TA SAN - Sentencia 68001-33-33-005-2019-00395-01 (28-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA Bucaramanga, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300520190039501

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: WESLEY RONALDO CASTILLO GUTIÉRREZ (ANTES,

JUAN DE JESÚS CASTILLO GUTIERREZ1) Y OTROS

abogadosasociadosb2@hotmail.com bolivarbaronabogados@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

POLICIA NACIONAL

desan.asjud@policia.gov.co Isabel.cadena1657@correo.policia.gov.co Desan.notificacion@policia.gov.co

MINISTERIO PUBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No. 286

TEMA: La sentencia aborda la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios ocasionados a un conscripto (auxiliar de policía) lesionado durante el cumplimiento de una orden institucional. El fallo analiza la configuración del daño antijurídico bajo el régimen de daño especial, la inaplicabilidad del eximente de responsabilidad por hecho de un tercero cuando el agresor también es miembro activo de la institución, y la

la configuración del daño antijurídico bajo el régimen de daño especial, la inaplicabilidad del eximente de responsabilidad por hecho de un tercero cuando el agresor también es miembro activo de la institución, y la procedencia de la indemnización por perjuicios morales, descartando los materiales y el daño a la salud por falta de prueba de pérdida funcional o secuelas permanentes. Se confirma fallo de primera instancia, sin condena en costas en segunda instancia. – Otros

Se deciden los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la parte demandada contra la sentencia de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito

1 Escritura Pública No. 1858 del 8 de octubre de 2028 -Cambio de nombreReparación Directa Sentencia segunda instancia

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Judicial de Bucaramanga, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. LA DEMANDA2

1.1.1. Hechos

Juan de Jesús Castillo Gutiérrez, actualmente identificado como Wesley Ronaldo Castillo Gutiérrez, fue incorporado al servicio militar obligatorio en la Policía Nacional en calidad de auxiliar de policía, tras haber sido declarado apto mediante valoración médica. Dicha incorporación se formalizó a través de la Resolución No. 00044 del 2

Castillo Gutiérrez, fue incorporado al servicio militar obligatorio en la Policía Nacional en calidad de auxiliar de policía, tras haber sido declarado apto mediante valoración médica. Dicha incorporación se formalizó a través de la Resolución No. 00044 del 2 de mayo de 2019, por medio de la cual se dispuso su alta en dicha institución.

Inicialmente, el conscripto cumplió su instrucción básica en la Escuela de Carabineros de la Provincia de Véle z y, posteriormente, fue trasladado al Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, donde continuó prestando servicio activo.

El 12 de febrero de 2019, mientras el demandante se encontraba cumpliendo órdenes del Intendente Técnico César García, supervisando las labores de aseo en el alojamiento No. 5 de la Estación de Policía Sur, se presentó un altercado con otro auxiliar de policía, quien, al ser reprendido, le propinó una patada en la rodilla derecha, causándole inflamación y dolor intenso. Como consecuencia de la agresión, el actor fue trasladado a la Clínica Regional del Oriente, donde se le diagnosti có tendinitis rotuliana.

El 13 de febrero de 2019, al día siguiente de los hechos, se puso en conocimiento la novedad mediante informe, dando lugar al inicio del informativo administrativo prestacional No. 037 de 2019, dentro del cual el Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga calificó la lesión como ocurrida en servicio y por causa del mismo, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000.

2 Pág. 1 a 56 PDF 01 OneDriveReparación Directa

del mismo, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000.

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Indicó que la resonancia magnética practicada el 29 de septiembre de 2019 evidenció lesiones de mayor gravedad, entre ellas la ruptura completa del ligamento cruzado anterior, desgarros meniscales y compromiso condral patelar, todas de origen traumático.

Sin embargo, mediante Resolución No. 158 del 22 de marzo de 2019, e l actor fue «licenciado» del servicio militar por su terminación, y en la ficha médica del 14 de abril siguiente se dejó constancia de la persistencia de la sintomatología y del diagnóstico de tendinitis rotuliana.

Finalmente, señaló que tales secuelas le han impedido al demandante reincorporarse a su oficio habitual como ayudante de construcción.

1.1.2. Las pretensiones3

Con la demanda se solicitó lo siguiente:

«11.1. Se sirva DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE – RESPONSABLE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL , por los perjuicios materiales e inmateriales, como víctima directa, al señor JUAN DE JESÚS CASTILLO GUTIÉRREZ, y como víctimas indirectas, a la señora ASENCIÓN GUTIEREZ CASTAÑEDA, en calidad de madre de la víctima directa , señor JAIRO CASTILLO

GUTIÉRREZ, y como víctimas indirectas, a la señora ASENCIÓN GUTIEREZ CASTAÑEDA, en calidad de madre de la víctima directa , señor JAIRO CASTILLO ALMEYDA, en calidad de padre de la víctima directa, señor LINIQUER ESNEIDER CASTILLO GUTIÉRREZ y la señorita DIANA PAOLA CASTILLO GUTIÉRREZ en calidad de hermanos de la víctima directa, personas éstas, que soportan los padecimientos que sufre en su humanidad, el ex Auxiliar de Policía Juan de Jesús Castillo Gutiérrez, sufrimientos estos, que han perturbado el normal desarrollo de su vida cotidiana, y la de su entorno familiar, debido a la disminución de la capacidad laboral del 50.0% del ex conscripto, quien fue incorporado en las filas de la Policía Nacional, para definir su situación militar obligatoria, en buen estado de salud, y licenciado o dado de baja de las filas de la institución policial, con una disminución de capacidad lab oral, por lo cual, el Consejo de Estado, ha determinado, como daño especial o riesgo excepcional, debido al estado de sujeción, perjuicios o daños que deben ser indemnizados, por parte de la Nación.

3 Pág. 1 a 56 PDF 01 OneDriveReparación Directa Sentencia segunda instancia

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11.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENE, a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL , a reconocer y pagar, los

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11.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENE, a la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL , a reconocer y pagar, los siguientes Perjuicios a la víctima directa e indirectas, determinados así: MORALES SUBJETIVOS (pretium doloris), (…)

11.2.1 A la victima directa 11.2.1.1. Al joven JUAN DE JESÚS CASTILLO GUTÍERREZ (…) 100 S.M.L.M.V, tal como lo ha fijado la Sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa, tanto para las víctimas directas e indirectas.

11.2.2. A las victimas indirectas 11.2.2.1. A la señora ASENCIÓN GUTIERREZ CASTAÑEDA, en calidad de madre (…) 100 S.M.L.M.V. 11.2.2. Al señor JAIRO CASTILLO ALMEYDA , en calidad de padre (…) 100 S.M.L.M.V. 11.2.3. A la señorita DIANA PAOLA CASTILLO GUTIÉRREZ, en calidad de hermana (…) 50 S.M.L.M.V. 11.2.4. Para el señor LEINIQUER ESNEIDER CASTILLO GUTIÉRREZ, en calidad de hermano (…) 50 S.M.L.M.V.

11.3. Por DAÑO A LA SALUD

(…)

Al joven JUAN DE JESÚS CASTILLO GUTIÉRREZ, (…) 200 SMLMV.

11.4. Por Perjuicios Materiales: (…) Por lucro cesante debido o consolidado: $4.749.874,5.

Por lucro cesante futuro: $102.974.187,24.

11.4. Por Perjuicios Materiales: (…) Por lucro cesante debido o consolidado: $4.749.874,5.

Por lucro cesante futuro: $102.974.187,24.

Total, Perjuicios materiales: $107.724.061,74

11.5. Subsidiariamente, al pago del mayor valor al momento de la sentencia que profiera ese honorable Despacho de lo Contencioso Administrativo, por consiguiente, solicitamos, que se tenga en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de Estado, como compensación para este tipo de perjuicios.

11.6. Que se actualice el valor de la(s) condenas(s), al tiempo de la sentencia, de conformidad con el índice de precios al consumidor más intereses legales del 6% anual.Reparación Directa Sentencia segunda instancia

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11.7. Que se ordene, a la entidad demandada, que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 y 195 y demás normas concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

11.8. Se proceda en condenar en costas a los demandados, tal como lo estab lece el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 (Sic)».

1.1.3. Fundamentos de Derecho

Señala se configuró la responsabilidad patrimonial del Estado, y de manera concreta, de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, bajo el régimen objetivo de daño especial, por la pérdida de capacidad laboral del conscripto.

Señala se configuró la responsabilidad patrimonial del Estado, y de manera concreta, de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, bajo el régimen objetivo de daño especial, por la pérdida de capacidad laboral del conscripto.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1 La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional4, se opuso a las pretensiones de la demanda señalando que la lesión sufrida por el señor Wesley Ronaldo Castillo Gutiérrez el 12 de febrero de 2019 obedeció a un hecho exclusivo de un tercero.

Precisó que el demandante, en su calidad de auxiliar de policía, realizaba labores de supervisión del aseo en el alojamiento No. 5 junto con otros compañeros, cuando uno de ellos, al ser reprendido, le propinó una patada que le ocasionó la lesión en su rodilla derecha, configurándose así una causal eximente de responsabilidad para la entidad. Sostuvo además que los perjuic ios materiales reclamados carecen de fundamento, dado que no existe prueba de invalidez o incapacidad permanente que limite la actividad laboral del afectado.

Indicó que el Decreto 1796 de 2000 regula la competencia de las autoridades médicolaborales militares y de policía en materia de evaluación psicofísica, disminución de capacidad laboral, incapacidades, indemnizaciones y pensiones por invalidez. Afirmó que en el presente caso se adelantó el trámite administrativo correspondiente mediante el Informativo Administrativo Prestacional por Lesión No. 037-2019, el cual

4 Archivo 003 de la Carpeta Nro. 04. Cuaderno principal del Expediente Digital de OneDrive. Visible al índice 0070

mediante el Informativo Administrativo Prestacional por Lesión No. 037-2019, el cual

4 Archivo 003 de la Carpeta Nro. 04. Cuaderno principal del Expediente Digital de OneDrive. Visible al índice 0070 de SAMAI. Primera instancia. 68001333300520190039500.Reparación Directa Sentencia segunda instancia

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fue remitido al Área de Prestaciones Sociales y luego al Área de Medicina Laboral, para determinar la eventual disminución de capacidad laboral y el reconocimiento de la indemnización correspondiente. Sin embargo, señaló que dicho proceso no se ha concluido porque el demandante, tras ser licenciado del servicio militar, no compareció ante la Oficina de Medicina Laboral en Bucaramanga para agendar la citación respectiva. En consecuencia, no existe valoración médico-laboral que permita establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, condición indispensable para la procedencia de cualquier reconocimiento económico.

Finalmente, la defensa adujo que las pretensiones de perjuicios morales y daño a la vida en relación no se ajustan a los parámetros fijados por la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014, dado que no hay prueba pericial que permita encuadrar la lesión dentro de los rangos indemnizatorios allí previstos.

1.3 La sentencia apelada5

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en la parte resolutiva de la sentencia dispuso lo siguiente:

1.3 La sentencia apelada5

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y en la parte resolutiva de la sentencia dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsables a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por los daños causado en la persona de WESLEY RONALDO CASTILLO GUTIÉRREZ, antes conocido como Juan de Jesús Castillo Gutiérrez, y por virtud de las lesiones físicas que derivaron del accidente en el que se le ocasionó una lesión en su rodilla derecha en e l desarrollo de actividades propias de la prestación del servicio militar obligatorio, por los términos y de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, al pago por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria

de la presente sentencia:

5 Visible a índice 000108 del expediente Digital de SAMAI.Reparación Directa Sentencia segunda instancia

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• Para el señor Wesley Ronaldo Castillo Gutiérrez antes conocido como Juan de Jesús C astillo Gutiérrez, en su condición de víctima directa, el equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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• Para el señor Wesley Ronaldo Castillo Gutiérrez antes conocido como Juan de Jesús C astillo Gutiérrez, en su condición de víctima directa, el equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. - Para la señora Asención Gutiérrez Castañeda, en su condición de madre de la víctima, el equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. - Para el señor Jairo Castillo Almeyda, en su condición de padre de la víctima, el equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. - Para la señora Diana Paola Castillo Gutiérrez, en su condición de hermana de la víctima, el equivalente a 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. - Para el señor Leiniquer Esneider Castillo Gutiérrez, en su condición de hermano de la víctima, el equivalente a 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: SIN CONDENA en costas, a las partes, de conformidad con lo contemplado en la parte motiva de la presente providencia.

QUINTO: Las entidades públicas demandadas debe rán cumplir la presente sentencia dentro de los términos y previsiones de los artículos 189, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: Conforme al artículo 243 de la ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 2080 de 2021, contra la presente decisión procede el recurso de apelación. (…)».

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: Conforme al artículo 243 de la ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 2080 de 2021, contra la presente decisión procede el recurso de apelación. (…)».

Señaló el a quo que se encontraba acreditada la existencia del daño y su nexo de causalidad con el servicio, desestimando la causal de exoneración invocada por la entidad demandada, al considerar que tanto la víctima como el agresor eran miembros activos de la Policía Nacional al momento de los hechos.

En consecuencia, reconoció la existencia de un daño antijurídico atribuible al Estado bajo el régimen objetivo de daño especial, por cuanto el conscripto soportó una carga anormal derivada del cumplimiento del servicio militar obligatorio, que vulneró su integridad física.

Sin embargo, precisó que, conforme al dictamen de la Junta Médico Laboral, el actor no sufrió pérdida de capacidad laboral ni secuelas permanentes, razón por la cual laReparación Directa Sentencia segunda instancia

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responsabilidad estatal se limitaba al ámbito moral, y no comprendí a perjuicios materiales ni daño fisiológico.

1.4. Fundamentos de la apelación

1.4.1 La parte demandante6, manifestó su inconformidad parcial con la sentencia de primera instancia, y de manera concreta respecto lo resuelto en los acápites segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la providencia.

1.4.1 La parte demandante6, manifestó su inconformidad parcial con la sentencia de primera instancia, y de manera concreta respecto lo resuelto en los acápites segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la providencia.

Señaló su inconformidad con el reconocimiento de los perjuicios morales, al precisar que, según el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, la víctima presentaba una disminución menor del 5 %, por lo que el a quo debió reconocer las indemnizaciones conforme los estándares jurisprudenciales aplicables.

Asimismo, manifestó su oposición respecto de la decisión relacionada con los perjuicios materiales y el daño a la salud, así como la decisión de no imponer condena en costas, pese a que se generaron unos gastos de cancelación del dictamen pericial.

Reiteró que se desconoció que el dictamen pericial estableció una disminución funcional menor al 5 %, resultando aplicable ese porcentaje para el reconocimiento de los perjuicios, entre ellos, los materiales.

Asimismo, en cuanto a la condena en costas, indicó que, la prueba pericial generó el gasto de 1 smlmv, por lo que solicita se modifique el numeral cuarto y en su lugar, se condene respecto de las expensas en las que incurrió la parte demandante.

1.4.2. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional7, se opuso a la sentencia de primera instancia, al señalar que no se acreditaron los elementos de la responsabilidad extracontractual, teniendo en cuenta que la lesión del demandante fue causada exclusivamente por otro auxiliar de policía ,

se opuso a la sentencia de primera instancia, al señalar que no se acreditaron los elementos de la responsabilidad extracontractual, teniendo en cuenta que la lesión del demandante fue causada exclusivamente por otro auxiliar de policía , configurándose el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

6 Documento al No. 112 del índice de SAMAI. Primera Instancia. 7 Documento al No. 110 del índice de SAMAI. Primera InstanciaReparación Directa Sentencia segunda instancia

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De la misma manera , puso de presente que, la calificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander determinó el 0% de PCL e igualmente, indicó que, el referido trauma rotacional de rodilla no guarda relación con el presunto golpe recibido.

Finalmente, agregó que no se acreditaron los perjuicios morales ni psicológicos derivados del servicio, ni un proceso de rehabilitación complejo.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha del 26 de septiembre de 20258 se admitió el recurso de apelación, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 247 del CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021.

1.5.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.3. El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Acerca de la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sa la procede a resolver la presente controversia en segunda instancia

8 Documento al No. 005 del índice de SAMAISegunda instanciaReparación Directa Sentencia segunda instancia

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2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia los argumentos expuestos por las partes demandante y demandada en sus respectivos recursos de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de la s apelaciones presentadas por las partes 9, mismas que se encaminan a establecer si:

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de la s apelaciones presentadas por las partes 9, mismas que se encaminan a establecer si:

P.J. 01: ¿Debe declararse la responsabilidad administrativa y extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios sufridos por los demand antes, con ocasión de la lesión padecida por el señor Juan de Jesús Castillo Gutiérrez, actualmente identificado como Wesley Ronaldo Castillo Gutiérrez, durante la prestación del servicio militar obligatorio en calidad de Auxiliar de Policía? O, por el con trario, ¿se encuentra acreditado el eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero?”

P.J.02: ¿Hay lugar a modificar los perjuicios reconocidos por el a quo, así como resulta procedente condenar en costas a la parte demandada?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo, en el que se estudiará la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado en el marco de lesiones sufridas por conscriptos y, (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

9 Art. 328 del CGP.Reparación Directa Sentencia segunda instancia

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2.4. Marco normativo y jurisprudencial

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2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en materia de conscriptos

Como lo ha indicado este Tribunal 10, la jurisprudencia del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha perfilado en cuanto a casos donde se ventila la responsabilidad del Estado, con una causa hipotética de afectación a integridad física de un «conscripto», una dogmática que hoy en día se guía en términos generales por la teoría del « daño especial », pues siendo una actividad legítima, en ocasiones causa daños que los administrados no están obligados a soportar y que dependiendo de los supuestos particulares puede, incluso, ser cubierta por el título jurídico del «riesgo excepcional», cuando se somete al conscripto, por ejemplo, a un «riesgo alea»; o por la propia falla, cuando se acredite el actuar negligente de la administración.

El Honorable Consejo de Estado ha elaborado una posición actualmente consolidada, en punto a la definición del tema, y en cuanto al daño, considera que en tratándose de conscriptos, será antij urídico cuando «(…) resulte roto el equilibrio frente a las cargas públicas, es decir, cuando, dada su anormalidad, implique la imposición de una carga especial e injusta al conscripto o a sus familiares en relación con las demás personas». Este daño debe ser causado durante la prestación del servicio y en actividades propias de él.

Corresponde entonces al Estado, la protección de los obligados a prestar el servicio

una carga especial e injusta al conscripto o a sus familiares en relación con las demás personas». Este daño debe ser causado durante la prestación del servicio y en actividades propias de él.

Corresponde entonces al Estado, la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen.

El título de imputación en el caso de las personas en estado de conscripción, como ya se dijo, es por regla general el daño especial, derivado de la ruptura del principio de igualdad de los ciudadanos fr ente a las cargas públicas y a consecuencia de la relación de especial de sujeción que les vincula con el Estado y a la cual no se

10 Tribunal Administrativo de Santander, Magistrado ponente: Dr. Julio Edisson Ramos Salazar, Rad. 680813333001-2015-00029-02, de fecha 28 de febrero de 2023.Reparación Directa Sentencia segunda instancia

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encuentran en posibilidad jurídica de oponerse, en razón a su fundamento legal y constitucional.

Para precisar lo anterior, el H. Consejo de Estado consideró que los soldados conscriptos:

«[…] únicamente tienen el deber de soportar aquellas limitaciones o inconvenientes inherentes a la prestación del servicio militar obligatorio, como la restricción a los derechos fundamentales de locomoción, libertad, etc., pero si durante la ejecución de su deber constitucional, les sobrevienen lesiones a situaciones que tienen

inherentes a la prestación del servicio militar obligatorio, como la restricción a los derechos fundamentales de locomoción, libertad, etc., pero si durante la ejecución de su deber constitucional, les sobrevienen lesiones a situaciones que tienen protección jurídica como la vida, la integridad personal y la salud, ellas pueden ser causa de imputación de daño antijurídico al Estado, por cuanto en dicho caso, el soldado conscripto no comparte ni asume ese tipo de riesgos con el Estado.»

En relación con el tema en comento, en sentencia de fecha 14 de septiembre de 2017, la Sección Tercera Subsección A del Honor able Consejo de Estado reiteró que cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones debe dejar el servicio en condiciones similares, criterio a partir del cual se estableció en la jurisprudencia la obligación de reparación a cargo del Estado frente a los daños en los que se acredite que su causa esté vinculada a la prestación del servicio y que excedan la restricción de los derechos y libertad inherentes a la condición de militar.

De la misma manera aclaró que «el daño no e s imputable al Estado cuando éste se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, al no configurarse el nexo causal entre el hecho que se imputa a aquél y el daño», y resaltó que el Juzgador deb e verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado sin perder de vista que en tanto la Administración Pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado, pues se trata de una persona que se somete a

resulta imputable o atribuible al Estado sin perder de vista que en tanto la Administración Pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado, pues se trata de una persona que se somete a su custodia y cuidado adquiriendo una posición de garante basada en una relación especial de sujeción que hace al Estado sujeto responsable de los posibles daños que se les pueda causar.Reparación Directa Sentencia segunda instancia

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3. De las pruebas obrantes en el expediente

Del ingreso como auxiliar de policía

• Mediante Resolución No. 0044 del 2 de mayo de 2018, fue nombrado como auxiliar de policía al señor Juan de Jesús Castillo Gutiérrez11. Y fue reiterado mediante Resolución No. 158 del 22 de marzo de 201912.

• Formato de antecedentes médicos del señor Castillo Gutiérrez con fecha de 9 de abril de 2018. En estos se registra su situación de salud al momento de ingresar al servicio y en el que se indicó: «aspirante se ajusta al perfil»13.

• Formulario II de seguimiento de la Policía Nacional de Colombia respeto del demandante14.

De los hechos

• Historia Clínica del demandante en la que se registra la atención recibida en la Clínica Regional Oriente el día 12 de febrero de 20191