TA SAN - Sentencia 68001-33-33-004-2022-00103-01 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300420220010301

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN

DEMANDANTE: E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BÁRBARA

e.s.esantabarbara@hotmail.com gerenciaesesantabarbara1@gmail.com lizetnaranjo@yahoo.es

DEMANDADO: MARIA TERESA ORTIZ ZABALA

gerenciasanmiguel22@gmail.com

LLAMADO EN GARANTIA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

notificaciones@solidaria.com.co

MINISTERIO PUBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No. 230

TEMA: PAGO CONCILIACIÓN – ELEMENTOS DE LA

REPETICIÓN – Otros

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

1.1.1. Hechos1

Entre el año 2016 y el 31 de marzo de 2020 la señora María Teresa Ortiz Zabala se

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

1.1.1. Hechos1

Entre el año 2016 y el 31 de marzo de 2020 la señora María Teresa Ortiz Zabala se desempeñó como gerente y representante legal de la E.S.E. Centro de Salud Santa

1 PDF 01 OneDriveRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

2

Bárbara. Ejercía como ordenadora del gasto y ostentaba la facultad para contratar bienes y servicios necesarios para la operación institucional.

En ejercicio de dichas funciones , la entidad vinculó a la señora Ludy Yomar Murillo Silva, mediante contratos laborales a término fijo para las vigencias 2017 y 2018, entre los cuales suscribió el Contrato No. 04 -18, celebrado entre el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

Señaló que e l artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que la no renovación de un contrato a término fijo exige la notificación del preaviso por escrito con treinta (30) días de antelación y que la falta de preaviso se traduce, en la prórroga automática del contrato, el cual, precisó, no fue efectuado en el contrato suscrito con la señora Ludy Yomar Murillo Silva.

Inconforme con la falta del preaviso, la señora Ludy Yomar Murillo Silva instauró demanda ordinaria laboral ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de

la señora Ludy Yomar Murillo Silva.

Inconforme con la falta del preaviso, la señora Ludy Yomar Murillo Silva instauró demanda ordinaria laboral ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, bajo el Rad. 68001310500120200020500, con la que solicitó la indemnización por tal omisión y las demás acreencias laborales.

En el curso del referido proceso, el comité de conciliación de la E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara presentó una propuesta conciliatoria centrada en la pretensión referida al preaviso, la cual fue aceptada por la señora la señora Ludy Yomar Murillo Silva . Las partes de ese litigio pactaron conciliar por la suma de trece millones ciento cincuenta y ocho mil pesos ($13.158.000), la que fue pagada el 2 de noviembre de 2021.

Según la demanda, la señora María Teresa Ortiz Zabala era la funcionaria encargada de los procesos contractuales de la entidad, por lo que le c orrespondía realizar la notificación del preaviso, generando con su omisión un daño patrimonial a la entidad.

1.1.2. Pretensiones2

Con la demanda se solicitó:

2 PDF 01 OneDriveRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

3

«PRIMERO: Que se declare responsable a la Doctora MARIA TERESA ORTIZ ZABALA, de los perjuicios ocasionados a la Empresa Social del Estado Centro de

3

«PRIMERO: Que se declare responsable a la Doctora MARIA TERESA ORTIZ ZABALA, de los perjuicios ocasionados a la Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Bárbara del municipio de Santa Bárbara (Sder); por su actuación dolosa y/o gravemente culposa, que dio or igen a la conciliación realizada entre la entidad demandante y la señora LUDY YOMAR MURILLO SILVA, dentro del proceso laboral instaurado por esta última en contra de la institución de salud ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, queda ndo debidamente aprobada y ejecutoriada mediante Auto de fecha 20 de octubre de 2021; lo anterior como consecuencia de la terminación del vínculo laboral de la trabajadora, sin cumplir con lo dispuesto por las normas laborales colombianas respecto a la not ificación del preaviso a la culminación del contrato por plazo pactado.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a MARIA TERESA ORTIZ ZABALA a cancelar a favor de la E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara, la suma de TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($13.158.000); conforme a consignación realizada en el Banco de Colombia a favor de la demandante el día dos (02) de noviembre de 2021; dando con ello cumplimiento a la conciliación aprobada mediante Auto de fec ha (20) de octubre de 2021 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga.

TERCERO: Que se condene a la señora MARIA TERESA ORTIZ ZABALA, a cancelar

2021 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga.

TERCERO: Que se condene a la señora MARIA TERESA ORTIZ ZABALA, a cancelar los intereses moratorios a favor de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BÁRBARA, desde la fecha en que se realizó el pago conforme providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio, hasta que se ponga fin al presente proceso con el pago efectivo de la condena impuesta.

CUARTO: Que se ajuste la condena tomando como base el índice del precio a l consumidor.

QUINTO: Que la sentencia que ponga fin al presente proceso, sea de aquella que reúna los requisitos exigidos por el artículo 187 del CPACA, que en ella conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a fin de que preste mérito ejecutivo.

SEXTO: Se condene a la demandada al pago de costas y agencias en derecho».

1.1.3. Fundamentos de la demandaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

4

Citó los artículos 2, 6, 90 y 209 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001. Señaló que, en el presente caso, se configuran los elementos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: i. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que imponga a la entidad la obligación de pagar una suma de dinero , ii. el pago efectivo de dicha suma por parte del Estado/entidad, iii. la acreditación de la

de repetición, a saber: i. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que imponga a la entidad la obligación de pagar una suma de dinero , ii. el pago efectivo de dicha suma por parte del Estado/entidad, iii. la acreditación de la calidad de agente o exagente público de la persona contra quien se dirige la acción; y, iv. la prueba de que el daño indemnizado se produjo como consecuencia directa de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente, esto es, de una infracción inexcusable a la ley o de una omisión/extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Para el caso, señaló que la exgerente María Teresa Ortiz Zabala incurrió en una omisión grave al no notificar oportunamente el preaviso de no renovación del contrato laboral de la señora Ludy Murillo, conducta que, según la parte actora, vulneró normas laborales aplicables y produjo la consecuente demanda laboral, la conciliación aprobada y el desembolso por $13.158.000. Por tanto, reclama que tal omisión configura culpa grave (al constituir una violación inexcusable de normas claras sobre la terminación contractual).

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

1.2.1.1. La demandada, señora María Teresa Ortiz Zabala 3, se op uso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que se desempeñó como gerente y representante legal de la E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara durante el periodo señalado y que entre sus funciones figuraba la celebración de contratos necesarios para la prestación del objeto social de la entidad; sin embargo, explicó que la

representante legal de la E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara durante el periodo señalado y que entre sus funciones figuraba la celebración de contratos necesarios para la prestación del objeto social de la entidad; sin embargo, explicó que la vinculación de la señora Ludy Yomar Murillo Silva en el año 2018 se realizó mediante contrato de prestación de servicios como regente de farmacia.

Indicó que los procesos precontractuales y contractuales propios de la E.S.E., eran asistidos por la oficina jurídica a través del abogado asesor externo Dra. Nelly Gordillo Garcés. Agregó que, por el régimen jurídico de la entidad, la naturaleza del contrato

3 PDF 011 OneDriveRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

5

suscrito con la señora Ludy Yomar Murillo Silva, era de un contrato de prestación de servicios.

Precisó que, si bien es cierto se adelantó por parte de la señora Ludy Yomar Murillo Silva un proceso ordinario laboral, este se terminó de manera anticipada p or una conciliación entre las partes, no habiéndose probado la existencia de un daño antijuridico, ni tampoco que hubiese actuado con dolo o culpa grave.

En relación con la imputación relativa al preaviso, alegó que, si hubiera sido obligatorio notificar previamente la no renovación, dicha función administrativa y financiera vinculada a novedades de personal estaba a cargo de la señora Olga Torra, técnico administrativo integrante de la planta de personal y responsable directa de dichas

notificar previamente la no renovación, dicha función administrativa y financiera vinculada a novedades de personal estaba a cargo de la señora Olga Torra, técnico administrativo integrante de la planta de personal y responsable directa de dichas novedades.

En ese sentido, consideró que el comité técnico de conciliación y defensa judicial de la E.S.E., desconoció el régimen especial de la entidad y adoptó una conducta ajena a la responsabilidad personal de la gerente.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: «Falta de legitimación por pasiva », «inexistencia de responsabilidad subjetiva por ausencia de dolo o culpa grave », «la aplicación del art. 167 del C.G.P.» y «configuración de una acción temeraria».

1.2.1.2. La llamada en garantía, Aseguradora Solidaria de Colombia 4, negó su responsabilidad y sostuvo no participó de las actuaciones u omisiones que se atribuyen a la señora María Teresa Ortiz Zabala. Además, dijo que no recibió aviso de siniestro ni de la reclamación y que tampoco fue convocada a la audiencia de conciliación.

Por otro lado, afirmó que no es garante de la obligación reclamad a. Señaló que las coberturas otorgadas con la póliza de seguro no ampararon el patrimonio de la señora Maria Teresa Ortiz Zabala, sino el de la E.S.E. Centro De Salud Santa Bárbara , ya que esa entidad la única que ostenta las calidades de tomadora, asegurada y beneficiaria.

4 Documento al No. 017 del índice de SAMAI Primera instanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala

beneficiaria.

4 Documento al No. 017 del índice de SAMAI Primera instanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

6

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: «el seguro de manejo sector oficial 994000001658 no cubre el perjuicio reclamado con el medio de control de repetición promovido por la E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara», «el patrimonio de la señora María Teresa Ortiz Zabala no está amparado con el seguro de manejo sector oficial 994000001658» y «delimitación del riesgo asegurado».

1.2.2. La sentencia apelada5

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Para sustentar su decisión, consideró que de la valoración probatoria no pudo acreditarse que la conducta de la demandada constituyera dolo o culpa grave , en los términos del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.

Asimismo, sostuvo que, si bien en la demandada estaba la función de contratar, lo cierto es que no se acreditó que todo el proceso administrativo hubiera estado exclusivamente a cargo de la gerente, pues dicha entidad contaba con la asesoría de abogados externos. Además, precisó que la planta de personal solo estaba integrada por 3 empleos.

De igual manera, señaló que , conforme a las pruebas practicadas al interior del proceso laboral, se acreditó que , para el año 2018, en los contratos suscritos por la

por 3 empleos.

De igual manera, señaló que , conforme a las pruebas practicadas al interior del proceso laboral, se acreditó que , para el año 2018, en los contratos suscritos por la entidad demandante solo se suscribía el contrato, el acta de inicio, el acta de liquidación final y de terminación del contrato. Tampoco se acreditó que los asesores externos le hubieran informado a la demandada de la suscripción del preaviso.

Finalmente, consideró que no tuvo lugar la configuración de la presunción legal de la culpa grave, prevista en el numeral 1° del art. 6 de la Ley 678 de 2001.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandant e6 se opuso a la sentencia de primera instancia , al considerar que incurrió en un error de hecho por una indebida valoración probatoria. En su

5 Documento al No. 043 de SAMAI Primera instancia 6 Documento al No. 045 de SAMAI Primera instanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

7

criterio, se acreditó la omisión de la demandada respecto del deber legal de efectuar la notificación por escrito del preaviso sobre la no renovación del contrato a término fijo suscrito con Ludy Yomar Murillo, para la vigencia 2018.

Precisó que el contrato celebrado con la señora Ludy Yomar Murillo fue de naturaleza laboral a término fijo y no un contrato de prestación de servicios, e insistió en que no

Precisó que el contrato celebrado con la señora Ludy Yomar Murillo fue de naturaleza laboral a término fijo y no un contrato de prestación de servicios, e insistió en que no se efectuó el preaviso. Adicionalmente, sostuvo que la omisión en la notificación del preaviso dio origen a una demanda laboral que culminó con el pago de la suma de $13.158.000, por concepto de conciliación.

En ese sentido, señaló que la demandada en su calidad de gerente, tenía el deber funcional y legal de elaborar el preaviso , de conformidad con el Manu al de Contratación de la E.S.E. Centro de Salud Santa Barbará, contenido en el Acuerdo No. 006 de 2014.

Sostuvo que los gerentes de las empresas sociales del estado son quienes ejercen funciones de dirección y tienen a su cargo la facultad de contratar . Reiteró, de conformidad con la normativa aplicable, que a la funcionaria le asistía la obligación de notificar el preaviso con anterioridad a la terminación del contrato. Como no lo hizo , aseguró que incumplió de forma inexcusable con las normas de derecho, a título de culpa grave.

Indicó que, en el presente proceso se configuró una presunción de culpa grave con el actuar de la demandada, toda vez que tenía la obligación de conocer el contenido de los contratos que firmaba y las normas laborales básicas que regulaban su ejecución y finalización.

Concluyó que la omisión en el preaviso constituye una falta inexcusable de los deberes legales y funcionales de la demandada, lo que afectó la buena administración, la legalidad y la protección a los recursos públicos, por lo que es necesario calificar la conducta como gravemente culposa, de conformidad con el art.

deberes legales y funcionales de la demandada, lo que afectó la buena administración, la legalidad y la protección a los recursos públicos, por lo que es necesario calificar la conducta como gravemente culposa, de conformidad con el art. 6° de la Ley 678 de 2001.Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

8

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 11 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 y, posteriormente, el 1 de agosto de 2025, ingresó al Despacho para proferir sentencia.

1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara, no hizo uso de esta etapa procesal.

La parte demandada, señora María Teresa Ortiz Zabala 7, solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, y alegó que durante el proceso probó la inexistencia de conducta dolosa o gravemente culposa de su parte, de cara a la materialización de un detrimento patrimonial, por lo que reitera, no hay lugar a la condena pretendida.

La llamada en garantía, Aseguradora Solidaria de Colombia 8, se opuso a cualquier condena en su contra, toda vez que las pólizas suscritas únicamente amparaban como riesgo los derivados de la comisión de conductas punibles y, en

La llamada en garantía, Aseguradora Solidaria de Colombia 8, se opuso a cualquier condena en su contra, toda vez que las pólizas suscritas únicamente amparaban como riesgo los derivados de la comisión de conductas punibles y, en todo caso, se habían constituido para amparar el patrimonio de la E.S.E. y no el de la demandada, por lo que solicitó su exclusión del proceso.

El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

7 Documento al No. 012 de SAMAI Segunda Instancia 8 Documento al No. 011 de SAMAI Segunda InstanciaRepetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

9

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual consiste en establecer si:

¿Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la señora María Teresa Ortiz Zabala con ocasión del pago de la suma de $13.158.000 efectuado por la entidad demandante, en virtud de la suscripción del acuerdo conciliatorio con la señora Ludy Yomar Murillo Silva, ante la omisión del deber de emitir preaviso para la terminación de su relación laboral?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará la responsabilidad de los servidores públicos, la naturaleza del medio de control de repetición, los requisitos para la prosperidad del medio de control de repetición y la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado dolosa o gravemente culposa, y (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política «el Estado responderá patrimonialmente por los daños antij urídicos que le sean imputables,

9 Art. 328 del CGP. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos

responderá patrimonialmente por los daños antij urídicos que le sean imputables,

9 Art. 328 del CGP. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

10

causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culpo sa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este».

A su turno, el artículo 142 del CPACA dispone que el ejercicio del medio de control repetición por parte de la entidad pública por lo pagado, se origina por la obligación de realizar un « reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas». (Negrillas de la Sala).

Ahora bien, el H. Consejo de Estado 10 se ha referido en los siguientes términos a la

conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas». (Negrillas de la Sala).

Ahora bien, el H. Consejo de Estado 10 se ha referido en los siguientes términos a la procedencia del medio de control bajo escrutinio:

«La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico».

Ha señalado, además, que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda, mientras que los dos últimos de tales requisitos referidos a la acreditación de la culpa grave o el dolo de la conducta, son de carácter subjetivo y están sometidos a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.

10 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de febrero de 2020. C.P. María Adriana Marín. Rad. 11001-03-26-000-2014-00126-00 (52053).Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Marín. Rad. 11001-03-26-000-2014-00126-00 (52053).Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

11

A su turno, el H. Consejo de Estado 11 al referirse a los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, precisó:

«[…] la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en señalar que, a fin de garantizar el derecho al debido proceso -artículo 29 de la C.P.-, la Ley 678 de 2001 se aplica en lo sustancial a los actos y hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia -4 de agosto de 2001, de modo que, si las actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad pública fueron anteriores a la expedición de la citada ley, las normas aplicables para dilucidar si el servidor público enjuiciado actuó con dolo o con culpa grave serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado (artículos 63 del C.C., 6, 83, 90, 121, 122 y 124 de la Constitución Política), además de las funciones previstas en los reglamentos o manuales respectivos». (Subrayado de la Sala).

Con fundamento en lo anterior y comoquiera que los hechos que dieron lugar al pago de la condena judicial efectuada por la Administración y por el que ahora se repite datan del año 2018, esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley 678 de 200112,

Con fundamento en lo anterior y comoquiera que los hechos que dieron lugar al pago de la condena judicial efectuada por la Administración y por el que ahora se repite datan del año 2018, esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley 678 de 200112, se aplicarán en los aspectos de orden sustancial y procesal, las disposiciones en la norma en comento.

Así, se advierte que en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 se establecieron unas causas que hacen presumir la existencia del dolo y de la culpa grave en el agente público, respectivamente, a saber:

En relación con el DOLO:

«Artículo 5. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

11 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de enero de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Marín. Rad. 25000-23-26-000-2009-00955-01 (49591). 12 «Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición».Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

12

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

12

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial».

En relación con la CULPA GRAVE:

«Artículo 6. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la le y o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar manifiesta e inexcusablemente5 el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal».

actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar manifiesta e inexcusablemente5 el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal».

Ahora bien, sobre las presunciones en sede del medio de control de Repetición, el H. Consejo de Estado13 ha precisado que:

«Las presunciones estipuladas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 tienen naturaleza de legales y, por tanto, la administración demandante tiene la carga de

13 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de diciembre de 2020. C.P. María Adriana Marín. Rad. 50001-23-33-000-2015-00292-01(65086).Repetición Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: ESE Centro de Salud Santa Bárbara

Demandado: María Teresa Ortiz Zabala Radicado: 680013333004-2022-00103-01

13

probar únicamente los supuestos de hecho a los que aluden dichas normas, puesto que la parte que niegue el hecho presumido está sujeta a la carga de probar el hecho contrario” y que, “por tratarse de una presunción legal, esto es, que admite prueba en contrario, la parte demandada tiene abierta la posibilidad para oponerse y acreditar, en esta sede judicial, o bien la inexistencia del hecho que le da base a la presunción o de las circunstancias en las que se configuró aquel, ya que la presunción ‘no impide que la parte adversaria lleve al proceso otras pruebas con la fi