TA SAN - Sentencia 68001-33-33-010-2023-00222-01 (12-06-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333301020230022201

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: CARLOS JULIAN QUIROGA SANABRIA

juliankiroga@icloud.com abogado.germangallego@gmail.com

DEMANDADO: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA

NACIONAL

desan.notificacion@policia.gov.co desan.asjud@policia.gov.co notificacion.tutelas@policia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 140

TEMA: REAJUSTE PENSIÓN DE INVALIDEZ - LEY 1979 DE 2019 – Laboral

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la parte demandada contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Julián Quiroga Sanabria

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Julián Quiroga Sanabria

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1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

El señor Carlos Julián Quiroga Sanabria prestó sus servicios en la Policía Nacional como patrullero, desde el 1° de diciembre de 2009 hasta el 26 de septiembre de 2016, siendo retirado del servicio activo mediante Resolución No. 05892 , por disminución de la capacidad psicofísica.

El día 13 de julio de 2011 , el señor Carlos Julián Quiroga Sanabria sufrió una fractura en el pie izquierdo como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado por miembros del grupo armado FARC, ocurrido en el municipio de Jámbalo, Cauca, mientras se encontraba cumpliendo funciones de apoyo, por orden del comandante de la Policía Regional No. 4, Brigadier Orlando Pineda Gómez , según consta en el Informe Administrativo por Lesión No. 004 del 13 de julio de 2011.

Como consecuencia de lo anterior , el señor Carlos Julián Quiroga Sanabria fue valorado por las autoridades médico -laborales de la Policía Nacional, emitiéndose los siguientes dictámenes: i) Acta de Junta Médico Laboral No. 189 del 18 de abril de 2012 , en la que se determinó una disminuci ón de la capacidad laboral

los siguientes dictámenes: i) Acta de Junta Médico Laboral No. 189 del 18 de abril de 2012 , en la que se determinó una disminuci ón de la capacidad laboral equivalente al 47.48%; ii) Acta No. 3746 – 4727 del 4 de junio de 2013 del Tribunal Médico Laboral, mediante la cual se modificó el porcentaje de disminución de la capacidad laboral al 49.08% y; iii) Acta No. 2751 del 12 de abril de 2016, en la cual se estableció una disminución adicional del 6.36%, para un total de 55.45% d e pérdida de capacidad laboral.

En virtud de lo anterior, mediante Resolución No. 00352 del 9 de marzo de 2017, el Ministerio de Defensa Nacional le reconoció al señor Carlos Julián Quiroga Sanabria una «pensión de invalidez pagada a partir del 26 de diciembre del 2016 equivalente

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00004 SAMAI, link One Drive, archivo 3_DEMANDA(.pdf), folio 2 al 5.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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al 50% del sueldo básico de un patrullero más las siguientes partidas: 6% prima de retorno a la experiencia, 1/12 parte de la prima de servicios, 1/12 parte de la prima de vacaciones, subsidio de alimentación y 1/12 parte de la prima de navidad».

retorno a la experiencia, 1/12 parte de la prima de servicios, 1/12 parte de la prima de vacaciones, subsidio de alimentación y 1/12 parte de la prima de navidad».

Señaló que, con la entrada en vigor de la Ley 1979 del 25 de julio de 2019 en su artículo 23 parágrafo 1, se reconoció un beneficio de incremento a la pensión de invalidez a los patrulleros de la Policía Nacional.

Mediante certificado No. 9899 MDVGSEDBDBSS del día 26 de enero de 2021 expedida por la directora de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa, se certificó que el señor Carlos Julián Quiroga Sanabria ostenta la calidad de veterano de la fuerza pública.

Con base en lo anterior, el día 16 de marzo de 2021, el señor Carlos Julián Quiroga Sanabria radicó petición ante el Ministerio de Defensa Nacional, solicitando el incremento de su pensión de invalidez, conforme a lo dispuesto en el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1979 de 2019. No obstante, dicha solicitud fue negada mediante acto administrativo No. S-2021-012242 del 24 de marzo de 2021.

1.1.2. Las pretensiones2

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Carlos Julián Quiroga Sanabria formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo en orden a:

«PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo No. S-2021-012242 del 24 de marzo del año 2021, expedido por el MINISTERIO DE DEFENSA

«PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo No. S-2021-012242 del 24 de marzo del año 2021, expedido por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL – GRUPO DE PENSIONES, mediante el cual negó la petición de incremento y reajuste pensional que establece el artículo 23 de la ley 1979 del 2019, sobre la pensión de invalidez reconocida al actor mediante resolución No. 00352 del 09 de marzo del 2017.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior y en restablecimiento del derecho, se ordene al MINISTERI O DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL – GRUPO DE PENSIONADOS o a quien corresponda, expedir un nuevo acto

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00004 SAMAI, link One Drive, archivo 3_DEMANDA(.pdf), folio 1 al 2.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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administrativo a través del cual se incremente la pensión de invalidez del actor dando aplicación al artículo 23 de la ley 1979 de 2019, la cual de berá ser incrementada del cincuenta por ciento (50%) al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación, para la fecha de su retiro, la cual deberá ser reliquidada y pagada a partir del 25 de julio del año 2019, fecha en la que entró en vigencia la ley 1979 del 2019.

TERCERA: todos los valores reconocidos y ordenados pagar como retroactivos

reliquidada y pagada a partir del 25 de julio del año 2019, fecha en la que entró en vigencia la ley 1979 del 2019.

TERCERA: todos los valores reconocidos y ordenados pagar como retroactivos deberán ser indexados y actualizados con el Índice de Precios al Consumidor que expide el DANE, hasta la fecha del pago de acuerdo con la fórmula: R= Rh X índice final índice inicial

CUARTA: Dar estricto cumplimiento a los artículos 192 y 195 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTA: Condenar en costas y agencias en derecho al extremo demandado.»

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Se invocó como normas vulneradas las siguientes: artículos 2, 13 29 y 53 de la Constitución Política, Ley 4 de 1992 y artículo 23 de la Ley 1979 del 2019.

Como concepto de violación, el actor sostuvo que, el acto administrativo demandado se encuentra viciado de falsa motivación , falta de motivación y violación de las normas en las que debía fundarse, al negar el beneficio de incremento pensional consagrado en el artículo 23, parágrafo 1, de la Ley 1979 de 2019, desconociendo su calidad de pat rullero pensionado por invalidez como consecuencia de hechos ocurridos en servicio activo, en acto meritorio del mismo.

En cuanto a la falsa motivación alegó que, se configuró al afirmarse que la lesión o afectación debía ser calificada respecto al literal C del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, no obstante, manifestó que el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019 no

afectación debía ser calificada respecto al literal C del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, no obstante, manifestó que el artículo 23 de la Ley 1979 de 2019 no estableció que el beneficio se encontraba dirigido «únicamente para el personal pensionado por invalidez originadas en literal C, descantando las lesiones y/o afectaciones en los literales A y B».

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00004 SAMAI, link One Drive, archivo 3_DEMANDA(.pdf), folio 5 al 12.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Asimismo, señala que la falta de motivación se evidencia en la omisión por parte del Ministerio de Defensa de analizar de forma concreta las circunstancias fácticas y jurídicas particulares del actor, especialmente su condición de veterano de la Fuerza Pública, su porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y su pensión de invalidez derivada de un acto terrorista ocurrido en servicio activo, lo cual lo ubica dentro del supuesto de hecho regulado por la norma.

De la misma manera, indicó que, la violación directa del ordenamiento jurídico, en particular del artículo 23 de la Ley 1979 de 2019, por indebida interpretación, al haber exigido como condición para acceder al beneficio que la ca lificación de invalidez provenga exclusivamente del literal C del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000.

haber exigido como condición para acceder al beneficio que la ca lificación de invalidez provenga exclusivamente del literal C del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000.

A su juicio, dicha exigencia no está contenida en el texto legal, dado que, para acceder al beneficio consagrado en el artículo 23 el pensionado por invalidez debe cumplir con tres requisitos exigidos así: «1. Ser soldado o o infante de marina profesional o regular y patrullero o auxiliar de la policía nacional 2. Haber adquirido la pensión de invalidez antes o después de la entrada en vigencia de la ley 1979 del 2019 3. No haber sido condenado penalmente por delitos dolosos o sancionados disciplinariamente por conductas gravísimas en actos ajenos al servicio».

En virtud de lo anterior, el actor considera que cumple cabalmente con los tres requisitos señalados por la norma, ya que fue reconocido como patrullero pensionado por invalidez en 2017, su afectación de salud fue consecuencia directa de un atentado terrorista ocurrido en servicio, cuenta con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, fue reconocido como veterano de la Fuerza Pública, y no registra condenas penales ni sanciones disciplinarias por actos ajenos al servicio.

Por tanto, al negarse el reconocimiento del incremento pensional con base en un criterio restrictivo no previsto por el legislador, la autoridad incurre en una interpretación contraria al principio pro homine y pro operario , los cuales ordenan que, en caso de duda o ambigüedad normativa, debe p referirse la interpretación que más favorezca los derechos del administrado.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

que, en caso de duda o ambigüedad normativa, debe p referirse la interpretación que más favorezca los derechos del administrado.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Concluyó que, aceptar que el acceso al beneficio es exclusivo a quien se califique con más del 50% en literal C, es decir, en combate, sería generar una interpretación restrictiva o de exclusión.

1.2. Contestación de la demanda4

La entidad demandada se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, sustentando dicha oposición en la falta de fundamento legal y en la ausencia de respaldo probatorio suficiente.

En primer término, señaló que la Policía Nacional se rige por un régimen especial de carácter constitucional, previsto en los artículos 150 y 217 de la Constitución Política, dentro del cual la pensión de invalidez constituye un evento regulado bajo estrictos parámetros legales, limitándose su reconocimiento al cumplimiento cabal de las condiciones establecidas en la normativa vigente.

En ese sentido, indicó que las conclusiones emitidas por la Junta Médico Laboral y por el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía se basaron en la valoración de las lesiones sufridas por el señor Carlos Julián Quiroga Sanabria en los hechos ocurridos el día 26 de abril de 2011, conforme consta en el proceso administrativo por lesiones No. 004 de fecha 13 de julio de 2011, donde se determinó un índice de

ocurridos el día 26 de abril de 2011, conforme consta en el proceso administrativo por lesiones No. 004 de fecha 13 de julio de 2011, donde se determinó un índice de disminución de la capacidad psicofísica del 49.08%, imputado al literal C del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000.

Asimismo, precisó que, en virtud del artículo 2, numeral 2.1 del Decreto 1154 de 2014, el señor el deman dante continuó prestando servicios al interior de la Policía Nacional en labores administrativas, conforme a la sugerencia de reubicación emitida por el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía. Sin embargo, debido a la aparición de nuevas patologí as, el día 12 de abril de 2016 se le practicó una nueva Junta Médico Laboral, tras la cual se profirió la Resolución No. 05892 del 9 de septiembre de 2016 , siendo retirado del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica.

Posteriormente, me diante la Resolución No. 00352 de 2017, se le reconoció la pensión de invalidez correspondiente.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00014 SAMAI.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Finalmente, la entidad demandada sostuvo que el artículo 23, parágrafo 1, de la Ley 1979 de 2019, establece que el beneficio de incremento en la liquidación de la

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Finalmente, la entidad demandada sostuvo que el artículo 23, parágrafo 1, de la Ley 1979 de 2019, establece que el beneficio de incremento en la liquidación de la pensión de invalidez se otorga únicamente cuando las lesiones que dieron origen al reconocimiento y pago de la pensión tengan su causa en el servicio, como consecuencia de actos meritorios, ya sea en combate, en accidente relacionado con el servicio, por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.

No obstante, puntualizó que en el caso del señor Carlos Julián Quiroga Sanabria, solamente el 49.08% de la disminuci ón de la capacidad psicofísica fue calificada bajo el literal C, mientras que el porcentaje restante, equivalente al 6.36%, corresponde al literal B, es decir, lesiones ocurridas en servicio y con ocasión de este, pero no en combate directo.

Por lo tanto, concluyó que el actor no reúne los requisitos legales necesarios para acceder al incremento de la pensión de invalidez conforme a la norma invocada, por lo que carece de derecho a dicho beneficio.

1.3. La sentencia apelada5

El Juzgado Décimo Administr ativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en providencia de fecha 18 de junio de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. No. S-2021-012242 del 24 de marzo del año 2021, expedido por el MINISTERIO

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. No. S-2021-012242 del 24 de marzo del año 2021, expedido por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL – GRUPO DE PENSIONES, por las razones expuestas.

SEGUNDO: ORDENESE a la NACION -MINISTERIO DE DEFENSA -POLICIA NACIONAL el reajuste de la pensión de invalidez del señor CARLOS JULIAN QUIROGA SANABRIA reconocida a través resolución N resolución No 00352 del 9 de marzo de 2017 para lo cual se le incrementará el pago de la pensión mensual de invalidez con las partidas computables en el setenta y cinco por ciento (75%). Dicho reajuste se efectuará afectando las mesadas causadas desde el 25 de

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00024 SAMAI.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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julio de 2019 fecha de vigencia de la ley 1979 de 2019. Las sumas reconocidas se actualizarán conforme la fórmula establecida por el Consejo de Estado.

TERCERO: ORDENESE el pago de las diferencias causadas entre lo devengado y el reajuste ordenado a partir del 7 de septiembre de 2020

CUARTO: DECLARESE la prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 7 de septiembre de 2020 conforme la parte motiva.»

Como fundamento de la anterior decisión , el a quo consideró que, de acuerdo con

CUARTO: DECLARESE la prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 7 de septiembre de 2020 conforme la parte motiva.»

Como fundamento de la anterior decisión , el a quo consideró que, de acuerdo con el acta de la Junta Médico Laboral No. 2751 del 12 de abril de 2016, denotaba que, el trastorno psiquiátrico presentado por el demandante y calificado como enfermedad profesional tuvo su origen en el episodio traumático que dio lugar a las demás lesiones que fueron calificadas como ocurridas en el servicio , por acción directa del enemigo, conforme al literal C del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000.

En virtud de lo anterior, el a quo concluyó que el demandan te es el destinatario legítimo del beneficio previsto en el citado artículo 23 de la Ley 1979 de 2019, dado que la enfermedad profesional y las lesiones que justificaron su pensión de invalidez guardan relación directa con su servicio en la Fuerza Pública, tal y como lo establece la normativa que regula el régimen pensional de los miembros de la Policía Nacional.

Seguidamente, con base en el 43 del Decreto 4433 de 2004, declaró la prescripción de las diferencias generadas antes del 7 de septiembre de 2020, bajo el argumento que, la demanda se presentó el 7 de septiembre de 2023.

Por último, resolvió no condenar en costas de primera instancia con fundamento en el inciso 2 del artículo 188 del CPACA adicionado por el artículo 47 de la Ley 20810 de 2021.

1.4. El recurso de apelación

Por último, resolvió no condenar en costas de primera instancia con fundamento en el inciso 2 del artículo 188 del CPACA adicionado por el artículo 47 de la Ley 20810 de 2021.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante, Carlos Julián Quiroga Sanabria 6, indicó que, la prescripción debe contarse a partir de la fecha de radicación de la primera petición,

6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00027 SAMAI.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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es decir, a partir del día 16 de marzo de 2021, y no a partir de la fec ha de la presentación de la demanda el día 7 de septiembre de 2023 como lo consideró el juez de primera instancia.

Por otro lado, señaló su inconformidad con la decisión de no imponer condena en costas y agencias en derecho a la parte demandada, dado que, el Ministerio de Defensa Nacional ha sido negligente en atender las peticiones

1.4.2. Parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,7 solicitó se revoque el fallo de primera instancia, y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

Como fundamento del recurso, expuso que, de las conclusiones del acta de Junta Médico Laboral No. 2751 del 12 de abril de 2016 practicada al señor Carlos Julián Quiroga Sanabria, en el literal D, de que trata la imputabilidad de las lesiones al

Médico Laboral No. 2751 del 12 de abril de 2016 practicada al señor Carlos Julián Quiroga Sanabria, en el literal D, de que trata la imputabilidad de las lesiones al servicio, se evidencia que no le figura informe administrativo por lo que es una enfermedad profesional, y al no determinarse dicho elemento conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, no se puede afirmar que las patologías valoradas en dicha Junta Médico Laboral fueron calificadas en el literal C, por lo que el juez de primera instancia incurrió en un error al llegar a dicha conclusión.

No obstante, indicó que, las conclusiones del acta de la Junta Médico Laboral de fecha 18 de abril de 2012 y del acta del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, se basaron en las lesiones que fueron causadas en los hechos ocurridos el día 26 de abril de 2011, y que fueron calificadas en el proceso administrativo por lesiones No. 004 de fecha 13 de julio de 2011, siendo el índice de disminución de la capacidad psicofísica de 49.08/% el imputado al literal C del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, por lo que, no es correcto decir, que la patología valorada en la Junta Médico Laboral del 12 de abril de 2016, son calificadas en el literal C del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000 o que guarda relación con dicho literal, como lo afirmó el juez de primera instancia.

Por último, manifestó que, el artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1979 de 2019, señala que el beneficio en la liquidación de la pensión por invalidez, implica que las lesiones

juez de primera instancia.

Por último, manifestó que, el artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1979 de 2019, señala que el beneficio en la liquidación de la pensión por invalidez, implica que las lesiones que dieron lu gar al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, tuviera su

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origen en el servicio como consecuencia de los actos meritorios del mismo, en combate o en accidente relacionado con el mismo o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, no obstante, señaló que, al señor Carlos Julián Quiroga Sanabria solamente el 49.08% de la disminución de la capacidad psicofísica fue calificada en el literal C, puntaje que, por si solo no le otorga el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez , y menos al beneficio de reliquidación.

En esa misma línea, insistió que el porcentaje de 6.36% no fue calificado en ninguno de los literales estableci dos en el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000 como se extrae del literal D del acta de la junta, porcentaje que, sumado con el anterior, otorgó el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, por lo que no tiene derecho al incremento de la pensión.

1.5. Trámite de segunda instancia

otorgó el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, por lo que no tiene derecho al incremento de la pensión.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto de fecha 09 de mayo de dos mil veinticinco (2025) se admitió los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia de conformidad con el artículo 247 del CPACA.

1.5.1.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal

1.5.1.2. La parte demandada, NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.1.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial;Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por las partes en los recursos de apelación. Además, se

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por las partes en los recursos de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema j urídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación8, el cual consiste en establecer si:

P.J.1¿El señor Carlos Julián Quiroga Sanabria, tiene derecho al incremento de su pensión de invalidez, en los términos del artículo 23 de la Ley 1979 de 2019?

En caso afirmativo, se debe determinar:

P.J.2. ¿Operó el fenómeno de prescripción de los derechos reclamados por la parte demandante , desde la presentación de la demanda, esto es, al 07 de septiembre de 2023, o, por el contrario, es desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa, es decir, desde el 16 de marzo de 2021?

P.J.3. ¿Hay lugar a revocar la decisión de primera instancia que negó la condena en costas a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará la Ley de Veteranos, su objeto y ámbito de aplicación, el beneficio de la pensión de invalidez (ii) se analizará el caso concreto en consonancia con el juicio integrado de igualdad.

8 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho

beneficio de la pensión de invalidez (ii) se analizará el caso concreto en consonancia con el juicio integrado de igualdad.

8 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la Ley de Veteranos - objeto y ámbito de aplicación

La Ley 1979 del 25 de julio de 2019 «por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones» tuvo por objeto «conceder beneficios y proporcionar políticas de bienestar , además, de reconocer, rendir homenaje y enaltecer la labor realizada por la población que hace mención el artículo 2° de la misma. Esto, dada la misión constitucional y carga pública inusual de este grupo poblacional, que han realizado sacrificios que van desde el enfrentamiento constante a peligros, daños físicos irreparables, hasta numerosas muertes, las cuales durante años han sido enfrentadas por las familias de estos héroes, lo que también las convierte en un actor relevante en el proceso de defensa del país» (art. 1°).

Dentro del grupo de beneficiarios, la Ley previó a los VETERANOS y a su núcleo familiar, definiendo a los veteranos así (art. 2° literal a9):

«ARTÍCULO 2° ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY . El ámbito de

familiar, definiendo a los veteranos así (art. 2° literal a9):

«ARTÍCULO 2° ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY . El ámbito de aplicación de la presente ley comprenderá los siguientes beneficiarios:

Veteranos: Son todos los miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes ostenten la distinción de reservista de honor.

También son veteranos todos aquellos que hayan pa rticipado en nombre de la República de Colombia en conflictos internacionales. Así como, aquellos miembros de la Fuerza Pública que sean víctimas en los términos del artículo 3o de la Ley 1448 de 2011, por hechos ocurridos en s ervicio activo y en razón en ocasión del mismo […]». [Subraya la Sala]

9 Norma declarada condicionalmente exequible por la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C -116-21 de 29 de abril de 2021, Magistrado Ponente Dr. José Fernando Reyes, «bajo el entendido de que se excluyen de la definición de veteranos y de los benefici os correspondientes a los retirados de la fuerza pública cuya responsabilidad haya sido declarada en decisión que constituya cosa juzgada por autoridad administrativa o judicial en relación con graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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2.4.2. Del beneficio en la liquidación de la pensión de invalidez

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Radicado: 2023-00222-01

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2.4.2. Del beneficio en la liquidación de la pensión de invalidez

Dentro de los beneficios en programas