TA SAN - Sentencia 68001-33-33-005-2025-00018-01 (14-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

ACCIÓN ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA

ACCIONANTE NINI JOHANNA MENDOZA ROJAS

nini.mendoza_14@hotmail.com; judsaint@hotmail.com;

ACCIONADOS MINISTERIO DE TRABAJO

notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co; notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

DIRECCIÓN DE EMPLEO Y TRABAJO

servicioalciudadano@sena.edu.co; luzdanaleal@gmail.com;

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK DEL

EXPEDIENTE

68001333300520250001801

TEMA DEBIDO PROCESO, SALUD Y DERECHO A LA

ESTABILIDAD OCUPACIOAL REFORZADA

Conoce la Sala de Decisión la impugnación presentada por la parte accionante, la señora NINI JOHANNA MENDOZA ROJAS, contra el fallo de fecha once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025), proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuit o Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos.

febrero de dos mil veinticinco (2025), proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuit o Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos.

La parte actora señala que el 16 de enero de 2024 suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. CO1.PCCNTR.5734644 con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), específicamente con la Dirección de Empleo y Trabajo. El objeto de dicho contrato consistió “1_5051_9_2024 Prestar los servicios profesionales en los asuntos jurídicos para la revisión, estructuración y mejoramiento de asuntos jurídicos relacionados con las actividades estratégicas de la Dirección de Empleo y Trabajo para la vigencia 2024”. El plazo establecido para la ejecución del contrato fue hasta el 31 de diciembre de 2024.

Afirma que, el valor y la forma de pago del contrato para la vigencia de 2024, conforme a lo establecido en la circular No. 3 -2023 -000259 del 28 de diciembre de 2023, en su tabla de honorarios, fueron definidos de la siguiente manera:

• Valor del contrato: CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($112.700.000). • Forma de pago: a) Un primer pago correspondiente al mes de enero de 2024, por un valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.900.000). b) Once pagos mensuales, de febrero a diciembre de 2024, porAcción de tutela.

por un valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.900.000). b) Once pagos mensuales, de febrero a diciembre de 2024, porAcción de tutela. Radicado 68001333300520250001801 Fallo de segunda instancia. Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

un valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.800.000) cada uno."

Indica que, dentro de las obligaciones específicas establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.5734644 de 2024, suscrito con el SENA, se incluyeron, entre otras, las siguientes: (i) Brindar acompañamiento jurídico y administrativo a la Dirección de Empleo y Trabajo y a la Agencia Pública de Empleo; en las diferentes etapas de los procesos y trámites administrativos que se requiera. (ii) Realizar el análisis requerido en los diferentes procesos presentados ante el Comité de Contratación. (iii) Realizar la rev isión jurídica de los documentos y actos administrativos que tengan incidencia en la Dirección de Empleo y Trabajo. (iv) Acompañar jurídicamente en las diferentes etapas de los procesos contractuales y convenios de la DETE. (v) Realizar el análisis de los casos remitidos por la dirección jurídica relacionados con el comité de conciliación judicial.

Informa la accionante que, la Doctora Luz Dana Leal Ruiz – directora de Empleo y

de los casos remitidos por la dirección jurídica relacionados con el comité de conciliación judicial.

Informa la accionante que, la Doctora Luz Dana Leal Ruiz – directora de Empleo y Trabajo suscribió el contrato de prestación de servicios en la plataforma Secop II, en calidad de ordenadora del gasto, y a su vez, delegó como supervisor del contrato al Doctor Hernán Mauricio Rodríguez Laverde – Coordinador del Observatorio Laboral, de la Dirección de Empleo y Trabajo, quien ejerció toda la supervis ión y certifico el cumplimiento y paz y salvo del contrato No. CO1.PCCNTR.5734644 de 2024.

Se expone que, mediante circular No. 3 -2024 -000259 del 31 de octubre de 2024, emiten comunicado de lineamientos de transición tecnológica y trabajo en casa durante el período del 29 de octubre al 29 de noviembre de 2024; y, posteriormente, que mediante circular No. 3 -2024 -000292 del 14 de diciembre de 2024, emiten comunicación de la Resolución 01-03275 del 2024, mediante la cual extiende duración trabajo en casa, has ta el día 27 de enero de 2025.

Destacó que, cumpliendo con el objeto pactado en el contrato de prestación de servicios en la modalidad de trabajo en casa, durante diciembre de 2024 empezó a sentir debilidad, mareos e inflamación estomacal. Por ello, el 26 de diciembre de 2024 solicitó una cita médica general ante su EPS en Bucaramanga. Fue atendida por el Dr. Villanueva Acevedo Hernán Darío, quien ordenó una prueba de laboratorio de

solicitó una cita médica general ante su EPS en Bucaramanga. Fue atendida por el Dr. Villanueva Acevedo Hernán Darío, quien ordenó una prueba de laboratorio de sangre para confirmar un posible embarazo.

Manifiesta la accionante que, el día 28 de diciembre de 2024 se realizó la muestra de sangre ordenada, y se le informó que los resultados serían cargados en la página de la EPS. Por ello, solicitó una cita médica para conocer los resultados, la cual se asignó para el 31 de diciembre de 2024 a las 9:00 a.m. con la médico general María Gisela Martínez Díaz. En esa cita, se le informó que el resultado de la prueba de embarazo era “POSITIVO”. Inmediatamente, se emitieron órdenes para exámenes de laboratorio y la primera ecografía para determinar el tiempo de gestación, considerando que su periodo menstrual era irregular.Acción de tutela. Radicado 68001333300520250001801 Fallo de segunda instancia. Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Explicó que, debido a que se enteró de su estado de embarazo el 31 de diciembre de 2024, día en que finalizaba la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5734644 de 2024 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Dirección de Empleo y Trabajo, le fue imposible notificar ese mismo día a la Dra. Luz Dana Leal Ruiz, Director a de Empleo y Trabajo, y al supervisor del contrato, Dr. Hernán Mauricio

y Trabajo, le fue imposible notificar ese mismo día a la Dra. Luz Dana Leal Ruiz, Director a de Empleo y Trabajo, y al supervisor del contrato, Dr. Hernán Mauricio Rodríguez Laverde, debido a las festividades de fin de año.

Manifestó que, mediante comunicación electrónica vía WhatsApp, la Dra. Luz Dana Leal Ruiz, Directora de Empleo y Trabajo y ordenadora del gasto del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), le solicitó la hoja de vida. Posteriormente, al día siguiente, medi ante nuevo escrito vía WhatsApp, la señora Hilda Ramírez, asistente del director regional del SENA – Santander, informó que recibió la hoja de vida remitida y procedió a solicitarle los soportes de experiencia para revisión.

Con el fin de conocer el tiempo de gestación, se le programó una cita para la primera ecografía el 14 de enero de 2025 a las 11:36 a.m. Fue atendida por la pediatra ginecóloga y obstetra Dra. Keyla Katherine Jaime Gonzáles, quien le informó que tenía 9 semanas y 5 días de embarazo.

Agrega que, conforme al resultado de semanas de gestación, el 15 de enero de 2025 informó mediante llamada telefónica a la Dra. Luz Dana Leal Ruiz, Directora de Empleo y Trabajo y ordenadora del gasto del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En dicha comunicación, la funcionaria le advirtió que no podía tenerla en la oficina, y mucho menos mantenerle el trabajo y los mismos honorarios.

Empleo y Trabajo y ordenadora del gasto del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En dicha comunicación, la funcionaria le advirtió que no podía tenerla en la oficina, y mucho menos mantenerle el trabajo y los mismos honorarios.

Ante dicha situación y, dando cumplimiento a la circular No. 3-2024 -000297 del 18 de diciembre de 2024, expedida por el SENA, procedió a radicar por escrito, oficio de solicitud de notificación y cumplimiento a la estabilidad ocupacional reforzada por estado de embarazo.

La accionante menciona que, el día 28 de enero del 2025 recibió respuesta negativa por parte de la Directora de Empleo y Trabajo, sobre la solicitud de reconocimiento de estabili dad ocupacional reforzada, donde se argumentó lo siguiente:

(…) III. Respuesta al caso en concreto Conforme al precedente judicial conviene precisar que para el caso en concreto, en vigencia de la relación contractual que mediaba entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - y la señora NINI JOHANA MENDOZA ROJAS, no se cumple con uno de los elementos imprescindibles para activar la estabilidad reforzada, pues, para el momento de la terminación del contrato de prestación de servicios y pese a que la señora relacionada conocía su estado de gestación no dio a conocer siquiera sumariamente del estado de embarazo. Sobre el particular, entonces, en diferentes decisiones de tutela la Corte Constitucional ha dicho que NO resulta razonable que el empleador asuma esta carga prestacional cuando desvincula a la trabajadora sin conocer su estado, pues en

particular, entonces, en diferentes decisiones de tutela la Corte Constitucional ha dicho que NO resulta razonable que el empleador asuma esta carga prestacional cuando desvincula a la trabajadora sin conocer su estado, pues en este evento la term inación no es un acto discriminatorio (subrayado fuera del texto).Acción de tutela. Radicado 68001333300520250001801 Fallo de segunda instancia. Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En ningún caso la no suscripción está relacionada con su situación gestacional, ni mucho menos se avisoran motivos que ameriten un trato diferenciado dado que la entidad en su calidad de contratante desconoció plenamente de la situación de embarazo en vigencia de la relación contractual, pues, la señora NINI JOHANA MENDOZ A ROJAS, no informó de su situación hasta el 2025, tiempo para el cual la relación contractual ya había sido terminada (…).

Señala la accionante que, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Dirección de Empleo y Trabajo decidió no renovarle el contrato para la vigencia 2025, argumentando que no informó su situación de embarazo durante la ejecución del mismo. Argumenta que, ella también desconocía su embarazo y se enteró el último día del contrato. Asim ismo, manifiesta que, la entidad no consideró sus semanas de gestación, lo que la pone en peligro debido a su embarazo de alto riesgo a los 38 años. Además, tiene un hijo menor de 10 años y una madre de 68 años que dependen

gestación, lo que la pone en peligro debido a su embarazo de alto riesgo a los 38 años. Además, tiene un hijo menor de 10 años y una madre de 68 años que dependen económicamente de ella, y su est ado de embarazo dificulta que otra entidad la contrate asumiendo dicha carga prestacional.

1.2. Pretensiones.

Del escrito de tutela se concluye que la accionante pretende sea protegido su derecho fundamental al debido proceso, el derecho a la salud y a la est abilidad ocupacional reforzada solicitando: “Solicito al Señor Juez de tutela proteger mis DERECHOS FUNDAMENTALES como son: DERECHO A LA SALUD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA POR ESTADO DE EMBARAZO; ordenando al MINISTERIO DE TRABAJO - AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – Y A LA DIRECCIÓN DE EMPLEO Y TRABAJO, la renovación de la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios vigencia 2025 y por el tiempo que perdure mi licencia de maternidad.

Solicito Señor Juez de Tutela, que me sean reconocidos el PAGO DE LOS HONORARIOS DEJADOS DE RECIBIR desde la fecha de no renovación del contrato y hasta que se suscriba el contrato de prestación de Servicios vigencia 2025, con el respectivo incremento reconocido por el Gobierno Nacional y específicamente con la Circular No. 3-2024-000305 del 23 de diciembre de 2024, la cual corresponde a la tabla de honorarios vigencia 2025, con el fin de que se DEMANDANTE: NINI JOHANNA MENDOZA ROJAS

con la Circular No. 3-2024-000305 del 23 de diciembre de 2024, la cual corresponde a la tabla de honorarios vigencia 2025, con el fin de que se DEMANDANTE: NINI JOHANNA MENDOZA ROJAS nini.mendoza_14@hotmail.com judsaint@hotmail.com DEMANDADO: MINISTERIO DE TRABAJO notificaciones.tutelas@mintrabajo.gov.co notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA DIRECCIÓN DE EMPLEO Y TRABAJO servicioalciudadano@sena.edu.co luzdanaleal@gmail.com MEDIO DE CONTROL: TUTELA EXPEDIENTE: 680013333005-2025-00018-00 mejoren los mismos teniendo en cuenta que a la fecha ya cuento con el título profesional de Abogada, + el título de maestría en Derecho Público y cuento con los 49 meses de experiencia profesional relacionada para lo cual por circular estos daría unos honorarios de Hasta $13.029.138”.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA:

Mediante apoderada judicial, la entidad accionada allega contestación a la acción de tutela, donde confirma que la señora Mendoza Rojas tuvo una relación contractual con el SENA en los términos mencionados en la demanda. Sin embargo, señaló queAcción de tutela. Radicado 68001333300520250001801 Fallo de segunda instancia. Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Radicado 68001333300520250001801 Fallo de segunda instancia. Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

aspectos como el valor del contrato, su forma de pago y las obligaciones derivadas de dicha relación no son relevantes para el problema jurídico en cuestión.

Señala la accionada que, el supervisor del contrato certificó el cumplimiento y paz y salvo del contrato CO1.PCCNTR.5734644 de 2024. Esta acción no fue unilateral por parte del contratante, sino que fue suscrita por ambas partes, la señora Nini Johanna Men doza Rojas y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Dicho paz y salvo se adjuntó en el trámite de la última cuenta de cobro del 1 al 31 de diciembre de 2024, donde se destaca que la accionante no informó su estado de embarazo para el 31 de diciembre d e 2024, lo cual genera una falta de legitimidad en su reclamación, ya que la carga de probar sumariamente recaía en ella y no lo hizo. Al suscribirse el paz y salvo “entre las partes”, se da fe de que no hay ningún pendiente por parte del contratante, y mucho menos que conlleve a fuero de estabilidad laboral reforzada por maternidad.

Afirmó la entidad que, la señora Nini Johanna Mendoza Rojas no informó al SENA, a la ordenadora de gasto ni al supervisor del contrato sobre su estado de salud ni la sospech a de embarazo de manera inmediata, una vez el médico general le ordenó la

la ordenadora de gasto ni al supervisor del contrato sobre su estado de salud ni la sospech a de embarazo de manera inmediata, una vez el médico general le ordenó la prueba de embarazo. Además, señaló que, al estar vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, la señora Mendoza Rojas tenía la libertad de organizar el cumplim iento de sus obligaciones contractuales junto con otras actividades personales, lo que hacía imposible para el contratante inferir su estado de embarazo.

Indica además que, la accionante tenía ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, y que el 26 de diciembre, una vez fue atendida por medicina general, la remitieron a laboratorio por alta sospecha de embarazo. Se extraña que no informase a la entidad contratante que se encontraba en dicha valoración sobre su posible estado de gravidez. Esto hizo imposible para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tener conocimiento sumario del estado de la accionante. Agrega que, la accionante trata de justificar el incumplimiento de su obligación contractual de informar al contr atante sobre su estado de embarazo, máxime cuando el 31 de diciembre de 2024 a las 9:20 a.m. se confirma su estado de gravidez, aún en ejecución del contrato de prestación de servicios. Aclara la accionada que ese día, el SENA se encontraba prestando sus servicios y la accionante debió ejecutar su último día contractual.

En cuanto al fuero de maternidad, la entidad indicó que este no es aplicable a la accionante, ya que la señora Mendoza Rojas tuvo conocimiento de su estado de

prestando sus servicios y la accionante debió ejecutar su último día contractual.

En cuanto al fuero de maternidad, la entidad indicó que este no es aplicable a la accionante, ya que la señora Mendoza Rojas tuvo conocimiento de su estado de gravidez el 31 de diciembre, último día de su relación contractual con el SENA, y omitió notificar a dicha entidad. Por lo tanto, no se puede aplicar la tesis jurisprudencial invocada.

Además, señaló la entidad que, en lo referente a que la señora madre de la accionante dependa económicamente de ella, no es cierto, ya que, según las bases de datos del ADRES, su madre está afiliada al sistema general de seguridad social en salud, en el régimen contributivo. Del mismo modo, informó que no es correcto que la accionante insinúe que sin el contrato se genera una desprotección tanto para ella como para suAcción de tutela. Radicado 68001333300520250001801 Fallo de segunda instancia. Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

hijo por nacer, ya que cuenta con un núcleo familiar donde su esposo está vinculado a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga como funcionario público de carrera administrativa, lo que le permite garantizar su aseguramiento en salud.

2.2 MINISTERIO DE TRABAJO:

A través del Asesor de la Dirección Territorial Santander del Ministerio del Trabajo, la

administrativa, lo que le permite garantizar su aseguramiento en salud.

2.2 MINISTERIO DE TRABAJO:

A través del Asesor de la Dirección Territorial Santander del Ministerio del Trabajo, la accionada afirmó que no le constan directamente los argumentos fácticos planteados en la demanda y que estos se encuentran sujetos a lo que se demuestre en el curso del proceso.

En cuanto a las pretensi ones de renovación inmediata del contrato de prestación de servicios, la accionada destaca que, en principio, la actora gozaría de especial protección según la normatividad legal y constitucional. Sin embargo, respecto a la tutela de los derechos fundament ales invocados, inidca que, de acuerdo con el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto Ley 2351 de 1965, artículo 41, modificado por la Ley 584 de 2000, artículo 20, a los funcionarios del Ministerio del Trabajo no les está permitido declarar derechos individuales ni definir controversias, ya que esta competencia corresponde a los Jueces de la República.

Añade que la competencia del Ministerio del Trabajo en casos como el planteado se basa en el Decreto 4108 de 2011 y las Re soluciones No. 00404 del 22 de marzo de 2012, 02143 del 28 de mayo de 2014 y 3455 del 16 de noviembre de 2021. Estas normativas crean Grupos Internos de Trabajo y asignan competencias a las Coordinaciones en las Direcciones Territoriales y Oficinas Especia les del Ministerio del Trabajo. Dado que la naturaleza del vínculo es un contrato de prestación de

normativas crean Grupos Internos de Trabajo y asignan competencias a las Coordinaciones en las Direcciones Territoriales y Oficinas Especia les del Ministerio del Trabajo. Dado que la naturaleza del vínculo es un contrato de prestación de servicios (OPS), ajeno a las relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo, no es posible adelantar la averiguación preliminar correspondiente.

Manifiesta que, frente a las solicitudes formuladas por la peticionaria, es necesario reiterar que, de conformidad con el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto Ley 2351 de 1965, artículo 41, modificado por la Ley 584 de 2000, artículo 20, a los funcionarios del Ministerio del Trabajo no les está permitido declarar derechos individuales ni definir controversias.

III. EL FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia del once de febrero de 2025, el A -quo resolvió:

“PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional a los derechos fundamentales a la salud, al debido proceso y a la estabilidad ocupacional reforzada por estado de embarazo de la señora NINI JOHANNA MENDOZA ROJAS, invocados como vulnerado respecto del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA a través de su DIRECCIÓN DE EMPLEO Y TRABAJO, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional al MINISTERIO DEL TRABAJO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”Acción de tutela.

Radicado 68001333300520250001801 Fallo de segunda instancia.

SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite constitucional al MINISTERIO DEL TRABAJO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”Acción de tutela.

Radicado 68001333300520250001801 Fallo de segunda instancia. Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Como fundamento de su decisión, expuso el a quo:

“En tal sentido, y tal como se precisó en el acápite anterior, a la actora únicamente le bastaba con comunicar, por cualquier medio de información, a su empleador, del estado de embarazo, para poder acogerse a la figura de la estabilidad laboral reforzada, por ser mujer en estado de gestación, cosa que únicamente ocurrió el día 16 de enero de 2025, es decir, casi 3 semanas después de que se hubiera dado por terminado el plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5734644. Asimismo, debe destacarse que, dentro de los hechos de la demanda, la actora refiere haber tenido conversaciones vía Whatsapp con la directora del área de empleo y trabajo del SENA y su equipo, durante los días 13 y 14 de enero, oportunidades en las que también guardó silencio sobre su situación de embarazo, inclusive cuando, según aduce, se le había solicitado su hoja de vida para la elaboración del nuevo contrato. Por lo anterior, y como quiera que en el presente asunto es claro que el SENA, en calidad de contratante, no tuvo conocimiento ni fue notificado oportunamente del estado de embarazo de la señora Nini Johana Mendoza Rojas, al momento de terminarse la relación contractual, y que dentro del presente trámite tampoco

en calidad de contratante, no tuvo conocimiento ni fue notificado oportunamente del estado de embarazo de la señora Nini Johana Mendoza Rojas, al momento de terminarse la relación contractual, y que dentro del presente trámite tampoco se logró demostrar que esto así se diera, puede concluirse que, con la terminación de la relación contractual entre las partes y la decisión de no renovación del vínculo, no se transgredieron derechos fundamentales, ni se desconoció la estabilidad laboral reforzada de la actora, como quiera que esta no llegó a configurarse, pues no se cumplió con el requisitos fijado por la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional. Por las razones anteriormente expuestas, lo que se impone para el despacho es negar la protección, vía tutela, de los derechos fundamentales invocados por la señora Nini Johanna Mendoza Rojas, e igualmente se ordenará la desvinculación del Ministerio de Trabajo a este trámite procesal, en razón a que, dado el marco de sus competencias, y como quiera que no se advierte la existencia de una relación laboral entre las partes, el despacho considera que de su actuar no se desprende omisión alguna”.

IV. LA IMPUGNACIÓN

Mediante memorial de fecha 14 de febrero del 2025, la accionante manifiesta que impugna el fallo de primera instancia de fecha 11 de febrero del 2025, en consideración a que, la juez de primera instancia no reconoció los derechos fundamentales invocados en la demanda, indicando que , lo anterior se debe al desconocimiento de las pruebas presentadas tanto en la acción de tutela como en la respuesta ofrecida por el SENA, lo cual fundamenta su desacuerdo con la decisión tomada.

fundamentales invocados en la demanda, indicando que , lo anterior se debe al desconocimiento de las pruebas presentadas tanto en la acción de tutela como en la respuesta ofrecida por el SENA, lo cual fundamenta su desacuerdo con la decisión tomada. Se indica que, la providencia impugnada parte del supuesto de aceptar que, la accionante es una mujer trabajadora, orientando el análisis hacia el derecho laboral. Esta perspectiva se apoya en la abundante jurisprudencia colombiana, que exigeAcción de tutela. Radicado 68001333300520250001801 Fallo de segunda instancia. Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

como carga probatoria que la trabajadora informe al empl eador sobre circunstancias relevantes, como el embarazo, antes de que finalice la relación laboral por cualquier motivo. Señala que lo anterior, infiere a que, el juez constitucional de primera instancia no consideró adecuadamente la naturaleza del SENA como entidad pública. Por ello, la relación entre la accionante (mujer gestante) y el SENA debería ser vista como un contra to estatal de prestación de servicios personales calificados, regulado por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Argumenta la accionada que, en ese contexto, el juez natural competente para resolver el caso sería un juez administrativo, según lo dispuesto e n el artículo 104, parágrafo 1 del CPACA. Manifiesta que, según una interpretación administrativa de la normativa, la accionante no mantendría una relación laboral con el SENA. Sin embargo, el juez constitucional

dispuesto e n el artículo 104, parágrafo 1 del CPACA. Manifiesta que, según una interpretación administrativa de la normativa, la accionante no mantendría una relación laboral con el SENA. Sin embargo, el juez constitucional adoptó la tesis de la Corte Constitucional, que reconoce que los contratos de prestación de servicios administrativos pueden sustituir las relaciones laborales en el sector público. El error señalado del juez de primera instancia es no haber considerado la protección especial establecida en la Constitución para situaciones relacionadas con la "multiplicación de la especie humana", un derecho humano de cuarta generación, destacando que se debe priorizar el bienestar y la dignidad de la mujer gestante frente a agresiones como la falta de recursos necesarios para su gestación. Resalta la accionante argumentando que, en el caso en particular la entidad estatal involucrada, el SENA, no es cualquier institución, sino una que tiene una misión educativ a crucial. Esta misión incluye enseñar oficios a los jóvenes colombianos y priorizar los valores humanos por encima de consideraciones técnicas o tecnológicas. Por ello, se subraya la importancia de que la entidad respete y proteja derechos constitucionale s fundamentales, en especial los del "nasciturus" (criatura concebida pero no nacida), cuya protección está en juego en este caso. Enfatiza que, la urgencia del caso, hace referencia a la afectación a los derechos fundamentales que es de corta duración, limitada al período de gestación y puerperio (50 semanas según la ciencia médica). Subraya que este tiempo no permite esperar

Enfatiza que, la urgencia del caso, hace referencia a la afectación a los derechos fundamentales que es de corta duración, limitada al período de gestación y puerperio (50 semanas según la ciencia médica). Subraya que este tiempo no permite esperar los largos trámites de procesos laborales o administrativos. La accionante apela al juez constitucional de segunda instancia para pr oteger los derechos de su hijo en gestación. Solicita sea revocada la sentencia de primera instancia, en su lugar solicita ordenar que se den recursos a través de la retribución de un contrato de prestación de servicios con el SENA.

V. CONSIDERACIONES

5.1 Competencia

Conforme con lo expuesto en precedencia y acorde con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es competente para conocer de laAcción de tutela. Radicado 68001333300520250001801 Fallo de segunda instancia. Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

impugnación de las sentencias de tutela dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

5.2 Problema Jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la accionada, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, vulneró los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA POR ESTADO DE EMBARAZO y LA SALUD al no haber renovado el vínculo contract ual que estuvo vigente con la

LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA POR ESTADO DE EMBARAZO y LA SALUD al no haber renovado el vínculo contract ual que estuvo vigente con la actora hasta el pasado 31 de diciembre de 2024.

Marco Normativo y Jurisprudencial

5.3.1 De la Acción de Tutela

El artículo 86 de la Constitución Política introdujo la ACCIÓN