TA SAN - Sentencia 68001-33-33-004-2020-00200-01 (22-04-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintidós (22) de abril dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 68001333300420200020001

Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos

Demandante: Jaime Orlando Martínez García

derechoshumanosycolectivos@gmail.com

Demandado: Municipio de Floridablanca

notificaciones@floridablanca.gov.co

Vinculado: P.H San Felipe II

conjuntosanfelipe123@hotmail.com

Ministerio Público: Procurador 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema: Protección de derechos colectivos relacionados con el espacio público peatonal – losetas texturizadas Conjunto Residencial San Felipe II. Condena en costas a favor del beneficiario de amparo de pobreza.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del municipio de Floridablanca contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

El señor Jaime Orlando Martínez García presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el municipio de Floridablanca, siendo vinculado el Conjunto Residencial San Felipe II; con miras a que se protejan los derechos colectivos de la “población en situación de discapacidad visual” ; para tal efecto, solicitó se accedieran a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

Felipe II; con miras a que se protejan los derechos colectivos de la “población en situación de discapacidad visual” ; para tal efecto, solicitó se accedieran a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

“1-Se decrete mediante sentencia que el municipio de Floridablanca o al que corresponda, se encuentra vulnerando los derechos colectivos de la población en situación de discapacidad visual tanto temporal como permanente, ordenándole al municipio de Floridablanca en cabeza del señor alcalde o quien haga sus veces al momento en que se emita el FALLO de la presente acción pública, o al que corresponda, realizar las obras civiles necesarias para que se instalen las LOSETAS TEXTURIZADAS GUIAS DE ALERTA frente y en la parte exterior (Espacio Público) al acceso a los parqueaderos privados comunales internos de la edificación (Propiedad Horizontal), en todo su mismo ancho.

2-Se decrete mediante sentencia que el municipio de Floridablanca o al que corresponda, se encuentra vulnerando los derechos colectivos de la población en situación de discapacidad visual tanto temporal como permanente al noTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68001333300420200020001 Página 2 de 23

instalar las LOSETAS TEXTURIZADAS GUIAS DE ALERTA frente y en la parte exterior (Espacio Público) al acceso a los parqueade ros privados comunales internos de la edificación (Propiedad Horizontal) en todo su mismo ancho; no ha cumplido con el Decreto No.1538 de 2005, los artículos 3 y 7, del último artículo, el literal A, numeral 4 (…).

3-Se decrete mediante sentencia que el m unicipio de Floridablanca o al que

ancho; no ha cumplido con el Decreto No.1538 de 2005, los artículos 3 y 7, del último artículo, el literal A, numeral 4 (…).

3-Se decrete mediante sentencia que el m unicipio de Floridablanca o al que corresponda, se encuentra vulnerando los derechos colectivos de la población en situación de discapacidad visual tanto temporal como permanente, ordenándole en conexidad con el Decreto No.1538 de 2005, la Ley Estatutaria No.1618 de 2013, la Ley No.1752 de 2015 (Ley Penal), de cumplimiento igualmente con la Norma Técnica Colombiana - NTC-5610, en lo referente a la aplicación que tiene relación directa con la instalación de las LOSETAS TEXTURIZADAS GUIAS DE ALERTA frente y e n la parte exterior (Espacio Público) al acceso a los parqueaderos privados comunales internos de la edificación (Propiedad Horizontal), en todo su mismo ancho. (Ver adjunta en PDF la citada norma)

4-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial de un término prudencial de no mayor a un (01) mes, al que corresponda, para que se realicen las obras civiles pertinentes para instalar las LOSETAS TEXTURIZADAS GUIAS DE ALERTA frente y en la parte exterior (Espacio Público) al acceso a los parqueaderos privados comunales internos de la edificación (Propiedad Horizontal), en todo su mismo ancho, y al mismo tiempo que el accionado rinda informe escrito al despacho judicial manifestando el cumplimiento de la sentencia al terminar las obras, de no hacerse dentro de este término, tomar esta pretensión como el trámite

al mismo tiempo que el accionado rinda informe escrito al despacho judicial manifestando el cumplimiento de la sentencia al terminar las obras, de no hacerse dentro de este término, tomar esta pretensión como el trámite incumplido y trámite de control previo a la posible apertura del incidente de desacato.

5-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones y no en bloque. (…)

6-Se condene en costas y agencias en derecho al demandado y demás gastos económicos que se deriven en el transcurso del proceso por remisión expresa del artículo 38 de la Ley 472 de 1998, al Código General Del Proceso, al C.P.A.D.A., al acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura artículos 2 y 3, y al numeral 5 del Acuerdo PSA A16-10554 de Agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes.”

1.2. Hechos.

Como hechos relevantes de la solicitud de protección de los derechos e intereses colectivos expuso, que en el Conjunto Residencial San Felipe II ubicado en la carrera 27 No. 117-49 del municipio de Floridablanca, no se han instalado de conformidad con la Ley 361 de 1997 y en el Decreto No.1538 de 2005, las “losetas texturizadas guías de alerta ” frente y en la parte exterior y en todo su mismo ancho, para conectar en sus dos (02) extremos el andén, generando un alto riesgo para las personas en situación de discapacidad visual que deben diariamente transitar por el andén izquierdo como el sendero peatonal derecho, siendo entonces el sitio de los hechos parte integral del perfil

generando un alto riesgo para las personas en situación de discapacidad visual que deben diariamente transitar por el andén izquierdo como el sendero peatonal derecho, siendo entonces el sitio de los hechos parte integral del perfil vial y espacio público.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68001333300420200020001 Página 3 de 23

2. Contestación de la demanda.

2.1. Municipio de Floridablanca.

Concurre al proceso para oponerse a las pretensiones de la demanda señalando que la demanda no es clara en cuanto a los hechos que la motivan por cuanto el actor no es preciso en señalar por qué a su juicio en la carrera 27 No. 117-49 se materializa la vulneración a derechos e intereses colectivos; advirtiendo que en todo caso si la norma técnica impone la instalación de losetas texturizadas en las entradas de los parqueaderos de las edificaciones, en todo caso, estas deberán ser adecuadas por la propiedad horizontal.

Señala además que la demanda no cumplió con el requisito de procedibilidad que señala el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 toda vez que el agotamiento del mismo se surte respecto de la petición relativa a la instalación de pompeyano, en tanto los hechos de la demanda se sustenta en la ausencia de losetas texturizadas sobre los andenes.

Agrega que las simples fotografías que se aportan como prueba no tienen el alcance que el actor les otorga, pues no existe elemento probatorio suficiente para concluir que se configuran los elementos para la prosperidad del medio de control.

2.2. Conjunto Residencial San Felipe II.

alcance que el actor les otorga, pues no existe elemento probatorio suficiente para concluir que se configuran los elementos para la prosperidad del medio de control.

2.2. Conjunto Residencial San Felipe II.

El a quo dejó constancia en el trá mite procesal impartido, que la propiedad horizontal, no dio contestación a la demanda.

II. LA SENTENCIA APELADA.

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante providencia de fecha 21 de marzo de 2024, accedió al amparo de los derechos e intereses colectivos, empero la orden de protección no se dio en los términos de la demanda; de esta manera, resolvió:

“…PRIMERO: AMPARASE los derechos e intereses colectivos de esta acción, la defensa del patrimonio público, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad públicas, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes .

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA & P.H SAN FELIPE II, que en el término de cuatro (04) meses contados a partir de la notificación de ésta providencia, propendan por la seguridad y protección de los derechos colectivos aquí invocados e implementen las medidas necesarias para su protección, en salvaguarda del interés general, el bien común, y la dignidad de la persona humana que responda a la necesidad de las personas

los derechos colectivos aquí invocados e implementen las medidas necesarias para su protección, en salvaguarda del interés general, el bien común, y la dignidad de la persona humana que responda a la necesidad de las personas en convivencia social, adoptando las gestiones administrativas y financieras, así como todas las medidas necesarias para que se realicen las obras civilesTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68001333300420200020001 Página 4 de 23

para construir el correspondiente POMPEYANO en la porción faltante en el sitio de los hechos, carrera 27 No.117-49 de la ciudad de Floridablanca dando continuidad a todo el andén a la misma altura y sin que presente altibajos o gradas, y la correspondiente instalación de LOSETAS TEXTURIZADAS DE GUÍA Y DE ALERTA, de conformidad con las normas ICONTEC pertinentes, de tal suerte que se eliminen las barreras arquitectónicas que a día d e hoy vulneran el ejercicio de los derechos colectivos de la población en situación de discapacidad con movilidad reducida o impedimentos visuales.

TERCERO: ORDENESE la conformación de un comité para la verificación del fallo, integrado por el representa nte legal del municipio de Floridablanca, por intermedio de las dependencias que tenga injerencia en el cumplimiento de la orden impuesta, el representante legal de la P.H SAN FELIPE II, el Personero municipal de Floridablanca, la Defensoría del Pueblo y el actor popular, el cual deberá rendir al Despacho, un informe del cumplimiento de la orden aquí proferida, dentro de un plazo máximo e improrrogable de cuatro (04) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.

deberá rendir al Despacho, un informe del cumplimiento de la orden aquí proferida, dentro de un plazo máximo e improrrogable de cuatro (04) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.

CUARTO: CONDENASE en costas al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA & P.H SAN FELIPE II, y a favor del actor popular, las cuales serán liquidadas dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del

Proceso.

QUINTO: EXHORTAR al MUNICIPIO DE FL ORIDABLANCA & P.H SAN FELIPE II para que por si o por intermedio de sus dependencias, vele por la seguridad y protección de los derechos colectivos aquí invocados y continúe implementando las medidas necesarias para su protección…”

Como fundamento de lo d ecidido, el a quo manifestó, que conforme a lo señalado en el informe técnico ocular rendido por la Secretaria de Planeación de Floridablanca de fecha 6 de junio de 2022 se probó la diferencia de nivel en la vía de acceso vehicular al parqueadero privado del Conjunto Residencial.

Situación que se expone debe superarse en la formulación de infraestructura inclusiva pregonada por la normatividad vigente Norma Técnica Colombiana 5610:2022 Acces ibilidad al medio físico. Carga que considera se ha reconocido en cabeza de la municipalidad para la conser vación de los bienes públicos integrantes del especio público.

Concluye entonces que la indebida conformación de un espacio público, se manifiesta como una situación de vulneración de derechos e intereses colectivos imputable al ente territorial en donde se ubica el espacio púbico

públicos integrantes del especio público.

Concluye entonces que la indebida conformación de un espacio público, se manifiesta como una situación de vulneración de derechos e intereses colectivos imputable al ente territorial en donde se ubica el espacio púbico irregular, ello por cuanto la lectura sistemática de los artículos 82 y 313 superiores, en conjunción con las leyes 361 de 1997 y DUR 1077 de 2015, señala como responsable del mismo al ente territorial.

Por ello ordena al municipio de Floridablanca y al conjunto San Felipe II que en el término de 4 meses adopten las gestiones administrativas y financieras, así como las medidas necesarias para que se realicen las obras civiles para construir el correspondiente pompeyano en la porción faltante en el sito de los hechos y la correspondiente instalación de losetas texturizadas de guía y de alerta.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68001333300420200020001 Página 5 de 23

III. DEL RECURSO DE APELACIÓN.

El ente territorial impugna la sentencia de primera instancia afirmando que la decisión del a quo se aparta de la normativa aplicable y desconoce la realidad jurídica y material del espacio en controversia toda vez que las zonas objeto de adecuación —particularmente los accesos vehiculares de la P.H. San Felipe II — no han sido objeto de cesión al ente territorial, conforme se desprende del Oficio T -2020-1618 del Banco Inmobiliario de Floridablanca visible a índice 0025 de OneDrive.

En consecuencia, sostiene que dichas áreas no forman parte del inventario de bienes de uso público municipal, situación que considera imposibilita cualquier

visible a índice 0025 de OneDrive.

En consecuencia, sostiene que dichas áreas no forman parte del inventario de bienes de uso público municipal, situación que considera imposibilita cualquier actuación administrativa directa por parte del Municipio.

Además, se afirma que el fallo desconoce lo dispuesto en los artículos 2.2.3.5.1 y 2.2.3.5.2 del Decreto 1077 de 2015, que circunscriben la aplicación de parámetros técnicos de intervención del espacio público a zonas urbanizables no urbanizadas, excluyendo expresamente aquellas con tratamiento urbanístico de consolidación, como es el caso en estudio.

En tal virtud, estima que cualquier intervención física debe estar precedida por la adopción del Plan Maestro de Espacio Público (PMEP), instrumento técnico y normativo exigido por el Acuerdo Municipal No. 035 de 2018, sin el cual no es jurídicamente viable ejecutar las obras ordenadas, pues se c arece del marco que regule de forma específica las condiciones de accesibilidad, diseño y adecuación del espacio público consolidado.

Por estas razone s solicita la revocatoria del fallo o, subsidiariamente, se conceda al Municipio un término prudencial p ara adelantar las actuaciones administrativas necesarias para la adopción del referido instrumento.

De otra parte, insiste en la aplicación de la figura del agotamiento de la jurisdicción, pues en su sentir existen otros procesos judiciales en curso que versan sobre la misma problemática estructural, lo cual contraría los principios de economía, eficacia y celeridad procesal consagrados en el artículo 5 de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia constitucional sentencia C-037/98.

versan sobre la misma problemática estructural, lo cual contraría los principios de economía, eficacia y celeridad procesal consagrados en el artículo 5 de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia constitucional sentencia C-037/98.

Finalmente, impugna la condena en costas, manifestando que no se acreditó temeridad ni mala fe por parte del municipio y que, en todo caso el actor popular se benefició del amparo de pobreza concedido mediante auto admisorio del 5 de febrero de 2021, lo que hace improc edente tal condena conforme al artículo 366 del CGP y la interpretación reiterada del Consejo de Estado sobre la materia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68001333300420200020001 Página 6 de 23

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Mediante auto de fecha 1 0 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación1, ordenándose la notificación personal del Ministerio Público. Por auto de fecha 19 de febrero de 20252, se dispuso a correr traslado para que las partes alegaran de conclusión y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

En esta etapa procesal, el actor popular, afirma que el recurso no cumple con los requisitos técnicos para prosperar en segunda instancia y recalca que la apoderada del municipio no tuvo en cuenta artículos 2, 5, 13, 14 y 18 de la Ley 472 de 1998 que regulan el trámite, legitimación y requisitos de una acción popular. Considera que las pruebas aportadas son suficientes y el recurso no aporta nada nuevo. Por ello pide se confirme la sentencia, se impongan costas

472 de 1998 que regulan el trámite, legitimación y requisitos de una acción popular. Considera que las pruebas aportadas son suficientes y el recurso no aporta nada nuevo. Por ello pide se confirme la sentencia, se impongan costas y agencias en derecho al municipio conforme al artículo 38 de la Ley 472 de 1998, al CGP y al CPACA.

Por su parte, el municipio de Floridablanca solicita se revoque la sentencia de primera instancia o en su defecto se ordene a la P.H . Felipe II y/o urbanizador del proyecto asumir la adecuación del acceso vehículos en los términos exigidos por la normatividad vigente. Así mismo solicita se revoque la condena en costas.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

1. Aspectos Previos

1.1 Manifestación de Impedimento.

Enconándose el asunto de la referencia para efectuar pronunciamiento de fondo se allega manifestación de impedimento efectuada por la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez , quien considera estar incurso en la causal de impedimento contemplada en el num eral 3º del art. 130 de la Ley 1437 de 2011, en el sentido de advertir que hermano se desempeña en la actualidad como Secretario del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Floridablanca, cargo de nivel directivo y de libre nombramiento y

2011, en el sentido de advertir que hermano se desempeña en la actualidad como Secretario del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Floridablanca, cargo de nivel directivo y de libre nombramiento y remoción, situación que considera puede afectar la percepción de imparcialidad que se espera de la Magistrada.

Así, atendiendo a las manifestaciones efectuadas por la H. Magistrad a, considera la Sala que para el caso bajo estudio se configura la caus al de

1 Samai índice 00004 2 Samai índice 00010Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68001333300420200020001 Página 7 de 23

impedimento aludida atendiendo a que dentro del extremo pasivo se demanda al Municipio de Floridablanca; razón por la cual la Sala estima procedentes los motivos invocados por la doctora Claudia Ximena Ardila Pérez, por lo que se aceptará el impedimento manifestado, al configurarse la causal 3ª del artículo 130 del CPACA.

Así las cosas, se hace preciso apartar a la H. Magistrad a Claudia Ximena Ardila Pérez del conocimiento de la presente acción, en aras de preservar la imparcialidad en la función judicial.

1.2 Del agotamiento de Jurisdicción.

El Honorable Consejo de Estado en sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2012, concluyó que no resulta procedente la acumulación de procesos tramitados bajo el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, dado que, por la naturaleza jurídica de los derechos que se controvierten en las acciones populares, lo que corresponde es verificar la

procesos tramitados bajo el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, dado que, por la naturaleza jurídica de los derechos que se controvierten en las acciones populares, lo que corresponde es verificar la procedencia de la figura del agotamiento de jurisdicción. En ese contexto observa la Sala que el municipio de Floridablanca presentó solicitud de agotamiento de jurisdicción ante el juez de primera instancia, la cual, fue resuelta mediante providencia del 14 de julio de 2023. En dicha decisión, el a quo analizó la solicitud y concluyó que no era procedente aplicar la figura, por cuanto, al comparar los objetos de las pretensiones en uno y otro proceso, se evidenció q ue no existía identidad ni conexidad entre los mismos. Al respecto precisó que la dirección del inmueble del asunto de la referencia, no se encuentra incluida dentro de las zonas señaladas en el expediente 2008-332 al que alude la apoderada del municipio de Floridablanca a lo que agrega que, aunque puedan coincidir los derechos colectivos presuntamente vulnerados, los hechos son completamente distintos. Dicha providencia fue debidamente notificada y no fue objeto de recurso alguno por lo que adquirió firmeza razón por la cual no es el trámite del recurso de apelación de la sentencia la oportunidad procesal para reabrir tal debate. Además, se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del CPACA , las oportunidades procesales son preclusivas, y que las decisiones que adquieren firmeza hacen tránsito a cosa juzgada , no siendo posible que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre un aspecto que ,

del CPACA , las oportunidades procesales son preclusivas, y que las decisiones que adquieren firmeza hacen tránsito a cosa juzgada , no siendo posible que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre un aspecto que , se reitera, no forma parte de la sentencia recur rida, toda vez que resuelto de manera autónoma durante el trámite de primera instancia.

2. Problemas jurídicos.

De conformidad con los antecedentes reseñados y en especial con el recurso de apelación, fórmula la Sala los siguientes problemas jurídicos:Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68001333300420200020001 Página 8 de 23

PJ1. ¿Es atribuible al municipio de Floridablanca la vulneración de los derechos e intereses colectivos contenidos en los literales e), d), g), l), y m) de del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 en razón de las condiciones de accesibilidad y circulación peatonal frente al ingreso del inmueble ubicado en la carrera 27 No. 117 – 49, cuando no se construyen estructuras como losetas texturizadas y pompeyanos que permitan la adecuada circulación peatonal?

PJ2. ¿Resulta procedente la condena en costas procesales a favor del actor popular pese a ser beneficiario del amparo de pobreza?

Tesis:

PJ1. Sí. Es atribuible al ente territorial municipal la vulneración de los derechos e intereses colectivos, aun cuando el punto de intervención se ubique frente a inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, cuando se evidencia omisión en el deber constitucional y legal de conservación, vigilancia y adecuación del espacio público, particularmente respecto de andenes y

inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, cuando se evidencia omisión en el deber constitucional y legal de conservación, vigilancia y adecuación del espacio público, particularmente respecto de andenes y elementos de accesibilidad peatonal.

PJ2. Sí. La condena en costas a favor del actor popular es procedente, aun cuando este haya sido bene ficiario del amparo de pobreza, encontrando que en aplicación al criterio objetivo – valorativo hace referencia a la identificación de una parte vencedora en el proceso o en el recurso y de otra a la prueba de su causación.

3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto.

3.1 De la acción popular y su trámite.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en relación a la naturaleza de las acciones populares, establece que es un mecanismo instituido para la protección y amparo de los d erechos e intereses colectivos, siendo procedente contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, teniendo como fin hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible.

Sobre el particular, el Consejo de Estado 3 ha precisado que las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos cuando estos resulten amenazados o vulner ados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas. Se identifican por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un

públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas. Se identifican por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la protección de los referidos derechos cuya

3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 15 de agosto de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. rad: 52001-23-31-000-2010-00680-01 (AP)Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68001333300420200020001 Página 9 de 23

amenaza, vulneración, existencia del peligro, agravio o daño contingente, deberá probarse necesariamente para la procedencia del a mparo. Se tienen entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada, ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses col ectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, y iii) la relación de causalidad que debe existir entre la acción u omisión y la señalada afectación de los derechos e intereses colectivos.

Ahora bien, para su trámite, el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que:

“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o int erés colectivo

“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o int erés colectivo amenazado o violado . Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez.”4 (Subraya fuera de texto original).

Conforme la anterior norma citada, existe un requisito previo a satisfacer por el demandante para dar procedencia a la reclamación ante el órgano contencioso administrativo.

3.2 Del derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

Este derecho tiene origen en la Constitución Política de Colombia:

“(…) Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común (…)”

Reglamentado en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998:

“Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: (…) d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; (…)”

Sobre este derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, el Consejo de Estado, en sentencia de 26 de julio de 2018, ha establecido que:

uso público; (…)”

Sobre este derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, el Consejo de Estado, en sentencia de 26 de julio de 2018, ha establecido que:

4 Artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 68001333300420200020001 Página 10 de 23

“i) Es deber del Estado y, por ende, de sus autoridades, velar por la protección de la integridad del espacio público; ii) velar por su destinación al uso común; iii) asegurar la efectividad del carácter prevalente del uso común del espacio público sobre el interés particular; iv) ejercer la facultad reguladora en materia de ordenamiento territorial, en relación con la utilización del suelo y del espacio público para la defensa del interés común. (…) el derecho al goce del espacio público consiste en la posibili dad de usar, con arreglo a las normas legales o administrativas, aquellos bienes inmuebles públicos que están afectados al interés general y destinados a la utilización colectiva, por consiguiente, cualquier acción u omisión que se opon