TA SAN - Sentencia 68001-33-33-004-2021-00144-01 (28-03-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: IVÁN FERNANDO PRADA MACÍAS

Bucaramanga, veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos promovido por el señor Edgar Solier Millares Escamila contra el Municipio de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

El ciudadano Edgar Solier Millares Escamilla presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos contra el Municipio de Piedecuesta, para que se acceda a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

Se resumen a continuación:

PRIMERA: Que se declare al Municipio de Piedecuesta , es responsable administrativamente de la vulneración del derecho a la Moralidad Administrativa, como consecuencia de la sistemática y permanente negativa a resolver la situación jurídica derivada de la ejecución del plan de atención de la emergencia ambiental suscitada por el desbordamiento de fuentes hídricas en el marco de ola invernal del año 2005, en el marco del proyecto de

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Expediente: 68001333300420210014401

Medio de control: Protección de los Derechos e Intereses Colectivos

Demandantes: Edgar Solier Millares Escamilla

OLA INVERNAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Expediente: 68001333300420210014401

Medio de control: Protección de los Derechos e Intereses Colectivos

Demandantes: Edgar Solier Millares Escamilla

edgarmillaress@gmail.com gcomasesorias@gmail.com

Demandados: Municipio de Piedecuesta

notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co carmenrodriguezq1201@gmail.com Ministerio

Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos

Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Moralidad Admirativa y Patrimonio Público. Entrega de unidades de vivienda plan de atención de la emergencia ambiental suscitada por el desbordamiento de fuentes hídricas en el marco de ola invernal del año 2005, en el marco del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DEL S ECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER, formalizado a través del

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 00024 DE

2006Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68001333300420210014401

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– SANTANDER, fo rmalizado a través del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 00024 de 2006, celebrado entre el Departamento de Santander y el Municipio de Piedecuesta, Santander.

SEGUNDA: Que se ampare al derecho e interés a la Moralidad Administrativa, por razón de la reiterada extralimitación de funciones por acción y por omisión

Departamento de Santander y el Municipio de Piedecuesta, Santander.

SEGUNDA: Que se ampare al derecho e interés a la Moralidad Administrativa, por razón de la reiterada extralimitación de funciones por acción y por omisión desde el año 2009 hasta la fecha; la negligencia administrativa en el reconocimiento de un derecho y en la resolución de una situación jurídica en el marco del artículo 6 Constitucional y del inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1755 de 2015; el posible daño fiscal causado a las finanzas municipales a través de las erogaciones durante cerca de once (11) años, cuyo monto podría superar los mil millones de pesos moneda corriente ($1.000’000.000); l a comisión de faltas disciplinarias por acción y por omisión; y la posible comisión de conductas punibles.

TERCERA: Que, se ordene al Municipio de Piedecuesta adelantar las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de disponer la entrega definitiva de las soluciones de vivienda disponibles en el conjunto habitacional Villa Helena I, La Diva, en favor de los beneficiarios atendiendo al censo emitido por el comité local para la prevención y atención de desastres Acta de concertación No. 001.

CUARTA: Que, se ordene al Municipio de Piedecuesta adelantar las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de disponer la entrega definitiva de cuatro (4 ) de las cuatros soluciones de vivienda disponibles en el conjunto habitacional Villa Helena I, La Diva, en favor de cuatro (4) de las quince (15 ) familias que fueron irregularmente excluidas del proyecto de

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA

OLA INVERNAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

familias que fueron irregularmente excluidas del proyecto de

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA

OLA INVERNAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

– SANTANDER.

QUINTA: Que, se ordene al Municipio de Piedecuesta adelantar las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de resolver de manera definitiva la situación jurídica, derivada de la ejecución del plan de atención de la emergencia suscitada por el desbordamiento de fuentes hídricas en el marco de ola invernal del año 2005.

SEXTA: Que, se ordene al Municipio de Piedecuesta adelantar las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de determinar las responsabilidades y sancionar las faltas discipl inarias, penales o de otra índole, derivadas de la falta de resolución de la situación jurídica atinente con la ejecución del plan de atención de la emergencia suscitada por el desbordamiento de fuentes hídricas en el marco de ola invernal del año 2005.

SEPTIMA: Que, se ordene al Municipio de Piedecuesta adelantar las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de determinar lasTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68001333300420210014401

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responsabilidades y sancionar las faltas disciplinarias, penales o de otra índole, derivadas de la exclusión irregular de quince (15) familias beneficiarias

del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN

AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO

DE PIEDECUESTA – SANTANDER.

del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN

AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO

DE PIEDECUESTA – SANTANDER.

OCTAVA: Que, se ordene al Municipio de Piedecuesta adelantar las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de determinar las responsabilidades y sancionar las faltas disciplinarias, penales o de otra índole, derivadas de la inclusión irregular de once (11) familias no beneficiarias

del proyecto de CONSTRUCC IÓN DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA OLA INVERNAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER, en el marco de la ejecución del plan de atención de la emergencia suscitada por el desbordamiento de fuentes hídricas en el marco de ola invernal del año 2005NOVENA: Que, se ordene al Municipio de Piedecuesta adelantar las acciones administrativas pertinentes, con la finalidad de determinar las responsabilidades y sancionar las faltas disciplinarias, penales o de otra índole, derivad as del posible daño fiscal generado por la cancelación de servicios de vigilancia y seguridad privada de las cuatro viviendas ubicadas en el conjunto habitacional Villa Helena I, La Diva, cuyo costo mensual asciende en la actualidad a la suma de NUEVE MILL ONES TRESCIENTOS DIEZ MIL

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (9’310.290).

DÉCIMA: Que se condene en costas a la entidad territorial accionada.

1.2. Hechos.

En el mes de febrero de 2005, el municipio de Piedecuesta sufrió una

DÉCIMA: Que se condene en costas a la entidad territorial accionada.

1.2. Hechos.

En el mes de febrero de 2005, el municipio de Piedecuesta sufrió una emergencia ocasionada por el desbordamiento de fuentes hídricas durante la ola invernal, situación que afectó a numerosas familias asentadas en zonas rurales, principalmente en el sector conocido como Nueva Colombia.

A raíz de dicha emergencia, se elaboró un censo oficial de viviendas afectadas, el cual inicialmente registró 102 familias. No obstante, se identificó la duplicidad de ocho registros, por lo que el número real de núcleos fa miliares damnificados fue de 9.

Como respuesta institucional, se suscribió el Acta No. 001 de concertación con la comunidad, mediante la cual se estableció el compromiso de desarrollar un proyecto habitacional denominado “Construcción de vivienda para la población afectada por la ola invernal del sector rural del municipio de Piedecuesta – año 2005”, dirigido a los damnificados censados.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68001333300420210014401

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El 24 de octubre de 2005, se expidió la certificación del proyecto de vivienda de interés social rural, en la cual se incluyó a los postulantes al programa.

Posteriormente, el 24 de enero de 2006, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 00024 entre el Departamento de Santander y el Municipio de Piedecuesta, con un cierre financiero proyectado para atender a

Posteriormente, el 24 de enero de 2006, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 00024 entre el Departamento de Santander y el Municipio de Piedecuesta, con un cierre financiero proyectado para atender a 97 familias damnificadas, y con aportes provenientes del Fondo Nacional de Regalías, el Departamento y el Municipio.

Se afirma en la demanda que mediante el oficio No. 0673, el Alcalde del Municipio excluyó del listado de beneficiarios a 15 familias afectadas e incluyó a 11 núcleos familiares que no se encontraban reportados en el censo of icial ni en el acta de concertación, conservando además cuatro (4) unidades habitacionales sin adjudicar , las cuales permanecen bajo el dominio del municipio.

La señora Yolanda Pérez Monsalve, una de las personas censadas inicialmente, elevó múltiples sol icitudes y peticiones ante la administración municipal desde el año 2014, reclamando haber sido injustamente excluida del proceso de asignación, pese a su condición de damnificada y al registro de su grupo familiar en los documentos oficiales.

En respuesta, la Oficina Asesora de Planeación del Municipio reconoció que el grupo familiar de la peticionaria figuraba entre los postulantes, pero que no resultó favorecido en el sorteo realizado el 30 de marzo de 2008. Posteriormente, se señaló que las cuatro vivi endas restantes serían entregadas únicamente por mandato judicial, sin que se adoptaran decisiones administrativas al respecto.

A lo largo de 2015 y 2016, se reiteraron peticiones y se solicitó información sobre la reasignación de las viviendas sin adjudi car. Sin embargo, tanto el

administrativas al respecto.

A lo largo de 2015 y 2016, se reiteraron peticiones y se solicitó información sobre la reasignación de las viviendas sin adjudi car. Sin embargo, tanto el Departamento de Santander como la Dirección de Vigilancia de Regalías manifestaron que no tenían injerencia, al haberse liquidado el convenio desde el 15 de enero de 2008.

Finalmente se afirma que las cuatro unidades de vivienda generan un gasto mensual en vigilancia, según certificación expedida por la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada COOVIG CTA , que asciende a $9.310.290 mensuales (tarifa para el año 2021).

2. Trámite procesal de primera instancia.

Realizado el reparto del medio de control el día 29 de julio de 2021 1 correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de

1 Samai Índice 0004 OneDrive PDFTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68001333300420210014401

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Bucaramanga, quien mediante auto de fecha 02 de agosto de 20212 inadmite la acción popular de la referencia . Una vez presentado el escrito de subsanación, con auto de fecha 11 de agosto de 20213 corregido con auto de fecha 20 de enero de 2022 se ordena la notificación de la demanda al Municipio de Piedecuesta4.

Se surte la publicación del aviso según certificación remitida por soporte técnico de la página Web de la Rama Judicial5. Posteriormente con providencia del 18 de agosto de 20226 se dispuso a fijar fecha y hora para la realización de

Se surte la publicación del aviso según certificación remitida por soporte técnico de la página Web de la Rama Judicial5. Posteriormente con providencia del 18 de agosto de 20226 se dispuso a fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento para el día 25 de agosto de 2022.

Según acta de audiencia visible a índice 0025 de OneDrive la diligencia se declara fallida de conformidad con el literal b) del artículo 27 de la Ley 19 98. Se da paso a la etapa probatoria mediante auto de fecha 9 de febrero de 20237. Mediante auto de fecha 21 de junio de 2023 se corre traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que rinda concepto de fondo8.

De este trámite se destaca:

2.1. Contestación a la demanda.

2.1.1. Municipio de Piedecuesta

Se opone a las pretensiones de la demanda pues afirma que los hechos que bordearon la entrega de viviendas del proyecto en cuestión se ajustaron a derecho resaltando que , no se denota un interés común en la protección de derecho colectivo alguno sino un in terés particular a favor de un número determinado de personas que, en su momento, no resultaron favorecidas en el sorteo efectuado por lo que no pueden exigir el cumplimiento de normas relativas a la entrega de vivienda.

De forma insistente señala que las pretensiones planteadas por el actor no son acordes al objeto de la acción popular cuyo carácter no es indemnizatorio ni de restablecimiento de derechos e interés individuales a lo que agrega que el plan de vivienda data de hace 16 años , por lo que perdió fuerza ejecutoria y

acordes al objeto de la acción popular cuyo carácter no es indemnizatorio ni de restablecimiento de derechos e interés individuales a lo que agrega que el plan de vivienda data de hace 16 años , por lo que perdió fuerza ejecutoria y que, de no ser así, la acción constitucional no resulta idónea para debatir derechos de índole particular.

Relata que en la actualidad el municipio de Piedecuesta es el titular de las viviendas y que por tanto para su disposición deberá surtirse un nuevo trámite de conformidad con las normas que regulan actualmente la materia. Que

2 Samai Índice 0049 OneDrive PDF 0002AutoInadmitePopular 3 Samai índice 00049 OneDrive PDF 005AutoAdmiteDemanda 4 Samai índice 00049 OneDrive PDF 0010 AutoCorrigeAutoAdmisorio 5 Samai índice 00049 OneDrive PDF 0042 Publicación Aviso 6 Samai índice 00049 OneDrive PDF 00022AutoFijaFechaPacto 7 Samai índice 00049 OneDrive PDF 00030 AutoDecretaPruebas 8 Samai índice 00044 OneDrive PDF 00044 AutoCorreTrasladoalegatosTribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68001333300420210014401

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pretender que hay una transgresión a la moralidad administrativa por el cuidado y vigilancia que se tiene sobre las mismas para evitar su inv asión nuevamente, no constituye un daño.

Sostiene que el verdadero daño sería el no tener la debida custodia y cuidado de los bienes que hacen parte de la entidad, como es el caso de estos

nuevamente, no constituye un daño.

Sostiene que el verdadero daño sería el no tener la debida custodia y cuidado de los bienes que hacen parte de la entidad, como es el caso de estos inmuebles, que en su momento no se pudieron entregar a los beneficiarios del programa por haber sido en ese entonces invadidas.

Como mecanismos de excepción propuso: i) Inexistencia de hecho. Sobre este punto refiere que las viviendas se adjudicaron y entregaron a los beneficiarios del proyecto de vivienda que resultaron beneficiarios con el proyecto conforme al acta anexa en el cual se relacionan las familias – que no incluye la del actor- , pero no a todos los damnificados de la ola invernal ii) Indebida escogencia de la acción. Al respecto señala que lo que busca el actor es revivir términos y desconocer situaciones de carácter administrativo particular consolidadas en búsqueda de proteger y amparar intereses particulares sin que sea este el camino jurídico ni la acción correspondiente.

3. Providencia apelada.

Proferida el veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se declara la improcedencia de la acción.

En la providencia se establece que la principal condición de procedencia de la acción popular es la protección de los derechos e intereses colectivos. En consecuencia, si no se acredita la amenaza o vulneración de estos, la acción resulta improcedente. Se precisa que constituye un requisito sine qua non que el accionante, en su calidad de representante de un interés colectivo y sin involucrar intereses subjetivos propios, demuestre, a través de los

resulta improcedente. Se precisa que constituye un requisito sine qua non que el accionante, en su calidad de representante de un interés colectivo y sin involucrar intereses subjetivos propios, demuestre, a través de los mecanismos probatorios legalmente previstos, la existencia de la vulneración o posible conculcación de l derecho invocado, del cual se derive un daño. Asimismo, señala que debe acreditarse que dicho daño es consecuencia de una acción u omisión imputable al demandado y, en última instancia, recae sobre el accionante la carga de demostrar que el daño es atrib uible, tanto material como jurídicamente, a la conducta de la entidad demandada.

Se precisa que la existencia de un derecho colectivo no se infiere del hecho de que varias personas se encuentren en una situación similar, ni de la acumulación de circunstancias análogas de distintos sujetos, ni de la sumatoria de pretensiones individuales. En este sentido, se reitera que los derechos colectivos son aquellos que recaen sobre una comunidad en su conjunto, a diferencia de los derechos individuales, qu e tienen como titular a una persona determinada.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68001333300420210014401

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Para el juez de instancia el material probatorio allegado no permite inferir que la exclusión de 15 familias del proyecto de vivienda atente contra la comunidad en general. De igual manera que, no se acredi tan los presupuestos jurídicos necesarios para configurar una vulneración a la moralidad administrativa, toda vez que, si bien se alegan el desconocimiento e incumplimiento de la ley y de la normatividad en materia de ordenamiento territorial, no se prueba la

necesarios para configurar una vulneración a la moralidad administrativa, toda vez que, si bien se alegan el desconocimiento e incumplimiento de la ley y de la normatividad en materia de ordenamiento territorial, no se prueba la existencia de un interés que contravenga los principios y fines de la administración pública, ni un actuar antijurídico, deshonesto o corrupto por parte de los demandados.

Adicionalmente, se indica que, para la acreditación de la supuesta vulneración alegada, era necesario demostrar un menoscabo en la calidad de vida de los habitantes del sector, así como el desconocimiento de normas urbanísticas y de uso del suelo, lo cual no fue probado dentro del proceso.

Finalmente, se enfatiza que la acción popul ar no constituye un mecanismo para la resolución de conflictos de naturaleza particular, como ocurre en el presente caso, en el que se controvierten derechos subjetivos relacionados con la asignación o no de viviendas a un grupo específico de ciudadanos.

4. Recurso de apelación.

El actor solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones como quiera que se han acreditados los elementos sustanciales para su configuración:

En cuanto a la e xistencia de una ac ción u omisión por parte de la administración sostiene que se encuentra plenamente probada y consiste en la exclusión arbitraria de varias familias del listado de beneficiarios del proyecto de vivienda, llevada a cabo el 26 de marzo de 2009.

Exclusión, con que se afirma, no solo se vulneró los derechos de las familias excluidas, sino que además generó una afectación al bien jurídico colectivo de la moralidad administrativa al evidenciar una actuación irregular dentro del

Exclusión, con que se afirma, no solo se vulneró los derechos de las familias excluidas, sino que además generó una afectación al bien jurídico colectivo de la moralidad administrativa al evidenciar una actuación irregular dentro del ejercicio de la función pública.

Señala que la moralidad administrativa es un derecho colectivo, cuya titularidad recae en la sociedad en su conjunto, de modo que cualquier actuación administrativa contraria a los principios constitucionales y legales compromete dicho derecho, independient emente de la existencia de reclamaciones individuales.

Explica que el accionar de la administración municipal , no solo afectó a las familias excluidas, sino que también benefició indebidamente a 11 familias que recibieron una adjudicación de vivienda sin ser beneficiarias legítimas.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68001333300420210014401

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Que en el presente asunto se acredita una indebida utilización de recursos públicos por un monto cercano a mil millones de pesos ($1.000.000.000) en vigilancia y seguridad de las unidades de vivienda no asignadas, lo que representa un perjuicio para aproximadamente 200.000 ciudadanos, afectando el interés general.

Sobre la relación de causalidad señala que la actuación que dio origen al litigio fue ejecutada por el señor Mario José Carvajal Jaimes, quien, para la fecha de los hechos, ocupaba el cargo de Secretario General y de Gobierno de la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta. Y que la afectación a la moralidad administrativa es consecuencia directa e inescindible de la conducta

los hechos, ocupaba el cargo de Secretario General y de Gobierno de la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta. Y que la afectación a la moralidad administrativa es consecuencia directa e inescindible de la conducta administrativa irregular desplegada en la gestión del proyecto de vivienda.

Por último, señala que mediante auto inadmisorio del 2 de agosto de 2021, el juez de instancia requirió la adecuación de la demanda para que se enfocara exclusivamente en la protección de derechos colectivos, excluyendo referencias a intereses individuales o de grupos familiares específicos. Que, en cumplimiento de lo ordenado, el acc ionante presentó la subsanación de la demanda el 6 de agosto de 2021, tras lo cual, el Despacho admitió la demanda mediante auto del 11 de agosto de 2021. Admisión que, a su modo de ver, ratifica que la pretensión de la acción popular se encuentra correctamente planteada en defensa del interés colectivo y zanjó cualquier duda respecto de su procedencia.

5. Trámite en segunda instancia.

Por auto de fecha 16 de enero de 20249 fue admitido el recurso de apelación interpuesto por el actor popular, posteriormente mediante proveído de fecha 11 de marzo de 2024 10 se corrió traslado para que las partes alegaran de conclusión y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo .

Destacándose lo siguiente:

5.1. Actor Popular.

Al haberse notificado por estados el auto que corre traslado para alegar de conclusión el día 12 de marzo de 202411, el termino para alegar se cumplió el 19 de marzo de 2024. Por tanto, los alegatos presentados el día 21 de marzo

Al haberse notificado por estados el auto que corre traslado para alegar de conclusión el día 12 de marzo de 202411, el termino para alegar se cumplió el 19 de marzo de 2024. Por tanto, los alegatos presentados el día 21 de marzo de 202412 resultan extemporáneos.

5.2. Municipio de Piedecuesta

Solicita se confirme la decisión de primera instancia pues señala que no se logró demostrar las presuntas vulneraciones a los derechos colectivos en

9 Samai índice 0004 10 Samai índice 0009 11 Samai índice 0012 y 0013 12 Samai índice 0017Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68001333300420210014401

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cabeza del ente territorial, señalando que , el accionante hace referencia a hechos que fueron de su conocimiento durante la época que fungió como funcionario del Municipio de Piedecuesta , por lo que considera se trata de afirmaciones meramente subjetivas utilizando como mecanismo la acción popular.

Argumenta que, en el plenario se probó que la entrega de viviendas se realiza por sorteo.

Explica que no existe una exclusión de familias, pues la diferencia entre el listado inicial y el de asignación se da en razón a que , en el primero aparece el nombre de la cabeza de cada familia y el documento donde el accionante manifiesta haberse exclu ido, se registra un miembro de dicho grupo, no la cabeza de familia. Diferencia a partir de la cual sostiene la defensa, el actor popular, concluye que existió una exclusión de familias beneficiarias.

manifiesta haberse exclu ido, se registra un miembro de dicho grupo, no la cabeza de familia. Diferencia a partir de la cual sostiene la defensa, el actor popular, concluye que existió una exclusión de familias beneficiarias.

5.4. Ministerio Público.

No presento concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer de los recursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia impugnada, conforme lo dispone el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

2. Problemas jurídicos.

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por el actor popular y lo expuest o en la sentencia de primera instancia , corresponde a la Sala establecer:

En primer lugar, deberá establecerse ¿Si el petitum de la acción de popular traduce en el reconocimiento de derechos de carácter subjetivo y particular, y por tanto debe confirmarse la decisión de primera instancia?

De ser negativa la respuesta al interrogante anterior deberá establecerse ¿si se probó la amenaza o vulneración al derecho colectivo de moralidad administrativa a partir de: la exclusión de familias afectadas con la ola invernal del año 2005, la inclusión de nuevos núcleos familiares y la no entrega de cuatro unidades habitacionales en el proyecto habitacional Villa Helena – La Diva?Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos Radicado 68001333300420210014401

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PJ1. La respuesta es negativa. No se configura en este caso una solicitud

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PJ1. La respuesta es negativa. No se configura en este caso una solicitud orientada exclusivamente al reconocimiento de derechos de carácter subjetivo o particular que impida la procedencia de la acción popular. Por el contrario, del análisis integral del escri to de subsanación presentado por el actor, se advierte que la pretensión se enmarca en la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa, razón por la cual no resulta procedente confirmar la decisión de primera instancia.

PJ2. El análisis del material probatorio demostró que la selección de beneficiarios se basó en censos oficiales, actas de concertación y procedimientos comunitarios como el sorteo, sin que se evidenciara una actuación deshonesta, arbitraria o contraria a los principios éti cos y legales que rigen la función pública, ni un uso doloso del poder administrativo que permitiera tener por configurado el elemento subjetivo necesario para declarar la vulneración del citado derecho colectivo.

No obstante, sí se probó la afectación al derecho e interés colectivo denominado patrimonio público, toda vez que cuatro (4) unidades habitacionales construidas con recursos del Estado permanecen sin destinación legal ni social desde hace más de una década, generando una erogación continua en vigilancia sin retorno ni aprovechamiento efectivo. Esta situación constituye un uso ineficiente y contrario a los fines estatales del recurso público, lo cual configura una transgresión objetiva al principio de gestión adecuada del patrimonio público, según lo ha definido la jurisprudencia del Consejo de Estado.

3. Marco normativo y jurisprudencial

recurso público, lo cual configura una transgresión objetiva al principio de gestión adecuada del patrimonio público, según lo ha definido la jurisprudencia del Consejo de Estado.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. De la acción popular y su trámite.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, desarrollado por la Ley 472 de 1998, en relación a la naturaleza de las acciones populares, establece que es un mecanismo instituido para la protección y amparo de los derechos e intereses colectivos, siendo procedente contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, teniendo como fin hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas al estado anterior cuando fuere posible.

Sobre el particular, el Consejo de Estado 13 ha precisado que las acciones populares tienen como finalida d la protección de los derechos e intereses colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funci ones administrativas. Se identifican por poseer un carácter altruista pues mediante

13Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 15 de agosto de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. rad: 52001-23-31-000-2010-00680-01 (AP)Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control de Protección de Derechos