TA SAN - Sentencia 68001-33-33-007-2018-00209-01 (28-10-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300720180020901

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: PEDRO JAVIER VERA CÁCERES Y OTROS

losprocesos@hotmail.com wacevedo1975@gmail.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE GUACA – SANTANDER

alcaldia@guaca-santander.gov.co abogado@diegoreyes.com.co edaltasu@hotmail.com

LLAMADO EN GARANTIA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

juridico@segurosdelestado.com

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 283

TEMA: ACCIDENTE EN CARRO DE RECOLECCIÓN DE

BASURAS – Otros

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha cuatro (04) de abril de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Pedro Javier Vera Cáceres y otros

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1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda1

1.1.1. Hechos

El 13 de enero de 2017 el demandante, señor Pedro Javier Vera Cáceres, suscribió contrato de prestación de servicios con el municipio de Guaca por valor de $7.200.000 y duración de seis meses , con el objeto de prestar los servicios de barrido, limpieza de vías y áreas públicas en el municipio de Guaca y dentro de sus obligaciones, se encontraba la relativa al acompañamiento en de recolección en los recorridos dentro y fuera de este.

Agregó que el 13 de febrero de 2017, mientras transitaba por el barrio El Paraíso, el señor Pedro Javier Vera Cáceres sufrió un accidente en el marco de sus labores, las cuales desempeñaba junto con otros tres contratistas de la cuadrilla encargada de la prestación del servicio de aseo urbano, cuando realizaban actividades de carga a bordo de la volqueta de placas OSA -788, vehículo de propiedad del ente territorial demandado.

Precisó que el siniestro se produjo cuando el demandante se transportaba en el platón de la volqueta y fue impactado por la rama de un árbol que invadía la vía pública. Como consecuencia del golpe, cayó desde una altura aproximada de tres metros, sufriendo lesiones de gravedad.

Indicó que, posteriormente, fue atendido en el Hospital Santa Ana de Guaca y

pública. Como consecuencia del golpe, cayó desde una altura aproximada de tres metros, sufriendo lesiones de gravedad.

Indicó que, posteriormente, fue atendido en el Hospital Santa Ana de Guaca y remitido posteriormente a Bucaramanga, donde se le diagnosticó fractura por aplastamiento de la tercera vértebra lumbar con secuelas permanentes, entre ellas restricción de movilidad y dolor crónico, lo que implicó una pérdida de capacidad laboral del 34,5% , lesiones que, según se sostuvo en la demanda, obligaron a suspender el contrato y derivaron en daños materiales e inmateriales para el actor y su familia.

1.1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

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«1. DECLÁRESE al MUNICIPIO DE GUACA administrativa y patrimonialmente responsable de las graves lesiones y secuelas irreversibles sufridas por el Señor PEDRO JAVIER VERA CÁCERES, como consecuencia de los hechos sucedidos el día trece (13) de febrero de 2017 en comprensión municipal de Guaca (Santander).

2. CONDÉNESE al MUNICIPIO DE GUACA, a título de reparación de los perjuicios sufridos por los accionantes como consecuencia de las graves lesiones y secuelas

(Santander).

2. CONDÉNESE al MUNICIPIO DE GUACA, a título de reparación de los perjuicios sufridos por los accionantes como consecuencia de las graves lesiones y secuelas irreversibles sufridas por el Señor PEDRO JAVIER VERA CÁCERES, producto de los hechos sucedidos el día trece (13) de febrero de 2017, al pago de las siguientes

sumas de dinero:

2.1. PERJUICIOS INMATERIALES

2.1.1. DAÑO MORAL

- A favor de PEDRO JAVIER VERA CÁCERES, NANCY MÉNDEZ CARVAJAL,

WENDY ZULAY VERA MÉNDEZ, SERGIO IVÁN VERA MÉNDEZ, HARNOLD

FERNEY VERA MÉNDEZ, FELÍCITAS CÁCERES ORTIZ ó FELICITAS CACERES DE VERA, ELIZABETH VERA CÁCERES, ROSELY VERA CÁCERES, CARMEN ELISA VERA CÁCERES y YECID FERNANDO VERA CÁCERES, en su condición de víctima directa, su esposa, sus hijos, su madre y sus hermanos, respectivamente, para cada uno, una suma igual o superior al equivalente en moneda nacional, a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago efectivo de la condena, como compensación por el daño moral que han sufrido y siguen sufriendo, con ocasión de las graves lesiones y secuelas irreversibles padecidas por el primero de los mencionados. Subsidiariamente, en caso de haber una variación jurisprudencial o legal favorable a mis procurados, se condene al mayor valor que por este tipo de perjuicios se

padecidas por el primero de los mencionados. Subsidiariamente, en caso de haber una variación jurisprudencial o legal favorable a mis procurados, se condene al mayor valor que por este tipo de perjuicios se reconozca al momento de proferirse sentencia.

2.1.2. DAÑO A LA SALUD

• A favor de PEDRO JAVIER VERA CÁCERES, en su condición de víctima directa –lesionado–, una suma igual o superior al equivalente en moneda nacional, a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago efectivo de la condena, como compensación por el daño a su derecho fundamental a la salud, con ocasión de las graves lesiones y secuelas irreversibles padecidas.Reparación Directa

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Subsidiariamente, en caso de haber una variación jurisprudencial o legal favorable a mis procurados, se condene al mayor valor que por este tipo de perjuicios se reconozca al momento de proferirse sentencia.

2.2. PERJUICIOS MATERIALES

2.2.1. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO

A favor de PEDRO JAVIER VERA CÁCERES en su condición de víctima directa, una suma igual o superior a DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000. 000.oo), por concepto de los ingresos económicos dejados de percibir desde la fecha de los hechos (13 de febrero de 2017) y hasta la fecha de presentación de esta demanda - posteriormente liquidado hasta la fecha de la sentencia -, merced a la pérdida de

concepto de los ingresos económicos dejados de percibir desde la fecha de los hechos (13 de febrero de 2017) y hasta la fecha de presentación de esta demanda - posteriormente liquidado hasta la fecha de la sentencia -, merced a la pérdida de su capacidad laboral en un 34,5%.

Este valor no constituye un límite a la pretensión, razón por la cual se pide bajo la expresión “una suma igual o superior a”. Se trata de una mera aproximación, ya que el monto de la indemnización por concepto de lucro cesante consolidado de berá acrecer a través del proceso judicial, en aplicación de los incrementos del IPC y la observancia de las fórmulas matemáticas acogidas de tiempo atrás por el Consejo de Estado.

2.2.2. LUCRO CESANTE FUTURO

A favor de PEDRO JAVIER VERA CÁCERES en su co ndición de víctima directa, una suma igual o superior a SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($77.000.000.oo), por concepto de los ingresos económicos dejados de percibir desde la fecha de presentación de esta demanda y hasta la vida probable del mencionado, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1555 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, -posteriormente liquidada desde la fecha de la sentencia -, merced a la pérdida de su capacidad laboral en un 34,5%.

Este valor no constituye un límite a la pretensión, razón por la cual se pide bajo la expresión “una suma igual o superior a”. Se trata de una mera aproximación, ya que el monto de la indemnización por concepto de lucro cesante futuro deberá acrecer a través de l proceso judicial, en aplicación de los incrementos del IPC y la

expresión “una suma igual o superior a”. Se trata de una mera aproximación, ya que el monto de la indemnización por concepto de lucro cesante futuro deberá acrecer a través de l proceso judicial, en aplicación de los incrementos del IPC y la observancia de las fórmulas matemáticas acogidas de tiempo atrás por el Consejo de Estado.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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3. ACTUALÍCESE los valores solicitados, aplicando el incremento anual del Índice de Precios al Consumidor, tal y como se ordena en el artículo 187 del CPACA.

4. CONDÉNESE a la accionada al pago de costas y agencias en derecho, en los términos previstos en el artículo 188 del CPACA.

5. ORDÉNESE el pago de intereses moratorios sobre las cifras anteriores, a cargo de la accionada, en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA».

1.1.3. Fundamentos de derecho

La parte demandante alegó la existencia de responsabilidad patrimonial en cabeza del Municipio de Guaca derivada del ejercicio de una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos automotores y de la falla del servicio en que incurrió el ente territorial al no suministrar elementos de seguridad que permitieran el desarrollo del objeto contractual en condiciones de seguridad.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Municipio de Guaca3, se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que el accidente se produjo por culpa única y exclusiva del

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Municipio de Guaca3, se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que el accidente se produjo por culpa única y exclusiva del señor Pedro Javier Vera Cáceres, quién actuó de forma negligente e imprudente al ubicarse sobre los residuos sólidos en el platón de la volqueta, incumpliendo las directrices en materia de seguridad y salud en el trabajo , en las que se le prohibió tal conducta.

Además, afirmó que la volqueta matrícula OSA 788 había sido objeto de adecuaciones técnicas, con la instalación de soportes o parrillas en las puertas, para permitir la operación; circunstancias que, a su juicio, desvirtuaban la existencia de responsabilidad patrimonial por falla del servicio.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: « la inexistencia del título de imputación por falla del servicio» y «la concurrencia del régimen de responsabilidad objetiva por actividad peligrosa».

3 Págs.1 – 9. Archivo 05. Expediente Digital de OneDrive. Visible en Link adjunto a la Actuación Nro. 0048. Expediente Digital SAMAI – Primera Instancia. Rad: 68679333300120200002600Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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1.2.2. La llamada en garantía , Seguros del Estado S.A .4 se opuso a las pretensiones del llamamiento y propuso las siguientes excepciones: «la inexistencia

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1.2.2. La llamada en garantía , Seguros del Estado S.A .4 se opuso a las pretensiones del llamamiento y propuso las siguientes excepciones: «la inexistencia de póliza de responsabilidad civil o todo riesgo aplicable », «la falta de legitimación en la causa por pasiva», «los riesgos reclamados no se encuentran amparados por la póliza SOAT por su naturaleza de seguro obligatorio de accidentes de tránsito », «la inexistencia de obligación solidaria de la asegurador a» y «límite material de responsabilidad del SOAT».

1.3. La sentencia apelada5

El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga, accedió a las pretensiones de la demanda y en la parte resolutiva de la sentencia dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al MUNICIPIO DE GUACA, por el daño antijurídico causado a los demandantes, como consecuencia del accidente sufrido por el señor PEDRO JAVIER VERA CÁCERES, el 13 de febrero de 2017.

SEGUNDO: CONDENAR al MUNICIPIO DE GUACA a pagar por concepto de

daños morales a los demandantes lo siguiente:

TERCERO: CONDENAR al MUNICIPIO DE GUACA a pagar, por concepto de Daño a la Salud, a favor del señor PEDRO JAVIER VERA CÁCERES, víctima directa, la suma equivalente a 60 SMLMV.

CUARTO: CONDENAR al MUNICIPIO DE GUACA a pagar, por concept o de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante debido o consolidado, a favor

suma equivalente a 60 SMLMV.

CUARTO: CONDENAR al MUNICIPIO DE GUACA a pagar, por concept o de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante debido o consolidado, a favor de PEDRO JAVIER VERA CÁCERES , la suma de OCHENTA MILLONES

4 Págs.1 – 9. Archivo 10. Expediente Digital de OneDrive. Visible en Link adjunto a la Actuación Nro. 0048. Expediente Digital SAMAI – Primera Instancia. Rad: 68679333300120200002600 5 Documento al No. 063 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON

CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 80.269.210,55).

QUINTO: CONDENAR al MUNICIPIO DE GUACA a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante Futuro o anticipado, a favor de PEDRO JAVIER VERA CÁCERES , la suma de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PES OS CON OCHO

CENTAVOS MCTE ($106.806.182,08).

SEXTO: NEGAR el llamamiento en garantía formulado por el MUNICIPIO DE

GUACA contra SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SÉPTIMO: No hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

GUACA contra SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SÉPTIMO: No hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

OCTAVO: La entidad condenada dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el Artículos 195 del C. P.A.C. A.

NOVENO: En firme este proveído, expídase, a costa de la parte solicitante, copia auténtica de esta providencia. La copia de la parte solicitante llevará la constancia de ejecutoria; la misma anotación se dejará en el expediente (art. 114 C.G.P.).

DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, y previas las anotaciones a que haya lugar, archívese el expediente».

Como fundamento de su decisión, el a quo explicó que, en relación con el elemento del daño antijuridico, se acreditó la pérdida de la capacidad laboral del demandante, relativa a la disminución del 34.5%.

Respecto de la imputación, en el a quo encontró probado que el señor Pedro Javier Vera Cáceres, el 13 de febrero de 2017, sufrió un accidente mientras prestaba sus servicios como contratista del Municipio de Guaca, al caer de una volqueta de propiedad de la entidad demandada, utilizada para el transporte de residuos sólidos.

Precisó que, el Municipio de Guaca sometió al contratista a un riesgo anormal y mayor, en el marco de la ejecución del referido contrato , en atención a que el vehículo utilizado no cumplía con las características técnicas exigidas por el Decreto 1077 de 2015.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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vehículo utilizado no cumplía con las características técnicas exigidas por el Decreto 1077 de 2015.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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En ese sentido, señaló que el Municipio de Guaca no justificó ni sustentó las razones por las cuales empleó un vehículo de características distintas a las exigidas por la normatividad, ni acreditó que la volqueta usada ofreciera condiciones mínima s de seguridad.

Además, señaló que no se acreditó que el señor Pedro Javier Vera Cáceres hubiese recibido instrucciones o advertencias específicas sobre una ubicación distinta o segura del vehículo dispuesto para la recolección de residuos sólidos. Por el contrario, se acreditó que, debido a las condiciones físicas de la volqueta, no era posible una ubicación diferente para los operarios.

Por lo anterior, señaló que no se probó que el Municipio de Guaca hubiese capacitado a la víctima , impartiendo instrucciones clara s y adecuad as sobre la forma segura de ubicarse en la volqueta para desempeñar sus funciones, lo cual era imposible según las características propias de l vehículo. En se sentido, indicó que no resultaba posible atribuirle al accidente la conducta imprudente o negligente del demandante.

Teniendo en cuenta lo anterior, ordenó el reconocimiento de perjuicios morales, así como el daño a la salud y, reconoció los perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado y futuro.

1.4. Fundamentos de la apelación

Teniendo en cuenta lo anterior, ordenó el reconocimiento de perjuicios morales, así como el daño a la salud y, reconoció los perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado y futuro.

1.4. Fundamentos de la apelación

1.4.1 La parte demandada, Municipio de Guaca 6, manifestó su oposición al fallo de primera instancia, al señalar los siguientes aspectos: i. defectuosa determinación del nexo causal considera que, no se limitó en debida forma, pues indica que, s i bien se constató la ocurrencia del daño y la participación del ente territorial, no se hizo lo mismo respecto de la imputación ni la incidencia de la conducta de la víctima en la producción del daño. ii. excesiva condena por perjuicios inmateriales, al señalar que no se acreditaron los perjuicios morales. iii. indemnización injustificada por lucro cesante, pues considera que la prueba que se tuvo en cuenta es precaria e insuficiente, no siendo idónea. iv. Omisión en la apl icación del principio de concurrencia de culpas, pues indica que, existen elementos probatorios que sugieren que el propio demandante pudo haber incurrido en conductas negligentes

6 Documento al No. 065 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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o imprudentes que contribuyeron en la ocurrencia del accidente. vi. Dictamen pericial no definitivo. Sostuvo que el dictamen aportado no es prueba suficiente para

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o imprudentes que contribuyeron en la ocurrencia del accidente. vi. Dictamen pericial no definitivo. Sostuvo que el dictamen aportado no es prueba suficiente para establecer con certeza el porcentaje de discapacidad, por lo que solicitó se acuda a la Junta de Calificación de Invalidez para que emita un dictamen vinculante , por lo que solicitó su decreto en segunda instancia.

1.5 Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha del 26 de septiembre de 20257 se admitió el recurso de apelación, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 247 del CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de 2021.

1.5.1. La parte demandante 8, manifestó su opo sición frente a los aspectos señalados en el recurso de apelación, e indicó: que la entidad no acreditó la imprudencia o negligencia alegada. Además, que sí se analizó en debida forma la imputación. En relación con la condena de los perjuicios morales, indicó qu e, se ajustó a la sentencia de unificación del H. Consejo de Estado de fecha 28 de agosto de 2014. Respecto del perjuicio inmaterial, relativo al lucro cesante . Alegó que no definió a cuál prueba se referida. Frente a la aplicación del principio de concurrencia de culpas, precisa que no se acreditó, y en cuanto a la solicitud probatoria, se opuso al señalar que el dictamen pericial fue debidamente practicado y fue sometido a contradicción, además, no se encuentra dentro de las oportunidades señaladas en el art. 212 del CPACA.

al señalar que el dictamen pericial fue debidamente practicado y fue sometido a contradicción, además, no se encuentra dentro de las oportunidades señaladas en el art. 212 del CPACA.

1.5.2 La parte demandada, Municipio de Guaca, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.3. La llamada en garantía, Seguros del Estado S.A., no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.4 Representante Ministerio Público, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

7 Documento al No. 05 del índice de SAMAISegunda instancia 8 Documento al No. 010 del índice de SAMAISegunda instanciaReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión procesal previa

La parte demandada solicitó en su escrito de apelación el decreto de una prueba de oficio consistente en oficiar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que rinda dictamen en el que determine el porcentaje de invalidez del demandante señor Pedro Javier Vera Cáceres, toda vez que, a su juicio, el dictamen aportado por dicho extremo procesal resulta ser parcial y no refleja el estado de salud definitivo del actor.

Al respecto, resulta necesario precisar que el art. 212 del CPACA, señala las oportunidades probatorias, y de manera específica, en relación al decreto de pruebas en segunda instancia, señala unos supuestos, relacionados con, el hecho

actor.

Al respecto, resulta necesario precisar que el art. 212 del CPACA, señala las oportunidades probatorias, y de manera específica, en relación al decreto de pruebas en segunda instancia, señala unos supuestos, relacionados con, el hecho de que sea solicitada de común acuerdo por las partes, cuando fue negado su decreto en primera instancia, cuando versa sobre hechos acaecidos despueste de la oportunidad probatoria en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito, entre otras.

Ahora bien, en materia de las pruebas de oficio, el art. 213 del CPACA, dispone que resulta procedente su decreto cuando el Juez o Magistrado las considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.

Teniendo claro cuando procede el decreto de pruebas en segunda instancia, así como de la s de oficio, de la revisión de la solicitud probatoria, esta no reúne los requisitos allí contemplados, pues se trata de un hecho acaecido con anterioridad a la presentación de la demanda, no fue solicitado de común acuerdo por las partes, tampoco se negó su decreto en primera instancia, ni se aduce la fuerza mayor o caso fortuito.

Además, tampoco resulta ser de un hecho que a juicio de la Sala sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Por lo anterior, se negará la solicitud probatoria, por no reunir los requisitos del art. 212 del CPACA y ni el supuesto contenido en el art. 213 del CPACA.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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2.2. Competencia

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2.2. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda i nstancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.3. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.4. El problema jurídico

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de la apelación9:

P.J. 01: ¿El Municipio de Guaca es administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios solicitados en la demanda, derivados de las lesiones que sufrió el señor Pedro Javier Vera Cáceres, el día 13 de febrero de 2017, mientras ejecutaba las labores de limpieza en virtud de un contrato de prestación de servicios suscrito con el referido ente territorial?

P.J. 02: ¿Hay lugar a modificar los perjuicios morales y materiales reconocidos por el a quo?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera

P.J. 02: ¿Hay lugar a modificar los perjuicios morales y materiales reconocidos por el a quo?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará la responsabilidad patrimonial del estado, (ii) del régimen de

9 Art. 328 del CGP . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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responsabilidad jurídico de falla en el servicio y, (iii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. La responsabilidad del estado

Conforme lo ha señalado este Tribunal, el art. 90 de la Constitución Política señala: «El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…)», en ese sentido, consagró que, para declarar la responsabilidad extracontractual del

«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (…)», en ese sentido, consagró que, para declarar la responsabilidad extracontractual del estado, se debe acreditar: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El da ño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio «no dañar a otro», en tanto resulta contrario al ordenamiento jur ídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre, de donde la antijuridicidad del daño deviene del necesario juicio de menosprecio del resultado y no de la acción que lo causa.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio

atribución en el caso concreto.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio atrás señalado y de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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2.5.2. Del régimen de responsabilidad jurídica aplicable – Falla en el servicio

El presente asunto se estudiará bajo el régimen general o común de la falla probada del servicio, que se presenta cuando la Administración omite su contenido obligacional o cuando presta sus servicios en forma deficiente o funciona tardíamente por culpa de los agentes del Estado; pero para que este comprometa su responsabilidad no es suficiente que suceda uno de los eventos mencionados, sino que es indispensable que el servicio haya sido defectuoso por la acción u omisión del servidor público.

En este régimen el título de imputación jurídica es subjetiva o de conducta, para lo cual, corresponde al juez determinar si se configuran los elementos que la estructuran, o sea, la conducta anormal de la Administración por acción u omisión, el daño antijurídico y el nexo causal entre este y aquella para que pueda imputársele responsabilidad en la producción del resultado dañino.

Al respecto, el H. Consejo de Estado 10 sobre este título de responsabilidad estatal ha precisado:

«[…] la falla del servicio ha sido e n nuestro derecho, y continúa siendo, el título

responsabilidad en la producción del resultado dañino.

Al respecto, el H. Consejo de Estado 10 sobre este título de responsabilidad estatal ha precisado:

«[…] la falla del servicio ha sido e n nuestro derecho, y continúa siendo, el t