TA SAN - Sentencia 68001-33-33-005-2016-00220-01 (26-06-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300520160022001

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: VICTORIA NARVAEZ CORRALES

coordinadora@francoyveraabogados.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE FLORIDA BLANCA – CONTROL

INTERNO DISCIPLINARIO

notificaciones@floridablanca.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No 157

TEMA: SANCION DISCIPLINARIA DOCENTEOTROS

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

En la demanda de la referencia se expone, en síntesis, que inicialmente la demandante fue vinculada como docente al servicio del departamento del Cesar, según la Resolución núm. 02803 de 1994.

1.1.1. Hechos

En la demanda de la referencia se expone, en síntesis, que inicialmente la demandante fue vinculada como docente al servicio del departamento del Cesar, según la Resolución núm. 02803 de 1994.

1 Pág. 2 y ss del escrito de la demandaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Victoria Narváez Corrales

Demandado: Municipio de Floridablanca Radicado: 68001333300520160022001

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Señaló que para el año 1996, la docente como su núcleo familiar, fueron objeto de amenazas por parte de grupos al margen de la ley, motivo por el cual el 31 de marzo de 1997, le fue reconocida la calidad de «docente amenazada», por parte del comité especial de docentes amenazados del departamento del Cesar.

Posteriormente, indicó que, fue nombrada en propiedad en e l municipio de Floridablanca, mediante la Resolución núm 13970 del 29 de noviembre de 2002. Sin embargo, sostuvo que, las amenazas por parte de los grupos al margen de la ley continuaron, por lo que el 22 de enero de 2010, solicitó al municipio de Floridablanca, que tomara las medidas pertinentes para salvaguardar su vida , sin que estas fueran ejecutadas.

Agregó que, con acta núm. 002 del 2 de marzo de 2010, el comité municipal de docentes amenazados del municipio de Floridablanca le confirió el estatus de docente amenazada a la demandante.

En atención a lo anterior, expuso que solicitó al municipio de Floridablanca, que

docentes amenazados del municipio de Floridablanca le confirió el estatus de docente amenazada a la demandante.

En atención a lo anterior, expuso que solicitó al municipio de Floridablanca, que realizara los trámites de traslado a otra secretaria de educación, el cual señaló que lo realizaría con la secretaria de educación del distrito de Bogotá, previo la confirmación de un convenio interadministrativo entre ambas entidades territoriales.

Indicó que, con oficio del 16 de noviembre de 2010 , suscrito por la secretaria de educación del distrito de Bogotá y dirigido a la secretaria de educación del municipio de Floridablanca, dicho ente territorial le reiteró sobre el envío de los documentos necesarios para la incorporación de la docente a dicha planta de personal.

Manifestó que, en el año 2011, la demandante en atención a la situación de violencia tuvo que salir del país, por lo que solicitó asilo en Bélgica, donde le fue conferido el estatus de refugiada el 29 de noviembre de 2011 , condición que fue notificada al municipio de Floridablanca el 1° de febrero de 2012.

Entre tanto, señaló que, en atención a la ausencia de la demandante de su cargo, tanto en Floridablanca como en Bogotá, le fue iniciado proceso disciplinario Rad. 655-2011 por parte de la oficina de control interno del municipio de Floridablanca , el cual concluyó con la expedición de la Resolución del 20 de marzo de2015 y la Resolución No. 10236 del 30 de diciembre de 2015, con las que la demandante fueNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Victoria Narváez Corrales

Resolución No. 10236 del 30 de diciembre de 2015, con las que la demandante fueNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Victoria Narváez Corrales

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sancionada disciplinariamente , por abandono del cargo a título de dolo, con destitución e inhabilidad por el término de diez (10) años.

1.1.2. pretensiones2

Con la demanda se solicitó:

«PRIMERO: Se declare la nulidad de los actos administrativos del 20 de marzo de 2014 y Resolución 10236 del 30 de diciembre de 2015, este último notificado el 31 de diciembre de 2015 por medio de la cual se sanciona disciplinariamente a la accionante con destitución e inhabilidad general de 10 años.

SEGUNDO: De conformidad a lo anterior, se efectúe el reintegro en el cargo de docente y se efectúe el reconocimiento, liquidación y pago de salarios y demás prestaciones desde el momento en que se efectuó la declaratoria de insubsistencia, hasta que se haga efectivo el reintegro a su cargo.

TERCERO: Se declare que no ha existido solución de continuidad.

CUARTO: Se reconozca la suma de 100 salarios mínimos correspondientes al perjuicio moral causado por la destitución e inhabilidad general de 10 años.

QUINTO: Se ordene a los demandado s cumplir la sentencia en los términos previstos en el art. 192 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: Se condene en costas y en agencias en derecho».

QUINTO: Se ordene a los demandado s cumplir la sentencia en los términos previstos en el art. 192 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: Se condene en costas y en agencias en derecho».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Se invocaron como violadas las siguientes normas: arts. 1, 2, 25, 29, 54 y 209 de la Constitución Política, así como los arts. 6, 9, 17, 28, 43, 128, 129, 163 y 170. En el concepto de violación, señaló que en el proceso disciplinario desconocieron las condiciones especiales de la docente, quien fue reconocida como desplazada, así como docente ame nazada y con estatus migratorio de refugiada, resultando procedente la configuración de la eximente de responsabilidad.

2 Pág. 2 y ss del escrito de la demandaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1 Contestación de la demanda

La parte demandada, municipio de Floridablanca 3, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda al considerar que los actos administrativos demandados fueron proferidos conforme la Constitución y la Ley.

En relación con los hechos señaló que, realizó las gestiones pertinentes ante la secretaria de educación del distrito de Bogotá para el traslado de la demandante, sin

demandados fueron proferidos conforme la Constitución y la Ley.

En relación con los hechos señaló que, realizó las gestiones pertinentes ante la secretaria de educación del distrito de Bogotá para el traslado de la demandante, sin que se hubiese podido culminar, en atención que no se firmó el convenio interadministrativo en atención a que la planta de personal docente se encontraba congelada. Precisó que, el municipio de Floridablanca remitió toda la documentación requerida por el distrito de Bogotá.

Sostuvo que, el 28 de junio de 2012 el jefe de personal del distrito de Bogotá comunicó a la oficina de control interno del municipio de Floridabl anca, que la demandante no figuraba en la base de datos como docente, por lo que abandonó su cargo desde junio de 2011. En ese sentido señaló que la demandante salió del país del 1 ° de junio de 2011, sin dar cumplimiento a la Resolución No. 1240 de 20104.

Señaló que, la oficina de control interno disciplinario del municipio de Floridablanca adelantó proceso disciplinario en contra de la demandante, bajo el rad. 655 -2011. En cuyo tr ámite procesal indicó que, el pliego de cargos fue notificado a la aquí accionante, por medio de una apoderada de oficio.

De la misma manera, señaló que la demandante fue sancionada por la falta gravísima contenida en el art. 48 numeral 55 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo, por cuanto la demandante actuó con pleno conocimiento de su falta , pues salió del país el 1 ° de junio de 2011 y solo hasta el 1 de febrero de 2012, comunicó de ello al municipio de

la demandante actuó con pleno conocimiento de su falta , pues salió del país el 1 ° de junio de 2011 y solo hasta el 1 de febrero de 2012, comunicó de ello al municipio de Floridablanca.

Agregó que el ente territorial estuvo presto a colaborar con la situación de la docente, y fue ella quien se sustrajo de los lineamientos legales y decidió de forma voluntaria

3 Pág. 144 y ss. 4 «Por la cual se fija el procedimiento para la protección de los docentes y directivos docentes estatales que prestan sus servicios en los establecimientos educativos estatales ubicados en las entidades territoriales certificadas en educación y que se encuentran en situación de amenaza, y se dictan otras disposiciones».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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abandonar su trabajo y la protección del estado, sin que se encontrara justificación para el abandono del cargo.

Indicó que, no vulneró el debido proceso de la accionante, pues observó todas las garantías legales, toda vez que el proceso disciplinario se adelantó por funcionario competente, en atención a la calidad de la demandante, esto es, servidora pública de nivel municipal. Así como le garantizó el derecho de defesa a la demandante, teniendo en cuenta que el auto que ordenó la apertura de la investigación disciplinaria fue notificado por edicto, y previamente había sido citada la demandante para su notificación personal, sin que compareciera. Sin embargo, sostuvo que posteriormente, fue allegado poder de la aquí demandante a un prof esional en derecho.

notificado por edicto, y previamente había sido citada la demandante para su notificación personal, sin que compareciera. Sin embargo, sostuvo que posteriormente, fue allegado poder de la aquí demandante a un prof esional en derecho.

Finalmente, señaló que dentro del proceso disciplinario no se acreditó el eximente de responsabilidad denominado «miedo insuperable».

1.2.2. La sentencia apelada5

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, accedió a las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva de la sentencia se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos del 20 de marzo de 2014 y la Resolución No. 10236 del 30 de diciembre de 2015, por medio de los cuales se destituyó e inhabilitó por 10 años a la señora Victoria Narváez Corrales, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR al municipio de Floridablanca reintegrar en el cargo de docente a la señora Victoria Narváez Corrales, sin solución de continuidad, efectuando el reconocimiento, liquidación y pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento en que se efectuó la declaratoria de insubsistencia, hasta que se haga efectivo el reintegro al cargo. En el evento de no haber realizado el respectivo descuento por apor tes al Sistema de Seguridad Social , la entidad deberá realizarlos del valor de la reliquidación a pagar.

5 Pág. 668 y ss.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Victoria Narváez Corrales

realizarlos del valor de la reliquidación a pagar.

5 Pág. 668 y ss.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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TERCERO: NEGAR las demás pretensiones conforme a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: La entidad demandada actualizará las sumas que resulten de la condena impuesta en la presente providencia en los términos del inc. 4 del art. 187 del CPACA, dando aplicación a la fórmula reseñada en la parte motiva de esta sentencia, si se cumplen los supuestos del hecho del art. 192 y 192 del CPACA.

QUINTO: CONDENAR en costas al municipio de Floridablanca conforme al art. 188 del CPACA y señalar como agencias en derecho a fin de in cluirse dentro de la liquidación de costas el uno (1%) por ciento del valor de las pretensiones reconocidas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, expídase copia autentica, completa y legible con constancias de ejecutoria, y que presta merito ejecutivo, a costa del interesado, de conformidad con el art. 114 del CGP».

Como fundamento de su decisión, sostuvo el a quo , de la revisión del proceso disciplinario, encontr ó que los actos administrativos proferidos durante el procedimiento no fueron debidamente notificados, conforme los arts. 101, 107 y 109 de la Ley 734 de 2002, esto es, el auto de apertura de indagación preliminar, pliego

disciplinario, encontr ó que los actos administrativos proferidos durante el procedimiento no fueron debidamente notificados, conforme los arts. 101, 107 y 109 de la Ley 734 de 2002, esto es, el auto de apertura de indagación preliminar, pliego de cargos y el fallo.

Asimismo, indicó que en relación con las decisiones interlocutorias, tampoco fueron comunicadas ni notificadas conforme el art. 103 de Ley 734 de 2002. Lo que, vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de la demandante, pues no fue notificada en debida forma de los actos administrativos mediante los cuales se abrió y adelantó el proceso disciplinario.

Por otro lado, señaló el a quo que, la valoración probatoria de los actos administrativos demandados se fundamentó en el hecho de que la demandante fue trasladada al distrito de Bogotá, lo que no se acreditó dentro del proceso , toda vez que no obra resolución de traslado, ni tampoco de la aprobación del estatus de amenazada de fecha 2 de marzo de 2010.

En relación con las actuaciones del municipio de Floridablanca, indicó que por el contrario, se acreditó su actuar negligente, ante la situación especial de seguridad de la demandant e. A unado a tampoco remitió la documentación necesaria paraNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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realizar el traslado. Supuestos que señaló el a quo no fueron estudiados por el operador disciplinario.

Radicado: 68001333300520160022001

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realizar el traslado. Supuestos que señaló el a quo no fueron estudiados por el operador disciplinario.

Agregó que si bien en el proceso disciplinario se decretaron pruebas, no fueron decretadas aquellas tendientes a conocer la situación real de la demandante, y por ende, tampoco se e studiaron las causales de exclusión de responsabilidad contenidas en el art. 28 de la Ley 734 de 2002.

Precisó el a quo que el fallo de segunda instancia se limitó a confirmar el de primera instancia, sin estudiar de fondo la situación especial de la demandante.

Finalmente, declaró la nulidad de los actos administrativos y ordenó el reintegro de la demandante al cargo de docente, sin solución de continuidad, ordenando el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandada, municipio de Floridablanca6, se opuso al fallo de primera instancia, para lo cual se pronunció en relación con el proceso de protección de docentes amenazados y como tal, del proceso disciplinario.

En cuanto al primer aspecto, señaló que, se encuentra regulado en el Decreto 1782 de 2013, y frente a las actuaciones que le correspondían al ente territorial, sostuvo que fueron realizadas, no obstante, precisó que la demandante no legalizó su situación administrativa dentro del plazo señalado en el parágrafo 2° del art. 16 del referido decreto. Motivo por el cual se adelantó el proceso disciplinario, con ocasión al abandono del cargo por parte de la demandante.

situación administrativa dentro del plazo señalado en el parágrafo 2° del art. 16 del referido decreto. Motivo por el cual se adelantó el proceso disciplinario, con ocasión al abandono del cargo por parte de la demandante.

Ahora bien, en relación con el proceso disciplinario, precisó que, la apertura de la investigación disciplinaria se notificó en debida forma, pues envió citatorio para efectuar la notificación personal y ante su imposibilidad, llevó a cabo la notificación por edicto. Indicó que, ante la no comparecencia de la investigada, le fue nombrado defensor de oficio , a quien le fue notificado el pliego de cargos y las demás decisiones. Precisó que la indebida notificación no fue alegada por el apoderado de la parte demandante, al interior del proceso disciplinario.

6 Pág. 683 y ss.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Así mismo señaló que, el apoderado de la demandante fue notificado por conducta concluyente, cuando el municipio de Floridablanca le dio respuesta a una petición por él elevada.

Indicó que, en relación con la motivación de los actos administrativos, por el contrario, el municipio de Floridablanca, si cumplió con los tramites del traslado de la docente, sin embargo, no fue posible realizar el traslado en atención a que la planta de personal estaba congelada, y, por el contrario, la demandante salió del país sin comunicar su partida.

la docente, sin embargo, no fue posible realizar el traslado en atención a que la planta de personal estaba congelada, y, por el contrario, la demandante salió del país sin comunicar su partida.

Agregó que el eximente de responsabilidad, de miedo insuperable y riesgo cesó en el momento en que la demandante salió del país y estuvo refugiada en Bélgica.

En ese sentido, reiteró que la demandante fue notificada por conducta concluyente en el marco del proceso disciplinario y se le garantizó su debido proceso. Igualmente precisó que realizó las gestiones para el traslado al distrito de Bogotá por parte de la demandante y que la causal de exoneración de responsabilidad cesó cuando fue refugiada en Bélgica.

Por lo anteriores argumentos, solicita se revoque la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones , y , por el contrario, se nieguen las pretensiones de la demanda.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El expediente por reparto le correspondió al Despacho 01, y con providencia del 28 de mayo de 2018, se admitió el recurso de apelación. Posteriormente, con auto del 30 de enero de 2020, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

Sin embargo, conforme constancia 7, fue seleccionado para ser redistribuido al Despacho 08 de este Tribunal , cuya titular, se declaró impedida, el cual fue aceptado mediante auto del 23 de agosto de 20248, remitiéndose a este Despacho.

Finalmente, el 13 de septiembre de 2024, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

7 Documento al No. 031 del índice de SAMAISegunda instancia

Finalmente, el 13 de septiembre de 2024, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

7 Documento al No. 031 del índice de SAMAISegunda instancia 8 Documento al No. 053 del índice de SAMAISegunda instanciaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, Victoria Narváez Corrales, no hizo uso de esta etapa procesal.

La parte demandada, municipio de Floridablanca, no hizo uso de esta etapa procesal.

El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Acerca de la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instan cia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

argumento expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual consiste en establecer si:

P.J. 01: ¿Hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el fallo de primera y segunda instancia, proferidos en el

9 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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proceso disciplinario Rad. 655-2011, adelantado en contra de la señora Victoria Narváez Corrales por parte del municipio de Floridablanca, teniendo en cuenta que durante su trámite se vulneró el debido proceso de la sancionada, por su indebida notificación y la falta de motivación de estos?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas : (i) marco normativo y jurisprudencial en el que se estudiará el debido proceso en el trámite disciplinario, (ii) las notificaciones en el procedimiento disciplinario contenido en la Ley 734 de 2002, (iii) el análisis integral de la sanción disciplinaria, y, (iv) la valoración de las pruebas ob rantes en el expediente.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Del debido proceso en el trámite disciplinario

integral de la sanción disciplinaria, y, (iv) la valoración de las pruebas ob rantes en el expediente.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Del debido proceso en el trámite disciplinario

En materia disciplinaria, el H. Consejo de Estado, en sentencia de fecha 25 10 de noviembre de 2021, señaló que el debido proceso se configura cuando concurren la totalidad de sus elementos constitutivos, los cuales son:

«De manera reiterada, ha señalado esta Corporación que son elementos constitutivos de la garantía del debido pro ceso en materia disciplinaria, entre otros «(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in ídem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus» .

La jurisprudencia de l a H, Corte Constitucional ha señalado desde sus inicios el mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido proceso, cuya vigencia es indispensable en todo tipo de actuación disciplinaria. Esos criterios, que se traducen en deberes de la autoridad disci plinaria que deben ser agotados durante el curso del trámite, los cuales son:

«i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;

del trámite, los cuales son:

«i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción;

10 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A,

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)., Radicación número: 11001-0325-000-2011-00555-00(2142-11).Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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1. La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; iv) La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que conside re necesarias para sustentar sus descargos; v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos

motivado y congruente; vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones».11

En ese sentido, concluye la Sala que, la autoridad disciplinaria durante el curso de los procesos disciplinario debe velar por la garantía del debido proceso , y con ello garantizar de manera efectiva del derecho de contradicción y defensa del sujeto disciplinado, durante las etapas propias del procedimiento.

2.4.2. Las notificaciones en el procedimiento disciplinario contenido en la Ley 734 de 2002

La Ley 734 de 2002, por medio del cual se expidió el Código Disciplinario Único, en vigencia de la cual se expidieron los actos administrativos demanda dos, en su capítulo segundo, señaló las formas de notificaciones, las cuales pueden ser personal, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.

En relación con la notificación personal señalo en el a rt. 101 , lo si guiente: «Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo».

Asimismo, contempló que las decisiones que deben notificarse personalmente podrán ser enviadas a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificado de esta manera.

11 Sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada en otras posterio res, entre ellas T-433 de 1998 (M.

manera.

11 Sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada en otras posterio res, entre ellas T-433 de 1998 (M.

P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T -1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-542 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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Respecto de la notificación por estado, en el art. 105, señaló que se hará conforme el Código de Pr ocedimiento Civil, hoy, Código General del Proceso, y prec isó que se notificarán de esta manera, los autos de cierre de investigación y el que ordene el traslado para alegatos de conclusión.

En cuanto a la notificación por edicto, en su art. 107 señaló que, se notificarán de esta manera, los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren notificarse personalmente.

Finalmente, respecto de la notificación por conducta concluyente el art. 108 dispuso:

«Cuando no se hubiere realizado la notificación personal o ficta, o esta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el procesado o su defensor no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o

irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el procesado o su defensor no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores».

2.4.3. Análisis integral de la sanción disciplinaria

Al respecto, destaca la Sala que de conformidad con la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 12 proferida por la Sala Plena del H. Consejo de Estado, el control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario, debe ser un control integral; en la medida en que la actividad de este juez « supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales».

Ese juicio integral supone, en cuanto a las causales de nulidad, que el juez, en virtud de la primacía del derecho sustancial, puede y debe examinar causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar la tutela judicial efectiva.

Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el discipl