TA SAN - Sentencia 68001-33-33-004-2024-00021-01 (09-10-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, nueve (09) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300420240002101

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ALBA CECILIA LIZCANO CAMPOS

Alcelica212354@hotmail.com notificaciones@asleyes.com

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO

notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 279

TEMA: PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTE LEY 71 DE 1988

CON CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

– LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Se decide n los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra la sentencia de fecha quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

Demandado: FOMAG

Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

Demandado: FOMAG Radicado:680013333004-2024-00021-01

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1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Hechos

Señaló que la demandante prestó sus servicios como docente por más de 20 años, desde el 8 de septiembre de 1987, así:

ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA Colpensiones (125 semanas RAIS (233 semanas) 08/09/1987 07/2008

DOCENTE OPS # 1080 SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

06/06/2003 06/09/2003

NOMBRAMIENTO DOCENTE PROVISIONALIDAD / SECRETARIA

DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

10/09/2003 18/12/2003

NOMBRAMIENTO DOCENTE PROVISIONALIDAD / SECRETARIA

DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

06/02/2004 30/05/2005

NOMBRAMIENTO DOCENTE PROPIEDAD / SECRETARIA DE

EDUCACIÓN DE MAICAO

14/07/2008 02/07/2013

NOMBRAMIENTO DOCENTE PROPIEDAD / SECRETARIA DE

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

03/07/2013 27/09/2021

Indicó que la demandante nació el 21 de octubre de 1964 y que, para la fecha de presentación de la demanda, contaba con más de 55 años de edad.

03/07/2013 27/09/2021

Indicó que la demandante nació el 21 de octubre de 1964 y que, para la fecha de presentación de la demanda, contaba con más de 55 años de edad.

Señaló que reunió los requisitos contemplados en el art. 7 de la Ley 71 de 1988 y adquirió el status pensional el 11 de febrero de 2020, pues cumplió 20 años de servicios y 55 años de edad.

Finalmente, indicó que el 12 de enero de 2022, radicó ante la Secretar ía de Educación de Santander, la petición de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, la cual fue negada mediante la Resolución No. 6874 del 7 de abril de 2022, al indicar que la demandante se había vinculado como docente con posterioridad a la e ntrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. También solicitó el traslado de los aportes efectuados ante Porvenir S.A., sin que hubiese sido resuelta tal petición.

1 Documento al No. 02 del índice de SAMAI – Primera instanciaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

Demandado: FOMAG Radicado:680013333004-2024-00021-01

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1.1.2. Pretensiones2

Con la demanda se solicitó:

«PRIMERA. - DECLARAR la NULIDAD del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 06874 del 07 de abril del 2022, a través del cual la Secretaría de Educación de Santander, actuando en nombre y representación de la Nación –

«PRIMERA. - DECLARAR la NULIDAD del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 06874 del 07 de abril del 2022, a través del cual la Secretaría de Educación de Santander, actuando en nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a favor de la señora ALBA CECILIA LIZCANO CAMPOS, bajo el marco de la Ley 71 de 1988.

SEGUNDA. - A título de restablecimi ento del derecho, se CONDENE a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que, a través de la Secretaría de Educación de Santander, RECONOZCA y PAGUE lo correspondiente a la PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES a la señora ALBA CECILIA LIZCANO CAMPOS en el marco de la Ley 71 de 1988, en su condición de docente oficial.

TERCERA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que a partir del 11 de febrero del 2020, fecha de constitución del derecho, RECONOZCA y PAGUE a la señora ALBA CECILIA LIZCANO CAMPOS la PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES, en una cuantía equivalente al 7 5% del I.B.L. pensional que debe ser conformado por los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha del status pensional, es decir, asignación básica, bonificación mensual y bonificación

cuantía equivalente al 7 5% del I.B.L. pensional que debe ser conformado por los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha del status pensional, es decir, asignación básica, bonificación mensual y bonificación pedagógica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 33 de 1985 (modificado por Art. 1. Ley 62 de 1985), Decretos No. 1022 de 2019, 298 de 2020 y 2354 de 2018.

CUARTA. - Que para efectos del reconocimiento de la pensión que se pretende, se tengan en cuenta la totalid ad de los periodos relacionados en el cuadro de tiempo de servicios insertado en los hechos de esta demanda, incluido el periodo laborado como docente vinculada bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios, entre el 06 de junio del 2003 y el 06 de septiembre del 2003, a través de la Secretaría de Educación de Santander.

QUINTA. – Que para efectos del reconocimiento de la pensión que se pretende, se tengan en cuenta los tiempos cotizados por la docente ALBA CECILIA LIZCANO CAMPOS en COLPENSIONES y PORVENIR S.A., para lo cual deberá ordenar la imposición de la cuota parte c orrespondiente o el traslado de dichas cotizaciones con destino al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

SEXTA. - Se CONDENE a la parte demandada a pagar a mi poderdante todas las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde la fecha d e constitución del derecho (11/02/2020) hasta el día en que se haga efectivo el pago, incluidas las primas consagradas en la ley y los aumentos anuales automáticos que ordena la

mesadas pensionales dejadas de cancelar desde la fecha d e constitución del derecho (11/02/2020) hasta el día en que se haga efectivo el pago, incluidas las primas consagradas en la ley y los aumentos anuales automáticos que ordena la Ley 71 de 1988, incluyendo la actualización de los valores objeto de la condena de

2 Documento al No. 02 del índice de SAMAI– Primera instancia.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

Demandado: FOMAG Radicado:680013333004-2024-00021-01

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acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) y tal como lo autoriza el artículo 187 del C.P.A.C.A.

SEPTIMA. - CONDENAR a la entidad demandada al pago de los INTERESES MORATORIOS que se devengaran a partir de la ejecutoria de la r espectiva sentencia, conforme al artículo 192 y numeral 4 del artículo 195 del C.P.A.C.A.

OCTAVA. - CONDENAR a la parte demandada a que dé CUMPLIMIENTO AL FALLO dentro del término previsto en los artículos 189, 192, 194, y 195 del

C.P.A.C.A.

NOVENA. - CONDENAR a la entidad demandada al PAGO DE COSTAS, según lo previsto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. en armonía con lo establecido en el Código General del Proceso».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas enlista la demanda los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53,

Código General del Proceso».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas enlista la demanda los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política; el Acto Legislativo 01 de 2005; el artículo 1 de la Ley 33 de 1985; los arts. 2 y 15 de la Ley 91 de 1989; el art. 6 de la Ley 60 de 1993; el art. 115 de la Ley 115 de 1993; los arts. 141 y 279 de la Ley 100 de 1993; el art. 81 de la Ley 812 de 2003; los arts. 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003; el Decreto 1848 de 1969 y el Decreto 2921 de 1948.

Como concepto de violación, formuló como cargo de nulidad el siguiente: violación de las normas en que debería fundarse , pues, sostiene que, según las normas citadas, los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se rigen por la normativa anterior, es decir, las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988; por lo que resulta claro que el acto ficto vulneró preceptos legales y constitucionales al negar el reconocimiento pensional a la demandante.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

La parte demandada, Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFOMAG3, se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que, el acto administrativo no está inmerso en causal alguna

La parte demandada, Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFOMAG3, se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que, el acto administrativo no está inmerso en causal alguna de nulidad, toda vez que fue proferido en debida forma, según el contexto factico y jurídico de la demandante.

3 Documento al No. 07 del índice de SAMAI– Primera instancia.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

Demandado: FOMAG Radicado:680013333004-2024-00021-01

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Precisó que la demandante se vi nculó al FOMAG a partir del año 2014, por lo que le resulta aplicable lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 100 de 1993. Además, señaló que el tiempo acreditado por la demandante no puede ser tenido en cuenta toda vez que fue bajo orden de prestación de servicios desde el año 1992, cuya naturaleza era de un contrato civil.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: «ineptitud de la demanda por falta de reclamación administrativa», «inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido», «prescripción», « legalidad de los actos administrativos demandados », y, «buena fe e improcedente de imposición de costas procesales».

1.2.2. La sentencia apelada4

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda, y resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la resolución N° 06874 del 7 de abril de

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda, y resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la resolución N° 06874 del 7 de abril de 2022 expedida por la Secretaría de Educación Departamental de Santander en nombre y representación de la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, mediante la cual se niega el r econocimiento pensional solicitado por la señora ALBA CECILIA LIZCANO CAMPOS.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PREST ACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a que proceda efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 a favor de la señora ALBA CECILIA LIZCANO CAMPOS con una tasa de reemplazo del 75 % y con el ingreso base de liquidación correspondiente a aquellos factores devengados durante el año inmediatamente anterior a su adquisición del estatus de pensionada (esto es, desde el 22 de abril de 2019 hasta el 22 de abril de 2020) y sobre los cuales se hayan efectuado los r espectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, los cuales corresponden únicamente a la asignación básica. Las mesadas deberán ser canceladas a partir del 22 de abril de 2020.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de “PRESCRIP CIÓN” del

62 de 1985, los cuales corresponden únicamente a la asignación básica. Las mesadas deberán ser canceladas a partir del 22 de abril de 2020.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de “PRESCRIP CIÓN” del derecho al pago de las mesadas pensionales de la señora ALBA CECILIA LIZCANO CAMPOS alegada por la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, de conformidad con lo dispuesto en la parte conside rativa de esta providencia.

4 Documento al No. 20 del índice de SAMAI– Primera instancia.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

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CUARTO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia dentro de los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del CPACA.

QUINTO: CONDENAR en costas a la demandada NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a favor de la demandante ALBA CECILIA LIZCANO CAMPOS.

LIQUÍDENSE de conformidad con el artículo 366 del CGP.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones a que haya lugar.

SÉPTIMO: INSTAR a las partes para que DEN CUMPLIMIENTO a los deberes de los sujetos procesales, especialmente el de enviar a las demás partes del proceso de manera simultánea -con copia incorporada al mensaje de datos - todos los

SÉPTIMO: INSTAR a las partes para que DEN CUMPLIMIENTO a los deberes de los sujetos procesales, especialmente el de enviar a las demás partes del proceso de manera simultánea -con copia incorporada al mensaje de datos - todos los memoriales que presenten ante este despacho judicial. Lo anterior, de conformidad con el inciso 5° del artículo 6° de la Ley 2213 de 2022, en plena concordancia con el inciso 2° del artículo 186 del CPACA, modificado por la ley 2080 de 2021, y el numeral 14 del artículo 78 del CGP. […]».

Señaló el a quo que, dada la naturaleza de la profesión de los docentes, cuyas labores no se pueden ser desarrolladas de forma independiente y autónoma, ello permite concluir que tras la celebración de contratos de prestación de servicios para el ejercicio de tal laboral, se oculta una verdadera relación laboral, por lo que, en virtud de l principio de primacía de la realidad sobre las formas e igualdad, los docentes vinculados bajo la modalidad contractual, deben recibir el mismo trato que aquellos vinculados mediante relación legal y reglamentaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, señaló que el tiempo durante el cual la demandante se desempeñó como docente del Departamento de Santander, mediante contratos de prestación de servicio, resulta procedente tenerlo en cuenta para efectos pensionales, pese a que no exista declaración administrativa o judicial previa.

En ese sentido, señaló que la demandante fue vinculada por primera vez al servicio de la docencia oficial el 6 de junio de 2003, esto es, con anterioridad al 27 de junio de 2003, cuando entró en vigor la Ley 812 de 2003.

En ese sentido, señaló que la demandante fue vinculada por primera vez al servicio de la docencia oficial el 6 de junio de 2003, esto es, con anterioridad al 27 de junio de 2003, cuando entró en vigor la Ley 812 de 2003.

Así las cosas, el a quo concluyó que, a la demandante le resulta aplicable el régimen de pensión de jubilación contemplado en la Ley 71 de 1988 y, por ende, los factores previstos en el art. 1° de la Ley 62 de 1985. En ese sentido, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión atrás señalada, a partir del 22 de abril de 2020.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

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1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandante5 solicitó que se modifique la sentencia de primera instancia, frente a los factores reconocidos y que se incluya la asignación básica, la bonificación mensual y la bonificación pedagógica. Lo anterior, de conformidad con el art. 3° de la Ley 33 de 1985 , modificado por el art. 1° de la Ley 62 de 1985 , el Decreto 1566 de 2014 y el Decreto 2354 de 2018.

La parte demandada, Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFOMAG6, se opuso a la decisión contenida en el fallo de primera instancia e indicó que, a la demandante no le asiste el derecho al reconocimiento pensional conforme señalado por el a quo, pues su vinculación

Prestaciones Sociales del MagisterioFOMAG6, se opuso a la decisión contenida en el fallo de primera instancia e indicó que, a la demandante no le asiste el derecho al reconocimiento pensional conforme señalado por el a quo, pues su vinculación como docente afiliado al FOMAG se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 . Además, indicó que no le resulta aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y , por ende, no le resulta aplicable la Ley 71 de 1988.

Así las cosas, precisó que la demandante ingresó al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 e, igualmente, señaló que no acreditó tener los requisitos de edad y tiempos de servicio.

En ese sentido, señaló , en conclusión, que la demandante no es tampoco beneficiaria del régimen de transición, por lo que no era dable ap licar el régimen previsto en la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 19 de septiembre de 20257, se admitió el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 y, posteriormente, ingresó al Despacho para proferir sentencia. De este trámite se destaca:

1.3.1. La parte demandante8, reitera que solicita se revoque de manera parcial la sentencia de primera instancia, al señalar que se omitió la inclusión del factor

5 Documento al No. 18 del índice de SAMAI– Primera instancia. 6 Documento al No. 17 del índice de SAMAI– Primera instancia.

sentencia de primera instancia, al señalar que se omitió la inclusión del factor

5 Documento al No. 18 del índice de SAMAI– Primera instancia. 6 Documento al No. 17 del índice de SAMAI– Primera instancia. 7 Documento al No. 005 del índice de SAMAI–Segunda instancia. 8 Documento al No. 010 del índice de SAMAI–Segunda instancia.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

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salarial de la bonificación mensual y la bonificación pedagógica, de conformidad con el Decreto 1566 de 2014 y el Decreto 2354 de 2018, respectivamente.

1.3.2. La parte demandada, Nación - Ministerio de Educación - FOMAG, no hizo pronunciamiento adicional.

1.3.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Acerca de la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzg ados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a los argumentos expuestos por la parte demandante y demandada en los recursos de

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a los argumentos expuestos por la parte demandante y demandada en los recursos de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivame nte en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual consiste en establecer si:

P.J. 01: ¿La demandante, en su calidad de docente, tiene derecho a que se le reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, computándosele los periodos en los que se vinculó por orden de prestación de servicios?

9 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

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P.J. 02: ¿Hay lugar a la incluir en el ingreso base de liquidación la bonificación mensual y la bonificación pedagógica?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala con sidera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará lo atinente al régimen pensional de los docentes (ii) las vinculaciones a través de contratos de prestación de servicios , (iii) la pensión por aportes, y (iv) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

vinculaciones a través de contratos de prestación de servicios , (iii) la pensión por aportes, y (iv) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Régimen pensional aplicable a los docentes

El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 inciso primero y segundo, dispuso lo siguiente:

«Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial , es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres […]».

Lo anterior fue ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 001 de 2005, de la siguiente manera:

«Parágrafo transitorio 1. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las dispos iciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a

establecido para el Magisterio en las dispos iciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003».

En este sentido se tiene que existen dos regímenes pensionales para el magisterio, donde la aplicación de cada uno de estos está condicionada a la fecha de ingresoNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

Demandado: FOMAG Radicado:680013333004-2024-00021-01

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o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, delimitado por la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 27 de junio de 2003, veamos:

I. Los docentes que se encuentren vinculados al servicio público educativo con anterioridad al 27 de junio del 2003 , a quienes se les aplicarán las disposiciones del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional; y,

II. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir del 27 de junio del 2003, cuyo reconocimiento pensional estará gobernado por el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

En cuanto a las personas amparadas por el régimen de transición, el acto legislativo No. 001 de 2001, señaló:

régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

En cuanto a las personas amparadas por el régimen de transición, el acto legislativo No. 001 de 2001, señaló:

«Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, t engan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014". "Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen».

En este sentido y conforme al precedente jurisprudencial existen dos regímenes pensionales para el magisterio y la aplica ción de cada uno de estos está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente y se delimita acorde a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, esto es, el 26 de junio de 2003.

En ese sentido, se concluye que, para los docentes vinculados al servicio público educativo con anterioridad al 26 de junio del 2003, se aplicarán las disposiciones del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, en particular, la Ley 33 de 1985 en materia de pensión de jubilación y los Decretos 3135 de 1968

educativo con anterioridad al 26 de junio del 2003, se aplicarán las disposiciones del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, en particular, la Ley 33 de 1985 en materia de pensión de jubilación y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en materia de pensión de invalidez y respecto de los docentesNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Alba Cecilia Lizcano Campos

Demandado: FOMAG Radicado:680013333004-2024-00021-01

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vinculados después de la fecha mencionada, estarán cobijados por la Ley 812 de 2003, motivo por el cual el reconocimiento de la pensión se rige por la Ley 100 de 1993.

2.4.2. Vinculaciones a través de contratos de prestación de servicios

En aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y tratándose de docentes oficiales, la subsección A de la sección segunda del H. Consejo de Estado estimó que resulta procedente contabilizar el tiempo durante el cual estos p restaron sus servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación:

«La línea jurisprudencial definida por la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 201610 según la cual la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servici o público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las

desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servici o público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus f unciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado».

«Ahora bien, la Sala advierte que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso o rdinario de reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos escenarios con connotaciones diferentes:

(i). La primera, cuando se pretende la declaración de existencia de contrato realidad con todas sus connotaciones laborales y prestacionales, en este caso, debe darse previamente el agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la entidad te rritorial con la cual se suscribieron los contratos a efectos de garantizar el derecho al debido proceso de la entidad responsable y así mismo el total cumplimiento de la sentencia.

(ii). - La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación , escenario en el

(ii). - La segunda se presenta en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación , escenario en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia d