TA SAN - Sentencia 68001-33-33-005-2023-00054-02 (05-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 14 de febrero de 2025 , proferida por el Juzgado Administrativo Transitoria del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor José Fernando Giraldo Gil formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la bonificación salarial como factor salarial contenido en el oficio SRAP 31200-0456 del 12 de marzo de 2021.

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 12 índice SAMAI, link obedrive, archivo 01 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 68001333300520230005402 DEMANDANTE José Fernando Giraldo Gil dianacontreras.abogada@outlook.es

DEMANDADO

archivo 01 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 68001333300520230005402 DEMANDANTE José Fernando Giraldo Gil dianacontreras.abogada@outlook.es

DEMANDADO

Nación, Fiscalía General de la Nación jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co jur.novedades@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decreto 382 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Fernando Giraldo Gil

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333005-2023-00054-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En consecuencia, solicitó:

«1. INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL la expresión “constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo primero del Decreto 382 de 2013 modificado por el Decreto 022 de 2014, ajustada a su vez por los Decretos No. 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 y 341 de 2018, por vulneración de los artículos 2º, 27 y 53 de la Carta Fundamental, y la ley 4 de 1993 en su parágrafo.

2017 y 341 de 2018, por vulneración de los artículos 2º, 27 y 53 de la Carta Fundamental, y la ley 4 de 1993 en su parágrafo.

2. DECLARAR LA NULIDAD del oficio No.SRAP -31200-0456 del 12 de marzo de 2021, notificada el 20 de abril 2021 mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

3. QUE A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos demandados se ordene a la NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, reconocer como factor salarial y prestacional la bonificación judicial, creada mediante el Decreto 382 de 2013 modificado por el Decreto No.022 de enero 9 de 2014 y demás modificaciones.

4. QUE A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se reliquiden todas las prestaciones sociales tales como bonificación por servicios, prima de servicios, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, primas de productividad, cesantías, intereses de las cesantías y demás emolumentos devengados por mi representado como servidor de la Fiscalía General de la Nación, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, y se proceda al pago de las diferencias causadas como consecuencia de la referida reliquidación a partir del 12 de enero del 2018, teniendo en cuenta que la prescripción se interrumpió con la reclamación presentada el día 12 de enero de 2021 y en adelante se reconozca y pague la diferencia causada.

5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas

interrumpió con la reclamación presentada el día 12 de enero de 2021 y en adelante se reconozca y pague la diferencia causada.

5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas liquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 del CPACA.

6. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos 189, 192, 194, 195 del CPACA.

7. CONDENAR EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a favor de la parte demandante.»

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El demandante está vinculado con la Fiscalía General de la Nación y, es beneficiario de la bonificación judicial creada a partir del 1 de enero de 2013 mediante el Decreto 382 de 2013.

1. La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Fernando Giraldo Gil

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333005-2023-00054-02

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1. El 12 de enero de 2021 solicitó ante la Fiscalía General de la Nación el

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1. El 12 de enero de 2021 solicitó ante la Fiscalía General de la Nación el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales.

1. El 12 de marzo de 2021 , mediante Resolución SRAP31200-0456, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud de inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, contra la cual no procedía recurso de apelación.

1. En atención a la interrupción de la prescripción con la reclamación administrativa, el demandante tiene derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales a partir del 12 de enero de 2018 y las que se causen con posterioridad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 150 núm. 19 literales e) y f) de la Constitución Política; 1 y 14 de Ley 4 de 1992 y 42 del Decreto 1042 de 1978.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

1. La bonificación judicial fue creada con fundamento en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , con el propósito de avanzar en la nivelación salarial, tras el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía en noviembre de 2012. Esta bonificación presenta características propias del salario, al tratarse de una r emuneración mensual,

salarial, tras el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía en noviembre de 2012. Esta bonificación presenta características propias del salario, al tratarse de una r emuneración mensual, habitual y vinculada directamente a la prestación del servicio.

1. El artículo 42 del Decreto -Ley 1042 de 1978 y el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia del Consejo de Estado establecen que constituyen salario todas las sumas percibidas habitual y periódicamente por el trabajador como retribución por sus servicios, con inclusión de primas, bonificaciones y horas extras. La bonificación judicial, al formar parte regular de la remuneración mensual, cumple con estos requisitos y, por tanto, reviste naturaleza salarial.

1. La exclusión del carácter salarial de la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013, salvo para efectos de cotización a seguridad social, contradice la Ley 4ª de 1992 y el acuerdo suscrito con el Gobierno Nacional que sirvió de fundamento para su creación. Del mismo modo, vulnera los artículos 2, 27 y 53 de la Constitución, al impedir el reconocimiento pleno de derechos prestacionales y económicos derivados del salario, como cesantías, primas y vacaciones.

1. Los Convenios 100 y 95 de la OIT, aprobados por Colombia mediante la Ley 54 de 1962, definen la remuneración como todo pago en dinero o especie que el empleador realiza al trabajador en virtud de su empleo, sin distinción de suNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Fernando Giraldo Gil

Demandado: Fiscalía General de la Nación

empleador realiza al trabajador en virtud de su empleo, sin distinción de suNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Fernando Giraldo Gil

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333005-2023-00054-02

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denominación o naturaleza. Esta noción amplia incluye salarios, bonificaciones y otros emolumentos, y guarda consonancia con el concepto de salario previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

1. Resulta contrario al principio de progresividad salarial y a los artículos 2, 13, 27 y 53 de la Constitución, así como al artículo 2° de la Ley 4ª de 1992, excluir los efectos prestacionales de esta bonificación.

1. Se debe inaplicar el artículo primero del Decreto 382 de 2013 por ser violatorio de la Constitución Política y las Leyes.

1.2. Contestación de la demanda

1.3. Nación, Fiscalía General de la Nación2

La apoderada de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos excepciones innominadas : «constitucionalidad de la restricción del carácter salarial»; «aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el decreto 0382 de 2013 »; «legalidad del fundamento normativo particular»; «cumplimiento de un deber legal»; «cobro de lo no debido»; «prescripción de los derechos laborales»; «buena fe» y «genérica».

fundamento normativo particular»; «cumplimiento de un deber legal»; «cobro de lo no debido»; «prescripción de los derechos laborales»; «buena fe» y «genérica».

Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. La bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación «constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en

Salud».

1. A pesar de que la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013 se encuentre dentro de la definición internacional y nacional de salario, esto no es óbice para que de forma automática se concluya que dicho rubro constituye base para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales que devengue un servidor, toda vez que el legislador y el Gobierno Nacional conforme a las potestades otorgadas en la Ley 4 de 1992 cuentan con la faculta discrecional para establecer los rubros salariales y prestacionales sin que ello constituya afectación a los derechos de los funcionarios.

1. El límite del alcance salarial de la bonificación judicial tiene sustento en el mandato superior de sostenibilidad fiscal y en la obligación que impone la Ley 4 de 1992. En esos términos, otorgarle un alcance superior al Decreto 382 de 2013 implicaría que se ordenará la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar las necesidades no proyectadas con anterioridad lo que conlleva

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 20 índice SAMAINulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Fernando Giraldo Gil

Demandado: Fiscalía General de la Nación

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 20 índice SAMAINulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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desbordamiento del presupuesto destinado para solventar este emolumento adicional.

1. Adicional a lo anterior, ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que dichos decretos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con la Ley 4 de 1992.

1. Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es que para cumplir dicha función la Fiscalía General de la Nación se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.

1. Los derechos laborales reclamados por los demandantes prescriben a los tres años de haberse hecho exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 151 del CPL y demás normas concordantes.

años de haberse hecho exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 151 del CPL y demás normas concordantes.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 14 de febrero de 2025, resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013, modificado por el artículo 1° del Decreto 022 de 2014.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. SRAP -31200-0456 del 12 de marzo de 2021 expedido por la Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental de la

Fiscalía General de la Nación.

TERCERO: ORDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación que reconozca como factor salarial, para todos los efectos legales, la bonificación judicial establecida por el artículo 1° del Decreto 382 de 2013, modificado por el artículo 1° del Decreto 022 de 2014. En consecuencia, deberá reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados a los que tiene derecho el señor José Fernando Giraldo Gil, incluyendo la bonificación judicial, a partir del 12 de enero de 2018 y, en adelante por los períodos que se sigan generando, descontando los aportes del sistema de seguridad social, si no se hubieren hecho, en la proporción

Fernando Giraldo Gil, incluyendo la bonificación judicial, a partir del 12 de enero de 2018 y, en adelante por los períodos que se sigan generando, descontando los aportes del sistema de seguridad social, si no se hubieren hecho, en la proporción que corresponda al demandante. La suma resultante de la reliquidación ordenada, se reajustará conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del C.P.A.C.A, como se analizó en la parte considerativa.

CUARTO: DISPONER que la entidad demandada cumpla la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 31 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Fernando Giraldo Gil

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QUINTO: Sin condena en costas. […]».

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

1. El artículo 1° del Decreto 382 de 2013, al limitar el carácter salarial de la bonificación judicial únicamente a efectos de cotización en salud y pensión, vulnera los artículos 13, 53 y 150 núm. 19 de la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992, que prohíbe desmejorar salarios y exige respeto por los derechos adquiridos.

vulnera los artículos 13, 53 y 150 núm. 19 de la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992, que prohíbe desmejorar salarios y exige respeto por los derechos adquiridos.

1. La bonificación, por ser habitual, periódica y derivada del servicio, constituye factor salarial y debe tener efectos plenos para la liquidación de prestaciones sociales. En consecuencia, procede su inaplicación mediante la excepción de inconstitucionalidad, conforme al artículo 4° de la Constitución Política y al artículo 148 del CPACA.

1. El juez tiene la obligación de asegurar la primacía de la norma constitucional sobre la legal, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar la estabilidad jurídica.

1. De conformidad con el marco jurídico reseñado y las pruebas analizadas en precedencia el Despacho encuentra que la parte demandante ha percibido la bonificación judicial dispuesta en el decreto 382 de 2013, en su calidad de servidor de la Fiscalía General de la Nación; sin embargo la misma no se le ha reconocido como factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales, desmejorando su salario y, consecuentemente el monto de sus prestaciones sociales.

1. la bonificación judicial fue creada con el propósito de compensar la desigualdad salarial de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y dado que se devenga mensualmente y de manera permanente como contraprestación por los servicios prestados, s e cumplen los elementos necesarios para considerarla como factor salarial. Desconocer este derecho contraviene lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, ya que viola

contraprestación por los servicios prestados, s e cumplen los elementos necesarios para considerarla como factor salarial. Desconocer este derecho contraviene lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, ya que viola el principio de favorabilidad para el trabajador.

1. Los derechos laborales prescriben a los tres años siguientes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente reclamación administrativa de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo. En ese sentido, en el caso concreto el derecho debe reconocerse a partir del 12 de enero de 2018.

1. La condena en costas no es procedente, en atención a que no se evidenció que la parte vencida haya actuado con manifiesta carencia de fundamento legal.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Fiscalía General de la Nación4

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El Decreto 382 de 2013 fue expedido en ejercicio legítimo de la facultad conferida al Gobierno Nacional por el artículo 150 numeral 19 de la Constitución,

la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El Decreto 382 de 2013 fue expedido en ejercicio legítimo de la facultad conferida al Gobierno Nacional por el artículo 150 numeral 19 de la Constitución, conforme a los criterios de la Ley 4ª de 1992, y por tanto goza de presunción de legalidad y plena eficacia jurídica. En ese sentido, mientras no sea derogado o declarado inconstitucional o ilegal, su contenido resulta obligatorio y no puede ser alterado por la entidad encargada de su aplicación.

1. Frente al alcance de la definición internacional de salario, contenida en el Art. 1 del Convenio 095 de la OIT, se observa que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo del 2017, identificada con radicación No. 48001, indicó que dicho concept o de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese mismo convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor.

1. Los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo delimitan el concepto de salario, por lo que en suma se debe analizar que si bien un pago puede ser habitual no implica que a dicho valor se le deba otorgar un reconocimiento automático de ser base de liquidación de prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que percibe un empelado.

1. Si bien en el presente caso se puede llegar a establecer que la bonificación judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013 se podría encuadrar dentro de la definición internacional y nacional de salario , esto no es óbice para que automáticamente se deduzca que dicho rubro constituya base para la liquidación

judicial creada mediante el Decreto 0382 de 2013 se podría encuadrar dentro de la definición internacional y nacional de salario , esto no es óbice para que automáticamente se deduzca que dicho rubro constituya base para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales que devengue un trabajador, toda vez que e l legislador y el Gobierno Nacional, conforme a las potestades otorgadas en la Ley 4ª de 1992, puede a su libre discrecionalidad establecer los rubros salariales y prestacionales, como en efecto sucedió con el Decreto 0382 de 2013, sin que ello constituya afectación a los derechos laborales de los funcionarios o violación a los mandatos constitucionales.

1. El Decreto 382 de 2013 , no tuvo su origen en una iniciativa del Gobierno Nacional sino como un acuerdo de voluntades, fruto de las negociaciones con las asociaciones sindicales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales fueron integral y ampliamente debatidas por las distintas partes, como lo demuestran las actas de las reuniones de negociación celebradas para el efecto, dando lugar finalmente a la expedición del Decreto debatido.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 33 índice SAMAINulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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1. Ordenar la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial para la

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1. Ordenar la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales y emolumentos salariales devengados por los funcionarios, conlleva afectación directa de las normas particulares adicionales que se han promulgado para reglamentar la forma de liquidar cada prestación social o emolumento laboral, toda vez que se adicionaría un factor que no había sido previsto en dichas normas.

1. La Fiscalía General de la Nación actúo en cumplimiento de un deber legal al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto 382 de 2013 y demás normas concordantes, puesto que no podría ser otro el obrar de la entidad que realizar el pago conforme a lo estipulado en la norma.

1. La excepción de inconstitucionalidad solo procede en aquellos casos en los que se presente una evidente y palmaria contradicción entre una disposición legal o reglamentaria y los preceptos constitucionales y, por tanto, las autoridades judiciales tienen el deber de argumentar sus decisiones en tal sentido, toda vez que en caso de no hacerlo, la decisión puede constituir vulneración al debido proceso.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 22 de abril de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

Las partes no presentaron alegatos y el Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

2. Consideraciones

1.6. Alegatos de conclusión

Las partes no presentaron alegatos y el Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

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De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si el demandante tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y ii) si es procedente

tiene derecho a que se le reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y, en consecuencia, si hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y ii) si es procedente la inaplicación por inconstitucionalidad de las expresiones «únicamente» y «para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenidas en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, por medio de la cual se creó la bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación.

2.3. Marco normativo

2.3.1. De la bonificación judicial

El régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política; dicho mandato constitucional, fue materializado en el literal a ) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 6, según los parámetros previstos en el artículo 2 ídem.

A su turno, con base en dichas normas generales, objetivos y criterios, el presidente de la República de Colombia, mediante Decreto 382 de 2013, creó la denominada bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se

de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así […]».

En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013, se cancelará mensualmente en tanto el servidor permanezca en el servicio. Igualmente, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el Sistema General de Pensiones y para el Sistema de Seguridad social en Salud, excluyéndose como factor para liquidar prestaciones sociales.

2.3.2. Excepción de inconstitucionalidad

6 a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales (subrayado no original)Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: José Fernando Giraldo Gil

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 680013333005-2023-00054-02

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La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución