TA SAN - Sentencia 68001-33-33-006-2025-00015-01 (18-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

ACCIÓN: TUTELA

ACCIONANTE:

H. B. V. 1

tutelas@inpec.gov.co notificaciones@inpec.gov.co

ACCIONADO:

INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIOINPEC

tutelas@inpec.gov.co notificaciones@inpec.gov.co

VINCULADO:

-CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA

SEGURIDAD DE GIRÓN - CPAMSGIR

direccion.epamsgiron@inpec.gov.co juridica.epamsgiron@inpec.gov.co epamsgiron@inpec.gov.co tutelas.epamsgiron@inpec.gov.co

-DEPARTAMENTO DE SANTANDER

seguridadyconvivencia@santander.gov.co

RADICADO Y

ENLACE DEL

EXPEDIENTE DIGITAL: 680013333-006-2025-00015-01

TEMA: No se configura la vulneración del derecho a la vida ni a la integridad personal. Las entidades han implementado medidas de seguridad a favor del accionante desde que tuvieron conocimiento de su situación. El INPEC adelanta, junto con el CPAMS, las gestiones necesarias para determinar el traslado del accionante a otro centro penitenciario.

Se decide la impugnación formulada por parte del accionante contra la

situación. El INPEC adelanta, junto con el CPAMS, las gestiones necesarias para determinar el traslado del accionante a otro centro penitenciario.

Se decide la impugnación formulada por parte del accionante contra la sentencia proferida el 10 de febrero de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga; remitida al Despacho ponente el 19 de febrero de 202 5, según acta de reparto, la cual se muestra en la actuación 2 del expediente digital cargado en el sistema judicial SAMAI.2

I. ANTECEDENTES

A. El escrito de tutela3

1. Pretensiones

El accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales a la vida y la integridad personal, que considera vulnerados por la Cárcel y Penitenciaría con Media y Alta Seguridad de Girón - CPAMSGIR, al no autorizar su traslado provisional del pabellón 9 al 2 o 3 ni ordenar su traslado inmediato a cualquier Centro Carcelario o Penitenciario del país diferente al de Cómbita - Boyacá.

1 Se omite la identificación de la accionante con el fin de proteger su derecho fundamental a la intimidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 15 de la Constitución Política, 24.3 del CPACA y 18, literal a), de la Ley 1581 de 2012 2 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 3, , acta de reparto 3 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 3, documento denominado 3ED_TutelaPPLASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN

3 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 3, documento denominado 3ED_TutelaPPLASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300620250001501

ACCIONANTE: H.B.V ACCIONADO: INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC VINCULADO: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN - CPAMSGIR

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2. Hechos El accionante señala que, en su condición de persona privada de la libertad, fue trasladado del centro penitenciario La Picota , en Bogotá, a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón debido a amenazas de muerte por su participación en el fallido proceso de paz promovido durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Expone que, tras su ingreso al centro penitenciario CPAMSGIR, fue ubicado inicialmente en el pabellón 8, donde recibió nuevas amenazas , por lo tanto, fue trasladado al pabellón 7, pero las intimidaciones persistieron, lo que motivó su reubicación en el pabellón 9, donde permanece actualmente. Narra que, mientras cumplía su pena, compartió celda y desarrolló amistad con O.C.R., quien posteriormente se fugó de la cárcel. Explica que, debido a la relación de confianza que mantenían, tuvo conocimiento de su paradero. Agrega que, motivado por la recompensa ofrecida por su captura, proporcionó

O.C.R., quien posteriormente se fugó de la cárcel. Explica que, debido a la relación de confianza que mantenían, tuvo conocimiento de su paradero. Agrega que, motivado por la recompensa ofrecida por su captura, proporcionó información a las autoridades, en parti cular al Departamento de Santander a través de DJAG, quien lo visitó en el centro penitenciario , lo que derivó en una entrevista con la Policía Judicial para facilitar la detención del fugitivo. Advierte que se filtró la información sobre su colaboración en la captura, lo que derivó en nuevas amenazas contra su vida e integridad personal. Explica que interpuso directamente la acción de tutela sin acudir a los mecanismos internos del INPEC y el CPAMSGIR, porque no confiaba que garantizaran la confidencialidad de la información que respalda su solicitud de traslado. Sostiene que las medidas de protección implementadas por el INPEC y el CPAMSGIR después de la presentación de la acción constitucional resultan insuficientes frente al riesgo inminente que enfrenta. Afirma que, por lo anterior, mientras se resuelve de fondo su solicitud de traslado a otro centro penitenciario, la medida más adecuada es su reubicación en el pabellón 2º o 3º.

B. Informes de las accionadas

1. El Instituto Penitenciario y Carcelario - INPEC4 se opone al amparo deprecado por el accionante, bajo el argumento de que no agotó el requisito de subsidiariedad, pues nunca presentó una solicitud formal de traslado ni recurrió a los mecanismos internos de protección y seguridad dispuestos por la Dirección del Centro Penitenciario o del INPEC.

subsidiariedad, pues nunca presentó una solicitud formal de traslado ni recurrió a los mecanismos internos de protección y seguridad dispuestos por la Dirección del Centro Penitenciario o del INPEC.

Señala que las solicitudes de traslado deben ser previamente analizadas por la Junta Asesora de Traslados, porque su autorización depende de factores como el nivel de riesgo del recluso, la seguridad de la penitenciaría, el grado de hacinamiento y el perfil sociojurídico del solicitante.

Sostiene que, en aras de garantizar la seguridad del accionante, el 4 de febrero de 2025 ordenó medidas de protección y seguridad especial, dirigidas tanto a la

4 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 6, documento denominado

3RESPUESTATUTELAASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300620250001501

ACCIONANTE: H.B.V ACCIONADO: INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC VINCULADO: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN - CPAMSGIR

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander implementación efectiva del CPAMSGIR como al cumplimiento de los protocolos por parte de H.B.V.

2. La Secretaría del Interior de l Departamento de Santander 5 solicita su desvinculación de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Expone que, si bien el Decreto 388 de 2011 asigna al gobernador las funciones

desvinculación de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Expone que, si bien el Decreto 388 de 2011 asigna al gobernador las funciones de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los FONSET, incluidos los destinados a planes de recompensa, los pagos son efectuados directamente por la Policía Nacional o por la Fiscalía General de la Nación.

Aclara que la información relacionada con estos procesos es confidencial conforme al artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y que, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud de pago directamente dirigida al ente territorial por tales conceptos.

3. La Cárcel y Centro Penitenciario de Alta y Media Seguridad de GirónCPAMSGIR6 sostiene que no se vulneraron los derechos invocados por el accionante.

Advierte que no tenía conocimiento de ningún riesgo contra la vida o integridad de H.B.V., pues este no informó la situación a los funcionarios competentes ni hizo uso de los mecanismos dispuestos para tal fin.

Informa que el 5 de febrero de 2025, al conocer el contenido de la acción de tutela, realizó una entrevista con Policía Judicial en la que H.B.V. manifestó que su situación era de «extrema gravedad» y explicó que no había podido presentar la solicitud de t raslado debido a que el correo es entregado por otros internos . Añade que, e n respuesta, el subdirector de seguridad y vigilancia del INPEC ordenó 12 medidas de protección y seguridad para salvaguardar su integridad, las cuales fueron acogidas y comunicada s al accionante ; también solicitó a la

Añade que, e n respuesta, el subdirector de seguridad y vigilancia del INPEC ordenó 12 medidas de protección y seguridad para salvaguardar su integridad, las cuales fueron acogidas y comunicada s al accionante ; también solicitó a la Junta Asesora de Traslados del INPEC el estudio de su traslado.7

C. Sentencia de primera instancia8

Mediante providencia del 10 de febrero de 2025 el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga declaró que las entidades accionadas no vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor. No obstante, ordenó la adopción de medidas de protección y, en particular, dispuso lo siguiente:

PRIMERO: DECLÁRESE que las entidades accionadas no han vulnerado los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela (…).

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección General del INPEC y el Director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Girón, a través de la Junta Asesora de Traslados (JAT) y Grupo de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria

(GOSEG), para que dentro del término de máximo cinco (5) días, contados

5 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 8, documento denominado JUEZSEXTOADMINISTRAT 6 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Indice 9. 7Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 19, documento denominado 2025EE0040869180220

SAMAI, Gestión en otros despachos, Indice 9. 7Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 19, documento denominado 2025EE0040869180220 8 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 11, documento denominado SentenciadePr_20250001500_Fallo_RiASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300620250001501

ACCIONANTE: H.B.V ACCIONADO: INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC VINCULADO: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN - CPAMSGIR

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander a partir del día siguiente al recibido de la comunicación de esta providencia, por éstas, realicen el estudio de seguridad de nivel de riesgo de la PPL (…), y determinen si hay lugar a trasladarlo a otro establecimiento distinto al de Cómbita, Boyacá (…).

TERCERO: ORDENAR al Director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón -CPAMSGIR-, para que continúe con prontitud y cumpla diligentemente, las 12 medidas de seguridad ordenadas por el Subdirector de Seguridad y Vigilancia del INPEC (…).

Parágrafo. Dichas medidas se mantendrán de forma transitoria hasta tanto las entidades accionadas profieran el respectivo estudio de nivel del riesgo del tutelante. Sin embargo, en el evento en que las entidades accionadas

Parágrafo. Dichas medidas se mantendrán de forma transitoria hasta tanto las entidades accionadas profieran el respectivo estudio de nivel del riesgo del tutelante. Sin embargo, en el evento en que las entidades accionadas determinen que la situación de riesgo no am erita el traslado, estas deberán garantizar la vida e integridad personal del tutelante , considerando la posibilidad -de ser necesario - de mantener de forma permanente las 12 medidas de urgencias inicialmente adoptadas (…).

CUARTO: REQUERIR a las entidades demandadas para que, dentro de la evaluación de nivel de riesgo del tutelante, se tengan en cuenta factores tales como su eventual colaboración con las autoridades policiales en acciones relacionadas con el combate de la criminalidad (…), y que (sic) de ser el caso, se extremen las medidas de protección en su favor, mientras subsistan las causas del nivel de riesgo del tutelante.

Como fundamento, el a-quo sostuvo que las entidades accionadas desconocían la situación de riesgo alegada por el accionante, lo que les impidió activar los mecanismos de protección antes de la interposición de la acción de tutela, por lo tanto, no se les puede atribuir omisión o desconocimiento de sus derechos. También encontró acreditado que, una vez informadas del caso, implementaron los protocolos adecuados para brindarle protección y acompañamiento en su solicitud de traslado.

Añadió que, no obstante, ante la situación expuesta por H.B.V., ordenó que las medidas de seguridad adoptadas por el INPEC y el CPAMSGIR se mantuvieran hasta que se evaluara el riesgo señalado y se resolviera su solicitud de traslado

Añadió que, no obstante, ante la situación expuesta por H.B.V., ordenó que las medidas de seguridad adoptadas por el INPEC y el CPAMSGIR se mantuvieran hasta que se evaluara el riesgo señalado y se resolviera su solicitud de traslado a un centro penitenciario distinto al de Cómbit a, Boyacá, con el propósito de garantizar su seguridad y la protección efectiva de sus derechos a la vida e integridad personal.

D. La impugnación9

El accionante solicita que se revoque la sentencia de tutela de primera instancia. Considera que se desconocieron sus derechos fundamentales por no atender el riesgo que enfrenta dentro de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Girón - CPAMSGIR.

Sostiene que las medidas de seguridad adoptadas resultan insuficientes y que su traslado al pabellón 2 o 3 es indispensable como medida preventiva mientras se decide sobre su traslado definitivo. Alega que los reclusos tienen control sobre la distribución de los alimentos, lo que lo expone al riesgo de ser envenenado, una amenaza que, según su criterio, no está cubierta por las medidas dispuestas. También reitera su solicitud de ser trasladado a otro centro penitenciario que no sea el ubicado en Cómbita, Boyacá.

9 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Gestión en otros despachos, Índice 15, documento denominado 34RecepcionMemor_3215ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300620250001501

ACCIONANTE: H.B.V

ACCIONADO: INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300620250001501

ACCIONANTE: H.B.V ACCIONADO: INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC VINCULADO: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN - CPAMSGIR

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Afirma que el juez de primera instancia no valoró su información relacionada con su colaboración en la captura de O.C.R., lo que derivó en nuevas amenazas contra su vida e integridad personal.

E. Auto para mejor proveer 10

El 27 de febrero de 2025 se ofició a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la Nación - Fiscalía General de la Nación para que informaran si en sus bases de datos existía algún registro que acreditara a H.B.V. como colaborador de la justicia en un proceso judicial, en especial en actuaciones contra O.C.R.

Asimismo, se solicitó a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Girón - CPAMSGIR que informara si en el libro de registros de visitas de H.B.V. aparecía D.J.A.G. como visitante.

Adicionalmente, se requirió a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a la Nación - Fiscalía General de la Nación y al Instituto Penitenciario y Carcelario - INPEC para que detallaran los mecanismos y protocolos de seguridad aplicados a las personas colaboradoras de la justicia, en particular a aquellas en calidad de personas privadas de la libertad.

• INPEC para que detallaran los mecanismos y protocolos de seguridad aplicados a las personas colaboradoras de la justicia, en particular a aquellas en calidad de personas privadas de la libertad.

El 3 de marzo de 2025 la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional 11 informó que en el módulo de administración de fuentes humanas no registra pagos ni información relacionada con H.B.V.

El 5 de marzo de 2025 la Nación - Fiscalía General de la Nación 12 señaló que, tras revisar las investigaciones adelantadas contra O.C.R., no encontró registro de que H.B.V. hubiera participado como testigo o colaborador. Asimismo, precisó que las medidas de protección y seguridad para colaboradores de la justicia están reguladas por la Resolución 00205 de 2024, cuyo artículo 20 excluye del programa a las personas privadas de la libertad.

Por último, el 11 de marzo de 2025 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC13 confirmó que D.A.G. ingresó el 18 de marzo de 2024 junto con C.N.P. y F.H.O al centro penitenciario CMAPMS . También, reiteró que el accionante cuenta con medidas de seguridad especiales.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

La competencia para resolver el recurso de impugnación recae en esta Corporación, según lo dispuesto en los artículos 1° del Decreto 1382 de 2000 y 37 del Decreto 2591 de 1991, como quiera que se interpuso contra una sentencia de tutela de primera instancia proferida por un juez administrativo de este distrito judicial.

10 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Índice 6

de tutela de primera instancia proferida por un juez administrativo de este distrito judicial.

10 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Índice 6 11 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Índice 22, documento denominado: 30Constanciasecr_GS2025047702DESAN 12 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Índice 18, documento denominado, Constanciasecr_ResolucionN_00205pdf 13 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI, Indice 19ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300620250001501

ACCIONANTE: H.B.V ACCIONADO: INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC VINCULADO: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN - CPAMSGIR

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B. El problema jurídico y su resolución

De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿Se vulneran los derechos fundamentales del accionante, al no ordenarse su traslado a los patios 2 o 3 del CPAMS de Girón, porque aquel considera que las medidas de protección implementadas por las entidades accionadas para salvaguardar su integridad son insuficientes, debido a las amenazas recibidas por su colaboración con la justicia?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: Aunque no se pudo corroborar la información

accionadas para salvaguardar su integridad son insuficientes, debido a las amenazas recibidas por su colaboración con la justicia?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: Aunque no se pudo corroborar la información proporcionada por el accionante ni confirmar si esta tuvo injerencia en la captura de O.C.R., lo cierto es que se demostró la intención del accionante de colaborar con las autoridades. Esto da motivos suficientes para inferir que podrían existir intenciones de atentar contra su vida en caso de que dicha información se filtrara, especialmente debido a que la presunta colaboración está dirigida contra un reconocido delincuente local.

No obstante, y contrario a lo sostenido por el accionante en su impugnación, las autoridades accionadas no vulneraron sus derechos fundamentales. No es posible atribuirles omisión, ya que no tuvieron la oportunidad de conocer la situación expuesta por el accionante antes de interponer la presente acción de tutela. Sin embargo, desde que tuvieron conocimiento de los hechos, han tomado medidas para proteger su integridad, lo que demuestra su disposición para evaluar la situación de riesgo presentada y su compromiso con garantizar la vida e integridad personal del accionante.

Si bien el accionante sostiene que las medidas de seguridad adoptadas son insuficientes y que su traslado al pabellón 2 o 3 es indispensable como medida preventiva mientras se decide su traslado definitivo, lo cierto es que la negativa del centro penitenci ario de trasladarlo a dichos pabellones no responde a una arbitrariedad de la entidad, sino que obedece a criterios técnicos de seguridad y

preventiva mientras se decide su traslado definitivo, lo cierto es que la negativa del centro penitenci ario de trasladarlo a dichos pabellones no responde a una arbitrariedad de la entidad, sino que obedece a criterios técnicos de seguridad y clasificación penitenciaria, pues los pabellones 7, 8 y 9 están destinados a reclusos con nivel de seguridad 1, clas ificación en la que se encuentra el accionante, por lo tanto, los pabellones solicitados están fuera de los espacios asignados para su nivel de seguridad.

Asimismo, el INPEC lleva a cabo las gestiones necesarias para evaluar el traslado a un centro penitenciario que brinde mejores condiciones, en cumplimiento de la solicitud del accionante, la cual cuenta con el respaldo del CPAMS.

Para sustentar la tesis planteada, la Sala abordará inicialmente el estudio de los derechos fundamentales en la relación de sujeción de las personas privadas de la libertad. A continuación, se analizarán las regulaciones internas y los protocolos diseñados para salvaguardar la vida e integridad de los PPL, así como la viabilidad de realizar un traslado a otro ECON. Finalmente, con base en los medios de convicción debidamente acreditados, se demostrará que tanto el INPEC como la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de GirónCPAMS han actuado con diligencia para proteger la integridad y vida del accionante dentro del marco de sus competencias.ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300620250001501

ACCIONANTE: H.B.V

ACCIONADO: INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300620250001501

ACCIONANTE: H.B.V ACCIONADO: INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC VINCULADO: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN - CPAMSGIR

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C. Marco jurídico

1. Los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y la relación de sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado El derecho a la vida se encuentra consagrado en el artículo 11 de la Constitución, el cual establece que «el derecho a la vida es inviolable »14. Está disposición reconoce la vida como un derecho fundamental, que no puede ser restringido ni suspendido aunque su titular se encuentre privado de la libertad.

Por su parte, la Corte delimitó la restricción de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en tres grupos15, a saber: El primer grupo está compuesto por aquellos derechos que son suspendidos por motivo y consecuencia directa de la pena impuesta, como es el caso del derecho a la libertad. El segundo corresponde a los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado, con el objetivo de contribuir al proceso de resocialización, dentro de los que se encuentran el derecho de asociación, al trabajo y el derecho a la educación. Por último, se encuentran los derechos que se consideran intocables, es decir, aquellos que se derivan de la dignidad humana y, por lo tanto, no pueden ser restringidos, tales son el derecho a la vida y la integridad personal.

Por último, se encuentran los derechos que se consideran intocables, es decir, aquellos que se derivan de la dignidad humana y, por lo tanto, no pueden ser restringidos, tales son el derecho a la vida y la integridad personal. Así, desde el momento en que la persona es privada de su libertad, nace la relación de sujeción entre los PPL y el Estado, en tanto este último se convierte en garante de los derechos que no son restringidos por el acto de la privación de la libertad, mien tras el recluso, por su parte, queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias de imperativa observancia. La Corte ha reiterado en varias ocasiones que el Estado tiene una responsabilidad objetiva e ineludible en la protección de la vida, la seguridad y la integridad de las personas privadas de la libertad. Esto implica que no solo debe abstenerse de vulnerar sus derec hos, sino también adoptar medidas activas y efectivas para garantizar su protección. En ese sentido, el alto tribunal en la sentencia SU 16 de 2024 16 enfatizó que la omisión en la adopción de medidas adecuadas por parte de las autoridades penitenciarias puede constituir una violación de los derechos fundamentales de los reclusos. Entonces, al estar bajo la custodia de la administración, los internos dependen de las instituciones carcelarias para el acceso a condiciones dignas de reclusión, lo que refuerza la obligación del Estado de velar por su bienestar y prevenir cualquier tipo de riesgo que afecte su integridad.

2. Protocolos y regulaciones internas para salvaguardar el derecho a la vida e integridad de los PPL La Ley 65 de 1993 establece que en los establecimientos de reclusión se

cualquier tipo de riesgo que afecte su integridad.

2. Protocolos y regulaciones internas para salvaguardar el derecho a la vida e integridad de los PPL La Ley 65 de 1993 establece que en los establecimientos de reclusión se garantizará la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La ejecución de la pena y la medida de aseguramiento se basarán en el respeto a la dignidad humana del interno, así como en los principios

14Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 15 Corte Constitucional, Sentencia de Tutela 049 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 16 Corte Constitucional, Sentencia SU 16 de 2024, M.P. Diana Fajardo RiveraASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN: IMPUGNACIÓN RADICADO: 68001333300620250001501

ACCIONANTE: H.B.V ACCIONADO: INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC VINCULADO: CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN - CPAMSGIR

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander humanitarios reconocidos en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. 17 Al respecto, el INPEC tiene dentro de sus funciones la adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de las PPL, lo que puede implicar traslados preventivos y ajustes en los niveles de seguridad y vigilancia dentro de los establecimientos penitenciarios. La Corte Constitucional 18 ha enfatizado la importancia de implementar

implicar traslados preventivos y ajustes en los niveles de seguridad y vigilancia dentro de los establecimientos penitenciarios. La Corte Constitucional 18 ha enfatizado la importancia de implementar procedimientos establecidos para prevenir agresiones entre las personas privadas de la libertad y asimismo ha resaltado la necesidad de medidas de seguridad adecuadas dentro de los establecimientos penitenciarios. Estos pueden incluir traslados preventivos o un aumento en la seguridad y medidas de vigilancia dentro de la celda o pabellón. En ese sentido, el centro penitenciario deberá garantizar la protección del PPL, en conjunto con el INPEC, según el nivel de riesgo o amenaza que enfrente , la cual debe ser proporcionada y ejecutada por la institución, mientras se aplica una medida preventiva, ya sea definitiva o transitoria, para cesar la amenaza y/o vulneración. 2.1. Respecto de los traslados de cárcel o penitenciaría de las personas privadas de la libertad El artículo 73 de la Ley 65 de 1993 19 establece que la Dirección Nacional Penitenciaria y Carcelaria debe determinar y disponer el traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, bien sea por decisión propia, motivada o por solicitud formulada. Al respecto, establece que el traslado se realizar á por motivo de salud del interno, una orden interna del establecimiento, buena conducta, la necesidad de descongestionar el centro penitenciario, o cuando sea necesario para salvaguardar la seguridad del interno o de los demás reclusos .20 Asimismo, se deberá considerar que la solicitud de traslado estará supeditada a la disponibilidad de cupos y a las condiciones de seguridad del establecimiento,

salvaguardar la seguridad del interno o de los demás reclusos .20 Asimismo, se deberá considerar que la solicitud de traslado estará supeditada a la disponibilidad de cupos y a las condiciones de seguridad del establecimiento, procurando, en la medida de lo posible, la cercanía al entorno familiar del condenado. La decisión sobre el traslado será evaluada y valorada por la Junta Asesora de Traslados. Ella analizará las condiciones sociojurídicas y de seguridad que fundamentan dicha medida21. En caso de que el traslado sea interno, la solicitud será estudiada por la Junta de Asignación de Patios y Celdas. Por su parte, la Resolución 006076 del 2020 del INPEC establece, en su artículo 1222, los