TA SAN - Sentencia 68001-33-33-004-2022-00278-01 (19-06-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

PONENCIA DE MAYORIAS

EXPEDIENTE: 68001333300420220027801

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES

notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co paniaguacohenabogadossas@gmail.com contacto@colpensiones.gov.co

DEMANDADO: HUMBERTO LOPEZ BLANCO

nevamu12@hotmail.com

VINCULADO: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL

ESTADO

notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 146

TEMA: PENSIÓN DE VEJEZ – LESIVIDAD – Laboral

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala, en ponencia de mayorías, el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que declaró probada de oficio la caducidad del medio de control, previa la siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Circuito Judicial de Bucaramanga, que declaró probada de oficio la caducidad del medio de control, previa la siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Colpensiones

Demandado: Humberto López Blanco

Radicado: 2022-00278-01

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1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

Se expuso en la demanda que, mediante Resolución No. 100367 del 2 de febrero de 2010, el Instituto de Seguros Sociales – ISS reconoció pensión de vejez a favor del señor Humberto López Blanco, en cuantía inicial de $1.181.443 efectiva a partir del «1 de febrero de 2010 con 1.948 semanas cotizadas, con un IBL de $1.312.715, con una tasa de reemplazo del 90%, de conformidad con el Decreto 758 de 1990».

Con posterioridad al reconocimiento de la pensión, el señor Humberto López Blanco presentó varias solicitudes de reliquidación, las cuales fueron resueltas de manera desfavorable mediante más de diez resoluciones expedidas entre 2016 y 2022, al no encontrarse valores adicionales ni elementos que justificaran modificar la liquidación inicial.

No obstante, señaló que , con base en la nu eva solicitud de reliquidación de la pensión presentada por el demandado el 15 de febrero de 2022, realizó una revisión del expediente pensional en donde evidenció inconsistencias en el cálculo del IBL, así como errores en la validación de varios periodos de cotización.

En ese sentido, al realizar la nueva liquidación la parte actora , afirmó que, el IBL

del expediente pensional en donde evidenció inconsistencias en el cálculo del IBL, así como errores en la validación de varios periodos de cotización.

En ese sentido, al realizar la nueva liquidación la parte actora , afirmó que, el IBL para el año 2010 correspondió a $ 1.167.838, y para el año 2022 la suma de $1.827.594, la cual resulta inferior a la que actualmente devengaba para el año 2022 por valor de $ $1.848.887.

Finalmente, mediante Resolución No. SUB-232105 del 29 de agosto de 2022 se negó la reliquidación de pensión de vejez solicitada.

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 10 SAMAI, link One Drive, archivo 0002DemandaYAnexos20221031.pdf, folio 4 al 6Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Colpensiones

Demandado: Humberto López Blanco

Radicado: 2022-00278-01

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1.1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

«1. Que se declare la Nulidad Parcial de la Resolución N° 100367 del 12 de febrero de 2010, por medio de la cual el ISS, concedió pensión una vejez al señor HUMBERTO LOPEZ BLANCO, identificado con CC No. 13.810.250, en cuantía inicial de $1.181.443, a partir del 1 de febrero de 2010, con 1.948 semanas cotizadas, con un IBL de $1.312.715, con una tasa de reemplazo del 90%, de

inicial de $1.181.443, a partir del 1 de febrero de 2010, con 1.948 semanas cotizadas, con un IBL de $1.312.715, con una tasa de reemplazo del 90%, de conformidad con el Decreto 758 de 1990, en razón a que se reconoció una mesada superior a la que en derecho corresponde.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ORDENE al señor HUMBERTO LOPEZ BLANCO identificado con CC No. 13.810.250, el REINTEGRO de lo pagado por concepto de recon ocimiento de una pensión de vejez, a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados y las que se sigan causando, a favor

de La Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones.

3. Que sean INDEXADAS las sumas de dineros reconocidas a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, y al pago de intereses a los que hubiere lugar, como consecuencia de los pagos realizados en exceso, al demandado.

4. Se condene en costas a la parte demandada».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Se invocaron como normas vulneradas las siguientes: Artículo 48 de la Constitución Política, artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y Acto Legislativo 01 de 2005.

Señaló como concepto de violación que, el acto administrativo demandado es contrario a derecho, dado que, al realizar la liquidación correcta para el 2022 , esta asciende a la suma de $1.827.595, la cual es inferior a la que actualmente percibe el demandado por valor de $1.848.887 . Esta circuns tancia, en su sentir , causa un

asciende a la suma de $1.827.595, la cual es inferior a la que actualmente percibe el demandado por valor de $1.848.887 . Esta circuns tancia, en su sentir , causa un perjuicio al erario al ser administradora de naturaleza pública.

Conforme a lo anterior, indicó que el reconocimiento de los valores adicionales a lo debido vulnera el artículo 36 de la Ley 100, dado que dicho reconocimient o no se

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 10 SAMAI, link One Drive, archivo 0002DemandaYAnexos20221031.pdf, folio 3 al 4Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Colpensiones

Demandado: Humberto López Blanco

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encuentra ajustado a derecho, por no cumplir con los requisitos del Decreto 758 de 1990 al liquidarse y cancelarse una mesada superior.

1.2. Contestación de la demanda

La parte demandada, Humberto López Blanco, no contestó la demanda.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , en providencia de fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil veinticuatro (2024), resolvió después de impartir el trámite ordinario del proceso , declarar probada de oficio la excepción de caducidad y, en consecuencia, dar por terminado el proceso sin condenar en costas a la demandante.

Para fundamentar su decisión, señaló que, conforme al literal c del numeral 1° del artículo 164 del CPACA, cuand o se pretenda controvertir actos que reconozcan o

sin condenar en costas a la demandante.

Para fundamentar su decisión, señaló que, conforme al literal c del numeral 1° del artículo 164 del CPACA, cuand o se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen prestaciones periódicas, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho puede interponerse en cualquier tiempo; no obstante, adujo que para el caso de pensiones reconocidas , la Ley 2381 de 202 4 establece que las acciones deben interponerse dentro de los cinco (5) años siguientes a la concesión de la prestación, so pena de la configuración de la caducidad.

Con base en lo anterior, el juzgado concluyó que los efectos jurídicos del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 resultan aplicables al caso. En consecuencia, determinó que el reconocimiento de la prestación cuya nulidad se solicita ocurrió mediante la Resolución No. 100367 del 12 de febrero de 2010 , por lo que la Administración contaba hasta el 13 de febrero de 2015 para presentar la demanda.

Sin embargo, esta fue radicada hasta el 31 de octubre de 2022, lo que implica que la acción se inició fuera del término de cinco años establecido en la Ley 2381 de

2024. Por tal razón, declaró la caducidad del medio de control.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00020 SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Colpensiones

Demandado: Humberto López Blanco

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1.4. El recurso de apelación

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Colpensiones

Demandado: Humberto López Blanco

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1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandante, Colpensiones4, inconforme con la decisión, solicitó que la sentencia de primera instancia sea revocada y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, por cuanto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que la caducidad se deberá aplicar a partir de su vigencia.

En ese mismo hilo , consideró que la aplicación inmediata de la norma resulta contraria al artículo 94 de la misma ley, el cual establece que el nuevo régimen del Sistema de Protección Social Integral entrará a regir a partir del 1° de julio de 2025, por lo que no podía aplicarse a una demanda radicada en octubre de 2022.

Conforme a lo anterior, indicó que, la i nterpretación adoptada en primera instancia desconoce los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al imponer una restricción procesal que no se encontraba vigente al momento de la radicación de la demanda , por lo que, la norma procesal no p odía aplicarse de manera retroactiva para afectar derechos adquiridos o actuaciones en curso. Por último , refirió que, al tratarse de una prestación económica de carácter periódica, no está sujeta al término de caducidad, por lo que se puede demandar en cualquier tiempo.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha dos (02) de abril de dos mil veinticinco (2025) se admitió el recurso

cualquier tiempo.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha dos (02) de abril de dos mil veinticinco (2025) se admitió el recurso de apelación, ordenándose la notificación personal del ministerio público y a las partes por estado, e igualmente, se ordenó correr traslado a las partes para que presentarán sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

1.5.1. La parte demandante, Colpensiones, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. La parte demandada, Abraham Dulcey Salazar, no hizo uso de esta etapa procesal.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00022 SAMAI.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.5.3. La representante del Ministerio Público no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al

instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación5, el cual consiste en establecer si:

P.J.1.: ¿Operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente a las pretensiones de lesividad de Colpensiones en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de Ley 2381 de 2024?

P.J.2.: ¿Está viciada de nulidad la Resolución N° 100367 del 12 de febrero de 2010 por medio de la cual se reconoció la pensión de vejez a favor del demandado, por ser la mesada pensional superior a la que corresponde?

5 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Y en caso afirmativo,

P.J.3. ¿Hay lugar a reintegrar las sumas pagadas en exceso al demandado, por concepto de la mesada pensional?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial de

por concepto de la mesada pensional?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial de la caducidad, de la pensión de vejez y de la buena fe para la devolución de las prestaciones periódicas, (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se discuten en lesividad prestaciones periódicas

Se tiene por establecido que la caducidad se configura cuando el plazo consagrado en la ley para instaurar algún tipo de acción ha vencido. Es la sanción que determina la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto que, al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente.

En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercici o de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la jurisdicción a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea resuelto con carácter definitivo por el juez competente.

Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga para que, ante la

o controversia, sea resuelto con carácter definitivo por el juez competente.

Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga para que, ante la materialización de un determinado hecho, los interesados actúen con diligencia enNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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cuanto a la reclamación efectiva de sus derechos, sin que las partes puedan convenir en su desconocimiento, modificación o alteración.

En ese sentido, el literal «d» del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, establece la oportunidad para presentar la demanda del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, so pena de que opere la caducidad. Veamos:

«Artículo 164. Opo rtunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] // 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […]

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del t érmino de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales». En consonancia con lo anterior, el literal «c» del numeral primero de ese mismo canon procesal, establece que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo, cuandoquiera que se «dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestacio nes periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las

canon procesal, establece que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo, cuandoquiera que se «dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestacio nes periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». No obstante, en lo atinente a las pensiones reconocidas, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y conten cioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a partir de la concesión de la prestación. Vencido este interregno, se aplicará la caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de algún delito en la obtención del derecho. Veamos: «Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas

administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley». (Subrayado de la Sala).

En lo relativo a la aplicación de la norma transcrita, coexisten actualmente dos posturas al interior de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, las cu ales pasan sintetizarse en el análisis de los casos abordados en tales oportunidades por el órgano de cierre de esta jurisdicción:

Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 11 de diciembre de 2024. CP. Jorge Iván Duque Gutiérrez. Rad . 66001 -23-33-000-202000421-01 (1197 -2024). UGPP vs María Nohelia Escobar Calvo

1. La UGPP pretendió en lesividad la nulidad del acto administrativo que reconoció a la demandante una pensión gracia en el año 1990, la cual fue reliquidada en los años 2018 y 2019.

2. El Consejo de Estado después de abordar la noción general del fenómeno de la caducidad y las normas aplicables en el CPACA, citó el artículo 86 de la Ley 2381 de

2024.

Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 29 de

caducidad y las normas aplicables en el CPACA, citó el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 29 de noviembre de 2024. CP. Elizabeth Becerra Cornejo. Rad. 17001 -23-33000-2018-00419-01 (3995-2021). UGPP vs María Ofelia García de Suárez

1. La UGPP pretendió en lesividad la nulidad del acto administrativo que reconoció a la demandante una pensión gracia en el año 1973, la cual fue reliquidada en 1990.

2. El Consejo de Estado abordó de oficio la caducidad del medio de control y consideró necesario, para efectos de la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, acudir al tránsito legislativo, en los términos contenidos en el artículo 40Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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3. En ese orden, estimó que las disposiciones contenidas en dicha ley, con excepción de lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común (1º de julio de 2025), entraron a regir desde su promulgación , por la naturaleza misma de la norma y por el efecto útil perseguido por el legislador.

4. En la providencia se realizó el siguiente cuestionamiento: «Si a la fecha de hoy y

a regir desde su promulgación , por la naturaleza misma de la norma y por el efecto útil perseguido por el legislador.

4. En la providencia se realizó el siguiente cuestionamiento: «Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado, ¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha entrado en vigencia?»

5. A continuación se anotó: «Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a d eclarar la caducidad cuando la norma “entre en vigencia” , lo cual no solo es absurdo, sino que no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas».

6. Se consideró carente de sentido someter a los jueces una espera prolongada (1º de julio de 2025), «dado que, independientemente de si la caducidad se declara en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la contabilización se debe realizar desde l a concesión de la prestación». de la ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP6.

3. En tal sentido, señaló que, «aunque, por regla general las normas procesales se consideran de orden p úblico y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun

aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de control».

4. Y como al momento de formulación de la demanda, esto es, el 15 de agosto de 2018, la disposición aplicable era el literal «c» del artículo 164 del CPACA, en el que no había término de caducidad alguno, consideró necesario inaplicar la expresión «y que estén en curso» , prevista en el artículo 86 referido, a considerarlo incompatible con lo s artículos 29 y 229 superiores y con los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

6 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. // Sin embargo, los recursos interpuestos , la práctica d e pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t érminos que hubieren comenzado a correr , los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regir án por las leyes vigentes cuando se interpusieron los

diligencias iniciadas, los t érminos que hubieren comenzado a correr , los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regir án por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. // La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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7. En consecuencia, se concluyó «el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se encuentra vigente.

Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de 1997».

5. Finalmente, se sostuvo que lo decidido «no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887, sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete recursos públicos».

garantizar plenamente el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete recursos públicos».

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el fenómeno de la caducidad obedece a un criterio objetivo, pues transcurrido el tiempo límite que prevé la ley para demandar, ya no se puede incoar la acción y, en consecuencia, sobreviene la intangibilidad del respectivo acto, en cuanto que este acto ya no puede ser enjuiciado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ante la disparidad de criterios al interior del órgano de cierre de esta jurisdicción, la ponente ha acogido la posición mayoritaria de la Sala de Decisión y aplica lo dispuesto por la Subsección B del H. Consejo de Estado , al considerar que, dicha tesis resulta más garantista y guarda mayor armonía con los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

Bajo ese horizonte de comprensión, con fundamento en el artículo 4º superior se inaplicará por inconstitucional la expresión «y que estén en curso», contenida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por cuanto la declaratoria de caducid ad resultaría injustificada y afectaría gravosamente el derecho de raigambre constitucional de acceso a la administración de justicia.

Lo anterior, en la medida que se negaría a la entidad demandante la tutela judicial efectiva, pues una sentencia que declara la caducidad no resolvería de fondo la controversia que propuso al acudir a esta jurisdicción en virtud del principio de

Lo anterior, en la medida que se negaría a la entidad demandante la tutela judicial efectiva, pues una sentencia que declara la caducidad no resolvería de fondo la controversia que propuso al acudir a esta jurisdicción en virtud del principio de confianza legítima antes de la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024, es decir,Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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cuando no existía un término de caducidad de cinco años desde el reconocimiento prestacional para interponer la demanda.

En resumen, la norma que se inaplicará por inconstitucional e s abiertamente incompatible con el canon constitucional establecido en el artículo 29 de la Carta, por lo que se analizará de fondo el asunto puesto a consideración de la Sala, al no haber operado la caducidad del medio de control, con lo cual se entiende resuelto el primer problema jurídico planteado.

2.4.1. De la pensión de vejez

El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 7 consagra los requisitos para acceder a la pensión de vejez, los cuales son los siguientes:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. En el

incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. En el caso de los hombres, a partir del primero de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del primero de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año

2015.

No obstante, la misma norma estableció un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados. Al respecto, el artículo 36 ibidem señala:

7 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.»Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de

(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y