TA SAN - Sentencia 68001-33-33-009-2023-00042-01 (24-07-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300920230004201

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: LEONEL GUERRERO MANRIQUE

leoperrin123th@gmail.com consultoresyabogados@hotmail.com representacionlegalcolombia@hotmail.com

DEMANDADO: NACION - FISCALIA GENERAL DE LA NACION

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co clara.cediel@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 186

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – LEY 600

DE 2000 Y PERJUICIO MATERIAL– OTROS

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

Se indica en la demanda que, el señor Leonel Guerrero Manrique fue capturado por las autoridades el día 12 de febrero de 2012 , en virtud de la medida de

1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

Se indica en la demanda que, el señor Leonel Guerrero Manrique fue capturado por las autoridades el día 12 de febrero de 2012 , en virtud de la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía 79 Especializada de la Unidad Nacional de

1 Documento al No. 02 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Leonel Guerrero Manrique y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación Radicado: 68001333300920230004201

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Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario , quien lo vinculó a la investigación penal en curso , como presunto coautor d e la conducta punible de homicidio agravado y autor del delito de rebelión, con ocasión al homicidio del señor Jorge Duarte Chávez, el día 9 de mayo de 1998.

Sin embargo, señala que la medida de aseguramiento fue revocada el 23 de abril de 2012 por la Fiscalía Quinta delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en consecuencia, se ordenó su libertad, a partir del 23 de abril de 2012.

Señaló que, al interior del proceso penal, se decretó la ruptura de la unidad procesal, respecto de la investigación adelantada en contra del demandante.

En ese sentido, agregó que el 3 de abril de 2017 el Fiscalía 79 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario , dispuso «clausurar la investigación » respecto del demandante . Dicha decisión, quedó ejecutoriada el 14 de agosto de 2017.

Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario , dispuso «clausurar la investigación » respecto del demandante . Dicha decisión, quedó ejecutoriada el 14 de agosto de 2017.

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2017, la Fiscalía 79 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario acusó al demandante, formalmente como presunto determinador del delito de homicidio agravado y, precluyó la investigación por el delito de rebelión.

Seguidamente, explicó que , si bien se libró orden de captura en contra del demandante en una oportunidad, fue revocada dicha orden de aprehensión.

Narró que el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado, avocó el conocimiento de conformidad con la Ley 600 de 2000, por lo que llevó a cabo la audiencia preparatoria, y el 25 de marzo de 2021, profirió sentencia absolutoria.

Finalmente, indicó que el señor Leonel Guerrero Manrique y su familia, sufrieron perjuicios morales, así como materiales.

1.1.2. Pretensiones2

Con la demanda se solicitó en síntesis lo siguiente:

2 Documento al No. 02 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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«PRIMERA: Que se DECLARE administrativa y extracontractualmente responsable a LA NACIÓN COLOMBIANA -LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, por la totalidad de los daños y perjuicios como consecuencia de la falla en el servicio

«PRIMERA: Que se DECLARE administrativa y extracontractualmente responsable a LA NACIÓN COLOMBIANA -LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, por la totalidad de los daños y perjuicios como consecuencia de la falla en el servicio sufrida por el señor LEONEL GUERRERO MANRRI QUE, es decir, que se reconozca y cancele los perjuicios materiales, morales y daño a la vida de relación, que se le causaron a todos los demandantes, con ocasión de la detención injusta e ilegal que sufrió el señor LEONEL GUERRERO MANRRIQUE, dentro del pr oceso penal adelantado en su contra, cuya decisión definitiva se profirió el 25 de marzo de 2021 a través de sentencia absolutoria.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de reparación se CONDENE a LA NACIÓN COLOMBIANA -LA FISCALIA GENER AL DE LA NACIÓN, a indemnizar a los demandantes por los daños y perjuicios sufridos por el señor LEONEL GUERRERO MANRRIQUE, de la siguiente manera:

• Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de LEONEL GUERRERO MANRRIQ UE, teniendo en cuenta el tiempo que estuvo privado de su libertad que fueron 71 días, ingresos que percibía como emolumentos eclesiásticos en su función de pastor, devengando quinientos setenta y un mil setecientos noventa y cuatro pesos ($571.794) promedio mensual recibido en el año anterior a su captura, para un total de un millón trecientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos ($ 1.353.245), los cuales deberán ser indexados a la fecha.

anterior a su captura, para un total de un millón trecientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos ($ 1.353.245), los cuales deberán ser indexados a la fecha.

• Por concepto de daño emergente se reconozca y cancele por parte de LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, a través del director seccional, Representante legal y/o quien haga sus veces, el pago de la suma de $ OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000), por el pago de Honorarios causados en los que debió incurrir el señor LEONEL GUERRERO MANRRIQUE en razón a la defensa que fue asumida por profesionales del derecho, los cuales deberán ser indexados a la fecha.

• Por concepto de daños morales se reconozca y cancele por parte de LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, a través del Director seccional, Representante legal y/o quien haga sus veces, a pagar la suma equivalente a 100 S.M.M.L.V, para para cada uno de los convocantes: LEONEL GUERRERO MANRRIQUE (detenido), ROSMIRA

DE J ESUS VALENCICA CALLEJAS (esposa), NAGIE MELISSA GUERRERO VALENCIA, MIGUEL ANGEL GUERRERO VALENCIA Y JUAN CAMILO GUERRERO VALENCIA (hijos); que sumados nos da un total de 500 SMMLV, aReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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título de daños morales sufridos por todos los demandantes, por la retención injusta

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título de daños morales sufridos por todos los demandantes, por la retención injusta de que fue víctima LEONEL GUERRERO MANRRIQUE.

TERCERA: Que se ORDENE a LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, a través del director seccional, Representante legal y/o quien haga sus veces, a pagar a favor de los demandantes el valor de 250 S.M.M.L.V, por los daños a la vida de relación, causados al señor LEONEL GUERRERO MANRRIQUE, a quien se le afectó la calidad de vida, sus condiciones, entre otros, y que corresponden a 50 SMMLV, para cada uno de ellos.

CUARTA: Que CONDENE a LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, a través del director seccional, Representante legal y/o quien haga sus veces, a cancelar a favor de LEONEL GUERRERO MANRRIQUE la INDEXACION que arroje la liquidación de conceptos de la pretensión segunda, lucro cesante y daño emergente hasta l a fecha en que se produzca la acusación».

1.1.3. Fundamentos de derecho

Se invocan como tal, el art. 90 de la Constitución Política y el art. 68 de la Ley 270 de 1996. Se alegó la existencia de una responsabilidad administrativa en cabeza del Estado derivada de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el demandante, a quien presuntamente se le impuso medida de aseguramiento sin que se hubiere acreditado el lleno de los requisitos exigidos por la ley para su decreto e imposición.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

demandante, a quien presuntamente se le impuso medida de aseguramiento sin que se hubiere acreditado el lleno de los requisitos exigidos por la ley para su decreto e imposición.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

La parte demandada, NaciónFiscalía General de la Nación 3, se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que fueran denegadas.

Sostuvo que dicha entidad actuó en estricta observancia del principio de legalidad y en cumplimiento de la carga procesal encaminada a demostrar los enunciados fácticos de la imputación. Agregó que el daño sufrido por el señor Leonel Guerrero Manrique no fue antijurídico, toda vez que se privó a este de su libertad con respaldo en las pruebas obrantes en el plenario , las cuales constituían elementos de juicio

3 Índice 0009. Expediente Digital SAMAI. Primera Instancia.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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suficientes para inferir razonablemente su participación y proceder con la imposición de la medida de aseguramiento.

En rigor, explicó que al momento de imponer la medida de aseguramiento contaba con los indicios necesarios para tener al actor como autor de la conducta que se investigaba, pues existían señalamientos en su contra revestidos por las declaraciones recaudadas y, además, había sido identificado como informante del «EPL4» en la diligencia de reconocimiento fotográfico, por lo que dicha privación no

investigaba, pues existían señalamientos en su contra revestidos por las declaraciones recaudadas y, además, había sido identificado como informante del «EPL4» en la diligencia de reconocimiento fotográfico, por lo que dicha privación no suponía un exceso en las cargas que el individuo está en obligación de soportar.

Finalmente, propuso entre otras, las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y adujo que al momento de decretar la medida se encontraban satisfechas las exigencias del artículo 357 de la Ley 600 de 2000 y que la sentencia absolutoria se había proferido con base e n el principio «i n dubio proreo», por lo que la responsabilidad del actor no quedó desvirtuada por la confrontación de pruebas, sino por la ausencia de elementos probatorios que permitieran desvirtuar la presunción de inocencia.

1.2.2. La sentencia apelada5

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva de la sentencia se dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRASE administrativamente responsables a la NACIONFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , por la privación injusta de la libertad de

LEONEL GUERRERO MANRIQUE.

SEGUNDO: CONDÉNASE solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN, por concepto de PERJUICIOS MORALES así:

• A favor de LEONEL GUERRERO MANRIQUE por perjuicios morales : la suma de: TRECE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 13.215.800.000).

4 Ejército de Liberación Popular

• A favor de LEONEL GUERRERO MANRIQUE por perjuicios morales : la suma de: TRECE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 13.215.800.000).

4 Ejército de Liberación Popular 5 Documento al No. 064 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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• A favor de ROSMIRA VALENCIA CALLEJAS por perjuicios morales : la

suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($6.607.900). • A favor de NAGIE MELISSA GUERRERO VALENCIA por perjuicios morales: la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($6.607.900). • A favor de MIGUEL ANGEL GUERRERO VALENCIA por perjuicios morales: la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($6.607.900). • A favor de JUAN CAMILO GUERRERO VALENCIA por perjuicios morales: la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL

NOVECIENTOS PESOS MCTE ($6.607.900).

TERCERO: CONDÉNASE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , a pagar a LEONEL GUERRERO MANRIQUE a título de indemnización por concepto de lucro cesante la suma de TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

TERCERO: CONDÉNASE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , a pagar a LEONEL GUERRERO MANRIQUE a título de indemnización por concepto de lucro cesante la suma de TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (3.076.667) . Tal valor será cancelado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 y siguientes del CPACA.

CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia (…)».

Como fundamento de su decisión, el a quo señaló que encontró acreditada la existencia de un daño como elemento de la responsabilidad del estado, en atención a que se probó que el señor Leonel Guerrero Manrique estuvo privado de la libertad por el término de 71 días, siendo absuelto posteriormente por el Juez de conocimiento.

De la misma manera , estableció que el daño sufrido por el demandante fue antijurídico y le era imputable a la Fiscalía, toda vez que está en su calidad de único ente instructor conforme la Ley 600 de 2000, impuso en primera instancia medida de aseguramiento sin el lleno de los requisitos establecidos en la ley , pues valoró indebidamente los testimonios y demás pruebas , circunstancia reconoc ida en la providencia de segunda instancia que revocó la medida de aseguramiento.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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En ese orden de ideas, al encontrar acreditado el daño y su carácter de antijurídico, el a quo , reconoció los perjuicios morales y materiales. No obstante, negó los perjuicios del daño a la vida de relación.

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandada, Nación - Fiscalía General de la Nación 6, manifestó su inconformidad, al señalar que el juez de primera instancia, no tuvo en cuenta que dicha entidad impuso la medida de seguramiento que dio lugar a la declaración de responsabilidad administrativa y patrimonial con base en el material probatorio obrante en el proceso penal, el cual no descartaba de plano la posible participación del aquí demandante en los hechos penales investigados, esto en virtud de indicios que existían en su contra.

Señaló también que, al haberse absuelto al aquí actor de los cargos formulados en su contra en el proceso penal por duda, resultaba innegable la incertidumbre que había rodeado al caso, circunstancias que, a su juicio, hacían procedente decretar la medida de aseguramiento, pues los indicios existentes respaldaban su imposición y desvirtuaban su desproporcionalidad, irracionalidad e incluso el carácter injusto de esta.

Por otro lado, señaló que la decisión de primera instancia no tuvo en cuenta que fue la misma fiscalía quien restableció la libertad del acusado como consecuencia del recurso interpuesto en contra de la medida de aseguramiento ; además de que el

de esta.

Por otro lado, señaló que la decisión de primera instancia no tuvo en cuenta que fue la misma fiscalía quien restableció la libertad del acusado como consecuencia del recurso interpuesto en contra de la medida de aseguramiento ; además de que el periodo durante el cual permaneció privado de la libertad el actor fue el correspondiente al tiempo que tardó en desatarse el recurso.

Indicó que existían indicios directos que permitían vincular al demandante al caso y que, por tanto, era procede nte el decreto de la medida, pues este además de conocer a la víctima, a su familia y conocer su paradero, también fue señalado por Fabián Pérez Álvarez como miembro e informante del EPL «Ejército Popular de Libración» en la diligencia de reconocimiento fotográfico.

Señaló que dicha entidad, cumplió cabalmente con sus funciones, pues la privación del demandante no obedeció a una decisión arbitraria, por el contrario, al

6 Documento al No. 067 del índice de SAMAIReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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seguimiento de los procedimientos legales y a la normatividad procesal vigente para ese momento, esto es, el art. 355 del Código Penal.

Precisó que la preclusión de la investigación del demandante se dio con fundamento a la omisión probatoria y a las dudas sobre los hechos. También manifestó su oposición en relación el reconocimiento del lucro cesante, al señalar que no se acreditó los salarios devengados por el demandante como pastor de la iglesia

a la omisión probatoria y a las dudas sobre los hechos. También manifestó su oposición en relación el reconocimiento del lucro cesante, al señalar que no se acreditó los salarios devengados por el demandante como pastor de la iglesia cristiana pentecostés Colombia del movimiento misionero mundial.

Finalmente, solicitó se mantenga la decisión de no condenar en costas a dicho extremo procesal.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 31 de enero de 2025 7, se admitió el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 y, posteriormente, el 21 de febrero de 2025, ingresó al Despacho para proferir sentencia.

1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, Leonel Guerrero Manrique y otros 8, solicitó se confirme la sentencia de primera instancia y desestimar los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Señaló que no le asist e razón a la entidad demandada a l alegar la inexistencia del daño antijurídico por haber sido la fiscalía en segunda instancia quien revocó la medida de aseguramiento impuesta; pues se acreditó que privó de la libertad al actor sin el lleno de los requisitos de procedencia de la medida de aseguramiento, toda vez que no obraba acervo probatorio suficiente en el proceso que diera cuenta d e su participación en los ilícitos por los cuales se adelantaba la investigación.

La parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación , no hizo uso de esta etapa procesal.

El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

adelantaba la investigación.

La parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación , no hizo uso de esta etapa procesal.

El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

7 Documento al No. 06 del índice de SAMAI – Segunda instancia 8 Documento al No. 011 del índice de SAMAI – Segunda instanciaReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Acerca de la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera insta ncia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual consiste en establecer si:

P.J. 01: ¿Se encuentra acreditado un daño antijurídico imputable a la fiscalía

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual consiste en establecer si:

P.J. 01: ¿Se encuentra acreditado un daño antijurídico imputable a la fiscalía general de la Nación, derivado de la privación de la libertad impuesta al señor Leonel Guerrero Manrique, en el marco del proceso pena l adelantado bajo la Ley 600 de 2000?

P.J. 02: ¿ Resulta procedente revocar la decisión de primera instancia en cuanto al reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, por ausencia de prueba suficiente sobre la actividad económica del demandante?

9 Art. 328 del CGP . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo te ndrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad , (ii) la medida de

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad , (ii) la medida de detención preventiva de conformidad con la Ley 600 de 2000 y, (iii) la valoración de las pruebas obrantes en el expediente.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. El régimen de responsabilidad aplicable en casos de privación injusta de la libertad

La jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad es, en principio, objetiva en cuatro casos, a saber: (i) cuando el hecho no existió, (ii) el procesado no lo cometió, (iii) la conducta no era atípic a y (iv) la aplicación del principio in dubio pro reo.

Aunque en otros eventos la responsabilidad debe determinarse a partir de un régimen de falla del servicio, el cual exige mayor carga demostrativa para el demandante y, en todo caso, que la actuación c ulposa o dolosa de la víctima no haya dado lugar a su detención, conducta entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto como administrado10.

En cuanto a ello, la H. Corte Constitucional en la Sentencia de Unific ación 072 del 5 de julio de 2018 11, después de hacer un recorrido jurisprudencial, decantó la responsabilidad objetiva cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, por lo irrazonable y desproporcionada de la decisión, y en el entendid o de que el daño antijurídico se demuestra en tales circunstancias sin un gran ejercicio

responsabilidad objetiva cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, por lo irrazonable y desproporcionada de la decisión, y en el entendid o de que el daño antijurídico se demuestra en tales circunstancias sin un gran ejercicio dialéctico.

Los otros dos eventos definidos por el H. Consejo de Estado como causas de responsabilidad estatal objetiva, esto es, el procesado no cometió la conducta y la aplicación del principio in dubio pro reo , exigen, según la H. Corte Constitucional mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del Juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas

10 Entre otras, la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, expediente 52001 -23-31-000-1996-07459-01(23354) y Sentencia del 27 de noviembre de 2017. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Radicado 54001 -23-31-0001999-00247-01(46068). 11 Corte Constitucional. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Exp. T-6.304.188 y T6.390.556 (AC).Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma.

Adicionalmente, recordó que le corresponde al juez contencioso administrativo

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que permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma.

Adicionalmente, recordó que le corresponde al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible, y para todos los casos, de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia.

Agregó:

“En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de as eguramiento, como fue recientemente concluido por la Subsección C del Consejo de Estado al considerar, en un caso que fue sometido a su evaluación, que: el Juzgado de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento restrictiva de la libertad al imputado, debido a que encontró demostrado el requisito de necesidad de la medida, por cuanto la captura en flagrancia y la denuncia formulada por la víctima de la extorsión permitían inferir la probabilidad de participación del capturado en el ilícito endilgado”12.

Finalmente, mediante sentencia SU-363 de 202113, la H. Corte Constitucional reiteró las reglas establecidas en la sentencia SU -072 de 2018, según las cuales en cada caso es necesario revisar si la medida restrictiva de la libertad fue manifiestamente irrazonable y desproporcionada, pues no puede predicarse como regla general una

las reglas establecidas en la sentencia SU -072 de 2018, según las cuales en cada caso es necesario revisar si la medida restrictiva de la libertad fue manifiestamente irrazonable y desproporcionada, pues no puede predicarse como regla general una responsabilidad objetiva.

2.4.2. La medida de detención preventiva de conformidad con la Ley 600 de 2000

En este punto la Sala destaca que la Ley 600 del 2000, régimen procesal bajo el cual fue investigado el demandante, en su artículo 356 exige imponer la medida de detención preventiva cuando existan «por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso», con

12 Ibidem. 13 Corte Constitucional. Sentencia SU-363 del 22 de octubre de 2021. M.P. Alberto Rojas Ríos. Exp. T-7.785.966.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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el propósito de cumplir con algunos de los fines enlistados en el artículo 355 ibidem, que dispone:

«La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria».

2.5. De las pruebas obrantes en el expediente

2.5.1. Pruebas que resultan importantes para resolver el problema jurídico

para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria».

2.5. De las pruebas obrantes en el expediente

2.5.1. Pruebas que resultan importantes para resolver el problema jurídico

Del proceso penal Rad. 5248

• El señor Leonel Guerrero Manrique, el día 14 de febrero de 2010, fue escuchado en indagatoria por parte de la Fiscalía 79 especializada de la

UNDH y DIH14.

• Con auto del 23 de diciembre de 2011 15, la fiscalía general de la Nación , ordenó la obtención de registro fotográfico, entre otros, del señor Leonel Guerrero Manrique alias «El compa».

• Declaración16 de Nixon Navas Celis17, ex miembro del «EPL» quien ejercía como segundo comandante y acogido a la Ley 975 de 2005 18, señaló que, luego de haber recibido información por parte de alias Raúl respecto de la supuesta traición por parte del señor Jorge Duarte Chávez, ordenó su ejecución, así como hizo referencia a otras personas implicadas en la muerte del mencionado occiso.

En la declaración19 señaló: «(…) Preguntado: Manifieste si sabe quién es alias El Compa, y en caso afirmativo, precise quien es, a que se dedicaba en la época del

14 Pág. 259 Documento al No. 10 del índice de SAMAI 15 Pág. 201 Documento al No. 10 del índice de SAMAI 16 Pág. 202 Documento al No. 10 del índice de SAMAI 17 Condenado a 37 años de prisión