TA SAN - Sentencia 68001-33-33-004-2021-00183-02 (05-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 21 de febrero de 2025 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la demandante formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución DESAJBUR21-2909

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 6 índice SAMAI, link onedrive archivo 02 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 68001333300420210018302 DEMANDANTES Ana Isabel Bonilla Castro abogados@rinconperez.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

RADICADO 68001333300420210018302

DEMANDANTES Ana Isabel Bonilla Castro abogados@rinconperez.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co info@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 383 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Isabel Bonilla Castro

Demandado: Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Radicado: 680013333004-2021-00183-02

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del 10 de junio de 2021; y iii) acto ficto o presento que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.

En consecuencia, solicitó:

« 1.1. INAPLICAR todas y cada una de las normas que, inconstitucionalmente y respecto de mi poderdante, han representado la merma y restricción de derechos laborales de mi prohijado, sustrayendo el carácter salarial de la BONIFICACIÓN JUDICIAL. En particular , los Decretos N° 383 y 384 de 2013 (creadores de la

laborales de mi prohijado, sustrayendo el carácter salarial de la BONIFICACIÓN JUDICIAL. En particular , los Decretos N° 383 y 384 de 2013 (creadores de la Bonificación Judicial) expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública; al igual que aquellos que lo modifican, como lo son los Decretos números 1269 de 2015, 246 de 2016, 1016 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y los que en lo sucesivo al respecto se expidan.

1.2. DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos: i) Resolución N° DESAJBUR21-2909 del 10 de junio de 2021 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga - Santander y notificada el día 10 de junio de 2021; y el ii) Acto Administrativo ficto que, conforme el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, surgió como consecuencia del silencio administrativo negativo procesal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ante el recurso de apelación interpuesto el día 1 0 de junio de 2021 en contra de la referida Resolución.

Actos Administrativos con los cuales, la entidad resolvió negativamente el derecho de petición presentado electrónicamente el día 25 de mayo de 2021, donde se pretendía el reconocimiento y pago de la diferencia prestacional dejada de percibir como consecuencia de la exclusión de la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial, para la liquidación de las demás prestaciones sociales.

1.2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, la Nación – Rama

de percibir como consecuencia de la exclusión de la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial, para la liquidación de las demás prestaciones sociales.

1.2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá RESTABLECER EL DERECHO de mi poderdante y PAGAR las diferencias prestacionales negadas en los actos administrativos impugn ados y que corresponden a la reliquidación de las prestaciones sociales de mi prohijado con la inclusión como factor salarial, de la BONIFICACIÓN JUDICIAL, que legalmente ha percibido mi poderdante.

Sumas las cuales deberán ser indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

1.3. Se reconozcan los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

1.4. En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi poderdante con la inclusión del reconocimiento prestacional objeto del presente medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial de la

BONIFICACIÓN JUDICIAL.»

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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1. La demandante se encuentran vinculada a la Rama Judicial y es beneficiaria de la bonificación judicial creada mediante el Decreto 383 de 2013.

1. La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales y, en consecuencia, tienen derecho a su reconocimiento desde el 1 de enero de 2013.

1. El 25 de mayo de 2021, la demandante presentó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucara manga, mediante la cual solicit ó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tienen derecho.

1. El 10 de junio de 2021, m ediante Resolución DESAJBUR21-2909 la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa , frente a la cual presentaron recurso de apelación, el cual no fue resuelto dentro del término de 2 meses, motivo por el cual se configura un acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados el artículo 53 de la

silencio administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados el artículo 53 de la Constitución Política; Decretos 383 y 384 de 2013; artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 y el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

En desarrollo del concepto de violación, la apoderada de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. El acto administrativo que niega el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial es nulo por falsa motivación y vulnera el artículo 53 de la Constitución Política por desconocimiento del principio de progresividad y aplicar de forma regresiva normas que afectan derechos laborales consolidados.

1. La entidad demandada, se limitó a aplicar formalmente el decreto sin valorar su inconstitucionalidad material, incurriendo en una omisión que contraviene el orden constitucional y legal.

1. La Bonificación Judicial constituye factor salarial al representar una retribución periódica y directa del servicio personal, sin que su denominación ni origen reglamentario puedan desvirtuar su naturaleza jurídica. En esos términos, lo ha reconocido el Consejo de Estado , el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978.

1.2. Contestación de la demandaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

La apoderada de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepción nominada «inexistencia del demandado»; «ineptitud de la demanda»; «falta de legitimación en la causa por pasiva y la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios» ; «caducidad del medio de control» ; «prescripción trienal de los derechos reclamados» y las excepciones innominadas: «cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la Ley dispone citar»; «excepción de inconstitucionalidad»; «legalidad de los actos administrativos demandados»; « efectivo reconocimiento y pago de la bonificación judicial conforme al marco legal y reglamento vigente »; «ausencia de causa petendi»; «régimen legal y reglamentario de los empleados públicos» ; «normas y jurisprudencia de carácter laboral aplicable a los servidores públicos»; «inaplicabilidad del Código Sustantivo del Trabajo a los servidores públicos»; «causales de nulidad de los actos administrativos en el presente asunto »; «imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamados por la parte

«inaplicabilidad del Código Sustantivo del Trabajo a los servidores públicos»; «causales de nulidad de los actos administrativos en el presente asunto »; «imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamados por la parte actora»; «carácter no salarial de la bonificación judicial creada en el Decreto 383 de 2013»; «de la no condena en costas frente a la parte demandada».

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. La entidad carece de competencia legal y constitucional para expedir, modificar o aplicar discrecionalmente el régimen salarial de los empleados judiciales, competencia que corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, conforme al artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política y a la Ley 4ª de 1992. Los Decretos 383 y 384 de 2013, cuya inaplicación o inconstitucionalidad se pretende, emanan de esa facultad del Ejecutivo.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno

Nacional.

1. La demanda adolece de falta de legitimación por pasiva, toda vez que la entidad constitucional y legalmente competente para la creación, modificación o variaciones de los salarios es el Gobierno Nacional, conforme al artículo 115 de la Constitución.

1. En el presente caso, la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y

entidad constitucional y legalmente competente para la creación, modificación o variaciones de los salarios es el Gobierno Nacional, conforme al artículo 115 de la Constitución.

1. En el presente caso, la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 12 índice SAMAI, archivo 02Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

1. La prescripción de derechos prestacionales es de tres años, contados desde que la obligación se vuelve exigible. La prescripción se interrumpe con un reclamo escrito. vi) Los Decretos 383 y 384 de 2013 conservan su validez, debido a que la parte demandante no los impugnó dentro del plazo legal, a pesar de haber tenido conocimiento de los presuntos vicios de ilegalidad y, por ende, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debió presentarse dentro del término de cuatro meses previsto en el artículo 138 del CPACA.

conocimiento de los presuntos vicios de ilegalidad y, por ende, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debió presentarse dentro del término de cuatro meses previsto en el artículo 138 del CPACA.

1. En este caso, no se evidencia vicio de inconstitucionalidad en los decretos que regulan la bonificación judicial ni se advierte ambigüedad alguna en su redacción y, su expedición se dio en ejercicio legítimo de la potestad normativa del Gobierno Nacional y como resultado de un acuerdo colectivo con organizaciones sindicales.

1. La Seccional de la Rama Judicial se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial carece de competencia legal y presupuestal para reconocer acreencias laborales adicionales derivadas de la bonificación judicial, frente a las cuales el Ministerio de Hacienda no ha asignado los recursos necesarios para cubrir los pagos, lo cual impide su reconocimiento conforme al artículo 71 del Decreto 111 de 1996, que prohíbe contraer obligaciones sin disponibilidad presupuestal certificada.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 21 de febrero de 2025 resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión contenida «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud»

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión contenida «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de Resolución No. DESAJBUR21 -2909 del 10 de junio de 2021 que negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la nulidad del acto administrativo ficto, producto del silencio

3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 39 índice SAMAI

.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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administrativo negativo de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial frente al recurso de apelación interpuesto contra la resolución en mención.

TERCERO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que reconozca como factor salarial, para todos los efectos legales, la bonificación judicial establecida por el artículo 1° del Decreto 383 de 2013. En consecuencia, deber á reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados a los que tiene derecho la señora Ana Isabel Bonilla Castro, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, a partir del

383 de 2013. En consecuencia, deber á reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados a los que tiene derecho la señora Ana Isabel Bonilla Castro, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, a partir del 25 de mayo de 2018 y en adelante por los per íodos que se sigan generando, descontando los aportes del sistema de seguridad social, si no se hubieren hecho, en la proporción que corresponda a la parte demandante.

CUARTO: DISPONER que la entidad demandada cumpla la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

QUINTO: Sin condena en costas. […]»

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. El artículo 1° del Decreto 383 de 2013, al limitar el carácter salarial de la bonificación judicial únicamente a efectos de cotización en salud y pensión, vulnera los artículos 13, 53 y 150 núm. 19 de la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992, que prohíbe desmejorar salarios y exige respeto por los derechos adquiridos.

1. La bonificación, por ser habitual, periódica y derivada del servicio, constituye factor salarial y debe tener efectos plenos para la liquidación de prestaciones sociales. En consecuencia, procede su inaplicación mediante la excepción de inconstitucionalidad, conforme al artículo 4° de la Constitución Política y al artículo 148 del CPACA.

1. El juez tiene la obligación de asegurar la primacía de la norma constitucional sobre la legal, con el objetivo de proteger los derechos

Política y al artículo 148 del CPACA.

1. El juez tiene la obligación de asegurar la primacía de la norma constitucional sobre la legal, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar la estabilidad jurídica.

1. De conformidad con el marco jurídico reseñado y las pruebas analizadas en precedencia se acreditó que la parte demandante ha percibido mes a mes la bonificación judicial dispuesta en el decreto 383 de 2013, en su calidad de servidora de la Rama Judicial; sin embargo, la misma no se le ha reconocido como factor salarial para efectos de la liquidación de pr estaciones soc iales, actuación que desmejora su salario y, consecuentemente el monto de sus prestaciones.

1. La bonificación judicial fue creada con el propósito de compensar la desigualdad salarial de los funcionarios de la Rama Judicial y dado que se devenga mensualmente y de manera permanente como contraprestación por los servicios prestados, se cumplen los ele mentos necesarios para considerarla como factor salarial. Desconocer este derecho contraviene lo dispuesto en elNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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artículo 53 de la Constitución Política, ya que viola al trabajador los principios de igualdad, favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

artículo 53 de la Constitución Política, ya que viola al trabajador los principios de igualdad, favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales

1. Los derechos laborales prescriben a los tres años siguientes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente reclamación administrativa de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo. En ese sentido, en el caso concreto el derecho debe reconocerse a partir del 25 de mayo de 2018.

1. La condena en costas no es procedente, en atención a que no se evidenció que la parte vencida haya actuado con manifiesta carencia de fundamento legal.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda y solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, destacó los siguientes:

1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación y variación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente con la expedición de los Decretos 383 y 384 de 2013, así como los Decreto 1269 de 2015 y 246 de 2016, proferidos con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

específicamente con la expedición de los Decretos 383 y 384 de 2013, así como los Decreto 1269 de 2015 y 246 de 2016, proferidos con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

1. El Gobierno Nacional es la autoridad competente para fijar y regular el régimen salarial de los empleados públicos, según la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992 y en virtud de tal facultad expidió los Decretos 383 y 384 de 2013 que establecen la bonificación judicial únicamente como factor salarial para cotización a pensiones y salud. En ese sentido, l a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales, como autoridades administrativas, deben aplicar estrictamente el régimen salaria l vigente, sin facultad para modificarlo o reinterpretarlo.

1. Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación del Decreto 383 y, en consecuencia, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Judicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 42 índice SAMAI,Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual implica la alteración del Presupuesto General de la Nación.

1. Frente a las excepciones de «caducidad», «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y por indebida acumulación de pretensiones» , «la actuación administrativa fue surtida conforme con la normatividad vigente a la fecha, en atención a su constitucionalidad y legalidad y que no habían sido objeto de suspensión, anulación o modificación alguna », «falta de legitimación en la causa por pasiva», «la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios», «prescripción trienal de los derecho s reclamados», insiste en que deben ser declaradas probadas.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 28 de abril de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, quienes no rindieron concepto ni allegaron pronunciamiento alguno.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si la demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad las expresiones «únicamente» y «para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenidas en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial.

5 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Ana Isabel Bonilla Castro

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2.3. Marco normativo

2.3.1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 6, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante el Decreto 383 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Rama Judicial y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respectivamente, que se rigieran por lo establecido en el Decreto 53 de 1993, a partir del 1 de enero de 2013, con base en la escala de valores consagrada en el artículo 1 para cada cargo.

Los artículos 1 y 2 del Decreto 383 de 2013 son del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicame nte factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año en las siguientes tablas, así: […]

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del índice de Precios al consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en e