TA SAN - Sentencia 68001-33-33-004-2017-00277-04 (25-09-2025)

Tribunal Administrativo de Santander

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Detalles

Título
TA SAN - Sentencia 68001-33-33-004-2017-00277-04 (25-09-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Santander
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300420170027704

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTES: SOLLY CLARENA CASTILLA BAEZ

insog-mag-@hotmail.com; mendezmagda171@gmail.com; contacto@ardilaasesores.com; mm.abogados.80@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE

ADMINISTRACION JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 265

TEMA: PRIMA ESPECIAL 30% - Laboral

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de fecha primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que la señora Solly Clarena

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que la señora Solly Clarena Castilla de Palacio es beneficiaria de la prima especial de servicios equivalente al

1 Expediente digital, Gestión en otras Corporaciones, actuación 000 39 SAMAI, Expediente ZIP , archivo 01 Exp68001333300420170027702.PDF, folio 9 al 13Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Solly Clarena Castilla Baez

Demandado: NaciónRama Judicial – Dirección Ejecutiva

de Administración Judicial Radicado: 68001333300420170027704

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30 % creada mediante el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, desde el 12 de octubre de 2010 hasta la fecha, por su condición de Juez de la República. Precisó que desde dicha fecha y hasta la actualidad se le ha liquidado y pagado todas las prestaciones sociales teniendo únicamente en cuenta el 70 % del valor de cada prestación, adeudándosele el 30 %.

El 25 de abril de 2016 solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la reliquidación de la prima especial de servicios del 30 % como factor salarial, la cual fue resuelta de forma desfavorable a través de la Resolución No. 03283 de 25 de abril de 2016 , contra la cual se interpuso recurso de apelación, frente al cual operó el silencio administrativo negativo.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«PRIMERA: Que se INAPLIQUEN por ilegales en el caso de mi poderdante SOLLY

operó el silencio administrativo negativo.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«PRIMERA: Que se INAPLIQUEN por ilegales en el caso de mi poderdante SOLLY CLARENA CASTILLA DE PALACIO, actual Juez Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga (s.), los Decretos 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014 y siguientes, por medio de l os cuales la Presidencia de la República consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% del salario de los Magistrados y Jueces de la República por las razones expuestas en los hechos de esta demanda.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anter ior declaración, es NULO el Acto Administrativo definitivo contenido en la Resolución No. 03283 de 25 de abril de 2016, expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, Dr. JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO, por medio del c ual le negó a la Juez Dra. SOLLY CLARENA CASTILLA DE PALACIO, el reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, entre otros, le adeuda la administración judicial demandada, entre el 12 de octubre de 2010 a la fecha y en adelante como Juez de la República, la cual deben ser el resultado de aplicar el 30% de prima especial como SALARIO para su reliquidación.

2 Expediente digital, Gestión en otras Corporaciones, actuación 000 39 SAMAI, Expediente ZIP , archivo 01

aplicar el 30% de prima especial como SALARIO para su reliquidación.

2 Expediente digital, Gestión en otras Corporaciones, actuación 000 39 SAMAI, Expediente ZIP , archivo 01 Exp68001333300420170027702.PDF, folio 8 al 9Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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TERCERA: Finalmente, que es NULO el acto administrativo ficto o presunto, proveniente del silencio negativo de la administración, al no responder dentro del término establecido en el art. 86 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso de apelac ión oportunamente interpuesto por el suscrito apoderado, dado que hasta el momento la Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial con sede en Bogotá D.C., no ha dado respuesta, ni notificado decisión alguna a la mencionada Juez de la República SOLLY CLARENA CASTILLA DE PALACIO, ni al suscrito apoderado judicial.

CUARTA: Que a título de Restablecimiento del Derecho y como consecuencia de la Nulidad de los Actos Administrativos atrás expresados, se ordene a la NaciónConsejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con sede en Bogotá, que reconozca y pague a la Dra. SOLLY CLARENA CASTILLA DE PALACIO, los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, boni ficaciones, que la entidad

con sede en Bogotá, que reconozca y pague a la Dra. SOLLY CLARENA CASTILLA DE PALACIO, los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, boni ficaciones, que la entidad demandada le adeuda entre el 12 de octubre de 2010 hasta la fecha y en adelante como Juez de la República, las cuales deben ser el resultado de aplicar el 30% de prima especial como SALARIO para su reliquidación,'^ porcentaje que nunca fue reconocido como salario mediante los Decretos de aumento anual de remuneración de la mencionada Servidora Pública, números 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014 y siguientes.

QUINTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a la accionante, al tiempo de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, la suma total que corresponde por los conceptos expresados en la pretensión 4ª anterior.

SEXTA: Que igualmente como consecuencia de la Nulidad solicitada en la pretensión segunda y tercera de esta demanda, a título de Restablecimiento del Derecho, se condene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar los intereses en la forma y términos expresados en el Artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

SEPTIMA: Las condenas respectivas a favor de la actual Juez de la República aquí demandante, serán actualizadas o indexadas de conformidad con lo previsto en elNulidad y Restablecimiento del Derecho

SEPTIMA: Las condenas respectivas a favor de la actual Juez de la República aquí demandante, serán actualizadas o indexadas de conformidad con lo previsto en elNulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Solly Clarena Castilla Baez

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Artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, desde la fecha en que se hicieron exigidles hasta que cause ejecutoria la sentencia que le de término definitivo al proceso.

OCTAVA: Que a la providencia de mérito favorable, la entidad pública demandada le dé cumplimiento en los términos de los Artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de

2011».

1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Invocó como normas vulneradas: Los artículos 2, 13, 25, 29, 53, numeral 19 literal e del artículo 150 e inciso 9 del artículo 215 de la Constitución Política; el artículo 12 del Decreto 717 de 1978; los artículos 2 y 10 de la Ley 4 de 1992; el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; Ley 482 de 1998 y artículo 14 del Código

Sustantivo del Trabajo.

Como concepto de violación , la parte actora hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre el tema . Además, señaló que el Consejo de Estado ha reiterado que la denominada prima especial del 30 % que perciben mensualmente los Jueces y Magistrados de la República constituye salario, razón por la cual debe

jurisprudencial sobre el tema . Además, señaló que el Consejo de Estado ha reiterado que la denominada prima especial del 30 % que perciben mensualmente los Jueces y Magistrados de la República constituye salario, razón por la cual debe tenerse en cuenta para la liquidación de prestaciones e inaplicar por inconstitucional cualquier norma legal que contraríe los postulados supralegales.

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. La parte demandada, Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4, se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, por considerar que los salarios y prestaciones sociales fueron pagados con sujeción al régimen salarial y prestacional de los servidores públicos para la época que se causaron. Así mismo, señaló qu e los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme derecho, atendiendo a la normatividad vigente para el tiempo en que se presentó la solicitud de reconocimiento de prima especial.

3 Expediente digital, Gestión en otras Corporaciones, actuación 000 39 SAMAI, Expediente ZIP , archivo 01 Exp68001333300420170027702.PDF, folio 13 al 18 4 Expediente digital, Gestión en otras Corporaciones, actuación 000 39 SAMAI, Expediente ZIP , archivo 01 Exp68001333300420170027702.PDF, Folio 105 al 132Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.5. La sentencia apelada5

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1.5. La sentencia apelada5

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de B ucaramanga, en providencia de fecha primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y 991 de 2019, por medio de los cuales la Presidencia de la Repúb lica consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% del salario de los Magistrados y Jueces de la república, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución No. 03283 de 25 de abril de 2016, proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, que negó la petición de reliquidación de prestaciones sociales de la demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 03283 de 25 de abril de 2016 que negó la reliquidación de las prestaciones sociales a la demandante tomando como

de la falta de respuesta del recurso de apelación, interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 03283 de 25 de abril de 2016 que negó la reliquidación de las prestaciones sociales a la demandante tomando como factor salarial el 30% de prima especial.

CUARTO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo contenido en Resolución No. 03283 de 25 de abril de 2016 que negó la reliquidación de las prestaciones sociales a la demandante tomando como factor salarial el 30% de prima especial.

QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR  a la NACIONRAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL a: Reliquidar y pagar,

5 Expediente digital, Gestión en otras Corporaciones, actuación 00039 SAMAI, Expediente ZIP , Expediente digital, actuación 00029 SAMAI, One Drive, Archivo 14SentenciaPrimeraInstancia.pdfNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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si aún no lo ha hecho, las prestaciones sociales deven gadas por la demandante SOLLY CLARENA CASTILLA DE PALACIO en su condición de Juez de la República, causadas desde 25 de abril de 2013 y hasta que por razón del cargo

si aún no lo ha hecho, las prestaciones sociales deven gadas por la demandante SOLLY CLARENA CASTILLA DE PALACIO en su condición de Juez de la República, causadas desde 25 de abril de 2013 y hasta que por razón del cargo tenga derecho, teniendo en cuenta para el efecto el 30% que en su momento se había descontado erróneamente del salario básico a título de Prima Especial de Servicios, durante los lapsos de vinculación laboral como funcionaria de la Rama Judicial.

SEXTO: DECLARAR que ha operado la prescripción de las sumas adeudadas con anterioridad al 25 de a bril de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEPTIMO: NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva».

Como fundamento de la anterior decisión, el a quo consideró que, conforme a la jurisprudencia unificada de 2019 se reafirmó que la Prima Especial prevista en la Ley 4 de 1992 debe corresponder al menos al 30% del salario básico, atendiendo los principios de progresividad y no regresión, y que esta debe incluirse en el cálculo de las prestaciones sociales correspondientes.

Por otro lado, argumentó que la interpretación legal que redujo o excluyó dicha prima de la base de liquidación vulnera derechos laborales constitucionales y viola los principios de igualdad y justicia, por lo cual, en aplicación del precedente jurisprudencial, ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales incluyendo la proporción del 30% considerado como componente salarial, de conformidad con las sentencias que declararon la nulidad de los decretos que la regulaban y la jurisprudencia consolidada.

proporción del 30% considerado como componente salarial, de conformidad con las sentencias que declararon la nulidad de los decretos que la regulaban y la jurisprudencia consolidada.

Por lo anterio r, consideró que, la parte demandante tiene derecho al pago de la diferencia que resulte de la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 30%, no obstante, precisó que, esta únicamente tiene carácter salarial para efectos pensionales, por lo que no debe tenerse en cuenta para liquidar las demás prestaciones sociales como factor de liquidación.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Finalmente, concluyó que las sumas causadas antes del 25 de abril de 2013 se encuentran prescritas.

1.6. El recurso de apelación

1.6.1. La parte demandante, Solly Clarena Castilla de Palacios 6, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, por cuanto el 30 % de la prima especial no se le ha reconocido de manera real y efectiva.

Indicó que no existe prescripción de los derechos reclamados teniendo en cuenta que la expectativa legitima para reclamar nació con la sentencia 2 de abril de 2009 y la del 29 de abril de 2014, y que antes de esas fechas, las disposiciones contenidas en todos los decretos salariales de la Rama Judicial, sobre la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 tenían presunción de legalidad.

contenidas en todos los decretos salariales de la Rama Judicial, sobre la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 tenían presunción de legalidad.

Afirmó que la prescripción de los derechos reclamos solo procede si la solicitud de su reconocimiento se presenta después de tres años contados desde la ejecutoria de la sentencia de fecha 29 de abril de 2014, por medio de la cual se declaró la nulidad de los decretos salariales que interpretaron de forma errónea la Ley 4 de 1992 que creó la prima especial, pues solo a partir de esa fecha se hizo exigible el derecho.

Señaló que, en el caso concreto, la vía gubernativa se agotó el 25 de abril de 2016, por lo cual no habían trascurrido tres años desde la promulgación de la Sentencia del 29 de abril de 2014. En consecuencia, la petición fue presentada dentro del plazo de tres años siguientes a su expedición y mucho antes de la ejecutoria de la Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019.

6 Expediente digital, Gestión en otras Corporaciones, actuación 00039 SAMAI, Expediente ZIP , Archivo 17AdjuntoMemorialRecursoDemandante13Diciembre2021.pdfNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.6.2. La parte demandada, Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial7, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por las siguientes razones:

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1.6.2. La parte demandada, Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial7, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por las siguientes razones:

Sostuvo que en el presente caso operó la prescripción trienal de los derechos laborales, toda vez que el demandante radicó la petición ante la Seccional de Bucaramanga el «25 de abril de 2016» (sic); por lo cual, las sumas reclamadas con anterioridad al «25 de abril de 2013» (sic) se encuentran prescritas.

Por otro lado, propuso las siguientes excepciones: i) se encuentra configurada la caducidad del medio de control, ii) inexistencia del demandado; iii) ineptitud de la demanda; iv) Cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar; v) Falta de legitimación en la causa por pasiva; vi) La demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios; vii) La prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como emolumento sin carácter salarial; viii) Imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamados por la parte actora.

1.7. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto el día diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025) al Despacho 09 del Tribunal Administrativo de Santander.

Acto seguido, mediante auto de fecha cinco (05) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) se admitieron los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, en el que se concedió a las partes y al Ministerio

Acto seguido, mediante auto de fecha cinco (05) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) se admitieron los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciarse sobre el recurso de apelación.

1.7.1. La parte demandante, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y se pronunció respecto del recurso de apelación presentado por la parte demandada.

7 Expediente digital, Gestión en otras Corporaciones, actuación 00039 SAMAI, Expediente ZIP, Archivo 19Recurso.pdfNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Solly Clarena Castilla Baez

Demandado: NaciónRama Judicial – Dirección Ejecutiva

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1.7.2. La parte demandada, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 8, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, además presentó apelación adhesiva a efectos de complementar el recurso de apelación presentado.

1.7.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad.

1.8. Cuestión Previa

La parte demandada, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en su escrito de alegatos de segunda instancia, presentado el 12 de septiembre de 2025, formuló apelación adhesiva con el propósito de complementar el recurso de apelación interpuesto.

Administración Judicial, en su escrito de alegatos de segunda instancia, presentado el 12 de septiembre de 2025, formuló apelación adhesiva con el propósito de complementar el recurso de apelación interpuesto.

En dicho escrito, la parte demandada señaló que ponía en conocimiento de esta Corporación que la parte demandante, Solly Clarena Castilla de Palacio, cuenta con una sentencia ejecutoriada de segunda instancia que le reconoció la reliquidación y pago de las prest aciones sociales, con la inclusión del 30% de la prima especial, bajo el radicado 68001333100120100018901.

De igual manera, indicó que el Tribunal Administrativo de Santander – Sala de Conjueces, adelanta simultáneamente un proceso de primera instancia en contra de la Rama Judicial, bajo el radicado 68001333301120170031401 . La Sala pudo verificar que en dicho proceso se solicita el pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como adicional al salario, pero sin carácter salarial, así:

«[...] SEXTA: A título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad de los act os administrativos atrás expresados, se ordene a la NaciónConsejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administrac ión Judicial con sede en Bogotá, que reconozca liquide y pague a la Dra. SOLLY CLARENA CASTILLA de PALACIO, de régimen nuevo o acogido, el pago de su prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, entre el 04 de julio de 2006 al 30

8 Expediente digital, índice 00010 SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

consagrada en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, entre el 04 de julio de 2006 al 30

8 Expediente digital, índice 00010 SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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de Administración Judicial Radicado: 68001333300420170027704

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de septi embre de 2009 y desde el 10 de octubre de 2010 hasta la fecha y en adelante, como Juez de la República , debiendo ajustarse o liquidarse el 30% de prima especial como plus o componente adicional de su salario , incluyendo en él todas las prestaciones constit utivas de salario, tales como : prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, prima de productividad y demás prestaciones que por cualquier otro concepto le corresponda como prestaciones sociales de su salario

  • La reliquidación del 30% de prima especial como plus o componentes adicional del salario, deberá causar intereses sobre el valor de los ajustes o reliquidaciones efectuadas, desde la fecha en que debieron liquidarse y pagarse los conceptos prestacionales señalados, hasta el día en que los mismos sean satisfechos.
  • De igual manera la reliquidación del 30% de prima especial como plus o componente adicional del salario, deberá ser actualizado o indexado aplicando el índice de precios al consumidor, expedido por el DANE, desde la fecha en que se debieron pagar los conce ptos señalados, hasta el día en que los mismos sean efectivamente cancelados». (Destacado de la Sala).

índice de precios al consumidor, expedido por el DANE, desde la fecha en que se debieron pagar los conce ptos señalados, hasta el día en que los mismos sean efectivamente cancelados». (Destacado de la Sala).

En este sentido, la parte demandada adujo que no es procedente incluir pretensiones que no han sido estudiadas en el trámite respectivo, dado que estas se encuentran siendo objeto de discusión en otro proceso judicial, lo que configura la figura de la prejudicialidad.

En primer lugar, para resolver sobre la procedencia de la apelación adhesiva presentada, esta Sala destaca que el artículo 322 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de lo Contencioso Administrativo, establece que la parte que no apeló puede adherir al recurso interpuesto por la otra parte, en lo que la providencia le fuere desfavorable.

En virtud de lo anterior, se concluye que en el presente caso no se cumplen los requisitos establecidos en la normativa citada. En efecto, se evidencia que tanto la parte demandante, Solly Clarena Castilla de Palacio, como la parte demandada, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, interpusieron recursos de apelación contra la decisión de primera instancia dentro del término legal establecido. En consecuencia, no se configuraría el supuesto de «la parte que no apeló», por lo que se declarará la improcedencia del recurso de apelación adhesiva interpuesto por la parte demandada. No obstante, los argumentos expuestos por la Rama Judicial en el escrito de fecha 12 de septiembre de 2025 serán considerados como alegatos de segunda instancia.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Solly Clarena Castilla Baez

argumentos expuestos por la Rama Judicial en el escrito de fecha 12 de septiembre de 2025 serán considerados como alegatos de segunda instancia.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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de Administración Judicial Radicado: 68001333300420170027704

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En segundo lugar, al revisar las sentencias de primera y segunda instancia dentro del proceso 68001333100120100018901, la Sala advierte que no existe identidad de causa petendi, pues, si bien en dicho proceso se reclama la prima especial como factor salarial para la reliquidación de las prestaciones sociales, el periodo reclamado y reconocido en la sentencia correspondió desde el 4 de julio de 2009 hasta el 28 de abril de 2009 y desde el 28 de abril de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2009.

En contraste, en el presente medio de control se pretende el reconocimiento y pago del 30% de la prima especial como salario para su reliquidación, del periodo comprendido entre el 12 de octubre de 2010 y la fecha actual, en adelante, como juez de la República.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa – manifestación de impedimento de la Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes

Registrado el proyecto para revisión por parte de la Sala, a través de la plataforma Teams, la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes m anifestó impedimento para conocer del proceso de la referencia en calidad de miembro de la Sala.

La Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, adujo que actualmente adelanta

Teams, la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes m anifestó impedimento para conocer del proceso de la referencia en calidad de miembro de la Sala.

La Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, adujo que actualmente adelanta proceso judicial en el que busca obtener idénticas pretensiones en relación con la prima especial del 30 %, motivo por el cual invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 141 del CGP.

Por lo anterior, considera la Sala que se configuran la causal alegada por la Magistrada. En tal sentido, se declarará fund ado el impedimento por ella manifestado y se procederá a separarla del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Solly Clarena Castilla Baez

Demandado: NaciónRama Judicial – Dirección Ejecutiva

de Administración Judicial Radicado: 68001333300420170027704

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2.2. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.3. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a los argumentos expuestos por las partes en los recursos de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a los argumentos expuestos por las partes en los recursos de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.4. Problemas jurídicos

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual consiste en establecer si:

P.J.01. ¿Tiene derecho la señora Solly Clarena Castilla Baez al reajuste de sus salarios y de sus prestaciones sociales, consistente en la diferencia entre el valor reconocido por la demandada, es decir, 70 % del salario básico mensual y el valor que resultaría de reconocerle tanto el salario como las prestaciones sociales, tomando como base de liquidación el salario básico más la prima especial de servicios? Y, en caso afirmativo, ¿desde cuándo?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado , la Sala considera nece

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