TA SAN - Sentencia 68001-33-33-010-2016-00070-02 (27-02-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Medio de control REPARACIÓN DIRECTA Demandante

ELOISA JAIMES

edwardalexanderdiazleon2022@gmail.com abogadosdiazleon@yahoo.com Demandado

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES

julianaurbinabustamante@gmail.com Radicado 68001-33-33-010-2016-00070-02 Tema

Falla del servicio por omisión de Colpensiones en la corrección y actualización de la historia laboral del trabajador / No se probaron los perjuicios materiales / El reconocimiento de perjuicios morales no fue objeto de la apelación.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuesto s oportunamente1 por las partes, contra la sentencia proferida el 10 de octubre de 20 192 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga , que concedió parcialmente las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda3

1. Pretensiones

La señora Eloísa Jaimes solicita que se declare a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones responsable administrativamente por los perjuicios

I. ANTECEDENTES

A. La demanda3

1. Pretensiones

La señora Eloísa Jaimes solicita que se declare a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones responsable administrativamente por los perjuicios causados, como consecuencia de la omisión p ersistente en la corrección y actualización de su historial laboral, derivada de las inconsistencias reportadas en las semanas cotizadas.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la entidad demandada al pago de los siguientes perjuicios:

Perjuicios Materiales

Daño Emergente $10.000.000, discriminados así: $5.000.000 por concepto de gastos administrativos, que incluyen fotocopias, transporte y envío de correspondencia, y $5.000.000 por honorarios profesionales, derivados de la actuación jurídica en los procesos adelantados, tales como el ordinario laboral, la solicitud de conciliación y el presente proceso. Lucro Cesante Consolidado

Lucro Cesante Futuro $73.617.000 por concepto de retroactivo de mesadas pensionales, causadas desde el 24 de marzo de 2006. $120.000.000 por las ganancias dejadas de percibir, derivadas de la imposibilidad de establecer su negocio en la época correspondiente. $73.617.000 por concepto de intereses moratorios.

La suma que se genere a futuro hasta el pago total de los perjuicios reclamados. Perjuicios Inmateriales Daño Moral Subjetivo 45 SMLMV Daño a la Salud 400 SMLMV

1 Expediente Físico: La sentencia de primera instancia (folios 313 -313) fue notificada el 11 de octubre de 2019.

Daño Moral Subjetivo 45 SMLMV Daño a la Salud 400 SMLMV

1 Expediente Físico: La sentencia de primera instancia (folios 313 -313) fue notificada el 11 de octubre de 2019. 2 Expediente Físico: Los recursos fueron interpuestos por la parte demandante el 16 de octubre de 2019 (folios 330 -332) y por la parte demandada el 22 de octubre de 2019 (folios 333-336). 3 Expediente Físico: La demanda obra en los folios 25 a 82, y su reforma se encuentra consignada en los folios 135 a 138 .RADICADO: 68001-33-33-010-2016-00070-02

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Finalmente, solicita que, en caso de no existir bases suficientes para la liquidación precisa del daño patrimonial e inmaterial, se ordene el reconocimiento de 10.000 gramos de oro puro.

2. Hechos La parte actora refiere que nació el 24 de marzo de 1951 y cumplió la edad de 55 años en el año 2006.

Afirma que el 19 de julio de 2007 solicitó el reconocimiento de la pensión ante su empleador de la época, Coopreser Ltda, quien respondió que no era la entidad competente para reconocer dicha prestación y la remitió al Instituto de Seguros Sociales (ISS), entidad que guardó silencio frente a su solicitud.

empleador de la época, Coopreser Ltda, quien respondió que no era la entidad competente para reconocer dicha prestación y la remitió al Instituto de Seguros Sociales (ISS), entidad que guardó silencio frente a su solicitud.

Expone que, ante la falta de respuesta, interpuso una acción de tutela el 16 de agosto de 2007, la cual fue asignada por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito, que amparó su derecho fundamental de petición y ordenó a la entidad accionada resolver la solicitud dentro de las 48 horas siguientes.

Relata que, ante una nueva petición elevada el 27 de enero de 2008, el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 01665 del 28 de febrero de 2008, negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, argumentando que no cumplía los requisitos de semanas cotizadas, al registrar 307 semanas de las 1.000 necesarias.

La demandante sostiene que, tras la negativa, advirtió que no se le estaban computando varias semanas, pues, conforme al tiempo laborado, debía contar con las semanas suficientes para acceder a la pensión de vejez. Por ello, el 27 de enero de 2009, radicó una nueva solicitud ante la entidad demandada, solicitando la actualización de su historial laboral, con la inclusión de las semanas que su empleador cotizó a su nombre, pero con un número de cédula erróneo.

Manifiesta que la Resolución No. 3773 del 28 de abril de 2009 negó nuevamente el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bajo el argumento de que persistía el faltante de semanas.

Señala que, debido a la falta de avances en la actualización del historial laboral,

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bajo el argumento de que persistía el faltante de semanas.

Señala que, debido a la falta de avances en la actualización del historial laboral, promovió una nueva acción de tutela el 26 de septiembre de 2012, asignada al Juzgado Cuarto Civil del Circuito, contra Servicoopreser y la entidad demandada. El juzgado ordenó a Servicoopreser aportar las pruebas necesarias para que la entidad demandada corrigiera e incluyera las semanas faltantes en su historia laboral.

Confiada en la corrección del historial, agrega, el 5 de marzo de 2013 presentó una demanda ordinaria laboral ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, junto con los retroactivos correspondientes, una vez se actual izara su historial laboral y se incluyeran las semanas faltantes. Asegura que dicho proceso culminó con la sentencia del 11 de octubre de 2013, que absolvió a la entidad demandada de los cargos formulados. Aclara que, ante tal decisión, apeló el fallo, per o el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Laboral, confirmó la sentencia de primera instancia.

La demandante apunta que, a pesar de adelantar el proceso ordinario laboral, la entidad demandada persistió en su omisión, motivo por el cual presentó un incidente de desacato ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, que requirió reiteradamenteRADICADO: 68001-33-33-010-2016-00070-02

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de desacato ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, que requirió reiteradamenteRADICADO: 68001-33-33-010-2016-00070-02

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a las personas responsables del trámite para que lo realizaran en el menor tiempo posible.

Finalmente, refiere que el 9 de septiembre de 2015, la Gerencia Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones expidió la Resolución GNR 276295, mediante la cual reconoció la pensión de vejez a su favor y ordenó el pago del retroactivo correspondiente, desde la fecha de efectividad de la pensión, fijada el 1 de octubre de 2012, hasta la fecha de la resolución. Para ello, previamente corrigió su historia laboral con los aportes faltantes anunciados años atrás.

B. Contestación4

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones se opone a las pretensiones de la demanda y expone que la pensión de vejez de la demandante fue reconocida y pagada mediante la Resolución GNR 276295 del 9 de septiembre de 2015, con efectividad a partir del 1 de octubre de 2012, y el respectivo retroactivo por $22.384.442, en aplicación del Decreto 758 de 1990 y en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

de 2015, con efectividad a partir del 1 de octubre de 2012, y el respectivo retroactivo por $22.384.442, en aplicación del Decreto 758 de 1990 y en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Sostiene que, para efectos del reconocimiento pensional, deben distinguirse dos momentos jurídicos: el primero, correspondiente a la causación del derecho, una vez cumplidos los requisitos legales de edad y semanas; y el segundo, relacionado con el inicio del disfrute efectivo de la pensión, tras la verificación de la historia laboral y la confirmación de los aportes realizados. En este sentido, la entidad demandada refiere que, al revisar el historial laboral de la demandante, se evidenció que el último período de cotización se efectuó en septiembre de 2012, bajo la modalidad de régimen subsidiado, motivo por el cual determinó que la pensión debía reconocerse a partir del 1 de octubre de 2012, fecha en la que cesaron los aportes y se configuró el derecho al disfrute de la prestación económica. Propone como excepciones de mérito las siguientes: (i) Prescripción: Solicita que se declare la prescripción de los supuestos derechos reclamados, cuya causación se haya producido con más de tres años de anterioridad a la fecha de reconocimiento de la pensión. (ii) Inexistencia de la obligación: Aduce que la obligación reclamada no existe, por cuanto la Resolución GNR 276295 ya reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor de la demandante.

D. La sentencia recurrida5

Mediante sentencia proferida el 10 de octubre de 20 19, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga concedió las pretensiones

de vejez a favor de la demandante.

D. La sentencia recurrida5

Mediante sentencia proferida el 10 de octubre de 20 19, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga concedió las pretensiones parcialmente, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, por los daños morales sufridos por la señora ELOISA JAIMES, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a pagar 50

4 Expediente Físico. Folios 122 -132. 5 Expediente Físico. Folios 313 – 320.RADICADO: 68001-33-33-010-2016-00070-02

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SMLMV por concepto de daño moral a la señora ELOISA JAIMES, conforme a la motivación expuesta.

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, en concordancia con la motivación expuesta.

CUARTO: CONDENAR en costas y agencias en derecho a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, conforme a la motivación de la

motivación expuesta.

CUARTO: CONDENAR en costas y agencias en derecho a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, conforme a la motivación de la presente providencia.

Para adoptar la decisión, el a quo determinó que se encuentra probada la responsabilidad de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones por la omisión y demora injustificada en el trámite administrativo de actualización de la historia laboral de la actora, a pesar de las reiteradas solicitudes presentadas por esta. Dicha omisión impidió que el reconocimiento de su pensión de vejez se hiciera en forma oportuna, esto es, para la fecha en que cumplió los requisitos exigidos en la ley, configurándose así una falla en el servicio por parte de la entidad demandada. En cuanto a los perjuicios materiales , por concepto de daño emergente , el juez consideró que la demandante no aportó elementos probatorios que permitieran acreditar los montos reclamados. Respecto al lucro cesante, el a quo concluyó que no se demostró el valor que habría percibido si hubiese iniciado el negocio que pretendía poner en marcha con el pago de su pensión. Precisa, además, que no resulta procedente reclamar un retroactivo diferente al ya reconocido, toda vez que la actora debió impugnar la resolu ción que le reconoció la pensión dentro de los plazos legales, solicitando la correspondiente modificación. Frente a los daños inmateriales , el a quo dispuso reconocer 50 SMLMV por concepto de daño moral , al considerar que dichos perjuicios fueron acreditados mediante los testimonios practicados. En cuanto al daño a la salud, determinó que no fue demostrado , por cuanto ningún medio probatorio , incluidos los testimonios

concepto de daño moral , al considerar que dichos perjuicios fueron acreditados mediante los testimonios practicados. En cuanto al daño a la salud, determinó que no fue demostrado , por cuanto ningún medio probatorio , incluidos los testimonios recaudados y la historia clínica allegada, permitió acreditar su existencia.

D. Las apelaciones

1. La parte demandante 6 solicita que se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se concedan las demás pretensiones, que no fueron reconocidas por el a quo . Como fundamento de su inconformidad, argumenta lo siguiente: 1.1. Alega que Colpensiones incurrió en una falla del servicio, al corregir tardíamente las semanas cotizadas de la actora, impidiéndole acceder oportunamente a su pensión de vejez, a pesar de haber cumplido con los requisitos exigidos bajo el régimen de prima media. Sostiene que esta omisión no solo retrasó el reconocimiento del derecho, sino que también le impidió reclamar la totalidad de los retroactivos pensionales, al haber operado la caducidad de las mesadas causadas desde la fecha en que cumplió la edad para p ensionarse (55 años), situación que imputa como responsabilidad directa de la entidad demandada, por ser la causante del perjuicio. 1.2. En cuanto a los perjuicios materiales, la actora reclama el reconocimiento del daño emergente, argumentando que la omisión de la entidad demandada la obligó a asumir gastos de su propio bolsillo, como fotocopias, transportes y honorarios de abogado, además de los gastos futuros derivados del trámite de la presente

daño emergente, argumentando que la omisión de la entidad demandada la obligó a asumir gastos de su propio bolsillo, como fotocopias, transportes y honorarios de abogado, además de los gastos futuros derivados del trámite de la presente

6 Expediente Físico. Folios 329-332RADICADO: 68001-33-33-010-2016-00070-02

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demanda. Precisa, además, que si el juez consideraba que no existía certeza probatoria sobre el monto exacto de dichos gastos, debió reconocerlos en abstracto. 1.3. Finalmente, la parte actora reitera que la responsabilidad de la entidad no se extingue con el posterior reconocimiento de la pensión, ya que este no subsana el daño antijurídico causado por la omisión administrativa, el cual comprende tanto la afectación económica derivada de la pérdida de retroactivos, como los gastos asumidos durante el prolongado trámite administrativo, que, a su juicio, deben ser objeto de reparación integral.

2. La parte demandada 7 solicita que se revoque íntegramente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denieguen todas las pretensiones de la demanda, con la consecuente condena en costas. Los argumentos del recurso se

sintetizan a continuación:

primera instancia y, en su lugar, se denieguen todas las pretensiones de la demanda, con la consecuente condena en costas. Los argumentos del recurso se sintetizan a continuación: 2.1. Reitera que el retroactivo pensional no debía reconocerse a partir del 24 de marzo de 2006, como lo sostiene la demandante, dado que la pensión fue otorgada mediante la Resolución GNR 276295 del 9 de septiembre de 2015, con fecha de estatus el 24 de marzo de 2006 y fecha de efectividad el 1 de octubre de 2012. Argumenta, además, que es necesario diferenciar dos momentos jurídicos: el primero, correspondiente a la causación del derecho, que se configura una vez cumplidos los requisitos de edad y semanas; y el segundo, relacionado con el inicio del disfrute efectivo de la pensión, el cual solo puede darse tras la verificación del historial laboral y la confirmación de los aportes realizados. En este sentido, sostiene que, al revisar el historial laboral de la demandan te, se evidenció que el último periodo de aportes realizado al sistema fue en septiembre de 2012, y que su desafiliación del sistema pensional constituía un requisito fundamental para fijar la fecha de efectividad de la pensión. 2.2. Alega, además, que para que proceda la responsabilidad del Estado, deben acreditarse tres elementos esenciales: i) la existencia de un daño, ii) la configuración de una acción u omisión atribuible a la administración, y iii) la demostración de un nexo causal entre la conducta y el perjuicio alegado, circunstancias que, a su juicio, no se encuentran probadas en el caso concreto. Por tanto, reitera que la expedición

nexo causal entre la conducta y el perjuicio alegado, circunstancias que, a su juicio, no se encuentran probadas en el caso concreto. Por tanto, reitera que la expedición de la resolución que reconoció la pensión desvirtúa la existencia de un daño antijurídico, por cuanto no persiste ninguna obligación insatisfecha, motivo por el cual solicita denegar las pretensiones de la demanda y condenar en costas.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia

Mediante auto del 22 de enero de 20208 debidamente notificado a las partes se admitió el recurso de apelación. Las partes y el Ministerio guardaron silencio durante el término de ejecutoria.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

B. Los problemas jurídicos y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: PJ1: ¿Se configuró una falla del servicio por la omisión en la corrección oportuna de la historia laboral de la demandante?

7 Expediente Físico. Folios 333-336 8 Expediente Físico. Folio 342RADICADO: 68001-33-33-010-2016-00070-02

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Tesis: Sí.

Fundamento: La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

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Tesis: Sí.

Fundamento: La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones incurrió en una falla del servicio al omitir su deber de corregir oportunamente el historial laboral de la demandante, a pesar de las reiteradas solicitudes administrativas y las órdenes judiciales proferidas en fallos de tutela. Esta omisión implicó el incumplimiento de sus deberes legales como entidad administradora del sistema pensional, pues su actuación debió ajustarse al término legal establecido para adelantar los trámites necesarios para la corrección del historial laboral de la actora y a los principios de eficacia, celeridad y buena fe, consagrados en la Constitución Política, que rigen la función pública y orientan la adecuada prestación de los servicios y funciones a cargo del Estado.

La falla del servicio no se configura únicamente por el incumplimiento de un plazo legal, sino por la demora injustificada e irracional en la tramitación de la solicitud de corrección del historial laboral, excediendo el plazo razonable para su gestión, sin justificación alguna. Esta negligencia impidió el disfrute y reconocimiento oportuno de la pensión de vejez desde el año 2009, fecha en la cual la actora aportó las pruebas suficientes para que la entidad realizara, de forma oportuna y sin ninguna complejidad, la corrección de su histori a laboral. La falta de diligencia por parte de Colpensiones, a pesar de contar con la información necesaria, prolongó injustificadamente la definición de su situación pensional, vulnerando derechos fundamentales como el habeas data, la seguridad social, el mínimo vital, la

Colpensiones, a pesar de contar con la información necesaria, prolongó injustificadamente la definición de su situación pensional, vulnerando derechos fundamentales como el habeas data, la seguridad social, el mínimo vital, la tranquilidad y la dignidad humana. La omisión prolongada en comento generó daños morales atribuibles a la entidad demandada, pues fue esa conducta negligente y persistente la que mantuvo a la demandante en un estado de incertidumbre, zozobra, afectación y desgaste emocional, consecuencias que no estaba en la obligación de soportar. PJ2: ¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios materiales a favor de la demandante?

Tesis: No.

Fundamento: No procede el reconocimiento de perjuicios materiales a favor de la demandante, dado que no se acreditó debidamente la existencia y cuantía de los gastos reclamados, conforme a las exigencias probatorias establecidas en el ordenamiento jurídico. Si bien alegó haber incurrido en gastos por conceptos como fotocopias, transportes y honorarios de abogado, no aportó pruebas documentales que permitieran establecer que en efecto hizo tales erogaciones, así como el valor real y cierto de estas. Respecto al lucro ce sante, este no puede entenderse como una mera expectativa o suposición, sino como un daño cierto y demostrable, directamente derivado de la falla del servicio. En este sentido, la carga de la prueba recae sobre quien alega el perjuicio, y la actora no demo stró con suficiencia la existencia de un perjuicio económico cierto causado por la omisión administrativa de la entidad demandada.

Cabe precisar que la falla del servicio atribuida a Colpensiones no deriva del

existencia de un perjuicio económico cierto causado por la omisión administrativa de la entidad demandada.

Cabe precisar que la falla del servicio atribuida a Colpensiones no deriva del reconocimiento pensional, sino de la omisión en la corrección del historial laboral. Por tanto, la actora no puede pretender el reconocimiento de sumas dinerarias que considera no fueron incluidas en la Resolución No. GNR 276295 de 2015, como los retroactivos pensionales y los intereses moratorios, pues debió haber interpuesto los recursos administrativos pertinentes o promover el proceso ordinario laboral correspondiente para reclamarlos.RADICADO: 68001-33-33-010-2016-00070-02

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DEMANDANTE: ELOISA JAIMES

DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

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Para sustentar las tesis planteadas, se abordará el régimen de responsabilidad aplicable, examinando la responsabilidad del Estado por los daños causados a título de falla del servicio por omisión, derivada del incumplimiento del plazo razonable y del deber de la administradora de pensiones d e resolver, dentro del término legal, las solicitudes de corrección del historial laboral. Asimismo, se analizará la obligación de acreditar con suficiencia los perjuicios materiales reclamados, conforme a las reglas pr obatorias aplicables, y la imposibilidad de condenar en abstracto cuando el daño no ha sido debidamente demostrado. Finalmente, se

obligación de acreditar con suficiencia los perjuicios materiales reclamados, conforme a las reglas pr obatorias aplicables, y la imposibilidad de condenar en abstracto cuando el daño no ha sido debidamente demostrado. Finalmente, se procederá al examen del caso concreto, a la luz de los presupuestos expuestos.

C. Marco jurídico

1. Régimen de responsabilidad del Estado por falla del servicio derivada de la omisión administrativa

La falla del servicio es el título de imputación subjetiva a partir del cual se atribuye responsabilidad al Estado9 por los daños antijurídicos derivados de una inadecuada prestación del servicio público. Para la imputación de responsabilidad 10 bajo este régimen, es esencial definir el contenido y alcance de las obligaciones que se dicen incumplidas o cumplidas de manera deficiente , a fin de establecer si la conducta de la autoridad efectivamente fue inadecuada y, por tanto, constitutiva de una falla de donde surge la antijuridicidad del daño 11. Determinada la falla del servicio debe probarse su nexo causal con el daño, para que este le sea imputable al Estado12.

Tratándose de una falla del servicio por omisión 13, el juez debe adelantar un juicio de imputación, no limitado a la mera causalidad fáctica 14, si no encaminado a determinar si la entidad pública se abstuvo de ejecutar una obligación de hacer que de manera relevante y determinante hubiese evitado o prevenido el resultado dañoso 15, evento en el cual podría haberse comprometido su responsabilidad. 16

Determinar el contenido obligacional a cargo del Estado exige que se identifiquen

que de manera relevante y determinante hubiese evitado o prevenido el resultado dañoso 15, evento en el cual podría haberse comprometido su responsabilidad. 16

Determinar el contenido obligacional a cargo del Estado exige que se identifiquen las leyes o reglamentos que gobiernan la actividad pública que se alega como causa del daño. La falla del servicio surge, entonces, a partir de la comparación entre los

9 La responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación -desde el ámbito fáctico y jurídico-. 10 Corte Constitucional, Sentencia C -254 de 2003. El otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado cuando exista título jurídico de atribu ción, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. CP. Miriam Guerrero De Escobar. Sentencia del 18 d e junio de

2008. Radicado: 152.63 (R -0736). En términos del Consejo de Estado, «Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incu mplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de di cha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio» 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio» 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sentencia del 30 de enero de 2013. Radicado: 73001-23-31-000-2000-00870-01 (24879) 13 El Consejo de Estado, con base en la doctrina, ha distinguido “las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estri cto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización d e obstáculos que en la actividad de la construcción se dejan sobre una vía; en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podí a impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. El caso típico sería el del inc umplimiento del deber de protección que el Estado debe brindar a las personas, que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, C.P. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS, sentencia del 31 de mayo de 2019, Rad. 54001-23-31-000-2001-01245-01(45170), Partes: María del Carmen Medina de Rojas vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional

Rad. 54001-23-31-000-2001-01245-01(45170), Partes: María del Carmen Medina de Rojas vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional 14 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Sentencia del 29 de marzo de 2019, C.P. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS, Rad. 68001 -23-31-000-2004-02686-01(42731), Actor: LIANA MARGARITA ARTETA TAPIAS Y OTROS. Al respecto, ha señalado: “El juicio de atribución o imputación del daño conlleva una valoración fáctica, en la que se determina su origen o causa material, y otra jurí