TA SAN - Sentencia 68001-33-33-011-2018-00348-01 (12-06-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333301120180034801

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: VIVIANA GOMEZ CORREA

bgomezcorre@gmail.com juridicosgomezturbay@gmail.com

DEMANDADO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co mlllopez@procuraduria.gov.co mramon@procuraduria.gov.co yblanco@procuraduria.gov.co cmustafa@procuraduria.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No. 144

TEMA: RECONOCIMIENTO Y PAGO PRESTACIONES

SOCIALES DURANTE PERIODO DESVINCULACIÓN –

Laboral

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019) , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Radicado: 2018-00348-01

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Radicado: 2018-00348-01

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1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

La señora Viviana Gómez Correa fue nombrada en el cargo de sustanciador 4SU Grado 11 en provisionalidad mediante Decreto No. 2048 del 14 de septiembre de 2009, en las dependencias de la P rocuraduría 235 Judicial Penal I de Bogotá, del cual tomó posesión del cargo el día 01 de octubre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2011.

El 01 de septiembre de 2011 la demandante fue nombrada en la Procuraduría 52 Judicial II Penal de San Gil donde labor ó hasta el 30 de enero de 2012 , a razón a que dicha procuraduría fue trasladada a la ciudad de Bucaramanga.

Posteriormente, el 03 de febrero de 2012 , la accionante tomó posesión del cargo como sustanciador 4SU, Grado 11 en la Procuraduría 52 Judicial Penal.

Indicó que, desde el año 2015 duró en incapacidad 102 días y como consecuencia de ello, quedó con limitación en la marcha, lo que le impuso utilizar bastón de forma permanente siendo de pleno conocimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación.

El 20 de febrero de 2017 la señora Viviana sufrió otra recaía debido a la enfermedad

permanente siendo de pleno conocimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación.

El 20 de febrero de 2017 la señora Viviana sufrió otra recaía debido a la enfermedad de esclerosis múltiple que padec ía, lo que impuso ser internada en el Hospital Internacional de Colombia en el mes de marzo del mismo año

Desde el 23 de febrero d e 2017 remitió de forma consecutiva a la demandada las incapacidades, epicrisis e historias clínicas que acreditaban la ausencia al lugar de trabajo por circunstancias de fuerza mayor.

1 Expediente físico, folio 56 al 61.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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El día 21 de abril de 2017 la señora Viviana Gómez Correa remitió escrito a la demandada con relación a la posibilidad que existía de ocupar uno de los tres cargos de sustanciadores 4 SU Grado 11 en la ciudad de Bucaramanga, dado que, uno de los cargos vacantes de la convocatoria N o. 108 de 2015 era el que la accionante venía ejerciendo desde el año 2011.

Posteriormente, el 17 de mayo de 2017 el Grupo de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo CAS – PNG solicitó información y los soportes del estado de salud de la señora Viviana Gómez Correa.

Con el fin de dar cumplimiento a lo requerido, el 22 de mayo de 2017 la demandante

en el Trabajo CAS – PNG solicitó información y los soportes del estado de salud de la señora Viviana Gómez Correa.

Con el fin de dar cumplimiento a lo requerido, el 22 de mayo de 2017 la demandante asistió a la cita de seguimiento médico, y previa valoración médica , se expid ió nuevamente incapacidad por 30 días al no encontrarse avance en la recupe ración, asimismo, le hacen entrega de la historia clínica , y una vez obtenida la documentación solicitada, la remitió el 23 de mayo de 2017.

Mediante Resolución No. 113 del 7 de abril de 2017 la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación se le notificó la terminación unilateral del contrato de trabajo, y en consecuencia, fue desvinculada del cargo que desempeñaba en provisionalidad como sustanciadora 4SU, Grado 11, en la Procuraduría 52 Judicial II Penal de Bucaramanga , siendo ocupado el c argo por el señor Carlos Augusto Niño Mora al haber sido promovida la lista de elegibles de acuerdo con la convocatoria No. 108 de 2015 y la Resolución 113 del 7 de abril de 2017 que provee el cargo.

Expresó que la desvinculación fue injusta , por cuanto , consideró que, se debió trasladar a cualquier otra Procuraduría, equivalente al cargo que desempeñaba y que para la época se encontraban vacantes, los cuales relacionó así: Procuraduría 31 Judicial Laboral II, Procuraduría 5 Judicial II de Victimas, Procuraduría 44 Judicial de Restitución Tierras I, Procuraduría 12 Judicial de Restitución Tierras II, Procuraduría 6 Judicial de Familia II.

31 Judicial Laboral II, Procuraduría 5 Judicial II de Victimas, Procuraduría 44 Judicial de Restitución Tierras I, Procuraduría 12 Judicial de Restitución Tierras II, Procuraduría 6 Judicial de Familia II.

El 19 de junio de 2017 elevó ante la Procuraduría General de la Nación derecho de petición, donde solicitó se diera aplicación a la Resolución No. 144 de 2017, a razón de que se encontraba en debilidad manifiesta, a razón de que, se encuentraNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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incapacitada desde el 20 de febrero de 2017, lo cual, a su juicio, no se tuvo en cuenta al momento de desvincularla.

El 18 de agosto de 2017 instauró acción de tutela con miras a obtener respuesta al derecho de petición elevado el 19 de julio de 2017, y en sentencia del 4 de septiembre de 2017 se concedió el amparo al derecho de petición, ordenándose a la demandada emitir respuesta de fondo frente a la petición elevada con miras a obtener su reintegro.

A través del Decreto No. 5016 de fecha 13 de septiembre de 2017 se nombró a la señora Viviana Gómez Correa en el cargo de Sustanciadora 4SU, Grado 11, para ejercer funciones en la Procuraduría Sexta Judicial II de Familia con sede en Bucaramanga, y se posesionó el 2 de octubre de 2017.

ejercer funciones en la Procuraduría Sexta Judicial II de Familia con sede en Bucaramanga, y se posesionó el 2 de octubre de 2017.

El 5 de octubre de 2017 solicitó a la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación la liquidación y pago de las obligaciones salariales y parafiscales entre el 2 de junio de 2017 al 30 de septiembre de 2017, la cual fue resuelta el 27 de diciembre de 2017 de manera desfavo rable bajo el argumento que, no era posible el reconocimiento y pago de las prestaciones que no cuentan con el debido soporte de vinculación laboral y la efectiva prestación del servicio.

Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición bajo el argumento que, al no existir autorización del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el contrato laboral, el vínculo contractual permaneció intacto.

El día 11 de abril de 2018 se interpuso acción de tutela en atención a que, la Procuraduría no había dado respuesta al recurso presentado, y con posterioridad, el 17 abril de 2018, se resolvió el recurso en el sentido de no reponer el acto administrativo mediante el cual negó el reconocimiento y pago de los derechos laborales.

La sentencia de pr imera instancia dentro del medio de control de tutela negó el amparo constitucional por hecho superado.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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El día 5 de agosto de 2018 se instauró otra acción de tutela en contra de la

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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El día 5 de agosto de 2018 se instauró otra acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales solicitadas. La sentencia de tutela declaró improcedente la acción.

1.1.2. Las pretensiones2

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Viviana Gómez Correa formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo en orden a:

«PRIMERO: Que se declare la Nulidad de la Resolución, número: 113 de abril 7 de 2.017, emanada de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, mediante la cual, a la Señora: VIVIANA GOMEZ CORREA, dan por Terminado de manera Unilateral el CONTRATO DE TRABAJO; y como consecuencia de ello, FUE INJUSTAMENTE DESVINCULADA DEL CARGO, el cual, desempeñaba en Provisionalidad, como Sustanciadora 4SU, Grado 11, en la Procuraduría 52 Judicial II Penal de Bucaramanga. Por cuanto está debidamente Probada la VIOLACION AL DERECHO SUPRA LEGAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA; y por ende, el MINISTERIO PUBLICO, ha debido cumplir - y No lo hizo - un Requisito de orden Legal, como es: Solicitar Autorización para dar por Terminado el Contrato Laboral, ante el Inspector del

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA; y por ende, el MINISTERIO PUBLICO, ha debido cumplir - y No lo hizo - un Requisito de orden Legal, como es: Solicitar Autorización para dar por Terminado el Contrato Laboral, ante el Inspector del Ministerio del Trabajo, tal y como lo consagra el Artículo 26 de la Ley 361 de 1.997.

SEGUNDO: Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo, de la serie y número: SG - 009067, expedido en Bogotá, el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que niega el pago de los salarios a favor de la Señora: VIVIANA GOMEZ CORREA de junio, julio, agosto y septiembre del año anterior; y demás prestaciones sociales, como prima de servicios.

TERCERO: Que se declare la Nulidad del Acto Administrativo, adiado en la Capital de la Republica, el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, que decide el Recurso de Reposición contra el Acto Administrativo, de la serie y número: SG009067, aludido en el hecho anterior.

2 Expediente físico, folio 62 al 63.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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CUARTO: Que una vez se accedan a las Pretensiones anteriores, se ordene a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, el Reconocimiento y Pago de las, Contraprestaciones Laborales a que tiene derecho la Señora: VIVIANA GOMEZ

CUARTO: Que una vez se accedan a las Pretensiones anteriores, se ordene a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, el Reconocimiento y Pago de las, Contraprestaciones Laborales a que tiene derecho la Señora: VIVIANA GOMEZ CORREA, como son: Los salarios, primas, reajustes o aumentos de sueldo y demás emolumentos que la Actora dejó de percibir, desde la fecha de su ilegal desvinculación. Esto es, desde el dos de junio de 2.017 y hasta el treinta de septiembre de 2.017.

QUINTO: Para efectos de prestaciones sociales en general, se declarará que no existió soluc ión de continuidad en la prestación del servicio, por parte de mi Poderdante, desde cuando fue desvinculada, el día dos de junio de 2.017 y hasta el día treinta de septiembre del mismo año.

SEXTO: Que se ordene el cumplimiento de la Sentencia en el evento que resulte favorable, dentro del término de establecido en el Artículo 176 del C.C.A.

SÉPTIMO: Si no se efectúa el pago en forma oportuna al que tiene derecho mi Mandante, el MINISTERIO PUBLICO, liquidará los intereses moratorios como lo ordena el Artículo 177 del C.C.A.

Que de conformidad con todo lo anterior; y como Restablecimiento del Derecho, se Pretende que se declare, lo siguiente:

ÚNICA: Perjuicios Materiales: Por la suma de: $13.650.064 Pesos. Que corresponde a los Salarios del mes de junio de 2.017, la cantidad de $ 2.932.855 pesos; por el mes de julio del mismo año, la suma de $ 3.142.345 pesos, por el

corresponde a los Salarios del mes de junio de 2.017, la cantidad de $ 2.932.855 pesos; por el mes de julio del mismo año, la suma de $ 3.142.345 pesos, por el mes de agosto de 2.017, el valor de $ 3.142.345 pesos; y por el mes de septiembre del año anterior, la cantidad de $ 3.142.345 pesos, más la Bonificación por Prima de Servicios, por la suma de $ 1.290.174 pesos, que tenía derecho a percibir en el mes de octubre de 2.017; y no fue pagada por la Procuraduría General de la Nación, al dar por terminado unilateralmente el Contrato de Trabajo, el día dos de junio del año anterior.»

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Se invocó como normas vulneradas las siguientes: artículos 2, 6, 25, 83, 90, 124 y 207 de la Constitución Política y el artículo 142 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3 Expediente físico, folio 63 al 65.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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Como concepto de violación, la actora sostuvo que, la Resolución No. 113 del 07 de abril de 2017 se encuentra viciada de nulidad al desconocer el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia T – 147/13 de fecha 18 de marzo de 2013, al no ofertar la totalidad de los cargos que se encontraban en provisionalidad, lo cual implicó la

resolutiva de la sentencia T – 147/13 de fecha 18 de marzo de 2013, al no ofertar la totalidad de los cargos que se encontraban en provisionalidad, lo cual implicó la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y a la salu d de personas que se encontraban en condiciones médicas delicadas.

Respecto del Oficio No. SG–009067 del 20 de diciembre de 2017, alegó que adolece del vicio de falsa motivación, ya que no tuvo en cuenta su condición de salud al momento de la desvinculación. En ese sentido, afirmó que la entidad incurrió en un yerro al no solicitar ante el Ministerio del Trabajo la respectiva autorización previa al despido, pese a que la actora gozaba de estabilidad laboral reforzada derivada del diagnóstico de “enfermedad de Devic”.

Finalmente, cuestionó la legalidad de la Resolución No. 375 de abril de 2018, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales, dado que se omitió considerar que su relación laboral con la Procuraduría General de la Nación se había formalizado desde octubre de 2009 en la ciudad de Bogotá y que la interrupción en la prestación del servicio no obedeció a causas imputables a ella, sino a una situación de caso fortuito originada por la enfermedad que la aquejaba.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Procuraduría General de la Nación 4, Señaló que se opone a las pretensiones de la demanda, por cuanto las actuaciones de la entidad se ajustaron plenamente a los mandatos constitucionales y legales vigentes.

opone a las pretensiones de la demanda, por cuanto las actuaciones de la entidad se ajustaron plenamente a los mandatos constitucionales y legales vigentes.

Indicó que el acto administrativo denominado Decreto 2822 del 15 de mayo de 2017 fue debidamente motivado, en la medida que la desvinculación de la señora Viviana Gómez Correa obedeció a la provisión del cargo por parte de una persona que accedió legítimamente al mismo mediante concurso de méritos, conforme a los

4 Expediente físico, folios 125 al 134Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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principios de igualdad, mérito y legalidad que rigen el acceso a la fu nción pública, razón por la cual dicho acto goza de presunción de legalidad.

En consonancia con lo anterior, afirmó que el Oficio SG No. 009067 del 20 de diciembre de 2017, confirmado posteriormente mediante Resolución No. 375 del 17 de abril de 2018, precisó con claridad que entre la fecha de desvinculación y la fecha del reintegro no existió vínculo legal ni reglamentario alguno que permitiera acreditar el cumplimiento de funciones por parte de la demandante como servidora pública, lo cual imposibilita cualquier tipo de reconocimiento prestacional por dicho periodo.

Así mismo, destacó que, conforme al artículo 81 del Decreto Ley 262 de 2000, el ingreso formal de la demandante a la entidad se produjo únicamente mediante

cual imposibilita cualquier tipo de reconocimiento prestacional por dicho periodo.

Así mismo, destacó que, conforme al artículo 81 del Decreto Ley 262 de 2000, el ingreso formal de la demandante a la entidad se produjo únicamente mediante Decreto No. 5016 del 13 de septiembre de 2017, con acta de posesión No. 047 del 2 de octubre de ese mismo año, por lo cual, el tiempo comprendido entre el 3 de junio y el 30 de septiembre de 2017 no puede ser objeto de reclamación alguna.

Añadió que la condición de estabilidad laboral reforzada le fue reconocida a la señora Gómez Correa con posterioridad a la realización del proceso de selección por mérito, lo que impide retrotraer sus efectos a un momento anterior y, por ende, justificar la permanencia en el cargo fuera del marco legal aplicable.

Finalmente, concluyó que no se configura la causal de falsa motivación alegada por la parte demandante, toda vez que el eventual pago de emolumentos únicamente procedía si se hubiera acreditado la existencia de una relación laboral válida acompañada de la efectiva prestación del servicio, situación que no ocurrió en el periodo señalado, por cuanto la actora no ostentaba la calidad de servidora pública durante dicho lapso.

1.3. La sentencia apelada5

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en providencia de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019), resolvió:

5 Expediente físico, folio 224 al 229Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

resolvió:

5 Expediente físico, folio 224 al 229Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el i) Oficio SG -009067 de fech a diciembre 20 de 2017 emanado del Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se denegó a la demandante el pago de salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales durante el periodo que estuvo desvinculada de la entidad y, la ii) Resolución No. 375 de abril 17 de 2018, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición contra el anterior.

SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho, CONDENESÉ a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar en favo r de Viviana GOMEZ CORRE (sic) los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social por el periodo comprendido entre el 02 de junio hasta el 30 de septiembre de 2017.

TERCERO: DECLÁRASE que en ese tiempo no existió solución de continuidad.

CUARTO: DENIÉGIUESE las demás pretensiones.

QUINTO: Las sumas reconocidas deberán ser indexadas mes a mes.

SEXTO: No hay lugar a condenar en costas.

SÉPTIMO: La entidad condenada dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el Artículos 195 del C.P.A.C.A.

SEXTO: No hay lugar a condenar en costas.

SÉPTIMO: La entidad condenada dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el Artículos 195 del C.P.A.C.A.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, y previas las anotaciones a que haya lugar, archívese el expediente.»

Como fundamento de la anterior decisión, el a quo consideró que, si bien en el periodo reclamado no existió una prestación efectiva en razón a la ausencia de vínculo entre la señora Viviana Gómez Correa y la Procuraduría General de la Nación, también lo es que durante dicho lapso la demandante se encontraba incapacitada a razón de su enfermedad de «Neuromielitis óptica» la cual era de conocimiento de la entidad antes del acto de desvinculación.

En relación con lo anterior, indicó que, para la entidad demandada no era posible reconocer y pagar los salarios reclamados y negados no por ausencia de relaciónNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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legal y reglamentaria, sino porque desde la fecha de desvinculac ión hasta el reintegro la incapacidad laboral tendría la siguiente cobertura «los dos primeros días son asumidos por el empleador, del día 3 al día 180, por la EPS; y después del día 181 hasta el 540 para los casos de accidente o enfermedad común, por la AFP».

No obstante, precisó que, no era óbice para que en atención a la condición de

181 hasta el 540 para los casos de accidente o enfermedad común, por la AFP».

No obstante, precisó que, no era óbice para que en atención a la condición de estabilidad laboral reforzada la demandada asumiera los pagos al Sistema General de Seguridad Social durante el periodo reclamado, garantizando el auxilio por incapacidad.

Por último, indicó que dicha circunstancia de incapacidad no permitió que existiera solución de continuidad en la prestación del servicio entre la vinculación y el reintegro.

1.4. El recurso de apelación6

La apoderada de la parte demand ada solicitó revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto consideró que, conforme al artículo 93 del Decreto 262 de 2000, el servicio activo de los servidores públicos se configura con el ejercicio efectivo de las funciones propias del empleo del cua l se ha tomado posesión. En ese sentido, afirmó que del acervo probatorio no se desprende evidencia alguna que permita concluir que la actora desempeñó efectivamente las funciones del cargo, lo que impide justificar el reconocimiento de emolumentos de cará cter prestacional.

Indicó que, contrario a lo expuesto por el a quo , no es posible en materia de seguridad social el reconocimiento de prestaciones sociales a dos personas por el desempeño del mismo cargo en la misma fecha.

Rechazó lo afirmado por el a quo, por cuanto, a su juicio, no es jurídicamente viable reconocer prestaciones sociales a dos personas por el ejercicio simultáneo del mismo cargo, ya que ello contravendría los principios que rigen la seguridad social.

6 Expediente físico, folio 236 al 238.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

mismo cargo, ya que ello contravendría los principios que rigen la seguridad social.

6 Expediente físico, folio 236 al 238.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Respecto del acto de desvinculación, precisó que su motivación no se basó en la condición médica de la demandante, sino en el hecho objetivo de que el cargo fue provisto mediante concurso de méritos, y un candidato de la lista de elegibles fue legítimamente nombrado, lo que constituye una situación jurídicamente distinta a la alegada por la actora.

Asimismo, negó que existiera demora atribuible a la administración en el nombramiento de la señora Gómez Correa como sustanciadora (Código 4SU, Grado 11), por cuanto, el ingreso a l a función pública debe regirse por el principio del mérito y que los servidores provisionales gozan únicamente de una estabilidad relativa. Por tanto, no se trató de una demora, sino del cumplimiento de un procedimiento que exige el análisis de viabilidad y legalidad del reintegro.

Finalmente, sostuvo que la señora Viviana Gómez Correa no se encontró desprotegida en materia de seguridad social durante el período de desvinculación, pues continuó afiliada a la EPS Sanitas, y además mantenía vínculo laboral c on la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, como consta en los documentos obrantes en el expediente.

1.5. Trámite de segunda instancia

pues continuó afiliada a la EPS Sanitas, y además mantenía vínculo laboral c on la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, como consta en los documentos obrantes en el expediente.

1.5. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto, el día 29 de noviembre de 2019, al Despacho 02 de esta Corporación, el cual admitió el recurso de apelación mediante auto del 04 de diciembre de 2019. Acto seguido, a través de auto del 25 de agosto de 2022, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

Posteriormente, el expediente fue redistribuido por parte del Despacho 002 al Despacho 009 a cargo de la Magistrada ponente, conforme el Acuerdo PCSJA22.12026 del 15 de diciembre de 2022 7. Por tanto, se asumirá el conocimiento del proceso en el trámite en que se encuentra.

7 «Por el cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados administrativos del territorio nacional y se dictan otras disposiciones».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.5.1. La parte demandante8, se opuso al recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Procuraduría General de la Nación, para lo cual señaló que los argumentos expuestos en el recurso de apelación no tienen contundencia suficiente para efectos de revocar el fallo recurrido.

apoderada de la Procuraduría General de la Nación, para lo cual señaló que los argumentos expuestos en el recurso de apelación no tienen contundencia suficiente para efectos de revocar el fallo recurrido.

1.5.2. La parte demandada , Procuraduría General de la Nación ,9 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación

1.5.3. La representante del Ministerio Público no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Cuestión previa – manifestación impedimento de la Magistrada María Eugenia Carreño Gómez

Registrado el proyecto para revisión por parte de la Sala, a través de la plataforma Teams, la magistrada María Eugenia Carreño Gómez manifestó impedimento para conocer del proceso de la referencia en calidad de miembro de la Sala.

La Magistrada, adujo que, en la actualidad, su hermana, Carmenza Carreño Gómez, se encuentra vinculada mediante nombramiento provisional como asesora grado 19 de la División Financiera, nivel central, de la Procuraduría General de la Nación, configurándose la causal de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del CPACA.

De igual manera, la magistrada señaló que también se encuentra impedida de conocer el presente asunto por la causal establecida en el numeral 6 del artículo

configurándose la causal de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del CPACA.

De igual manera, la magistrada señaló que también se encuentra impedida de conocer el presente asunto por la causal establecida en el numeral 6 del artículo

8 Expediente digital SAMAI, índice 00015. 9 Expediente digital SAMAI, índice 00013.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Viviana Gómez Correa

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141 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 130 del CPACA . Este impedimento se debe a que, actualmente, tiene en curso un proceso judicial en contra de la Procuraduría General de la Nación , relacionado con una reclamación de derechos salariales y prestacionales.

Por lo anterior, considera la Sala que se configuran la causal alegada por la Magistrada. En tal sentido, se declarará fundado el impedimento por ella manifestado y se procederá a separarla del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.

2.2. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.3. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al

instancia.

2.3. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.4. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación10, el cual consiste en establecer si:

P.J.: ¿Es proceden