TA SAN - Sentencia 68001-33-33-009-2016-00047-01 (25-09-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES

1. LUZ AMPARO GUZMÁN SÁNCHEZ (victima directa), identificada con cédula de ciudadanía No. 63.335.848 de Bucaramanga;

2. MELISSA MARÍA ESTUPIÑÁN GUZMÁN (victima directa), identificada con cédula de ciudadanía No. 1.099.369.454 de Lebrija;

3. MARCELA PURÍN MERIÑO (victima directa) , identificada con cédula de ciudadanía No. 26.768.251 de Gamarra; en representación del menor JERÓNIMO

ESTUPIÑÁN PURÍN;

4. MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN SILVA (victima directa), identificada con cédula de ciudadanía No. 22.254.770 de Barranquilla;

5. ROBERT ANDERSON ESTUPIÑAN GUZMÁN

(victima directa) , identificado con cédula de ciudadanía No. 91.525.981 de Bucaramanga;

6. ALONSO ESTUPIÑÁN ROJAS (victima directa) , identificado con cédula de ciudadanía No. 91.209.538

ciudadanía No. 91.525.981 de Bucaramanga;

6. ALONSO ESTUPIÑÁN ROJAS (victima directa) , identificado con cédula de ciudadanía No. 91.209.538 de Bucaramanga;

7. LIBARDO JIMÉNEZ LIZARAZO (victima directa) , identificado con cédula de ciudadanía No. 13.640.755

de San Vicente de Chucurí; hamg.0709@hotmail.com DEMANDADOS -NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL; identificado con NIT. 800141379 desan.notificacion@policia.gov.co; desan.asjud@policia.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co; RADICADO 68001333300920160004701 TEMA

Responsabilidad del Estado por daños ocasionados por la omisión del servicio de policía frente a hechos delictivos que pudieron repelerse. No se configuró el eximente del hecho de un tercero por ausencia de irresistibilidad. La entidad fue negligente en desplegar los poderes de policía para la atención oportuna de la emergencia. No se acredit ó prueba del perjuicio moral sufrido por los demandantes. Se confirma la sentencia de primera instancia que concedió parcialmente las pretensiones.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuesto s oportunamente por el demandante y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , contra la

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuesto s oportunamente por el demandante y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2018 por el Juzgado Noveno Administrativo delRADICADO: 68001333300920160004701

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Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES 1.1. Posición de la parte demandante1

La parte demandante solicita que se declare a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y al MUNICIPIO DE LEBRIJA responsables por los perjuicios materiales e inmateriales que le fueron causados debido a los daños causados por la omisión en la prestación del servicio de policía, por la que se hubiera evitado el acto delictivo ocurrido el 27 de noviembre de 2013 en su lugar de residencia «Villa San Jerónimo» ubicada a 150 metros de la bifurcación en Y de la vía al aeropuerto Palonegro.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a la entidad demandada al pago de los siguientes conceptos:

residencia «Villa San Jerónimo» ubicada a 150 metros de la bifurcación en Y de la vía al aeropuerto Palonegro.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a la entidad demandada al pago de los siguientes conceptos: • Perjuicio moral: 100 SMLMV para cada uno de los demandantes. • Daño emergente: $7.568.316. • Lucro cesante: $26.460.000. Como fundamento de sus pretensiones, l os demandantes sostienen que el 22 de noviembre de 2013, la señora Melissa María Estupiñán Guzmán pignoró la camioneta de su propiedad de placas RGW-509 en el establecimiento de comercio «compraventa el padrino», por la que recibió la suma de $30.000.000, la que luego depositó en la caja fuerte de su casa. Manifiestan que el 27 de noviembre de 2013, alrededor de las 3:50 pm, ingresaron a la vivienda 4 hombres armados . Manifestaron ser miembros de la DIJIN y que realizarían un allanamiento ante la presencia de armas y drogas , pero en realidad se trataba de delincuentes que los amordazaron, los sometieron a maltratos físicos y psicológicos, y los hurtaron. Afirman que la señora Marcela Purín Meriño al percatarse de lo sucedido se encerró en un baño de la residencia y sobre las 3:55 pm realizó una llamada a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, desde su línea móvil No. 318 7890453 adscrita a la empresa de telefonía Movistar. La llamada fue atendida por un agente de la entidad, al que la demandante narró lo sucedido por alrededor de un minuto y

adscrita a la empresa de telefonía Movistar. La llamada fue atendida por un agente de la entidad, al que la demandante narró lo sucedido por alrededor de un minuto y suministró la dirección en la que se encontraba. Resaltan que alrededor de las 4:55 pm los delincuentes lograron sustraer el dinero recibido por el vehículo pignorado, joyas por un valor de $20.000.000, dos tabletas avaluadas en $2.000.000, una escopeta artesanal y un revólver tipo calibre 38 que contaba con el permiso No. 13311274. Afirman que durante los 60 minutos que duró el robo no hubo presencia de la Policía Nacional. Indican que sobre las 5:30 pm a cudieron al lugar mi embros de la fuerza pública, acompañados por un oficial de alto rango, quien manifestó a los demandantes que lamentó lo sucedido y ofreció disculpas por parte de la institución al no poder atender de manera oportuna la llamada de emergencia realizada por la actora. Refieren que acto seguido el agente reprodujo la grabación de la llamada de auxilio, y manifestó que la emergencia había sido remitida a su teléfono desde el comando central.

1 Ver expediente físico. Folios 1 a 15.RADICADO: 68001333300920160004701

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Exponen que el 2 de diciembre de 2013 se dio apertura al proceso disciplinario No. P-MEBUC-2013-292 por los hechos ocurridos. También se adelantó una investigación penal que finalizó con la condena de «alias Balijas» y la judicialización de Jhon Ortega, Wilson Cardozo , Diego Fernando Mota Jaimes «alias Chucky» y Nelson Sanabria. Apuntan que, en razón a dicho suceso, se alteró la tranquilidad de los demandantes, así como la variación de su estilo normal de vida y círculo social, lo que les generó secuelas psicológicas , sumado al detrimento patrimonial por la pérdida de sus bienes. 1.2. Contestación La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 2 se opone a las pretensiones. Sostiene que el hurto sufrido por los demandantes fue producto del actuar de terceras personas ajenas a la Policía Nacional, las cuales ya fueron capturadas y judicializadas, por lo que no puede atribuírsele ninguna falla del servicio, porque se materializó el hecho de un tercero. Al respecto, apunta que en el evento de que haya lugar a indemnizar por el hurto perpetrado, esta debe ser realizada por los responsables de la conducta delictiva . Expone que para lograr ese fin el sistema penal permite la apertura del incidente de reparación integral, que puede ser ejercitado por los demandantes , por lo que no debe ser la institución la que está llamada a responder , ni mucho menos a indemnizar por algo que no debe.

reparación integral, que puede ser ejercitado por los demandantes , por lo que no debe ser la institución la que está llamada a responder , ni mucho menos a indemnizar por algo que no debe. Refiere que la policía nacional no tiene el don de la omnipresencia para lograr evitar todos los hechos delictivos que se presentan, por lo que las patrullas desplegadas se esfuerzan por atender al máximo los múltiples llamados de los ciudadanos , sin que dicha función de policía se pueda convertir en una obligación de resultado. Subraya que, si bien es cierto que existe un daño, concretado en los elementos hurtados, el acto criminal no fue perpetrado por agentes de la policía, de modo que no se encuentra acreditado el nexo de causalidad. 1.3. La sentencia recurrida3 En sentencia proferida el 19 de julio de 2018, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga concede parcialmente las pretensiones, así: PRIMERO. DECLÁRASE administrativamente responsable a la NACIÓN – POLICÍA NACIONAL, por los daños ocasionados a los demandantes LUZ

AMPARO GUZMÁN SÁNCHEZ, MELISSA MARÍA ESTUPIÑÁN GUZMÁN,

MARCELA PUR ÍN MERIÑO, CARMEN GUZMÁN SILVA, ROBERT

ANDERSON ESTUPIÑÁN GUZMÁN, ALONSO ESTUPIÑÁN ROJAS, LIBARDO JIMÉNEZ LIZARAZO, JERÓNIMO ESTUPIÑÁN PUR ÍN, con el hurto de bienes acaecido el 27 de noviembre de 2013 en la residencia Villa Jerónimo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

hurto de bienes acaecido el 27 de noviembre de 2013 en la residencia Villa Jerónimo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO. CONDÉNASE EN ABSTRACTO en la modalidad de Daño Emergente a la NACIÓN – POLICIA NACIONAL, por concepto de PERJUICIOS MATERIALES a favor de los demandantes LUZ AMPARO

GUZMÁN SÁNCHEZ, MELISSA MARIA ESTUPIÑÁN GUZMÁN, MARCELA

PURIN MERIÑO, CARMEN GUZMÁN SILVA, ROBERT ANDERSON ESTUPIÑÁN GUZMÁN, ALONSO ESTUPIÑÁN ROJAS, LIBARDO JIMENEZ LIZARAZO, JERONIMO ESTUPIÑÁN PURIN, los cuales serán determinados en incidente de liquidación de perjuicios, que deberá

2 Ver expediente digital cargado a SAMAI. Índice 19. Archivo ZIP. Documento 20. 3 Ver expediente digital cargado a SAMAI. Índice 19. Archivo ZIP. Documento 75.RADICADO: 68001333300920160004701

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promover el interesado de acuerdo a lo establecido en el artículo 193 del C.P.A.C.A., para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

promover el interesado de acuerdo a lo establecido en el artículo 193 del C.P.A.C.A., para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: a. Se adelantará por los perjuicios materiales causados a los accionantes, que se encuentren probados en los procesos penales que se adelantaron para judicializar a los responsables de la conducta delictiva, identificados así: - Radicado 68001600015920130042 adelantado por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento; -Radicado 68001 -60-00000-2014-00157, adelantado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito en Descongestión con Funciones de Conocimiento; - Radicado 680016000000201400149 adelantado por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, b. Que los perjuicios cuya liquidación se promueva, no hayan sido ya objeto de reconocimiento en otro proceso judicial. c. En el incidente de liquidación se deberá tener en cuenta de manera exclusiva el valor comercial, a la fecha del incidente de liquidación. d. Por último, se debe advertir que el quantum que se llegare a determinar dentro del incidente de liquidación de perjuicios deberá respetar el principio de congruencia de las sentencias, razón por la cual no superará las sumas que se solicitaron en la demanda actualizadas a valor presente a la fecha en que se dicte el mencionado auto de liquidación de perjuicios. TERCERO. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte motiva. CUARTO. CONDÉNASE en costas a la entidad demandada NACIÓNTERCERO. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte motiva. CUARTO. CONDÉNASE en costas a la entidad demandada NACIÓNPOLICIA NACIONAL, y a favor de los demandantes LUZ AMPARO

GUZMAN SANCHEZ, MELISSA MARIA ESTÜPIÑAN GUZMAN, MARCELA

PURIN MERIÑO, CARMEN GUZMAN SILVA, ROBERT ANDERSON ESTÜPIÑAN GUZMAN, ALONSO ESTÜPIÑAN ROJA S, LIBARDO JIMENEZ LIZARAZO, JERONIMO ESTÜPIÑAN PURIN, las cuales ser án liquidadas por Secretaría de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso una vez ejecutoriada la sentencia. El juez noveno sostiene que, en el presente asunto, se encuentra n acreditados los elementos de la responsabilidad del Estado, por lo que procede la reparación de perjuicios. En primer lugar, reconoce la existencia del daño sufrido por la parte demandante, consistente en la afectación patrimonial sufrida por el hurto de los bienes llevado a cabo el 27 de noviembre de 2013 en la vivienda de propiedad de los demandantes. Para el juez, dicho daño se encuentra acreditado a partir de las pruebas documentales que obran en el expediente, entre ellas, el reporte de seguimiento de la llamada No. 22997769 del 27 de noviembre de 2013, el informe disciplinario No. P-MEBUC-2013-292 adelantado c ontra los agentes de la policía, la denuncia presentada por la señora Marcela Purín Meriño, los informes rendidos por la Policía Metropolitana respecto de los hechos ocurridos, entre otras. Sin embargo, considera

presentada por la señora Marcela Purín Meriño, los informes rendidos por la Policía Metropolitana respecto de los hechos ocurridos, entre otras. Sin embargo, considera que no existe prueba del quantum del daño, por lo que debe emitir la condena en abstracto. En cuanto a la imputación, señala que el hecho de almacenar sumas de dinero y bienes de alto valor en una residencia no constituye un actuar imprudente ni exime de responsabilidad a la entidad demandada, como esta lo plantea, porque, en este caso, no se trata de bienes de valor exorbitante que ameriten su guarda con fuertesRADICADO: 68001333300920160004701

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medidas de seguridad, además, no se probó que los actores hubieran desarrollado una actividad de riesgo que comprometiera su seguridad o la de sus bienes. Según la primera instancia, se configura la falla del servicio y el nexo de causalidad, en la medida en que constituye un deber legal o reglamentario a cargo de la Policía Nacional la toma de acciones de intervención que habrían evitado los perjuicios ocasionados con el acto delictivo, cuyo contenido obligacional está consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política. Cita en su apoyo una sentencia del Consejo de Estado 4 en la que se declaró la responsabilidad estatal por la omisión del deber de protección de los bienes, vida e

el artículo 2 de la Constitución Política. Cita en su apoyo una sentencia del Consejo de Estado 4 en la que se declaró la responsabilidad estatal por la omisión del deber de protección de los bienes, vida e integridad de las persona s, omisión que , para el alto tribunal, resulta inexcusable cuando la autoridad competente cuenta con conocimiento acerca de la ocurrencia del hecho, lo que exige concretar el deber genérico de salvaguarda y seguridad. El a quo advierte que, de haberse atendido de manera oportuna la llamada de auxilio realizada por la señora Purín Meriño a las 15:44:29 pm, no una hora después con la segunda llamada de las 16:42:08, se hubiera producido la ruptura del nexo causal, con lo cual se habría impedido el hurto a la vivienda de los demandantes. Estos hechos los encuentra probados con la investigación disciplinaria adelantada contra el patrullero Ludwing García Peña , los informes rendidos por el comandante de la estación de policía de Lebrija , y la relación de los elementos tecnológicos para la atención del CAD 123 asignados a dicho centro el día 27 de noviembre de 2013. Sostiene que la institución c ontaba con los recursos necesarios para responder y atender oportunamente la emergencia reportada por la actora, por lo que no puede alegar la configuración del hecho de un tercero. Concluye, a partir de lo anterior, que el daño resulta atribuible a la entidad bajo el régimen de falla del servicio por omisión, porque la entidad se encontraba en posición de garante y por ende compelida a evitar el resultado. 1.4. La apelación La parte demandante5 pide que se modifique la sentencia de primera instancia, en

omisión, porque la entidad se encontraba en posición de garante y por ende compelida a evitar el resultado. 1.4. La apelación La parte demandante5 pide que se modifique la sentencia de primera instancia, en el sentido que se acceda al reconocimiento y pago del perjuicio moral. Afirma que conforme al artículo 2 de la Constitución Política, el Estado es responsable cuando transgrede las obligaciones que están a su cargo , y si el daño se produce por su negligencia, opera de forma automática el deber de resarcir. Apuntan que, contrario a lo sostenido por el a quo, fue diligente en los requerimientos realizados, como se demuestra en la solicitud de práctica de l dictamen pericial consignada en la demanda; sin embargo, expone que el Instituto Nacional de Medicina Legal fue renuente a su elaboración, por cuanto consideró que los soportes allegados eran insuficientes para proferir un concepto. Expone que existían suficientes elementos de juicio para que el juez de instancia realizara un valor integral del acervo probatorio y profiriera una condena respecto del perjuicio reclamado, por lo que en su criterio la ausencia del dictamen pericial no impide que estos se puedan causar. Asimismo, considera n que el a quo incurre un error al establecer una exigencia probatoria para reconocer dicha tipología, cuando de conformidad con las declaraciones rendidas por los demandantes en el procedimiento disciplinario y penal, en el registro de la grabación realizada por la actora , y en el escrito de

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2016, C.P Hernán Andrade Rincón, Rad. 18001 -23-31-000-2003-0023001(34545)

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2016, C.P Hernán Andrade Rincón, Rad. 18001 -23-31-000-2003-0023001(34545) 5 Ver expediente digital cargado a SAMAI. Índice 19. Archivo ZIP. Documento 79.RADICADO: 68001333300920160004701

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demanda, se logra acreditar la intensidad del perjuicio moral por la retención prolongada y los tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidos. La parte demandada6 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones . Reitera que en el proceso no se encuentra acreditada la falla del servicio por omisión de la función de policía, porque la causa efectiva del daño padecido por los demandantes es el resultado del actuar delictivo de terceros que perpetraron el hurto y que no tienen relación con la Policía Nacional. Afirma que en la decisión proferida no se estudió dicha excepción , ni la configuración del cobro de lo no debido , que se encuentra materializado porque la entidad no puede indemnizar perjuicios ocasionados por la comisión de conductas criminales, independientemente de que se encuentre acreditada su responsabilidad. Menciona que tanto la legislación penal como la civil contemplan acciones que

entidad no puede indemnizar perjuicios ocasionados por la comisión de conductas criminales, independientemente de que se encuentre acreditada su responsabilidad. Menciona que tanto la legislación penal como la civil contemplan acciones que pueden ser iniciadas por los demandantes para obtener la indemnización de los perjuicios solicitados. Aduce que no es aceptable que se profieran decisiones judiciales que abran la puerta para que cada vez que ocurra un hecho delictivo se vea obligada a indemnizar mientras que los victimarios se quedan sin responsabilidad alguna. Sobre la falla que se le endilga, explica que la falta de diligencia del funcionario que recibió la primera llamada realizada por la demandante merece reproche y sanción disciplinaria para el agente, pero no conlleva a que se configure la responsabilidad administrativa, porque se trató de un hecho sorpresivo e imprevisible y nadie está obligado a lo imposible. Hace notar que, para el momento en que ingresó la llamada, el hurto se estaba perpetrando y la residencia de los demandantes está ubicada en un sector distante del área urbana de Lebrija, lo que imped ía la llegada inmediata de la patrulla de policía. Concluye que, si bien tiene la misión constitucional de proteger las vidas y bienes de los habitantes de Colombia, no puede custodiar a cada habitante de Colombia para impedir que sea víctima de un hecho delictivo , por lo que los demandantes a pesar de conocer el peligro que implica guardar objetos de valor en su s viviendas, tomaron dicha decisión y asumieron el riesgo que ello conlleva , y que se concretó con el hurto de sus pertenencias. 1.5. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia

tomaron dicha decisión y asumieron el riesgo que ello conlleva , y que se concretó con el hurto de sus pertenencias. 1.5. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia En auto del 7 de marzo de 2019 se admitieron los recursos de apelación7 y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio público para rendir concepto. Tanto e l Ministerio Público como los sujetos procesales guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES 2.1. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los juzgados administrativos de su distrito judicial. 2.2. Los problemas jurídicos y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plant ea y resuelve los siguientes

problemas jurídicos:

6 Ver expediente digital cargado a SAMAI. Índice 19. Archivo ZIP. Documento 78. 7 Ver expediente digital cargado a SAMAI. Índice 19. Archivo ZIP. Documento 85.RADICADO: 68001333300920160004701

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2.2.1. ¿Debe absolverse de responsabilidad a la Policía Nacional por la omisión en la atención de la llamada de emergencia hecha por los

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2.2.1. ¿Debe absolverse de responsabilidad a la Policía Nacional por la omisión en la atención de la llamada de emergencia hecha por los demandantes, teniendo en cuenta que el hurto fue cometido por terceros, en una vivienda distante del casco urbano?

Tesis: No.

Fundamento: La Policía Nacional omitió su deber de protección frente a los bienes de los demandantes y esa omisión fue determinante para que los delincuentes cometieran el delito con total libertad de acción.

Se comprobó que el 27 de noviembre de 2013 un grupo delincuencial ingresó a la vivienda de los demandantes y sustrajo bienes de su patrimonio avaluados en más de 50 millones de pesos. Asimismo, se acreditó que la señora Marcela Purín realizó llamadas al sistema de emergencias 123 en tres oportunidades : a las 03:44:29, 04:42:08 y 04:42:33, sin embargo, la solicitud de auxilio solo fue atendida al segundo llamado, esto es, una hora después, cuando el agente Jean Carlos Moreno, adscrito a la estación de policía de Lebrija realiz ó el reporte y remit ió la patrulla correspondiente, que lleg ó al lugar de los hechos sobr e las 17:06 , cuando ya los delincuentes habían abandonado el lugar. Entonces, fue la conducta negligente y el desconocimiento de los deberes propios de su cargo del primer patrullero adscrito al CAD de la policía la causa determinante del daño. Cabe destacar que, tratándose de hechos violentos perpetrados por terceros, la responsabilidad no se examina únicamente desde la mera causalidad material o

al CAD de la policía la causa determinante del daño. Cabe destacar que, tratándose de hechos violentos perpetrados por terceros, la responsabilidad no se examina únicamente desde la mera causalidad material o fenomenológica, sino desde el juicio de imputación, que en este caso implica determinar si la acción omitida habría tenido la capacidad de evitar el hecho del tercero. En este caso, efectivamente, posee tal entidad, dado que para la Policía no era imposible reaccionar ante la conducta delictiva. Si se hubiera dispuesto la remisión oportuna de la patrulla, se habría frustrado la comisión del delito. 2.2.2. ¿Es procedente el reconocimiento de perjuicios morales a los demandantes por el dolor que sufrieron mientras se cometía el hurto en su vivienda?

Tesis: No.

Fundamento: Se presume que los demandantes experimentaron un estado de pánico y zozobra debido al hurto perpetrado por delincuentes armados, quienes los agredieron física y verbalmente, este sufrimiento no se puede atribuir a la entidad demandada. La angustia generada por la irrupción de extraños en la tranquilidad del hogar, el sometimiento a un estado de indefensión y el uso de violencia, son reacciones naturales que se producen en el momento en que ocurren tales actos. A pesar de que la policía hubiera actua do con prontitud, la aflicción de los demandantes no se habría evitado.

Por tanto, ante la ausencia de nexo causal entre el daño moral presentado por los demandantes y el actuar de la entidad, se negará el reconocimiento del perjuicio solicitado. 2.3. Marco jurídico 2.3.1. Régimen de responsabilidad por la omisión en el servicio de policía .

demandantes y el actuar de la entidad, se negará el reconocimiento del perjuicio solicitado. 2.3. Marco jurídico 2.3.1. Régimen de responsabilidad por la omisión en el servicio de policía . Configuración de la falla del servicio por infracción de las normas de protección frente a los ciudadanos El artículo 90 de la Constitución Política consagra la cláusula general de responsabilidad estatal según la cual «El Estado responderá patrimonialmente porRADICADO: 68001333300920160004701

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los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas». Cuando el juez advierta que los daños por los cuales se demanda derivan de una actividad respecto de la cual se acreditó que su ejecución o inejecución fue irregular y anómala por parte de la entidad del Estado, la imputación de esos daños se hará bajo el título subjetivo de falla del servicio . La falla surge de la comprobación de haberse producido el hecho como consecuencia de una violación , conducta activa u omisiva , del contenido obligacional a cargo del Estado determinado en la Constitución Política y en la ley8. Las obligaciones del Estado, así como la eventual falla del servicio que implica su incumplimiento, deben analizarse de manera específica en relación con el caso que

u omisiva , del contenido obligacional a cargo del Estado determinado en la Constitución Política y en la ley8. Las obligaciones del Estado, así como la eventual falla del servicio que implica su incumplimiento, deben analizarse de manera específica en relación con el caso que se juzga. Se deben c onsiderar las circunstancias que rodearon la ocurrencia del daño reclamado, evaluando su previsibilidad y los recursos disponibles para que las autoridades pudieran evitarlo 9. Sólo se podrá exonerar de responsabilidad si se demuestra la inexistencia de la falla o si se configura alguna de las eximentes de responsabilidad, como fuerza mayor o la intervención determinante de la víctima o de un tercero10. Tratándose de la recepción de denuncias realizadas en el sistema de emergencias de la Policía , se demanda de esta el cumplimiento de las normas que regulan el procedimiento y la remisión oportuna de las llamadas de auxilio, con miras a impedir la concreción de actuaciones que pongan en riesgo la vida, honra y bienes de los ciudadanos y, por ende, la configuración de daños como en el que en esta oportunidad se analizan11. Al respecto, la Constitución Política 12 establece el siguiente deber para las autoridades: «proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares». A su turno, el art. 4º de la Ley 62 de 1993 establece el derecho de to