TA SAN - Sentencia 68001-33-33-005-2018-00002-01 (11-12-2025)

SIGCMA-SGC

Tribunal Administrativo de Santander

Magistrada Ponente: Carolina Arias Ferreira

Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de Segunda Instancia

Expediente: 68001333300520180000201 (Expediente físico)

Medio de control: Reparación Directa

Demandante: Edgar Ernesto Rondón Rincón

lawyer.ojedajerez@gmail.com

Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

desan.notificacion@policia.gov.co

Nación – Ministerio de Defensa Notificaciones.Bucaramanga@mindefensa.gov.co

Ministerio Público: Eddy Alexandra Villamizar

eavillamizar@procuraduria.gov.co

Sentencia No.: 353

Tema: Falla del servicio – no reubicación y posterior retiro de la institución – revoca y declara caducidad del medio de control – Otros

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da contra la sentencia de primera instancia proferida el 02 de octubre de 2019, por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. Hechos1

El demandante se incorporó a la Policía Nacional en el año de 1998, y a la fecha de presentación de la demanda ocupaba el cargo de Subintendente.

Posteriormente, debido a un hecho ocurrido durante el servicio sufrió unas lesiones que conllevaron a una v aloración ante la Junta Médico Laboral de la entidad demandada, quien mediante dictamen No. 645 de fecha 22 de septiembre de 2014

Posteriormente, debido a un hecho ocurrido durante el servicio sufrió unas lesiones que conllevaron a una v aloración ante la Junta Médico Laboral de la entidad demandada, quien mediante dictamen No. 645 de fecha 22 de septiembre de 2014 determinó el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral y concepto desfavorable de reubicación laboral dentro de la entidad.

Por lo anterior, la entidad demandada mediante la Resolución No. 04650 de fecha 19 de octubre de 2015 decidió retirar del servicio al demandante por pérdida de la capacidad psicofísica.

1 Expediente físico, folios 1 a 4.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edgar Ernesto Rondón Rincón Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicado: 68001133300520180000201

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Contra la anterior decisión, el demandante presentó acción de tutela que fue conocida por el Tribunal Administrativo de Santander en primera instancia, y en segunda instancia por el H. Consejo de Estado, quien resolvió amparar sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad.

En cumplimiento de la anterior decisión, la demandada expidió la Resolución No. 1530 de fecha 18 de abril de 2016 por la cual ordenó la reubicación del demandante acorde con la disminución física y a sus conocimientos.

Argumentó que el tiempo durante el cual permaneció desvinculado de la entidad, aproximadamente seis meses, se le causaron afectaciones económicas y morales a él y a su familia.

1.2. Las pretensiones2

Argumentó que el tiempo durante el cual permaneció desvinculado de la entidad, aproximadamente seis meses, se le causaron afectaciones económicas y morales a él y a su familia.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió, lo siguiente:

«PRIMERA. Se reconozca como administrativamente responsable los Demandados Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, por los daños antijuridicos causados en contra del demandante Edgar Ernesto Rondón Rincón en consecuencia se ordene la reparación de los mismos.

SEGUNDA. Se ordene a los demandados el reconocimiento y pago de la suma de VEINTE 2 (sic) salarios mínimo (sic) legales mensuales vigentes en favor del señor EDGAR ERNESTO RONDÓN RINCÓN, por concepto de daños morales causados a su vida personal, familiar, vida en relación como consecuencia de la desvinculación de la institución».

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional3, compareció a través de apoderado judicial, quien manifestó que no existe nexo de causalidad frente al daño alegado, toda vez que el retiro del demandante obedeció a la disminución de la capacidad laboral y en cumplimiento del régimen especial contenido en los Decretos – Ley 1791 de 2000 artículo 55, numeral 3 y 1796 de 2000.

Explicó que el Tribunal M édico Laboral de Revisión Militar y de Policía mediante acta No. TML15 -2-407 determinó que e l actor sufrió una disminución de la capacidad laboral en un 27.12 % y con ello, recomendó la no reubicación laboral.

acta No. TML15 -2-407 determinó que e l actor sufrió una disminución de la capacidad laboral en un 27.12 % y con ello, recomendó la no reubicación laboral.

Sostuvo que, no hay lugar al reconocimiento de perjuicios pues la decisión no fue emitida por la entidad, sino por un organismo totalmente independiente, como lo es

2 Expediente físico, folio 4. 3 Expediente físico, folios 75 a 96.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edgar Ernesto Rondón Rincón Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicado: 68001133300520180000201

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el Tribunal Médico Laboral que depende del Ministerio de Defensa. Además, que el acto de retiro goza de presunción de legalidad.

Propuso como excepciones, las siguientes: «Ineptitud sustancial de la demanda por indebida representación de la Policía Nacional frente al Tribunal Médico Laboral»; e, «innominada o genérica».

1.3.2. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa 4, señaló la apoderada que la demanda busca la reparación de los perjuicios ocasionados por el retiro del demandante de las filas de la Policía Nacional, situación que no atañe a una eventual responsabilidad de este ministerio. En consecuencia, propuso como excepción la «falta de legitimación por pasiva».

1.4. La sentencia apelada5

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, concedió las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva de la sentencia, se dispuso lo siguiente:

1.4. La sentencia apelada5

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, concedió las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva de la sentencia, se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRASE solidaria y patrimonialmente responsables a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA en representación del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Así mismo la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL, por los perjuicios causados al señor EDGAR ERNESTO RONDON RINCON, como consecuencia de su no reubicación laboral y posterior retiro de la Institución Policial.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA en representación del Tribunal Médico Laboral d e Revisión Militar y de Policía. Así mismo la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL, a reconocer y pagar de manera solidaria al demandante el equivalente a VEINTE SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (20 SMLMV) por concepto de perjuicios morales.

TERCERO: Sobre las sumas reconocidas se pagarán intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia, si se cumplen los supuestos de hecho del artículo 192 y 195 del C.P.A.C.A. Así mismo, intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la misma.

CUARTO: CONDÉNASE en costas a las demandadas NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA en representación del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de

Policía. Así mismo la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL

CUARTO: CONDÉNASE en costas a las demandadas NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA en representación del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Así mismo la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL solidariamente, en los términos del artículo 188 del C.P.A.C.A. y en concordancia con el artículo 365 del C.G.P. Señálese como agencias en derecho a fin de incluirse dentro de la liquidación de costas el CUATRO (4%) del valor de las pretensiones reconocidas de conformidad con el Art. 5. Numeral 1°, en primera instancia, Literal a del Acuerdo No. PSAA16 -10554 (05 de Agosto de 2016), “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” de LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Liquídense por secretaría.

4 Expediente físico, folios 75 a 96. 5 Expediente digital, SAMAI índice 00003, One Drive PDF16.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edgar Ernesto Rondón Rincón Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicado: 68001133300520180000201

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[…]»

El a quo señaló que las personas en condición de discapacidad son sujetos de protección constitucional y legal reforzada, dadas las dificultades que deben afrontar en los distintos ámbitos de la vida, incluido el laboral, lo cual, incluye la reubicación del trabajador con alternativas laborales adecuadas a su situación particular; y en el caso de los miembros de la Policía Nacional que se encuentren en dicha

en los distintos ámbitos de la vida, incluido el laboral, lo cual, incluye la reubicación del trabajador con alternativas laborales adecuadas a su situación particular; y en el caso de los miembros de la Policía Nacional que se encuentren en dicha circunstancia, la entidad tiene el deber constitucional de intentar su reubicación a un cargo en el que pueda la persona seguir siendo útil para a institución.

De acuerdo con el análisis probatorio del expediente , la juez de primera instancia encontró probado que la Junta Médico Laboral le determinó al actor una pérdida de capacidad psicofísica del 22,12 % y la no recomendación de reubicación; y en ese sentido, no halló consideraciones adicionales a la pérdida de capacidad psicofísica del actor como causal de retiro y no reubicación.

En tal sentido, consideró que el Tribunal Médico Laboral y de Policía al momento de manifestar que el demandante no era apto para la reubicación laboral y la Policía Nacional, previo al acto de retiro del demandante, debieron considerar la posibilidad o no de incorporarlo en labores acordes con sus condi ciones de capacidad psicofísica.

1.5. Fundamentos de la apelación

1.5.1. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa6 solicitó en el recurso de apelación que se analice lo concerniente a la caducidad en esta instancia, toda vez que el retiro del actor se produjo el 19 de octubre de 2015 y la decisión fue notificada el 26 de octubre siguiente . Por ende, adujo que es a partir de ese momento que se computan los dos años para demandar la reparación alegada; no obstante, fue presentada el 15 de enero de 2018; es decir, que fue extemporánea.

momento que se computan los dos años para demandar la reparación alegada; no obstante, fue presentada el 15 de enero de 2018; es decir, que fue extemporánea.

En cuanto a los reproches con la decisión de primera instancia señaló los siguientes:

• Errado análisis de la responsabilidad

Sostuvo que, hizo un mínimo juicio de reproche al acto de retiro, como si el asunto asunto se tratara de la legalidad de este, por ende, no están probados los elementos del artículo 90 superior. A demás, no puede ser juzgado el Tribunal Médico de Revisión Militar por unas actas expedidas en sede administrativa , máxime cuando no han sido sometidas a control de legalidad.

Igualmente, argumentó que no hay prueba sumaria para efectuar la condena , en tanto que el reintegro del actor se dio con ocasión de una ord en de tutela cuyos efectos son transitorios y, en esa medida, el actor debió demandar la legalidad del

6 Expediente físico, folios 181 a 183.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edgar Ernesto Rondón Rincón Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicado: 68001133300520180000201

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acto, pues el retiro en este caso está legalmente permitido en el régimen jurídico de la Policía Nacional como una de sus causales.

• Se condenó administrativamente, sin indicar bajo qué título de imputación se dan los supuestos daños

Explicó que el acto de retiro por disminución es una actuación reglada como «causal de retiro de los policiales», por lo tanto, no es de recibo la condena por perjuicios

dan los supuestos daños

Explicó que el acto de retiro por disminución es una actuación reglada como «causal de retiro de los policiales», por lo tanto, no es de recibo la condena por perjuicios morales a quien los alegue, más aún que los miembros de la Policía Nacional son conscientes que dentro de las posibilidades de retiro de su carrera está la causal de retiro por disminución de la capacidad psicofísica.

• Se hizo un análisis de reparación como si se tratara de una lesión de conscripto

Precisó que el actor ostentaba la calidad de subintendente de la Policía Nacional, es decir , que ingresó voluntariamente a las filas de dicha institución y que las lesiones producto del servicio son un riego propio de la actividad, lo cual no es resarcible patrimonialmente, más allá de una indemnización legal y prestacional.

Tampoco se pueden tasar los perjuicios morales bajo la premisa que se encuentra demostrada la congoja y sufrimiento del actor con la expedición del acto; aspecto que está alejado de la realidad.

1.5.1. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional7, expuso los mismos argumentos que al contestar la demanda . Co ncluyó que lo expuesto por el a quo no es de recibo, pues la disminución de la capacidad laboral es una causal de retiro legalmente establecida, de tal suerte que, ante la calificación efectuada por la autoridad medico laboral, la Policía Nacional no tiene otra opción que proceder a materializarla.

Por consiguie nte, los actos administrativos emitidos por la Institución tienen el carácter de actos de ejecución, por cuanto no es la entidad quien determina la

que proceder a materializarla.

Por consiguie nte, los actos administrativos emitidos por la Institución tienen el carácter de actos de ejecución, por cuanto no es la entidad quien determina la pérdida de capacidad o la posible reubicación del person al; por el contrario, esta potestad es de las autoridades m édico laborales como lo son la Junta Medico Laboral y/o Tribunal Medico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

Expuso que al demandante se le efectuó un pago de $26.165.404.08 por concepto de indemnización, en cumplimiento de la Resolución No. 01672 del 03 de diciembre de 2012; significa entonces que no es cierto el argumento consistente en que el actor estuvo desamparado económicamente causándole congoja, angustia o sufrimiento al demandante, toda vez que, recibió una suma considerable de dinero.

7 Expediente físico, folios 184 a 199.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edgar Ernesto Rondón Rincón Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicado: 68001133300520180000201

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Concluyo que, de acuerdo a lo expuesto en el recurso se evidencia la no configuración de la responsabilidad administrativa de la entidad, dado que no existe relación de causalidad entre los hechos y el daño alegado; más aún cuando solicitó la reparación de perjuicios por la expedición de actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, la cual no fue desvirtuada por la autoridad judicial.

Finalmente, adujo que se efectuó el análisis del presente asunto como nulidad y restablecimiento contra el acto administrativo proferido por la entidad con

presunción de legalidad, la cual no fue desvirtuada por la autoridad judicial.

Finalmente, adujo que se efectuó el análisis del presente asunto como nulidad y restablecimiento contra el acto administrativo proferido por la entidad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 171 de CPACA, lo que permite entrever que la acción invocada para el asunto no era la correspondiente.

1.6. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado por reparto, el día 14 de enero de 2020, al Despacho 06 de esta Corporación, el cual admitió el recurso de apelación mediante auto de fecha 03 de febrero de 2020.

Mediante auto de fecha 19 de enero de 2022, se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto de fondo respectivamente.

Posteriormente, el proceso fue redistribuido a este Despacho el 22 de junio de 2023, en virtud del Acuerdo PCSJA23-12060 del 25 de abril de 2023. Por tanto, se asumirá el conocimiento del proceso en el trámite en que se encuentra.

1.6.1. Pronunciamiento sobre el recurso de apelación

1.6.1.1. La parte demandante8, señaló que el daño antijuridico existió con ocasión de la expedición del acto que lo retir ó del servicio, en razón a que no se tuvo en cuenta la reubicación del demandante, hecho que lo obligó a tolerar una situación que no estaba en el deber jurídico de soportar.

Precisó que, en el presente caso no se cuestiona la legalidad del acto, sino las consecuencias del mismo, pues se obvió la obligación de realizar el estudio de reubicación.

que no estaba en el deber jurídico de soportar.

Precisó que, en el presente caso no se cuestiona la legalidad del acto, sino las consecuencias del mismo, pues se obvió la obligación de realizar el estudio de reubicación.

Igualmente, puntualizó que, por parte de los demandados no se logró justificar la necesidad del retiro del servicio activo de policía al demandante, como tampoco que, se encontraba en la obligación legal de soportar el resultado del actuar de la administración.

8 Expediente digital SAMAI, índice 00017, One Drive, PDF 08.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edgar Ernesto Rondón Rincón Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicado: 68001133300520180000201

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1.6.1.2. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional9, se pronunció para exponer los mismos argumentos contenidos en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación.

1.6.1.3. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa 10, expuso los mismos argumentos contenidos en el recurso de apelación.

1.6.1.4. La representante del Ministerio Público, no emitió concepto en esta etapa procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción

2.1. De la competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la pre sente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder a los problemas jurídicos que se plantearán a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, ceñirá el ámbito de conocimiento d e los recursos de apelación interpuesto s por la s entidades demandadas, es decir que, se resolverá de conformidad con lo descrito en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

2.3. Problema jurídico

La Sala proc ede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de las apelaciones11, los cuales se circunscribe en determinar si:

PJ1. ¿Resulta idóneo y procedente el medio de control de reparación directa para procurar la reparación del daño antijurídico ocasionado por la expedición de la Resolución núm. 046650 de fecha 19 de octubre de 2015 , por medio de la cual la Policía Nacional ordenó el retiro del servicio activo al demandante?

PJ2. De no resultar procedente el medio de control de reparación directa sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, ¿operó el fenómeno procesal de la caducidad?

9 Expediente digital SAMAI, índice 00017, One Drive, PDF 06. 10 Expediente digital SAMAI, índice 00017, One Drive, PDF 04.

caducidad?

9 Expediente digital SAMAI, índice 00017, One Drive, PDF 06. 10 Expediente digital SAMAI, índice 00017, One Drive, PDF 04. 11 Artículo 328 del CGP.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edgar Ernesto Rondón Rincón Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicado: 68001133300520180000201

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Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo, en el que se estudiarán los daños causados por acto administrativo y, (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De los daños causados por acto administrativo

El artículo 140 del CPACA consagra el medio de control de reparación directa como aquel mecanismo para demandar directamente la reparación del daño antijuridico producido por la acción u omisión de la a dministración. En ese sentido, el Estado , responderá:

«[e]ntre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra c ausa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma»

Sobre el particular , el H. Consejo de Estado 12 ha hecho claridad sobre los daños causados con ocasión de la expedición de un acto administrativo, y en esa medida, precisó que:

Sobre el particular , el H. Consejo de Estado 12 ha hecho claridad sobre los daños causados con ocasión de la expedición de un acto administrativo, y en esa medida, precisó que:

«El medio de control es entonces una vía procesal por medio de la cual se encausa la acción en el proceso contencioso administrativo según el petitum que se ventile y sobre la base del principio de iura novit curia o “el juez conoce el derecho”, de ahí que dicha figura no está sujeta al arbitrio o capricho de la parte procesal, sino que se encuentra supeditada a lo que se persiga en sede judicial y sobre ese derrotero el operador judicial constata que se ejerció el camino correcto, por lo que, si se busca la reparación de un menoscabo basado en un contrato, el medio idóneo es el de controversias contractuales 13; si se persigue la reparación de perjuicios originados en un acto administrativo se debe ejercer la nu lidad y restablecimiento del derecho14 y; cuando la fuente del daño se funda en otras causas como hechos, omisiones y operaciones administrativas, residualmente es dable acudir a la reparación directa15».

Es así como, cada caso debe analizarse particularmente, para así determinar a partir de la fuente del daño cual es medio de control procedente para efectuar el análisis de la responsabilidad administrativa.

12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Dr. Nicolás Yepes Corrales, sentencia de fecha 17 de septiembre de 2025, expediente No. 44001-23-40-000-2017-00218-01 (70441).

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de abril de 2024. Radicado 25000-2336-000-2015-02630-02 (67095). 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024, radicado 1100103-26-000-2015-00098-00 (54485). 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de octubre de 2020. Radicado 4700123-33-000-2015-00167-01 (61767).Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edgar Ernesto Rondón Rincón Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicado: 68001133300520180000201

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2.5. De las pruebas obrantes al expediente

• Resolución 046650 de fecha 19 de octubre de 2015 por medio de la cual la Policía Nacional ordenó el retiro del servicio activo al demandante, por disminución de la capacidad sicofísica16, decisión que fue notificada el 26 de octubre de 201517. • Resolución No. 01530 de fecha 18 de abril de 2016, mediante la cual se dio cumplimiento al fallo de tutela y ordenó reintegrar al servicio activo al demandante18. • Hoja de vida del demandante en la Policía Nacional19. • Sentencia de fecha 25 de febrero de 2016 por la cual, el H. Consejo de Estado en sede de segunda instancia concedió el amparo de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, el mínimo vital y a la igualdad del actor20.

Estado en sede de segunda instancia concedió el amparo de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, el mínimo vital y a la igualdad del actor20. • Constancia del estado de afiliación del demandante y su familia, de fecha 09 de diciembre de 2015, suscrita por el «Responsable Afiliación y Actualización de Derechos» de la Policía Nacional21. • Certificado de la Cooperativa Multiactiva de Créditos Sociales – Coopcredisociales de fecha 22 de septiembre de 2015, en la cual consta un crédito por libranza adquirido por el demandante22. • Desprendibles de nomina de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2015 del demandante23. • Oficio de fecha 07 de diciembre de 2015 suscrito por la directora de Conciliación del banco Bancolombia, mediante el cual requiere al demandante, para que efectué el pago de la obligación24. • Oficio de fecha 11 de noviembre de 2016 suscrito por la gerente de operaciones servicio al cliente – PQR del banco Popular, mediante el cual requiere al demandante, para que presente propuesta de pago25. • Recibo de impuesto predial unificado de Piedecuesta correspondiente al inmueble de propiedad del demandante26. • Certificado expedido por la Dirección de Talento Huma no de la Policía Nacional, de fecha 23 de octubre de 2017 sobre medidas de embargo y cuotas alimentarias del demandante27. • Expediente administrativo y/o prestacional del demandante allegado por la Policía Nacional en CD28.

16 Expediente físico, folios 8 a 9. 17 Expediente físico, folio 10. 18 Expediente físico, folios 11 a 12. 19 Expediente físico, folios 13 a 17.

Policía Nacional en CD28.

16 Expediente físico, folios 8 a 9. 17 Expediente físico, folio 10. 18 Expediente físico, folios 11 a 12. 19 Expediente físico, folios 13 a 17. 20 Expediente físico, folios 18 a 32. 21 Expediente físico, folios 33 a 37. 22 Expediente físico, folio 39. 23 Expediente físico, folios 40 a 42. 24 Expediente físico, folio 38. 25 Expediente físico, folios 39. 26 Expediente físico, folio 47. 27 Expediente físico, folio 52. 28 Expediente físico, folio 84.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Edgar Ernesto Rondón Rincón Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Radicado: 68001133300520180000201

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• Certificado expedido por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en la cual consta sobre la prestación de servicios médicos y valoración física y psiquiátrica a la reincorporación del demandante29.

2.6. Caso concreto

La sentencia apelada establ eció como fundamento principal para acceder a las pretensiones, que la entidad demanda da, previo al retiro del actor , no analizó las circunstancias particulares del caso para determinar la posibilidad de una reubicación laboral, por cuanto la disminución de su capacidad sicofísica no era absoluta, sino parcial equivalente al 27.12 %. De este modo, el a quo señaló:

«Las anteriores consideraciones, son razones suficientes para que este despacho

reubicación laboral, por cuanto la disminución de su capacidad sicofísica no era absoluta, sino parcial equivalente al 27.12 %. De este modo, el a quo señaló:

«Las anteriores consideraciones, son razones suficientes para que este despacho llegue a la conclusión de que se encuentra probado el daño antijurídico causado al actor, el cual se estructuró con el acto administrativo de retiro , por lo que existe responsabilidad por parte del Estado respecto de los cargos alegados por la parte accionante, por lo que se accederá a las pretensiones de la demanda». (Destacado de la Sala).

Por su parte, las demandadas argumentaron en sus recursos, entre otras cosas, que la decisión de retiro del servicio se ajustó a derecho, que el medio de control ejercido no era el procedente y que se configuró la caducidad de la acción, habida cuenta de que el término para interponer la demanda inició a partir de que se profirió la decisión que apartó al actor de su cargo. Pues bien, la Sala con el propósito de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia y de evitar fallos inhibitorio s, antes de abordar los reproches ofrecidos en las impugnaciones, se centrará en determinar la idoneidad en torno a la escogencia del medio de control, por cuanto este debe ajustarse a las pretensiones formuladas en la demanda con el propósito de que la se ntencia se acerque en grado sumo a la verdad real30. Así las cosas, de ser el caso, el juez puede aplicar las facultades que ostenta para adecuar el trámite y encauzarlo, conforme lo prevé el artículo 171 del CPACA y lo ha decantado la jurisprudencia del órgano de cierre de esta jurisdicción.

adecuar el trámite y encauzarlo, conforme lo prevé el artículo 171 del CPACA y lo ha decantado la jurisprudencia del órgano de cierre de esta jurisdicción. Trazado ese objetivo, conviene recordar que la jurisprudencia pacífica y reiterada del H. Consejo de Estado ha señalado que la adecuación del medio de control a las pretensiones de la demanda es un asunto que correspon de establecer de acuerdo con criterios objetivos fijados por la ley, en salvaguarda de la seguridad jurídica, sin que se permita a los demandantes optar por el que más les convenga para eludir cargas procesales o el propio término de caducidad. Veamos:

29 Expediente físico, folios 149 a 151.

30 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2021. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Rad. 25000-23-26-000-2010-00255-01(45728).Reparación Direc