TA SAN - Sentencia 68001-33-33-006-2015-00325-02 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300620150032502

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: LUIS ANTONIO RINCÓN

juancarlosgonzalez_ortiz@hotmail.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

notificaciones@floridablanca.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 252

TEMA: SANCIÓN INFRACCIÓN NORMAS URBANISTICASOTROS

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Hechos

El 21 de julio de 2014, el presidente y la secretaria de la Junta de Acción Comunal del Barrio Palmera I, presentaron un escrito ante el Municipio de Floridablanca, en

1.1.1. Hechos

El 21 de julio de 2014, el presidente y la secretaria de la Junta de Acción Comunal del Barrio Palmera I, presentaron un escrito ante el Municipio de Floridablanca, en el cual pusieron de presente una construcción iniciada el 20 de julio de 2014, de un

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local comercial en una zona comunal en la carrera 67 con calle 124ª de dicho municipio.

En virtud de lo anterior, la Inspección de Control Urbano y Ornato d el Municipio de Floridablanca inició un procedimiento sancionatorio en contra del aquí demandante, quien en su defensa alegó que la construcción la hizo en un terreno de propiedad del señor German Ávila. Sin embargo, el procedimiento sancionatorio culminó con la imposición de una multa y con la orden de demolición, mediante la Resolución No. 111 del 3 de diciembre 2014.

El demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales fueron rechazados por extemporáneos, mediante oficio del 5 de enero de 2015, teniendo como fundamento normas del Código Civil. Sostuvo que dicho oficio fue notificado personalmente el 16 de enero de 2015 al demandante y no a su apoderado.

De la misma manera, el 20 de enero de 2015 presentó recurso de queja, el cual fue

fue notificado personalmente el 16 de enero de 2015 al demandante y no a su apoderado.

De la misma manera, el 20 de enero de 2015 presentó recurso de queja, el cual fue admitido con oficio del 22 de enero de 2015 y resuelto por medio de la R esolución No. 013 del 26 de mayo de 2015.

1.1.2. Pretensiones2

Con la demanda se solicitó en síntesis lo siguiente:

«PRIMERO: Que se decrete la nulidad de la Resolución No. 111 del 3 de diciembre de 2014, decretara por la Inspección de Control Urbano y Ornato del Municipio de Floridablanca (S/der) por violación al debido proceso y por no aplicar la normativa para el caso.

SEGUNDA: Subsidiariamente se declare la nulidad de la Resolución 013 del 26 de mayo de 2015, proferida por el secretario del Interior del Municipio de Floridablanca

(S/der) por encontrarse viciada.

TERCERA: Como consecuencia de la pretensión principal y la subsidiaria, respetuosamente le solicito que las cosas vuelvan a su estado anterior.

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CUARTA: Se condene al pago de indemnización de perjuicios por daño de carácter moral, daño emergente, lucro cesante y demás emolumentos que lo conforman.

QUINTA: Que se condene en cosas y agencias en derecho al ente estatal».

moral, daño emergente, lucro cesante y demás emolumentos que lo conforman.

QUINTA: Que se condene en cosas y agencias en derecho al ente estatal».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Se invocaron como violados los arts. 13, 29 y 83 de la Constitución Política, los arts. 52 y 76 del CPACA, el art. 5 del Decreto 1052 de 1998, los arts. 2, 103 y 104 de la Ley 388 de 1997, los arts. 1 y 2 de la Ley 810 de 2003 y los arts. 417 y 419 de la Ordenanza 017 de 2002 o Código de Policía de Santander.

Como concepto de violación adujo que , se configuró el vicio de infracción de las normas en que debía fundarse, así como la violación del derecho de audiencia y defensa, pues desconoció que el ejercicio del poder y la función de policía, están sometidos a la Ley 1437 de 2011, en materia sancionatoria.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

El Municipio de Floridablanca 3 se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que, la Resolución No. 111 del 3 de diciembre de 2014 fue notificada en debida forma, esto es, de manera personal al querellado, señor Luis Antonio Rincón, de conformidad con los arts. 402 y siguientes del Código de Policía. Igualmente, precisó que, el recurso interpuesto en contra de la referida resolución fue rechazado por extemporáneo, conforme al art. 419 del Código de Policía de Santander.

de conformidad con los arts. 402 y siguientes del Código de Policía. Igualmente, precisó que, el recurso interpuesto en contra de la referida resolución fue rechazado por extemporáneo, conforme al art. 419 del Código de Policía de Santander.

Igualmente, consideró que, la Resolución No. 013 de 2015, por medio de la cual se resolvió el recurso de queja, fue notificad a conforme al Código de Policía. Sostuvo que, las construcciones sin los requisitos legales, entre otros aspectos, se rigen por el Código de Policía de Santander, como norma especial, que además de contener una parte sustancial, contempla su procedimiento. Finalmente, propuso la excepción que denominó: «inexistencia de violación al debido proceso».

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1.2.2. La sentencia apelada4

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de B ucaramanga, accedió a las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva de la sentencia se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones No. 111 del 03 de diciembre de 2014 y 013 del 26 de mayo de 2015, proferidas por la Inspección de Control Urbano y Ornato del municipio de Floridablanca así como por la Secretaria del interior de dicho municipio, respectivamente, mediante las cuales se impuso una sanción por infracción

proferidas por la Inspección de Control Urbano y Ornato del municipio de Floridablanca así como por la Secretaria del interior de dicho municipio, respectivamente, mediante las cuales se impuso una sanción por infracción urbanística en contra del señor Luis Antonio Rincón y se resolvió desfavorablemente un recurso de queja.

SEGUNDO: ORDENAR, a t ítulo de restablecimiento del derecho, adelantar un nuevo procedimiento administrativo sancionatorio bajo l as normas aplicables a las sanciones por violación del POT y del espacio público y, atendiendo la remisión que se hace a la Ley 1437 de 2011 - como se establece a lo largo de esta decisión -, de tal manera que se le garantice el derecho al debido proceso al actor; absteniéndose

de realizar demolición alguna de la construcción ubicada en el predio de la carrera 67 calle 124ª del barrio Palmeras de Floridablanca y de la cual es poseedor el demandante, hasta tanto se tome la decisión que ponga fin procedimiento administrativo y la misma quede en firme. Se advierte respecto de las pruebas practicadas en el procedimiento administrativo sancionatorio que terminó con los actos acusados, que las mismas son válidas, siempre y cuando se hayan practicado con la comparecencia de las partes y en respeto de su derecho de contradicción.

TERCERO: ORDENAR a la entidad demandada, dar cumplimiento a la sentencia, en los términos de los arts. 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada y a favor del demandante.

Se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) SMMLV. Las costas se liquidarán de manera concentrada en la secretaria del Juzgado.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada y a favor del demandante.

Se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) SMMLV. Las costas se liquidarán de manera concentrada en la secretaria del Juzgado.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia y, previas las anotaciones a que haya lugar, ARCHIVAR el expediente».

Dicha sentencia fue adicionada con auto de fecha 14 de febrero de 2018, en el que se dispuso:

«PRIMERO: ADICIONAR con un numeral la parte resolutiva de la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2017, la cual quedará así:

«SEXTO: NEGAR la indemnización de los perjuicios por daño de carácter moral, daño emergente, lucro cesante y demás emolumentos que lo conforman, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia y de la providencia que la adicionó.

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SEGUNDO: ACLARAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 19 de diciembre de 2017, en el sentido de indicar que el cumplimiento de la sentencia debe efectuarse en los términos señalados únicamente en el numeral segundo de la parte resolutiva de la misma providencia, y por ende, no le es aplicable lo dispuesto en el art. 193 del CPACA.

TERCERO: En los demás aspectos, la sentencia se mantiene incólume».

segundo de la parte resolutiva de la misma providencia, y por ende, no le es aplicable lo dispuesto en el art. 193 del CPACA.

TERCERO: En los demás aspectos, la sentencia se mantiene incólume».

El a quo argumentó que existió una indebida aplicación de los preceptos jurídicos por parte de las dos instancias administrativas del Municipio de Floridablanca, consistente en aplicar en los actos administrativos demandados, normas sustanciales y de procedimiento contenidas en la ordenanza No. 017 de 2002, y no los presupuestos establecidos en la Ley 1437 de 2011, tal y como lo establece el art. 108 de la Ley 388 de 1997, que es la norma que establece la competencia de los municipios para proferir decisiones relativas al ordenamiento territorial, entre ellas, las sanciones por violación al régimen urbano y del espacio público.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

El Municipio de Floridablanca 5 manifestó su oposición al fallo de primera instancia, al señalar que, las resoluciones demandadas no son violatorias del derecho de contradicción, y del derecho de defensa, ni tampoco fueron expedidas con infracción de las normas en que debía fundarse.

Indicó que adelantó el procedimiento especial previsto en el Código de policía de Santander, contenido en la ordenanza No. 017 de 2002, vigente para esa época, a través de las oficinas competentes, esto es, la inspección de policía y ornato, así como de la secretaría del interior.

Además, precisó que los actos administrativos demandados se profirieron con observancia de la normativa contenida en la Ley 388 de 2016, Ley 810 de 2003 y el

como de la secretaría del interior.

Además, precisó que los actos administrativos demandados se profirieron con observancia de la normativa contenida en la Ley 388 de 2016, Ley 810 de 2003 y el Decreto 1052 de 1998. Sumado a ello, recalcó que el debido proceso fue respetado, pues se le permitió al ciudadano ejercer su s derechos de defensa y contradicción, a presentar pruebas y rendir descargos.

Agregó que los recursos presentados, el 19 de diciembre de 2012, en contra de la referida resolución, fueron extemporáneos, pues la notificación se llevó a cabo el 12

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de diciembre de 2012. Agregó que, en lo no regulado en la ordenanza No. 017 de 2002, resulta aplicable el Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, se opuso a la orden contenida en el nume ral segundo de la sentencia de primera instancia, porque considera que se pretende aplicar el art. 108 de la Ley 388 de 1997, el cual fue derogado por la Ley 1801 de 2016.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 30 de mayo de 2018 se admitió el recurso de apelación 6, y posteriormente, con auto del 27 de junio de 201 9 se ordenó correr traslado para alegar de conclusión7, finalmente, ingresó al Despacho para proferir sentencia.

posteriormente, con auto del 27 de junio de 201 9 se ordenó correr traslado para alegar de conclusión7, finalmente, ingresó al Despacho para proferir sentencia.

Sin embargo, la magistrada ponente para ese momento, con auto de fecha 21 de marzo de 2024, se manifestó impedida, el cual fue declarado fundado con auto de fecha 29 de agosto de 2024 8 por la titular del Despacho 09 , correspondiéndole su conocimiento.

1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante 9, puso de presente el fallecimiento del señor Luis Antonio Rincón y aportó poder de los derechos de su cónyuge sobreviviente y su heredera. Señaló que la entidad demandada, incurrió en la violación del debido proceso, toda vez que no dio aplicación a las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011. Agregó que la parte demandante, dadas sus condiciones, ostentaba especial protección constitucional y finalmente, solicitó que se accedan a las pretensiones de la demanda.

La parte demandada, Municipio de Floridablanca 10, indicó que no vulneró el derecho de defensa o contradicción, pues reitera que, el demandante presentó los recursos, por fuera de los términos legales establecidos para ello. Reiteró que, el procedimiento aplicable para la época de los hechos fue el Código de Policia de Santander y en sus vacíos, se debía aplicar el Código de Procedimiento Civil.

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El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previamanifestación de impedimento de la Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes

Registrado el proyecto para revisión por parte de la Sala, a través de la plataforma Teams, la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes manifestó impedimento para conocer del proceso de la referencia en calidad de miembro de la Sala.

La Magistrada adujo que conoció del proceso en instancia anterior, pues dictó varias providencias en el transcurso del presente asunto en primera instancia, entre esas, la sentencia de primera instancia, motivo por el cual invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 2 del artículo 141 del CGP.

Por lo anterior, considera la Sala que se configura la causal alegada por la Magistrada. En tal sentido, se declarará fundado el impedimento por ella manifestado y se procederá a separarla del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.

2.2. Cuestión previa - sucesión procesal

En los alegatos de conclusión de segunda instancia, el apoderado de la parte demandante puso de presente el fallecimiento del demandante, señor Luis Antonio

miembro de la Sala de decisión.

2.2. Cuestión previa - sucesión procesal

En los alegatos de conclusión de segunda instancia, el apoderado de la parte demandante puso de presente el fallecimiento del demandante, señor Luis Antonio Rincón. I gualmente, allegó poder por parte de la s señoras Fanny Janeth Orduz Bermúdez y Diana Marcela Rincón Orduz, en calidad de cónyuge e hija, conforme a los registros civiles aportados11.

Al respecto, el artículo 68 del CGP12, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, regula lo concerniente a la figura jurídica de la sucesión procesal, la que contempla que al presentarse el fallecimiento de una de las partes, dentro de un proceso en el que obre como parte, qui en lo suceda en el derecho debatido

11 Pág. 6 PDF 063 12 «Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador. (…)».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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tendrá la facultad de vincularse y ocupar su lugar en la relación jurídica procesal, dejando claridad en que será cobijado por los efectos de la sentencia a pesar de no concurrir al proceso y siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, esto es que acredite realmente y a través de los medios probatorios idóneos el acaecimiento

dejando claridad en que será cobijado por los efectos de la sentencia a pesar de no concurrir al proceso y siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, esto es que acredite realmente y a través de los medios probatorios idóneos el acaecimiento de tal hecho, así como la condición de herederos o sucesores respecto de quien era parte en el proceso.

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha señalado, «el sucesor queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. La sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso. Por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, que, por tanto, continúa igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado»13.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que se r eúnen los requisitos, se decretará la sucesión procesal, respecto del demandante, señor Luis Antonio Rincón, y se tendrán a las señoras Fanny Janeth Orduz Bermúdez y Diana Marcela Rincón Orduz, como sus sucesoras procesales.

Por otra parte, es pertinente precisar que el auto de 5 de enero de 2015, mediante el cual la entidad demandada rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución No. 111 del 3 de diciembre de 2014, no fue expresamente incluido en las pretensiones de la demanda ; sin embargo, el artículo 163 del CPACA dispone que, cuando un acto ha sido objeto de recursos en sede administrativa, se entienden también demandados los actos que los resolvieron14.

embargo, el artículo 163 del CPACA dispone que, cuando un acto ha sido objeto de recursos en sede administrativa, se entienden también demandados los actos que los resolvieron14.

En consecuencia, la Sala estima que dicho acto administrativo integra la proposición jurídica sometida al control de legalidad en este proceso, razón por la cual será incluido dentro del problema jurídico que se estructurará.

2.3. Acerca de la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 10 de marzo de 2005, Rad.: 5000123-31-000-1995-04849-01 (16346), C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 14 «ARTÍCULO 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron […]».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia

2.4. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al

segunda instancia

2.4. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.5. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación15, el cual consiste en establecer si:

P.J. 01: ¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución núm. 111 del 3 de diciembre de 2014, del auto del 5 de enero de 2015 y de la Resolución núm. 013 del 26 de mayo de 2015, mediante los cuales el Municipio de Floridablanca impuso una sanción por violación d e normas urbanísticas al señor Luis Antonio Rincón, rechazó por extemporáneos los recursos interpuestos y resolvió el recurso de queja, respectivamente, por haber sido expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse?

Con el propósito de reso lver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial en el que estudiará el debido proceso en los procedimientos sancionatorios respecto del incumplimiento de normas urbaní sticas y, (i i) la valoración de las pruebas obrantes en el expediente.

15 Art. 328 del CGP . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

del incumplimiento de normas urbaní sticas y, (i i) la valoración de las pruebas obrantes en el expediente.

15 Art. 328 del CGP . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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2.6. Marco normativo y jurisprudencial

2.6.1. El debido proceso en los procedimientos sancionatorios respecto del incumplimiento de normas urbanísticas

En desarrollo de la potestad estatal de intervención sobre los usos del suelo y de las funciones atribuidas a las autoridades municipales para su reglamentación, así como de las competencias de control y vigilancia sobre las actividades relacionadas con la construcción, el legislador a través de la Ley 388 de 1997 16, modificada por inicialmente, por la Ley 810 de 2003 17, dispone que el control urbano recae en los municipios, en cabeza del alcalde, quien debe ejercer la función de velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas, mediante acciones eficientes, así como

inicialmente, por la Ley 810 de 2003 17, dispone que el control urbano recae en los municipios, en cabeza del alcalde, quien debe ejercer la función de velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas, mediante acciones eficientes, así como facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales (artículo 1º numerales 2 y 5).

También señala que el urbanismo es una función pública (artículo 3) y que se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales (artículo 8). El artículo 36 establece que las actuaciones urbanísticas son la parcelación, urbanización y construcción de inmuebles. Cada una de estas comprende procedimientos de gestión y formas de ejecución con base en las decisiones administrativas contenidas en la acción urbanística, de acuerdo con la legislación.

Además, la Ley 388 de 1997 determina como requisito la obtención de licencia, es decir, la autorización administrativa previa para el desarrollo de las actividades de construcción o adelantamiento de obras.

Ahora bien, la Constitución señala que la Administración está dotada de una función mediante la cual persigue el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, y especialmente la vigencia de un orden justo.

Bajo ese entendido, se ha dotado a la Administración de una función de inspección, control y vigilancia de todos aquellos asuntos de su competencia, que impone la concesión por parte del ordenamiento de instrumentos que permitan precisar esa labor, como lo es la facultad de imposición de sanciones y multas, si es del caso.18

16 «Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones».

labor, como lo es la facultad de imposición de sanciones y multas, si es del caso.18

16 «Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones». 17 «Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones» 18 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación Número: 25000 -23-24-000200900299-01.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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En ese orden, la función de inspección, vigilancia y control se encuentra enmarcada dentro de la figura que se conoce como el poder de policía, el cual tiene como fin garantizar el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano que a su vez, se encuentra limitado por unos deberes constitucionales, los cuales son los que permiten establecer los alcances de dicha vigilancia por parte de la administración y asimismo, se re gulan mediante la determinación de unos procedimientos administrativos que propenden por una sana convivencia y un orden justo.

En garantía de ese orden justo señalado líneas atrás, el Consejo de Estado 19 ha establecido, que:

«el ejercicio de la facultad sancionadora de las autoridades administrativas urbanísticas se encuentra limitado desde dos perspectivas: una de tipo sustancial,

En garantía de ese orden justo señalado líneas atrás, el Consejo de Estado 19 ha establecido, que:

«el ejercicio de la facultad sancionadora de las autoridades administrativas urbanísticas se encuentra limitado desde dos perspectivas: una de tipo sustancial, relativa a la aplicación de los principios y garantías que se decantan de la cláusula general del debido proceso, que morigeran sin lugar a dudas la puesta en marcha de la potestad de sanción; otra de naturaleza temporal, pues lo cierto es que ella –se hace referencia a la competencia de sanción – deberá ser desarrollada en los plazos establecidos en el sistema jurídico.» (Destaca la Sala).

Así, respecto de la naturaleza de la potestad sancionatoria en materia urbanística, debe respetarse el debido proceso , el cual incluye toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, según el artículo 29 Constitucional, que señala:

«El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable».

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el debido proc eso se constituye en una garantía fundamental a favor de todos los ciudadanos, en la medida que se entiende como una fuente de protección frente a una posible actuación desmedida de las autoridades cuando estas se desvíen, de manera injusta, del reglamento jurídico vigente. De este modo, en virtud del texto constitucional del artículo 29, dicha

como una fuente de protección frente a una posible actuación desmedida de las autoridades cuando estas se desvíen, de manera injusta, del reglamento jurídico vigente. De este modo, en virtud del texto constitucional del artículo 29, dicha

19 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA Bogotá

D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación Número: 25000 -23-24-000200900299-01.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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garantía del debido proceso tiene aplicación en «toda clase de actuaciones judiciales y administrativas», como incluso se determina en el numeral 1º del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, donde se le concede el carácter de principio fundamental a la función administrativa20.

Al respecto, el Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el numeral 1° del artículo 3 señala:

«En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los de