TA SAN - Sentencia 68001-33-33-010-2024-00270-01 (09-10-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, nueve (09) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333301020240027001

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JUAN FELIPE GRANADOS GUARÍN

rociosarmientonunez@gmail.com

DEMANDADO: ESE UCATA DEL MUNICIPIO DE CHARTA

centrodesaludcharta@hotmail.com; gerenciaucata@gmail.com; gerencia@eseucatacharta.gov.co; juridica@eseucatacharta.gov.co; administracion@eseucatacharta.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No: 281

TEMA: RECONOCIMIENTO Y PAGO DE RELIQUIDACIÓN DE

PRESTACIONES SOCIALES – Laboral

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha siete (07) de julio de dos mil veinticinco (2025) , proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

Demandado: ESE Ucatá del Municipio de Charta

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

Demandado: ESE Ucatá del Municipio de Charta Radicado: 68001333301020240027001

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1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

Mediante Resolución No. 04 del 17 de enero de 2020 se nombró al señor Juan Felipe Granados Guarín en el cargo de servicio social obligatorio médico por el término de un año, y se le determinó una asignación básica mensual de ($2.325.230).

El 22 de enero de 2021, la Dirección Seccional Santander del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses expidió el paz y salvo No. 013-2021 DSSANTDRNO, en el cual dejó constancia de que el señor Juan Felipe Granados Guarín no realizó ninguna labor pericial relacionada con el sistema de medicina legal y ciencias forenses durante el período correspondien te al servicio social obligatorio, que comprendió desde el 17 de enero de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, en la E.S.E. Hospital Ucatá del Municipio de Charta.

El 29 de ju nio de 2022, el señor Juan Felipe Granados Guarín presentó una reclamación administrativa en la cual expuso que, a pesar de haber cumplido con el periodo pactado en la Resolución 04 de 2020, aún no se le ha efectuado el pago

reclamación administrativa en la cual expuso que, a pesar de haber cumplido con el periodo pactado en la Resolución 04 de 2020, aún no se le ha efectuado el pago correspondiente a la liquidación de sus prestaciones sociales, ni la indemnización moratoria pertinente. Ante dicha reclamación, la entidad guardó silencio.

Finalmente, el 5 de septiembre de 2024 se celebró una audiencia de conciliación ante la Procuraduría 160 Judicial II para Asuntos Administrativos, la cual se declaró fallida debido a la falta de acuerdo entre las partes involucradas.

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 08 SAMAI, Archivo 6_MemorialWeb_OtroSUBSANACIONRAD202(.pdf), folio 2 al 3Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

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1.1.2. Las pretensiones2

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Juan Felipe Granados Guarín formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo en orden a:

«1. Que se declare la nulidad del Acto Ficto o Presunto del ESE UCATA que niega el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales solicitadas por mi poderdante y que se configura al no responder Derecho de Petición presentado en esta entidad el 29 de junio del 2022, po r cuanto han transcurrido más de 24 meses desde su presentación y a mi mandante no se le ha notificado decisión alguna, por lo que

y que se configura al no responder Derecho de Petición presentado en esta entidad el 29 de junio del 2022, po r cuanto han transcurrido más de 24 meses desde su presentación y a mi mandante no se le ha notificado decisión alguna, por lo que opera en relación con la reclamación el silencio administrativo negativo.

2. Que se declare que entre el ESE UCATÁ y el señ or JUAN FELIPE GRANADOS GUARIN, existió una relación laboral que se extendió entre 17 de enero del año 2020 y hasta el 16 de enero de 2021.

3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se restablezca el derecho y se condene a la SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHARTA, E.S.E. UCATA, MUNICIPIO DE CHARTA - a reconocer y pagar la suma correspondiente a la liquidación de las prestaciones sociales del señor JUAN

FELIPE GRANADOS GUARIN

4. Reconózcase y ordénese el pago en favor de mi mandante de la sanción moratoria causada debido al impago de las prestaciones sociales comprendida desde el 17 de enero del año 2021 y hasta cuando se efectúe el pago en forma oportuna.

5. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en e l artículo 187 del C.P.A.C.A, aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha de finalización hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

6. La SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHARTA, E.S.E. UCATA, MUNICIPIO DE CHARTA, dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 187 del C.P.A.C.A.

6. La SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHARTA, E.S.E. UCATA, MUNICIPIO DE CHARTA, dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 187 del C.P.A.C.A.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 08 SAMAI, Archivo 6_MemorialWeb_OtroSUBSANACIONRAD202(.pdf), folio 3 al 4Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

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7. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el Código General del Proceso».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Se invocó como normas vulneradas las siguientes: Los artículos 2, 6, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; los artículos 138, 161, 162 y 164 de la Ley 100 de 1993, el artículo 195 de la Ley 6 de 1945, el artículo 22 del Decreto 1333 de 1986, la Ley 4 de 1992, el Decreto 1919 de 2002, la Ley 50 de 1981, el Decre to 1042 de 1978, el artículo 1626 del Código Civil, los artículos 251, 252, 253 y 254 del Código General del Proceso.

Como concepto de violación , el demandante sostuvo que se transgredieron las disposiciones constitucionales al negar de manera ficta o presenta el

General del Proceso.

Como concepto de violación , el demandante sostuvo que se transgredieron las disposiciones constitucionales al negar de manera ficta o presenta el reconocimiento y pago de las acreencias laborales a las que tenía derecho en su cargo de servicio social obligatorio como médico.

1.2. Contestación de la demanda4

La entidad demandada se opuso de manera integral a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda, argumentando que el acto administrativo demandado no puede ser objeto de control jurisdiccional al no reunir las calidades de un acto administrativo.

Además, señaló que, en el presente caso se encuentra configurada la prescripción y la caducidad de la acción.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) No existe acto administrativo demandado no es objeto de medio de control; ii) No opera el silencio administrativo positivo para derechos de petición que reclaman pagos; iii) Indebida escogencia de la acción o medio de control; iv) Prescripción de los valores cobrados; v) Caducidad de la acción; vi) No se prueba la causal de nulidad; vii) Inexistencia del derecho a indemnización moratoria en virtud del artículo 65 del CST.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 08 SAMAI, Archivo 6_MemorialWeb_OtroSUBSANACIONRAD202(.pdf), folio 4 al 6 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00016 SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

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Sentencia de Segunda Instancia

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1.3. La sentencia apelada5

El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial del Circuito de Bucaramanga, en providencia de fecha siete (07) de julio de dos mil veinticinco (2025), resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la configuración del acto administrativo ficto derivado del silencio administrativo negativo, por la no contestación por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE UCATÁ DE CHARTA a la petición realizada el 29 de junio de 2022 por el señor JUAN FELIPE GRANADOS MARÍN, con lo cual negó se negó el reconocimiento y pago de las pr estaciones sociales y demás emolumentos solicitados.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo, por la no contestación por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE UCATÁ DE CHARTA a la petición realizada el 29 de junio de 2022 por el señor JUAN FELIPE GRANADOS MARÍN, con lo cual negó se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos solicitados, atendiendo lo señalado en la parte motiva de est a providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de

restablecimiento, CONDENAR a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE UCATÁ

emolumentos solicitados, atendiendo lo señalado en la parte motiva de est a providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento, CONDENAR a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE UCATÁ DE CHARTA a reconocer y pagar al señor JUAN FELIPE GRANADOS MARÍN, las prestaciones sociales señaladas en la parte considerativa, por el tiempo que prestó sus servicios como PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE UCATÁ DE CHARTA, desde el 17 de enero de 2020 al 16 de enero de 2021, conforme lo señalado en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE UCATÁ DE CHARTA a reconocer y pagar al señor JUAN FELIPE GRANADOS MARÍN la sanción mora por el pago tardío de las cesantías en los términos indicados en las consideraciones.

QUNTO: Las sumas que resulten deberán indexarse hasta la fecha de la ejecutoria de esta sentencia, conforme a la fórmula de ley.

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00025 SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: DECLARAR probada la excepción de INEXISTENCIA DEL DERECHO

A INDEMNIZACIÓN MORATORIA (ART. 65 CST).

SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: DECLARAR probada la excepción de INEXISTENCIA DEL DERECHO

A INDEMNIZACIÓN MORATORIA (ART. 65 CST).

OCTAVO: DECLARAR no probadas las excepciones previas de INEXISTENCIA

DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO, INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL, INEXISTENCIA DE LA CAUSAL DE NULIDAD, CADUCIDAD y PRESCRIPCIÓN, confor me lo indicado en la parte considerativa. […]»

Como fundamento de la decisión, el a quo consideró que, en el presente caso, se configuró el silencio administrativo negativo, lo que habilitó al demandante para interponer la demanda del acto ficto presunto, sin que se presentara el fenómeno de la caducidad en el medio de control utilizado, conforme a lo establecido en el literal d) numeral 1 del artículo 164 del CPACA.

De manera adicional, el a quo concluyó que estaba debidamente probado que la parte accionada no efectuó el pago de las prestaciones sociales al demandante al momento de su desvinculación, y que los médicos que prestan servicio social obligatorio se encuentran sujetos a las disposiciones normativas en materia de personal de las entidades en las que desempeñan sus labores. En este sentido, argumentó que el demandante tenía derecho al reconocimiento de diversas prestaciones, como las Cesantías e intereses a las cesantías, conforme a lo dispuesto en la Ley 50 de 1990, las Primas de Navidad y Prima de servicios reguladas en el Decreto 1045 de 1978, y las Vacaciones conforme a lo señalado en dicho Decreto, así como lo establecido en la Ley 278 de 1996.

reguladas en el Decreto 1045 de 1978, y las Vacaciones conforme a lo señalado en dicho Decreto, así como lo establecido en la Ley 278 de 1996.

Asimismo, destacó que, al constatarse la falta de respuesta por parte de la entidad accionada al requerimiento de pago de las prestaciones sociales formulado por el actor, se procedió a declarar la ocurrencia del silencio administrativo negativo.

Precisó además que, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales el 29 de junio de 2022, lo que otorgó a la parte accionada un plazo de 15 días para expedir el acto administrativo de reconocimiento. Una vez en firme dicho acto, la entidad tenía 45 días hábiles para proceder al pago de lasNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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prestaciones. Por lo tanto, se estableció que la sanción por mora en el pago de las cesantías debía contarse a partir del 10 de octubre de 2022, y hasta que se efectuara el pago de la obligación pendiente.

Respecto a la prescripción, el a quo citó lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, según los cuales los derechos laborales prescriben en un término de tres años, contados desde que el derecho se hace exigible. En este contexto, concluyó que, en el presente caso, no se configuró la pres cripción, dado que la relación laboral había finalizado el 16 de

derechos laborales prescriben en un término de tres años, contados desde que el derecho se hace exigible. En este contexto, concluyó que, en el presente caso, no se configuró la pres cripción, dado que la relación laboral había finalizado el 16 de enero de 2021, el demandante presentó la reclamación el 29 de junio de 2022, y la solicitud de conciliación fue realizada el 13 de junio de 2024, mientras que la demanda fue interpuesta el 24 de noviembre de 2024.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandada, ESE Ucatá del Municipio de Charta6, inconforme con la anterior decisión, solicitó que la sentencia de primera instancia sea revocada bajo los siguientes argumentos:

En primer lugar, la parte demandada argumentó que no se resolvió adecuadamente el fenómeno de la caducidad en la sentencia ap elada. Según su interpretación, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho caduca después de transcurridos cuatro meses contados a partir de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo correspondiente. En este sentido, sostuvo que el Juez de primera instancia no tuvo en cuenta este plazo para la caducidad.

En segundo lugar, la demandada puntualizó que el oficio del 29 de junio de 2022 no constituye un acto administrativo definitivo susceptible de ser im pugnado a través del presente medio de control. Afirmó que, si bien no hubo respuesta al derecho de petición elevado por el demandante, sí existió una manifestación escrita a través de un acta del comité de conciliación, en la cual se propuso el pago de las prestaciones sociales adeudadas. Esta propuesta de pago se hizo antes de la presentación de la

petición elevado por el demandante, sí existió una manifestación escrita a través de un acta del comité de conciliación, en la cual se propuso el pago de las prestaciones sociales adeudadas. Esta propuesta de pago se hizo antes de la presentación de la demanda. No obstante, advirtió que la conciliación fue fallida debido a que el demandante no solo persigue el pago de las prestaciones sociales, sino también el

6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 00027 de SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 65 del CST, pretensión que, fue denegada en la sentencia de primera instancia.

Finalmente, en relación al pago de las cesantías, señaló que la E.S.E. que en el trámite de primera no se agotó la etapa probatoria y el pago de las cesantías no fue objeto de litigio.

1.5. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto, el día veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025) al Despacho 09 del Tribunal Administrativo de Santander.

Acto seguido, mediante auto de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciarse sobre el recurso de apelación.

veinticinco (2025) se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciarse sobre el recurso de apelación.

1.5.1.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal

1.5.1.2. La parte demandada, ESE Ucatá del Municipio de Charta , no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.1.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdic ción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio disposi tivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

argumento expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación7, el cual consiste en establecer si:

P.J. 01: ¿Se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad en el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al haberse presentado la demanda por fuera del término de 4 meses establecido en el artículo 164 del CPACA?

P.J.02: ¿Se configuró el silencio administrativo negativo por falta de respuesta a la petición elevada por el señor Juan Felipe Granados Guarín el 29 de ju nio de 2022?

P.J. 03: ¿El pago de las cesantías fue objeto de litigio en el presente medio de control?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiarán los actos administrativos definitivo s e inoperancia de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se trata de actos administrativos fictos o presuntos producto del silencio administrativo y (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

7 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

Demandado: ESE Ucatá del Municipio de Charta Radicado: 68001333301020240027001

7 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

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2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.2. De los actos administrativos definitivos

El artículo 43 del CPACA establece que los actos administrativos definitivos son aquellos que «decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación».

En ese sentido, el H. Consejo de Estado en sentencia de fecha 03 de junio de 2021 reiteró la posición de esta Corporación sobre este tema. Al respecto, indicó:

«En sentencia de 1° de febrero de 2021, esta Corporación recordó que los actos definitivos son los que ponen fin a una actuación administrativa y los que deciden de manera directa o indirecta el fondo de un asunto, dado que producen efectos jurídicos definitivos que crean, modifican o extinguen una relación jurídica particular y conc reta. Mientras que los actos preparatorios, accesorios o de trámite son instrumentales y se expiden para darle curso al procedimiento administrativo, de manera que estos no son objeto de control judicial. Señala la decisión:

Sobre los actos pasibles de control judicial, la Sala ha señalado que corresponden a aquellos que tengan carácter definitivo , es decir, que decidan directa o indirectamente el fondo de un asunto o los de trámite cuando finalicen la actuación […] » [Negrilla de la Sala] De acuerdo a lo expuesto, se concluye que los actos administrativos definitivos

indirectamente el fondo de un asunto o los de trámite cuando finalicen la actuación […] » [Negrilla de la Sala] De acuerdo a lo expuesto, se concluye que los actos administrativos definitivos contienen una decisión que crea, modifica o extingue una relación jurídica particular y concreta, ya sea directa o indirectamente sobre:

1. El fondo del asunto ii) Imposibilidad de continuar con la actuación

2.4.3. Inoperancia de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se trata de actos administrativos fictos o presuntos producto del silencio administrativo

El legislador al establecer la interposición de diversos medios de control para garantizar el acceso a la justicia, impone el deber de accionar oportunamente aNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

Demandado: ESE Ucatá del Municipio de Charta Radicado: 68001333301020240027001

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quien esté interesado en la resolución de un conflicto jurídico que compete a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa; el H. Consejo de Estado8 dispuso con relación al presente asunto lo siguiente:

«El derecho al acceso a la administración de justicia, garantizado con el establecimiento de diversos procesos y jurisdicciones, conlleva el de ber de un ejercicio oportuno, razón por la cual, se han establecido legalmente términos de caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas en vía judicial.»

Así la s cosas, para cada medio de control existe diferente normativa relativa al

caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas en vía judicial.»

Así la s cosas, para cada medio de control existe diferente normativa relativa al tiempo de operancia del fenómeno de la caducidad, aplicándose en el caso de la nulidad y restablecimiento del derecho lo establecido en los artículos 138 y 164 del Código de Proce dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, deberá interponerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expedición del acto administrativo, contados a partir del día siguiente al de su comunicación, notificación, ejecución o publicación.

Ahora bien, el artículo 83 de la Ley 1437 de 2011 contempla la figura del silencio administrativo negativo, determinando que, siempre que se advierta la inoperancia de la administración para resolver las peticiones dentro de los tres meses siguientes a su presentación, se entenderá la decisión negativa para el peticionario.

De ahí que, la administración esté obligada para resolver los cuestionamientos que presente el administrado dentro de los términos legales. Así lo ha dejado claro el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante auto de 11 de abril de 20199:

«[…] El silencio administrativo negativo involucra la potestad para el administrado de invocar esa omisión de las autoridades administrativas como una respuesta contraria a sus peticiones, por lo que se entiende como una especie de castigo ante la desidia de las entidades y una garantía procesal para el solicitante, pues le permite demandar la nulidad de ese acto ante los jueces y así mismo pretender el

contraria a sus peticiones, por lo que se entiende como una especie de castigo ante la desidia de las entidades y una garantía procesal para el solicitante, pues le permite demandar la nulidad de ese acto ante los jueces y así mismo pretender el

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Victor Hernando Alvarado Ardila, Rad. 1100103-25-000-201000102-00(0833-10) 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Auto de 11 de abril. Consejero ponente: William Hernández Gómez, radicado: 08001-23-33-000-2015-00350-01(2025-17).Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

Demandado: ESE Ucatá del Municipio de Charta Radicado: 68001333301020240027001

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restablecimiento de s u derecho subjetivo, presuntamente conculcado por la autoridad administrativa ante la negativa de sus pretensiones.»

Es por esto que, de advertirse el silencio administrativo negativo, se produce de inmediato un acto administrativo ficto o presunto, el cual faculta al peticionario para que acuda a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, se denomina acto ficto o presunto, a aquella ficción legal creada por el legislador para asumir que, cuando la administración arbitrariamente no responde una petición, se genera una respuesta para el peticionario, que, para el caso que atañe, es en sentido negativo.

Así las cosas, de solicitarse la nulidad de actos administrativos fictos, producto del

responde una petición, se genera una respuesta para el peticionario, que, para el caso que atañe, es en sentido negativo.

Así las cosas, de solicitarse la nulidad de actos administrativos fictos, producto del silencio administrativo negativo en ejercici o del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone la inoperancia del fenómeno de la caducidad, a saber:

«ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMA NDA. La

demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: [..] d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo; […]»

Por todo lo anterior, se predica la posibilidad de demandar un acto administrativo ficto o presunto en cualquier tiempo, sin que se configure la caducidad y se coarte el acceso a la justicia, «[…] habida cuenta que si bien la Administración no pierde competencia para pronunciarse sobre la petición o el recurso interpuesto – siempre que no se hubiese acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo -, no sería ecuánime ni equitativo sujetar a un término de caducidad la posibilidad de acción del ciudadano frente a la Administración morosa»10.

2.5. De las pruebas obrantes en el expediente

Dentro del expediente se encuentra probado lo siguiente:

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de fecha 7 de mayo de 2020, CP Gabriel Valbuena Hernández, Rad. 23001-23-33-000-2016-00443-01(4688-17)Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

Rad. 23001-23-33-000-2016-00443-01(4688-17)Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Juan Felipe Granados Guarín

Demandado: ESE Ucatá del Municipio de Charta Radicado: 68001333301020240027001

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• El 17 de enero de 2020 la E.S.E. Ucatá del Municipio de Charta mediante Resolución No. 04, nombró en un cargo de servicio social obligatorio al señor

Juan Felipe Granados Guarín11.

• Mediante certificado del 16 de enero de 2021 el Gerente de la E.S.E. Ucatá de Charta señaló que el señor Juan Fe lipe Granados Guarín laboró durante el tiempo comprendido entre el 17 de enero de 2020 al 16 de enero de 2021 y se encuentra paz y salvo12.

• Constancia de paz y salvo del 22 de enero de 2021 en el que la Directora Seccional Santander del Instituto Naciona l de Medicina Legal y Ciencias Forenses en donde se señala que el señor Juan Felipe Granados Guarín no realizó labor pericial relacionada con el sistema de medicina legal y ciencias forenses durante el periodo del servicio social obligatorio del 17 de enero de 2020 hasta el 16 de enero de 202113.

• El 29 de ju nio de 2022 el señor Juan Felipe Granados Guarín presentó reclamación administrativa ante la E.