneración promedio de esa especialidad.

1.1.2. Pretensiones3

Con la demanda se solicitó:

2 La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES es un órgano de asesoría y coordinación sectorial perteneciente al Sector Administrativo de la Educación 3 Documento al No. 02 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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«PRIMERO: Se declare a la Nación – Ministerio de Educación Nacional administrativamente responsable en razón a la mora administrativa como origen de los perjuicios causados al Dr. Carlos Fernando Lucena.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, a reconocer y pagar a favor del

de los perjuicios causados al Dr. Carlos Fernando Lucena.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, a reconocer y pagar a favor del demandante los siguientes perjuicios, que estimo razonablemente y bajo la

gravedad de juramento así:

2.1 Perjuicios materiales:

2.1.1. Daño Emergente Se condene a pagar a la Nación Colombiana representada por el Ministerio de Educación la suma de cuatrocientos noventa y dos mil pesos ($492.000), por concepto de daño emergente equivalente a las sumas de dinero que el demandante debió sufragar con ocasión del viaje que debió rea lizar en el mes de noviembre a efectos de notificarse de una resolución inexistente.

2.1.2. Lucro Cesante Se condene a pagar a la Nación -Ministerio de Educación Nacional l a suma de ciento treinta y tres millones cuatrocientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueva pesos ($133.477.259) por concepto de lucro cesante , equivalentes a las sumas de dinero dejadas de percibir por el Dr. Carlos Fernando Lucena Lizarazo, en atención a la mora administrativa para resolver su situación como médico especialista en dermatología, de conformidad con la siguiente tabla (…)

2.2. Perjuicios Morales Solicito se condene a la Nación Colombiana representada por el Ministerio de Educación a pagar en favor de mi mandante el equivalente de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por el concepto de perjuicios morales, derivados de la aflicción psíquica en razón a la pérdida de la oportunidad laboral, como consecuencia de la mora injustificada de la administración, en resolver

mínimos legales mensuales vigentes por el concepto de perjuicios morales, derivados de la aflicción psíquica en razón a la pérdida de la oportunidad laboral, como consecuencia de la mora injustificada de la administración, en resolver dentro de los términos y de fondo, el recurso de reposición en contra de la resolución No. 01792 del 9 de febrero de 2018.

TERCERO: Los valores mencionados en los numerales anterior(sic) se deberá actualizar conforme lo dispone el art. 187 del CPACA.

CUARTO: Las entidades demandadas deberán dar cumplimiento a los art. 192 y 195 del CPACA, pagando los intereses moratorios hasta la fecha efectiva del pago.Reparación Directa

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QUINTO: Que se condene a la parte citada a cancelar los gastos prejudiciales y judiciales, así como agencias en derecho».

1.1.3. Fundamentos de derecho

Se alegó la existencia de responsabilidad patrimonial en cabeza de la entidad accionada, al considerar que se configuró una falla en la prestación del servicio por mora injustificada de la entidad dema ndada, pues desde el 26 de febrero de 2019 obraba en el expediente un concepto favorable del C onaces, sin embargo, la convalidación solo fue expedida 3 años, 3 meses y 2 días después, lo que, según el actor, reveló una actuación omisiva e injustificada de la administración que impidió su ejercicio profesional en la especialidad y originó los perjuicios reclamados.

convalidación solo fue expedida 3 años, 3 meses y 2 días después, lo que, según el actor, reveló una actuación omisiva e injustificada de la administración que impidió su ejercicio profesional en la especialidad y originó los perjuicios reclamados.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

La parte demandada, Nación – Ministerio de Educación 4, se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que el trámite de convalidación del título de especialista en dermatología se cumplió a través de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación SuperiorConace, por lo que negó su responsabilidad.

Explicó que, en el caso del demandante, resultó necesario requerir documentos complementarios en el trámite de convalidación y fue el mismo demandante quien solicitó tiempo adicional para allegarlos.

Además, la entidad puso de presente la existencia de múltiples comunicaciones durante el trámite , incluida la suspensión de términos y precisó que el trámite no pudo culminarse de inmediato por dichos requerimientos documentales.

Adicionalmente, la entidad demandada adujo causas institucionales y estructurales que justificaron los plazos observados: La implementación y actualización de la herramienta tecnológica para la tramitación de convalidaciones, el incremento de solicitudes por fenómenos como la migración y la internacionaliza ción de la oferta

4 Documento al No. 019 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Fernando Lucena Álvarez

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4 Documento al No. 019 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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educativa, y la complejidad propia de la evaluación académica para títulos sanitarios, que exige la programación de salas de C onaces, la expedición de acto administrativo por parte del Viceministro de Educación Superior y la tramitación presupuestal y logística correspondiente.

Concluyó señalando que la dilación no fue injustificada ni configuró la vulneración de derechos fundamentales, por lo anterior, la entidad negó la procedencia del pago de los perjuicios reclamados, al estimar que tales rubros no fueron debidamente acreditados.

Finalmente propuso las excepciones que denominó: «inexistencia del factor de imputación al Ministerio de Educación Nacional», «inexistencia de prueba», «de la ausencia de responsabilidad del Ministerio de Ed ucación Nacional», «tasación excesiva de los eventuales perjuicios», y, «buena fe».

1.2.2. La sentencia apelada5

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

En síntesis, señaló el a quo que, no se logró acreditar el elemento del daño, al no comprobarse la certeza de la oportunidad pérdida alegada por el demandante.

Precisó que la parte demanda nte estructuró su pretensión en torno a un lucro

comprobarse la certeza de la oportunidad pérdida alegada por el demandante.

Precisó que la parte demanda nte estructuró su pretensión en torno a un lucro cesante, que de acuerdo con los argumentos expuestos, se desprende de la pérdida de oportunidad del demandante respecto de ofertas laborales para desempeñarse como médico especialista en dermatología , en vir tud de los cuales se hubiese remunerado.

Sin embargo, el despacho señaló que el demandante no logró acreditar la existencia de un daño cierto, toda vez que no aportó pruebas sobre ofertas laborales concretas ni demostró una alta probabilidad objetiva de ser contratado. En consecuencia, no se configuró el daño como presupuesto necesario para declarar la responsabilidad del Estado.

5 Documento al No. 069 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Asimismo, se advirtió que el demandante partió de la premisa de que la mera existencia de mora administrativa gene ra automáticamente una pérdida de oportunidad, sin desarrollar una argumentación suficiente desde el punto de vista fáctico y probatorio que permitiera concluir la configuración del daño alegado.

Finalmente, se indicó que las certificaciones sobre promedi os salariales allegadas al proceso no resultaban suficientes para suplir la ausencia de prueba directa sobre oportunidades laborales efectivamente frustradas.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandante6, señaló su oposición al fallo de primera instancia. En primera

oportunidades laborales efectivamente frustradas.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandante6, señaló su oposición al fallo de primera instancia. En primera medida, abordó el principio de congruencia, y puntualizó que no se analizó en debida forma respecto de las pretensiones de la demanda.

Además, consideró que no se realizó una debida valoración probatoria por parte del a quo, respecto del concepto de pérdida de oportunidad , pues considera que, no hay que exigirse certeza en el resultado esperado.

Agregó que, el a quo, debió tener en cuenta reglas de la experiencia, como lo es, que un médico especialista procuraría desempeñar la especialidad obtenida, así como que un médico especialista devenga u na mayor asignación salarial que un médico general.

De la misma manera , señaló que , el a quo exigió demostrar ofertas laborales concretas y una probabilidad objetiva de contratación, cuando la jurisprudencia ha señalado que basta la acreditación de una probabilidad razonable y la extinción irreversible de la oportunidad.

A su juicio, el a quo desconoció hechos probados y las pruebas documentales que demostraban la diferencia entre los ingresos de un médico general y un especialista, y que permitían inferir la frustración de la expectativa profesional.

De igual manera, el apelante señaló que el a quo interpretó de forma limitada la figura de la pérdida de oportunidad, desconociendo que el trámite de convalidación

6 Documento al No. 071 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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6 Documento al No. 071 del índice de SAMAI.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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era requisito indispensable para acceder a cargos de especialista y la demora en su expedición, comportó un daño cierto, directo y no soportable por el actor. Señaló que la doctrina del Consejo de Estado admite la prueba de este tipo de daños mediante indicios y criterios de experiencia, sin necesidad de ofertas laborales formales, y recordó que en el expediente obra el título de posgrado, el concepto favorable de Conace, la experiencia profesional previa y la acreditación documental de la diferencia salarial.

Por ello insistió en que la sentencia exigió una carga probatoria desproporcionada y restrictiva que no se ajusta a los precedentes jurisprudenciales.

Afirmó que el perjuicio derivado de la mora administrativa cumpl ió con todos los criterios exigidos por la jurisprudencia , a saber: i) cierto, al tratarse de ingresos dejados de percibir cuya cuantía fue acreditada con certificaciones salariales , ii) personal, por cu anto el actor sufrió directamente la imposibilidad de ejercer la especialidad hasta la expedición de la resolución de convalidación , iii) licito, dado que reclamó remuneraciones legítimas por el ejercicio de la medicina; y iv) persistente, al no haber sido previamente reparado.

Agregó sobre la falta de diligencia y el incumplimiento de principios como celeridad, eficacia, debido proceso y moralidad por parte de la entidad demandada.

persistente, al no haber sido previamente reparado.

Agregó sobre la falta de diligencia y el incumplimiento de principios como celeridad, eficacia, debido proceso y moralidad por parte de la entidad demandada.

Para concluir, solicitó la revocatoria de la decisión para declarar la responsabilidad de la entidad demandada y su condena al pago de los perjuicios reclamados.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 8 de agosto de 2025 7, se admitió el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, ingresó al Despacho para fallo. De este trámite se destaca:

1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

7 Documento al No. 05 del índice de SAMAISegunda instancia.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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La parte demandada Nación – Ministerio de Educación 8, se opuso a los argumentos plasmados en el rec urso de apelación y solicitó confirmar el fallo de primera instancia. Señaló que, en el caso bajo estudio, no se estructuró una mora administrativa, toda vez que los documentos presentados por el demandante fueron presentados de manera incompleta.

Además, puso de presente la mayor cantidad de solicitudes de convalidación, por lo que, la entidad estaba presentando dificultades para dar respuesta a todas las solicitudes en los tiempos establecidos.

presentados de manera incompleta.

Además, puso de presente la mayor cantidad de solicitudes de convalidación, por lo que, la entidad estaba presentando dificultades para dar respuesta a todas las solicitudes en los tiempos establecidos.

Agregó que, los títulos del área de la salud deben ser sometidos al criterio de evaluación de Conaces.

Reitero que dicha entidad, cumplió con el debido proceso, e indic ó que no se estructuró mora en el trámite.

Finalmente, puntualizó que no se configuró el daño alegado , toda vez que el demandante no presentó la totalidad de los documentos requeridos, además no se acreditaron los perjuicios materiales.

El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Acerca de la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a reso lver la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

8 índice 00010. Expediente Digital SAMAI. Segunda Instancia.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al

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Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de la apelación9:

P.J.01: ¿Se configuró un daño antijurídico susceptible de ser reparado por parte de la entidad demandada como consecuencia de la mora en el trámite de la convalidación del título como dermatólogo del demandante?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará la responsabilidad del estado, (ii) sobre la pérdida de oportunidad y, (iii) la valoración de las pruebas obrantes en el expediente.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. La responsabilidad del estado

Conforme lo ha señalado este Tribunal, el art. 90 de la Constitución Política señala: «El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…)», en ese sentido, consagró que, para declarar la responsabilidad extracontractual del estado, se debe acreditar: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

consagró que, para declarar la responsabilidad extracontractual del estado, se debe acreditar: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa

9 Art. 328 del CGP . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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que la justifique, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio «no dañar a otro», en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño

patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio d e las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio atrás señalado y de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

2.4.2. La pérdida de oportunidad

La pérdida de oportunidad es un daño autónomo, y se ha ent endido como la interrupción o truncamiento de una expectativa legítima que tenía una persona, para obtener un beneficio o evitar un perjuicio y que deriva de la intervención u omisión de un tercero.

Al respecto el Consejo de Estado10 ha sostenido lo siguiente:

«Esta postura jurisprudencial al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado precisa que la pérdida de oportunidad es un daño en sí mismo con identidad y características propias, diferente de la ventaja final esperada o del perjuicio que se busca eludir y cuyo colofón es la vulneración a una expectativa legítima, la cual debe ser reparada de acuerdo al porcentaje de probabilidad de realización de la oportunidad que se perdió (…)».

busca eludir y cuyo colofón es la vulneración a una expectativa legítima, la cual debe ser reparada de acuerdo al porcentaje de probabilidad de realización de la oportunidad que se perdió (…)».

A su turno, para que se configure la pérdida de oportunidad como un daño autónomo, la jurisprudencia del máximo órgano 11 de la jurisdicción contenciosa administrativa ha desarrollado tres requisitos: i) la certeza de la oportunidad que se

10 Sección Tercera, Subsección B, consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero. sentencia del 5 de abril de 2017. 11 Sección tercera, Subsección B, consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero sentencia del 12 de octubre de 2017, radicado 66001-23-31-000-2005-01021-04(42803).Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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pierde; ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento; y que iii) la víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la obtención del resultado esperado, es decir, que debe analizarse si el afectado se encontraba en condiciones fácticas y jurídicas idóneas para alcanzar el provecho.

Adicionalmente, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado12 ha indicado:

«desde la óptica del daño se erige la pérdida de una oportunidad como la lesión a un interés jurídico tutelado y, en esa medida, para su configuración es necesario que

indicado:

«desde la óptica del daño se erige la pérdida de una oportunidad como la lesión a un interés jurídico tutelado y, en esa medida, para su configuración es necesario que se trate de la pérdida de una oportunidad seria. La oportunidad pérdida debe contar con un grado de suficiencia que permita concluir que, la acción u omisión de la autoridad pública generadora de daño, disminuyó la probabilidad de ganar o, aumentó la de perder, de manera relevante para el derecho. Lo anterior obedece al concepto mismo de interés legítimo, en el que se fundamenta la pérdida de oportunidad como daño, en la medida en que debe tratarse de una posición de ventaja reservada para e l titular del interés; por lo anterior, esa oportunidad debe contar con unos mínimos de relevancia jurídica, que permitan calificarla como valiosa o real (…)».

2.5. De las pruebas obrantes en el expediente

Del trámite de convalidación del título de dermatología

• Diploma del demandante, como médico y cirujano de la Universidad Industrial de Santander13.

• Diploma de la «Fundación Técnico Educacional Souza Marques» en dermatología, del demandante14.

• Constancia de la radicación de la solicitud de convalidación elevada por el demandante ante el Ministerio de Educación Nacional, bajo el radicado No.

PR-2017-0009611 de fecha 06 de junio de 201715.

• Con oficio No. 2017-ER-255695 del 24 de noviembre de 201 7, el Ministerio de Educación, le otorgó la prórroga al demandante, para allegar una documentación solicitada16.

• Con oficio No. 2017-ER-255695 del 24 de noviembre de 201 7, el Ministerio de Educación, le otorgó la prórroga al demandante, para allegar una documentación solicitada16.

12 Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2019, consejero ponente: Alberto Montaña Plata, radicado:25000 -23-26 0002005-01794-01 (40916). 13 Pág. 01 Doc. 02 14 Pág. 32 Doc. 02 15 Pág. 34 Doc. 02 16 Pág. 43 Doc. 02Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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• Resolución No. 01792 del 09 de febrero de 2018 por medio de la cual la subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional negó la solicitud de convalidación de título elevada por el demandante17, la cual fue notificada el 20 de febrero de 2018.

• La parte demandante, presentó r ecurso de reposición y en subsidio de apelación de fecha 06 de marzo de 201818.

• Mediante o ficio 2018 -EE-191071 de fecha 11 de diciembre de 2018 el subdirector Técnico de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, le informó al demandante, entre otros asuntos, la suspensión de los términos, de la recepción de solicitudes y del pago, en relación con los procesos de convalidación de títulos de educación super ior otorgados en el exterior, por

informó al demandante, entre otros asuntos, la suspensión de los términos, de la recepción de solicitudes y del pago, en relación con los procesos de convalidación de títulos de educación super ior otorgados en el exterior, por el término de 10 días hábiles contados entre el 09 al 23 de octubre de 201819.

• Con petición elevada el 19 de septiembre de 2019, el demandante solicitó respuesta respecto de los recursos interpuestos20.

• Concepto de evaluación de estudios de educación superior realizados en el exterior expedido por la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES del 26 de febrero de 2019, en el que dispone como concepto técnico el de «convalidar», toda vez que «se logró evidenciar que lo cursado por el recurrente cumple con los requisitos y el desarrollo de competencias exigidas para la obtención del mismo título en Colombia»21.

• Oficio No. 2019-ER-264908 del 19 de septiembre de 2019 suscrito por el subdirector Técnico de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación, en el que le inform ó al demandante que el acto administrativo que resolvía el recurso había sido generado y solicitó acercarse a sus instalaciones, a fin de notificarlo22.

17 Pág. 79 Doc. 02 18 Pág. 84 Doc. 02 19 Pág. 97 Doc. 02 20 Pág. 100 Doc. 02 21 Consideraciones de la Resolución No. 012234 del 08 de julio de 2021 22 Pág. 100 Doc. 02Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Fernando Lucena Álvarez

Demandado: Nación – Ministerio de Educación

21 Consideraciones de la Resolución No. 012234 del 08 de julio de 2021 22 Pág. 100 Doc. 02Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Radicado: 68001333300320220022601

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• Tiquetes aéreos de fecha 3 al 8 de noviembre de 2019 23 del señor Carlos

Fernando Lucena Lizarazo.

• Con Oficio No. 2021 -ER-044381 del 10 de mayo de 2021 el subdirector Técnico de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Ministerio de Educación, le informó al demandante que el acto administrativo que resolvería el recurso reposición se encontraba en revisión24.

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